Privatizaciones
El País Valencià elige entre gestión pública o privatizaciones

Las elecciones de este domingo servirán para decidir si continúa el modelo de reversión de servicios públicos o si vuelve a convertirse en la punta de lanza de la gestión público-privada.
PP Mitin Valencia Carlos Mazon
Carlos Mazón, a la derecha es el candidato del PP a la Generalitat en las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. Foto: PP
24 may 2023 11:35

Carlos Mazón, candidato del PP a la Generalitat, fue calculadoramente ambiguo en la entrevista de campaña que concedió a la televisión autonómica Apunt. A la pregunta de si volvería a privatizar los hospitales revertidos a la gestión pública, el que fuera pupilo de Zaplana contestó que “no se trata de privatizar o no la sanidad, sino que la sanidad tiene que ser universal y eficaz, para eso haremos una auditoría en todos los departamentos de salud”.

Sea cual sea el resultado de esas auditorías, no es difícil adivinar cuáles son las verdaderas intenciones del aspirante. Siendo presidente de la Diputación de Alicante, cargo que ha ostentado los últimos cuatro años, Mazón defendió como “ejemplo de éxito” la gestión de Ribera Salud en el hospital de Torrevieja, mostrándose partidario de prorrogar la concesión.

Durante la legislatura, su grupo parlamentario ha sido muy crítico con las reversiones realizadas por el gobierno del Botànic, calificándolas repetidas veces de “chapuza” y tratando de avivar los conflictos sobre el particular. Eduardo Dolón, compañero de Mazón en el PP y alcalde de Torrevieja, quinta ciudad por población del País Valencià, calificó la reversión como “grave error porque todos sabemos que estamos hablando de uno de los mejores hospitales de España y que su funcionamiento y gestión es impecable”.

Carlos Flores, candidato de Vox a la Generalitat, ha sido tajante en campaña: “Liberalizaremos la gestión de la sanidad pública a empresas privadas"

Por otro lado, su posible socio de gobierno, Carlos Flores, candidato de Vox a la Generalitat, ha sido tajante en campaña: “Liberalizaremos la gestión de la sanidad pública a empresas privadas. La gestión sanitaria tiene que articularse a partir de la experiencia y de la eficacia y no de los prejuicios ideológicos. El Botánico llegó con el prejuicio que la sanidad tiene que ser exclusivamente pública, y desmontó modelos de colaboración pública-privada que funcionaban razonablemente bien”.

Por su parte, los partidos que forman la coalición del Botànic han cerrado filas en esta cuestión. Desde que se incluyera en el primer pacto de gobierno en 2015 la voluntad de revertir los servicios privatizados, PSOE, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida han seguido la hoja de ruta prevista para retornar al sistema público servicios que llegaban al final de sus concesiones. No obstante, en plena pandemia, el president Puig evitó ser tajante con unas polémicas declaraciones que soliviantaron a sus socios, manifestando que la reversión de Torrevieja era un asunto “a analizar”. Finalmente la reversión se produjo, así como el compromiso de llevar a cabo también las de los hospitales de Elche y Dénia, que finalizan en la próxima legislatura.

El origen del modelo Alzira

El gobierno que lideraba Eduardo Zaplana allá por 2002 fue pionero a nivel estatal en la implantación de un modelo de gestión público-privada para los hospitales. De hecho, el primer departamento privatizado, el de Alzira, daría nombre a un modelo que han replicado otros gobiernos autonómicos del Partido Popular. Su comarca (la Ribera alta), por su parte, daría nombre al conglomerado empresarial de Ribera Salud, que ha acabado por controlar hasta cinco departamentos de salud (Alzira, Torrevieja, Dénia, Elche y Manises), en conjunto un 20% de la población del País Valencià.

Ribera Salud ha tratado de litigar judicialmente las distintas reversiones, de momento con escaso éxito. En 2017, la sección cinco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazó su primera demanda para tratar de paralizar la reversión que el primer gobierno del Botànic realizó con el departamento de Alzira. Sin embargo, diferentes recursos planteados por la mercantil llevaron el proceso hasta 2021, cuando finalmente el Tribunal Supremo rechazó sus postulados.

Sanidad pública
Las ocho empresas que se reparten el negocio

La entrada de los fondos de inversión en el capital de privadas sanitarias provocó un casino en el que las acciones pasaron en pocos años por entidades que ganaron miles de millones de euros con estas transacciones mientras concentraban el sector en un puñado de empresas.

En 2013, la Comisión Nacional de la Competencia analizó los procesos de privatización sanitaria valenciana resaltando que todas las licitaciones habían sido adjudicadas “a agrupaciones de empresas participadas por la empresa Ribera Salud”. Fueron concesiones en las que apenas hubo competencia y, por ello, según Competencia, “no hubo reducciones significativas de la variable precio”.

En la génesis de Ribera Salud y en su trayectoria accionarial, se pueden rastrear fácilmente las conexiones políticas del modelo. Para la construcción del Hospital de Alzira se constituyó una Unión Temporal de Empresas (UTE) que, además, se encargó de la gestión del centro.

La UTE estaba controlada en un 51% por la aseguradora Adeslas y en un 4% por Dragados y Lubasa, las promotoras implicadas en la Gurtel valenciana por financiar ilegalmente al PP. El 45% restante estaba en manos de Ribera Salud, una mercantil creada ad hoc para la gestión del departamento médico. Los accionistas primigenios de la compañía eran Caja Carlet, Bancaja y CAM, controladas en aquel momento por el gobierno de Zaplana. Además, para la construcción del hospital de Elche, Ribera Salud se asoció con el financiador confeso del PP y controvertido empresario Enrique Ortiz, famoso por las conversaciones y conexiones que mantenía con la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que acabaron por saltar a la opinión pública.

Para la construcción del hospital de Elche, Ribera Salud se asoció con el financiador confeso del PP y controvertido empresario alicantino Enrique Ortiz

Bankia, controlada entonces por Rodrigo Rato, y que fue la entidad que absorbió a Bancaja, vendió en 2014 su parte al conglomerado americano Centene. Por su parte, el Banco Sabadell, que absorbió las otras dos cajas, vendió en dos tandas su parte al grupo americano. En 2019, del 50% que poseía se quedó en el 10%, para acabar deshaciéndose de ese porcentaje en agosto de 2022. Por su parte, el conglomerado americano ha acabado por traspasar el total de la propiedad al gigante francés Vivalto Santé.

Pese a todos estos cambios en la composición accionarial de Ribera Salud, Alberto de Rosa, consejero delegado y rostro mediático de la compañía, siempre se ha mantenido en primera línea. Las conexiones del directivo con el PP son más que evidentes. De Rosa formó parte de las listas municipales del PP al Ayuntamiento de Sueca en 2007. Además, su nombre saltó a la palestra tras hacerse pública una conversación telefónica suya con Enrique Ortiz, interceptada en la investigación del caso Brugal. En esa llamada el directivo de la firma sanitaria reprochaba a Ortiz que no se hubiera presentado a una licitación de obra pública en Paterna. Un mensaje que, presuntamente, le transmitió de parte de su hermano, Fernando de Rosa, quien entonces encabezaba la consellería de Justicia.

Alberto de Rosa, consejero delegado y rostro mediático de Ribera Salud, formó parte de las listas municipales del PP al ayuntamiento de Sueca en 2007

Mónica Oltra, en su despedida en Les Corts tras ser imputada judicialmente, mostró una fotografía de Alberto de Rosa acompañado del expresident Camps y de la comunicadora ultraderechista y fundadora de Vox en el País Valencià Cristina Seguí. Precisamente Seguí fue la encargada de instrumentalizar mediáticamente a la víctima del exmarido de Oltra, Teresa, en su campaña para hacer caer a la exvicepresidenta, algo que la propia Teresa se ha encargado de airear tras sentirse abandonada, una vez cobrada la pieza de caza que supuso la renuncia de la presidenta. Por su parte, Ribera Salud contrató tanto a Teresa como a su marido en el Hospital de Torrevieja pocas semanas antes de que finalizara la concesión para poder presentar la previsible extinción de su contrato como “un despido en venganza” por parte de Oltra.

Francisco Camps, Cristina Seguí y Alberto de Rosa
Francisco Camps, Critina Seguí y Alberto de Rosa en la estación de Atocha de Madrid el 22 de septiembre de 2021.

La reversión de la ITV y el caso Erial

Además de las concesiones de Ribera Salud, otro de los sectores afectados por las reversiones del Botànic es la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). El concurso de privatización del servicio fue aprobado y adjudicado por el Gobierno de Eduardo Zaplana en 1997. Según el informe elaborado por la Agencia Valenciana Antifraude por encargo de la jueza instructora del caso Erial, en el que está imputado el expresidente, fue un cúmulo de irregularidades de principio a fin que culminó con una adjudicación a empresas que no habían presentado la mejor oferta con unos cánones que perjudicaron a las arcas de la Generalitat y con las tarifas más caras del Estado.

Señala el informe de la Agencia Antifraude, incluido en el sumario del caso Erial, que la adjudicación de la ITV, teniendo en cuenta el volumen de ofertas, se hizo con una “inusual celeridad”. Antifraude apunta que “de acuerdo con la experiencia de la práctica administrativa es de reseñar la asombrosa inmediatez y celeridad que concurre en el presente procedimiento de contratación” y subraya que “resulta peculiar que en el mismo día se realizaran, de forma simultánea, varios trámites administrativos complejos”.

Corrupción
Zaplana y el turbocapitalismo de amiguetes

El exministro Eduardo Zaplana ha sido detenido en el marco de la Operación Erial. Tras más de 25 años en primera fila política y empresarial, se pone el cerco a la actividad de un personaje que saltó a la fama en unas grabaciones en las que aseguraba que le hacía “falta mucho dinero para vivir”.

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el pelotazo de la privatización de la ITV supuso unos beneficios, solo para la familia Cotino, de 43 millones de euros. El miércoles 5 de noviembre de 1997, durante la última sesión de la mesa de contratación del concurso de la ITV, se adjudicaron cinco lotes, uno de los cuales fue para la familia Cotino. Sedesa, la empresa familiar, se embolsó la citada cantidad cuando revendió la concesión de 25 años, prorrogables a 75.

El presidente de la mesa que dirimió quién era la concesionaria era precisamente el jefe de gabinete de Zaplana, investigado en la causa por cobrar en el extranjero 3,5 millones de euros en presuntas comisiones. El interventor, encargado de fiscalizar el proceso de adjudicación, también declaró ante los agentes del instituto armado que la operación fue perjudicial para la Generalitat Valenciana y ha reiterado, tal como señala la Agencia Antifraude, las presuntas irregularidades en los criterios de la oferta económica.

Corrupción
Cotino, brazo corrupto del Opus Dei Valenciano

Juan Cotino ha fallecido por el coronavirus. Su fulgurante y extensa carrera política, de concejal del Ayuntamiento en Xirivella, su pueblo natal, a presidente de Les Corts, acompañó a la extensión y crecimiento de las empresas familiares.

A pesar de este trasfondo judicial, los partidos de la derecha (PP, Vox y Ciudadanos) se han mostrado contrarios a la reversión. Desde las filas populares han acusado al Botànic de “haber generado el caos” así como de haber cometido “irregularidades legales”(sic). Por su parte, desde Vox apuntaron que “en un momento tan delicado para la economía en la Comunidad Valenciana, no es necesario ni urgente asumir todos esos gastos”.

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