Pueblos originarios
Saray Vitonás Chaguendo: “Vives con la amenaza permanente, no sabes en qué momento te van a pegar un tiro”

Saray Vitonás Chaguendo es una lideresa del pueblo nasa. Pertenece al resguardo de Tacueyó, en el norte del Cauca (Colombia). Es licenciada en etnoeducación y se desempeña como coordinadora general de la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco. Ha sido coordinadora de educación de Proyecto Nasa, así como gobernadora y secretaria general del Cabildo del resguardo indígena de Tacueyó. También ha colaborado con el área de derechos humanos del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca). Ha venido a España para intentar dar la máxima visibilidad posible a las violaciones que sufren los pueblos originarios colombianos.

Pese a la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana en 2016, no han cesado los asesinatos de ex guerrilleros y de comuneros y portavoces indígenas. Parte de las FARC vuelve a las montañas para retomar la lucha armada. ¿Qué valoración hacéis de los resultados de aquella iniciativa?
Para los pueblos indígenas y para Colombia los Acuerdos expresan lo que siempre hemos soñado, un proceso de paz que nos lleve a una verdadera integración. ¿Dónde ha estado la falla? En que no han sido cumplidos por el Gobierno. Aunque ha habido algunos avances, en especial en los temas que abordan las instancias creadas en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, los acuerdos de La Habana están lejos de cumplirse en temas fundamentales como la reforma rural, la sustitución de cultivos de uso ilícito y las garantías para los ex combatientes. Así como el capítulo étnico, un enfoque transversal incluido en los Acuerdos para garantizar la participación y las perspectivas de las diferentes comunidades y etnias. No existe voluntad política gubernamental para su implementación.

Aunque ha habido algún avance, los acuerdos de La Habana están lejos de cumplirse en temas fundamentales como la reforma rural, la sustitución de cultivos de uso ilícito y las garantías para los ex combatientes

Después de la firma de los Acuerdos, surgieron numerosos nuevos grupos guerrilleros. Parte de ellos tendrían vínculos con sectores de las fuerzas armadas y con el paramilitarismo. ¿Podrías aclararnos algo sobre esto?
Debido al incumplimiento gubernamental de los Acuerdos de Paz se desplegaron unos cuantos grupos armados. En los territorios indígenas del norte del Cauca fueron tres: Nueva Marquetalia, la columna móvil Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez. Son los que más operan, están más fuertes y se disputan el control territorial de nuestras zonas. Se han consolidado y nos están generando zozobra en el territorio, tanto con asesinatos, como con el reclutamiento de nuestros jóvenes, violaciones de mujeres y el desplazamiento territorial de los pobladores. Y eso es anexo al narcotráfico. Como dato sugestivo, en el norte del Cauca hay cuatro bases militares. Allí el narcotráfico se ha incrementado y crece día a día. Así te encuentras con que se produce un asesinato en determinado lugar donde a solo tres minutos hay una base del ejército o de la policía. La complicidad de las fuerzas armadas y la policía es manifiesta, así como con los paramilitares que responden al Gobierno. Los fuertes vínculos de estas instituciones estatales con el narcotráfico crean una fuerte desarmonía en el territorio.

Colombia: “La presión de los movimientos para la paz ha sido decisiva”

Alberto Azcárate

2

Colombia

Colombia: “La presión de los movimientos para la paz ha sido decisiva”

Alberto Azcárate

2

A dos días de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, hablamos con Rosalba Velasco, delegada de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), y con Marcela Amador Ospina, directora de la Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política.

¿Estos grupos guerrilleros también cooptan jóvenes indígenas?
Sí, claro. En estos nueve meses de 2021 ese reclutamiento se ha incrementado fuertemente. En 2016 cuando se inició el proceso de paz hubo nueve asesinatos, en 2021 fueron 46, pero también más de 100 jóvenes reclutados en los últimos meses, eso es muy grave. Tienen edades que van de los 13 a los 17 años, sin posibilidad de acceder a educación, deportes, a relaciones sociales, inserción económica y son cooptados por estos grupos que les ofrecen recursos económicos y otras alternativas de vida, los reclutan con mentiras. 

Y así, cada mes, cada semana estamos perdiendo jóvenes a los que incorporan y llevan a otros territorios a combatir y nos los devuelven muertos. A otros los coge el ejército porque, supuestamente, tendrían el deber de prestar el servicio para obtener su documentación reglamentaria, y ahí los ponen como carne de cañón para enfrentarlos con otros nasa que están en grupos armados rivales. En 2020 y 2021 las cifras de muertos, reclutamiento, desapariciones y violaciones aumentaron y en este momento los dos colectivos más afectados son los jóvenes y las mujeres. Estas, por las violaciones, por el miedo a expresarse y a “hablar fuerte”, y así no podemos llegar a cargos y participar en los procesos de la autonomía y la gobernanza, y si lo hacemos somos amenazadas, o directamente asesinadas. Y esta realidad genera desarraigo porque nos obliga a salir de nuestros territorios o, de lo contrario, a resistir y morir. Y el hecho de que nos hayamos organizado con la guardia indígena —defensores de la vida y de los derechos humanos— no ha impedido que seamos asesinadas. La disputa del poder político, económico y territorial por parte de estos grupos es muy fuerte y es una estrategia en todos los frentes. Y vives con la zozobra de la amenaza permanente, no sabes en qué momento te van a pegar un tiro.

Los pueblos indígenas no hemos permitido el ingreso de esas multinacionales a los territorios. Su respuesta ha sido la amenaza, los asesinatos

¿Y qué pasa con la minería?
Los territorios colombianos, incluso los asignados a las comunidades indígenas han sido concesionados por el Gobierno colombiano a las grandes multinacionales para que exploten sus recursos mineros y de todo tipo: petróleo, oro, esmeraldas, fuentes hídricas. Pero los pueblos indígenas no hemos permitido el ingreso de esas multinacionales a los territorios. Su respuesta ha sido la amenaza, los asesinatos y todo lo que te he descrito.

¿Qué categoría jurídica tienen vuestros territorios?
Son públicos. Según la Constitución colombiana de 1991 son entidades territoriales, así como lo son los departamentos, distritos y municipios. Y gozan constitucionalmente de autonomía para la gestión de sus intereses, pueden gobernarse por autoridades propias. Nuestras tierras tienen un título colonial, son resguardos coloniales. Según la Constitución, las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables. En algún momento el Gobierno ha dicho “hay que hacer el catastro multipropósito” o “hay que empezar a sanear resguardos”, lo que quiere decir quitar el título colonial y en su lugar entregar una resolución republicana, lo que en buen romance quiere decir privatizarlos. Y nosotros nos negamos a ello, porque con el título colonial, el suelo, el subsuelo y el espacio aéreo son nuestros, de los pueblos indígenas. Pero el Estado colombiano dice “no, de ustedes es sólo el suelo que pisan, el subsuelo y el espacio aéreo son nuestros, del Estado”. Y esa es la lucha que tenemos, la defensa global del territorio, que no pasa sólo por el suelo donde pisamos.

Nos sentimos legitimados, porque somos quienes cuidamos los recursos de la madre naturaleza, los espacios de vida

¿Qué es el “catastro multipropósito''?
Se trata de un nuevo decreto que ha sacado el Estado colombiano en el que se afirma que los territorios deben ser reevaluados, que cada territorio debe tener su propio documento, para efectivizar el cobro de impuestos. Dice que si hay más impuestos, se generarían más recursos propios para los territorios indígenas. Les hemos dicho que no, sabemos que su intención es cambiar el título colonial original por algún otro instrumento que les permita la privatización y expoliación territorial. Y ellos responden con el bloqueo de recursos económicos para salud, educación y servicios a la comunidad. Y así pretenden ponernos en contra a nuestras propias comunidades, que se preguntan qué pasa con esos recursos que se necesitan. Aunque también es cierto que hemos vivido muchos años sin recursos externos, sobreviviendo con los que tenemos en el territorio; entonces, continuemos resistiendo. Ellos quieren sustituir los títulos coloniales por estos otros para intentar cobrarnos impuestos, obligación que hasta hoy no tenemos. Y nos sentimos legitimados a que así sea, porque somos quienes cuidamos los recursos de la madre naturaleza, los espacios de vida. Muy cerca de donde nosotros vivimos están las empresas cañeras, las petroleras, incluso somos quienes les proveen de agua a esas compañías. Algunas hasta se muestran favorables a negociar con nosotros en reconocimiento por la provisión de agua de nuestra parte. Pero esto al Gobierno no le gusta nada.

Colombia: los caminos de la vida, los sonidos de la guerra

Pablo Elorduy

Acuerdos de Paz de La Habana

Colombia: los caminos de la vida, los sonidos de la guerra

Pablo Elorduy

Dos periodistas de El Salto han formado parte de la misión internacionalista de verificación de derechos humanos que durante nueve días ha recorrido tres focos del conflicto que vive hoy Colombia. Mil días después del plebiscito sobre los acuerdos de paz, la voz de los grupos armados legales e ilegales sigue entonando el presente político del país. Los movimientos sociales exigen justicia y reparación y alertan del incremento de la violencia contra el campesinado y el hostigamiento de los movimientos sociales.

¿Qué relación tienen los cabildos indígenas con las instituciones colombianas, el parlamento, los partidos políticos?
En la reforma de la Constitución, en 1991, se nos dio visibilidad, legitimidad y se nos reconocen derechos, antes de esa fecha los indígenas carecíamos de ellos. Se nos da la oportunidad de tener representación en el Congreso, se nos reconoce como instituciones de carácter especial, la legitimidad de nuestras autoridades indígenas para ejercer su potestad, también derechos económicos y a aplicar la propia justicia. Con base en eso, nosotros hemos conseguido juntarnos como comunidades y tener en el congreso representación de senadores indígenas de diferentes pueblos. Pero es difícil para nuestros dos o tres senadores generar algún eco o empatía en los 123 congresistas que integran el parlamento colombiano; más aún porque hay muchos de derecha o de extrema derecha, que rechazan la participación de nuestros ponentes allí.

¿Tienen los Cabildos una autonomía real?
Sí, cada territorio tiene su autoridad y sus propias prácticas de organización de la vida económica en las empresas comunitarias, asociativas, familiares, también en la administración de justicia, cómo impartir y divulgar nuestras prácticas y tradiciones culturales, nuestro propio sistema de salud y también de educación. También nuestras prácticas de relación con organizaciones hermanas y con otras que nos ayudan, como es el caso de la ONG Almáciga, que objetivamente nos ayudan mucho más que el propio Gobierno. Por ejemplo, en Educación, el Gobierno coloca recursos financieros, y nosotros, los maestros, pero es un recurso tan limitado que sólo permite la contratación de un maestro en precario. Tenemos que complementarlo con los que recibimos de organizaciones solidarias y con nuestros propios recursos.

¿Y con la salud?
Nos entregan el recurso económico, una parte de él. Porque va la dotación al Ministerio de Salud, de ahí a la Secretaría de Salud Departamental, luego a la Secretaría de Salud Municipal y cada una de estas instancias se va quedando con una parte, lo poco que sobra es lo que nos llega a nosotros. Y con ese poco, contratamos médicos. Y por supuesto que semejantes carencias se expresan en la calidad del servicio; y por eso lo apoyamos con nuestro propio sistema de salud basado en la medicina tradicional de los pueblos originarios. También es cierto que Colombia es muy diversa y no es lo mismo el territorio nasa que otros espacios. En algunos lugares esos recursos se han convertido en un arma de doble filo, algunas organizaciones operan como una especie de gerencia del Estado para organizar servicios y eso al final limita la lucha por los derechos y fractura la autonomía. Eso en el pueblo nasa no ha ocurrido. Por eso, ante la eventualidad de que el Gobierno decida suspender totalmente la provisión de recursos, nosotros estamos empeñados en desarrollar políticas que tiendan a la autosuficiencia económica, sanitaria, educativa y cultural. Por eso exigimos al Gobierno que nos permita abrir camino para acceder a los mercados. Porque somos muy cuidadosos en la producción de agua, de trucha, café, leche, cereales, pero sin embargo nos dicen “ah, no, estos productos no pueden ser ofrecidos a las grandes cadenas porque no cumplen los requisitos que marcan las normativas”.

¿Tenéis también medios de comunicación propios?
Tenemos emisoras comunitarias, pero el Gobierno nos corta las transmisiones impidiéndonos difundir lo que hacemos como organizaciones indígenas. Y para nosotros es fundamental para poder denunciar la sistemática violación de derechos que se produce en las comunidades. Muchos de nuestros comunicadores han sido asesinados.

La pandemia amplificó la desigualdad social, la gente empezó a pasar necesidades, entonces los pueblos indígenas trajimos mucho alimento en camiones y carros y los bajamos a las ciudades

¿Ha habido alguna coincidencia entre las reivindicaciones de los pueblos indígenas y las que sustentaban los sectores populares colombianos?
Sí, en el paro nacional de marzo y abril [de 2021] logramos juntarnos la Minga indígena con estos sectores sociales y la comunidad campesina y la afro. Conseguimos unirnos para frenar y tumbar la reforma tributaria que el Estado pretendía implementar y que legitimaba la exclusión social y el recorte de derechos.

En lo que hace a los vínculos con la sociedad colombiana no indígena y urbana, es muy importante lo que sucedió en el paro nacional, donde las mayorías sociales se levantaron a protestar, a exigir mejores condiciones laborales, en la salud y la educación.

Pero ¿un obrero, un trabajador colombiano participa en esa articulación?
Sí, hay grupos organizados que han hecho suyas estas reivindicaciones y se han movilizado a través de sus colectivos. La Minga tiene un poder de convocatoria y articulación que ha crecido en los últimos años; al inicio era puramente indígena, pero ahora también recoge otros sectores populares, como los campesinos, la comunidad afro, las feministas. La última vez que la Minga llegó a Bogotá era manifiesta la recepción y simpatía de la gente común, que salía a recibirla, les proporcionaba agua, alimentos. Y eso se ha dado recíprocamente, porque en el paro nacional los nasa llevaron alimentos a la gente que estaba en la universidad o en la primera línea de movilización. La pandemia amplificó la desigualdad social, la gente empezó a pasar necesidades, entonces los pueblos indígenas trajimos mucho alimento en camiones y carros y los bajamos a las ciudades para apoyar a la gente que estaba en la primera línea, a los obreros, a organizaciones que estaban abocadas de lleno a la Minga.

Colombia, ¿a dónde vamos?

Martha Palacio

2

América Latina

América Latina revuelta Colombia, ¿a dónde vamos?

Martha Palacio

2

El presidente del Gobierno colombiano ha puesto en marcha un nuevo marco para continuar la guerra: la doctrina del enemigo interno.

¿Desde cuándo podría registrarse este fenómeno?
Se desarrolló más a partir de 2009. En 2005 nosotros iniciamos las grandes marchas, en tanto que pueblos indígenas. La primera Minga fue a Cali y luego a Bogotá, de ahí en adelante ha ido creciendo. Y hoy ha cobrado tal fuerza a nivel nacional, que ya no se compone sólo de indígenas sino también de esos sectores sociales que te menciono y eso puede percibirse claramente desde 2009 en adelante. Y desde allí hasta hoy, 2021, esa Minga ha crecido muchísimo y también ha crecido para influir más en las urnas, en decidir quién nos va a gobernar.

En 2018, Gustavo Petro, candidato sensible a las demandas de los pueblos originarios, perdió las elecciones frente a Iván Duque, sucesor del uribismo. ¿Qué grado de aceptación tienen vuestras reivindicaciones en la sociedad colombiana, no indígena?
En buena medida ha dependido del contexto y del lugar. No es lo mismo el apoyo que se ha recibido en el último año con el tema del paro nacional, como tampoco lo que ocurrió en Cali con lo que pasó en Bogotá. Cuanto más lejos las sociedades están del territorio, se exterioriza mayor lejanía mental, de empatía y de apoyo. Esto también se vio en el plebiscito para los Acuerdos de Paz. Al final, el “sí” ganó en los territorios más afectados por el conflicto y donde no obtuvo mayoría fue en los lugares donde la gente no está pensando en si hay —o no— indígenas, o cómo viven los campesinos. Yo sí creo que ha habido en los últimos años, desde 2019, un cada vez mayor apoyo popular, porque la gente está cada vez más desesperada y es verdad que las demandas indígenas en muchos puntos confluyen con las demandas de otros sectores de la población.

En los últimos años, desde 2019, un cada vez mayor apoyo popular, porque la gente está cada vez más desesperada y es verdad que las demandas indígenas en muchos puntos confluyen con las demandas de otros sectores de la población

Petro consiguió aglutinar a mucha gente, no sólo población urbana trabajadora sino también estudiantes universitarios porque él fue muy claro en la defensa de derechos, entre ellos el de la educación y la salud. Ya tenía un fuerte apoyo en los territorios indígenas, pero cuando eclosiona el fenómeno de la Minga en 2021 su fuerza se acrecienta al agregarse la comunidad campesina y afro, y sectores populares de diferentes ciudades grandes que le empiezan a apoyar con firmeza. Petro ha crecido porque ha escuchado las demandas desde abajo, desde la base y se ha hecho eco de las expectativas y las propuestas, pero también apoyando a las comunidades. En la primera vuelta, venía bien, pero en la segunda nos partimos y ganó Duque. Y eso podrá volver a suceder si no hay un pronunciamiento claro de las organizaciones. En la segunda vuelta, el uribismo percibió la falta de claridad en las filas de los que apoyábamos a Petro, aprovechó y abrió heridas y un surco que le permitió ganar las elecciones. Faltó firmeza y claridad en la comunidad.

¿Cómo se integra y se forma la Guardia Indígena y cuál es su papel?
Somos hombres y mujeres que no portamos armas, apenas nuestros bastones. Nos identificamos con chalecos distintivos y nuestra misión es defender los territorios, la biodiversidad, la preservación de los espacios de vida que hoy tenemos. Desde siempre se ha caracterizado por ser un ente de paz y generador de armonía en el territorio, de controlar también las acciones que vayan en contra de los derechos humanos. Nos llamamos Kiwe Thegnas, que quiere decir “cuidadores de la madre Tierra”. Y quienes hacemos parte de la guardia indígena recibimos, e impartimos, formación política, educativa, de salud y de estrategias del cuidado de la Madre Tierra.

¿Cómo son elegidos los Kiwe Thegnas?
No son elegidos, sino que surgen, porque les nace del corazón. En los territorios hay familias enteras que son Kiwe Thegnas, dispuestas a colocarse el chaleco, cuidar el territorio, apoyar las asambleas, a las autoridades. Es la columna vertebral del ejercicio de gobernanza en los territorios indígenas. Mi hijo es Kiwe Thegna y él dice “vamos a salir a recorrer el territorio” o, “vamos a apoyar una marcha”. Somos los que ponemos el cuerpo. No cargamos un arma, pero nuestra defensa es el cuerpo. Cuando nos atacan ponemos el pecho para defender el territorio, por eso muchos han sido masacrados. Somos herederos de una larga tradición y recibimos mucha formación sobre derechos. El hecho de que los Kiwe Thegnas sean transversales a diferentes edades tiene que ver con los procesos de formación que se llevan a cabo en el territorio nasa. Sabemos que todo pasa por la formación.

 Si fuera por las instituciones colombianas estaríamos perdidos, hoy todas ellas —fiscalía, procuraduría, defensoría— están en poder de la ultraderecha, del uribismo

¿Las mujeres indígenas han tenido algún papel en los Acuerdos de Paz?
Cuando se inicia el proceso de paz los pueblos indígenas no estábamos en él, ni las FARC ni el gobierno tenían presente ese tema; sólo conseguimos entrar cuando se consagró el capítulo étnico, en el que se recoge nuestra singularidad.

Nosotros trabajamos con el tema de la dualidad hombre y mujer, asunto que consideramos sagrado. Ahí planteamos nuestro derecho a tener nuestro propio capítulo, en el que podamos desarrollar la protección ya no solo de la comunidad sino de los diferentes sectores más vulnerados. Y las mujeres hasta ahora seguimos luchando por ese ejercicio. ¿Qué es lo que pedimos nosotras en ese aspecto? La exigencia del respeto a la vida, a la libre autodeterminación como pueblos indígenas, a que la mujer tenga participación política, también en los liderazgos, muchas veces negada. Su derecho a un proyecto de vida, a la producción, al mercadeo...

¿Aporta algo la presencia de la ONU para la verificación de los acuerdos de paz?
Hasta el momento, el principal soporte institucional con que hemos contado ha sido la ONU, nos ha ayudado generando eco en otros espacios a nivel internacional y produciendo informes para hacer público lo que está ocurriendo en los territorios indígenas. Si fuera por las instituciones colombianas estaríamos perdidos, hoy todas ellas —fiscalía, procuraduría, defensoría— están en poder de la ultraderecha, del uribismo. Entonces es muy difícil que nos den visibilidad y siquiera que podamos tener un contacto directo con ellos. La ONU es la instancia que ha estado más pendiente en todo lo que ocurre en los territorios indígenas. Inclusive, en Colombia hay una delegada de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que está muy presente y siempre nos acompaña, inclusive en los informes que publican, a diferencia de la Procuraduría, Contraloría, Defensoría, que están ausentes. Destaco que los pueblos indígenas nos hemos organizado para recoger nuestras propias estadísticas sobre lo que ocurre, hacemos nuestro propio monitoreo. Claro que la ONU nos apoya con su equipo técnico y realiza las verificaciones de lo que señalamos y así se recogen informes más consolidados y consensuados. Muchas veces en Colombia la ONU ha sido invisibilizada por las autoridades, pero desde los territorios indígenas nos manifestamos exigiendo su presencia. Cuando el Gobierno se muestra molesto por las actividades de la ONU es señal de que algo debe de estar haciendo bien...

En medio de la crisis generalizada que genera el capitalismo globalizado, la filosofía del Buen Vivir está teniendo más visibilidad.

Los pueblos indígenas nos centramos en los cuidados y en la protección de la Madre Naturaleza, la Madre Tierra. Y creo que esa inspiración es la que nos está dando visibilidad. Vivimos en donde están las fuentes de agua, los minerales y el ecosistema que son espacios de vida y sabemos cuán riesgoso es explotarlos. Hoy está bien identificada la localización de esos recursos. Y cuidamos no sólo lo que pisamos, sino también lo que está en el subsuelo y en el espacio aéreo. Y sabemos que peligrarían si nosotros hiciéramos dejación de esas funciones. Incluso somos conscientes de que no deberíamos vivir allí, porque ahí hay ríos, lagunas, recursos de todo tipo, esos espacios deberían ser reservas estratégicas, deberíamos estar viviendo en las llanuras, lo que pasa es que el Gobierno y las multinacionales nos han ido desplazando hacia las montañas. Estos espacios deberían estar intocados y no siendo explotados por nosotros ni por las multinacionales. Incluso en Toribío, donde hay unas 48.000 hectáreas, sólo trabajamos unas 15.000, el resto es para reforestación, para mantener y fortalecer la flora y la fauna. Por eso nuestra vocación es proteger la biodiversidad. Y esto no es sólo en Colombia, sino también en Bolivia, Ecuador y otros países, para que sean recursos sostenibles para asegurar la vida de nuevas generaciones. Esto hace parte de la filosofía del Buen Vivir.