Pueblos originarios
Milei impulsa una ola de desalojos express en comunidades indígenas

El pasado 7 de agosto, el Senado argentino dio media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa propone flexibilizar y acelerar los desalojos mediante procesos sumarísimos, y contempla mecanismos de restitución anticipada. De esta manera,  aumenta la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y se reducen sus posibilidades de defensa judicial. 

De hecho, si bien de dicha ley se cayeron los capítulos de extranjerización de la tierra —que flexibilizaba la compra de tierras rurales por parte de extranjeros— y de modificación de la Ley de Manejo del Fuego, los capítulos referidos a los desalojos express avanzaron en el Senado. 

Según denuncia la Pluriversidad Indígena Puelmapu, este nuevo escenario podría dejar expuestas al desalojo a unas 1.300 comunidades indígenas en todo el país. Además, estas expulsiones podrían estar acompañadas con causas penales contra autoridades ancestrales de las comunidades en conflicto, como así también, a las familias damnificadas.

El escenario argentino ya se había agravado en diciembre de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei derogó el decreto que prorrogaba la emergencia territorial indígena establecida por la Ley 26.160, y que permitía suspender temporalmente los procesos judiciales de desalojo. 

Este nuevo escenario podría dejar expuestas al desalojo a unas 1.300 comunidades indígenas en todo el país. Además, estas expulsiones podrían estar acompañadas con causas penales

Detrás de cada desalojo, como el ocurrido el 10 de agosto en Humahuaca (Jujuy), aparecen intereses comunes. Ese día, la policía desalojó a las familias de la comunidad Santa Rosa en un operativo en el que participaron más de un centenar de efectivos armados.

Entre esos intereses se encuentra la llegada de empresas multinacionales, que pretenden instalar gigantescos data centers para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial. También están los abundantes yacimientos de litio en las provincias norteñas de Salta, Jujuy y Catamarca, que atraen capital extranjero y propician alianzas con el Gobierno argentino.

La conferencia de prensa internacional y la situación en las comunidades indígenas

Con el objetivo de visibilizar la crisis humanitaria que atraviesan los pueblos originarios en el país, el pasado 4 de septiembre las principales organizaciones indígenas argentinas convocaron una conferencia de prensa. En ella se pronunciaron figuras relevantes dentro de comunidades originarias tanto del norte —en particular de las provincias de Jujuy y Salta— como del sur —en particular en Chubut, en la Patagonia—. 

Entre ellas se encontraba Florencia Solis, referente de la Caminata Warmis y representante de la Comunidad Puya Puya. El pasado 3 de agosto Solis emprendió por segunda vez, junto a su colectivo Warmis —un colectivo de mujeres indígenas en defensa de la Pachamama— una marcha desde el norte del país hasta Buenos Aires. El recorrido atravesó siete provincias y culminó frente a la Casa Rosada el 31 de agosto.

Las manifestantes llegaron a Buenos Aires con una lista de demandas dirigidas al Congreso, en el que exigían al Gobierno que reconociera a las poblaciones indígenas como sujetos de derecho y que pusiera fin a las prácticas extractivas en la provincia de Jujuy. También solicitaron información pública ambiental sobre las explotaciones en la zona de la Laguna de los Pozuelos, actualmente afectada por una grave crisis hídrica. 

Como señala Solis, “esta política viola nuestros derechos humanos, está sacando a nuestro hermanos, desalojándolos de estos territorios, mandando policía y máquinas para destrozar terreno”

Como señala Solis, “esta política viola nuestros derechos humanos, está sacando a nuestro hermanos, desalojándolos de estos territorios, mandando policía y máquinas para destrozar terrenos, sin que se respete a niños y a ancianos”. Ante el aumento del extractivismo en la zona, reclaman que la comunidad internacional tome medidas: “Queremos que nuestras familias sigan viviendo allí y que no sean obligadas a irse". 

Hasta la fecha, según declaró durante la conferencia Stella Maris Molina, de la comunidad de Iruya, los intereses extranjeros controlan cerca de 1,8 millones de hectáreas en la provincia de Salta. 

“Por ahora, la policía está haciendo todo lo posible para hacer invivible la situación en estos territorios. Nos están acorralando para decir después que nos fuimos voluntariamente”, señala Molina. “Estamos asistiendo a nuevas formas de despojo”, añade. Molina se refiere en particular a una forma de violencia más sutil y menos visible: las prohibiciones de cultivar, de pastorear, de acceder a los servicios hídricos. 

Si en el norte la situación es preocupante, en el sur no es diferente. Así lo presenta Amancay Quintriqueo, la longko de la comunidad (lof en mapuche) Kinxikew, ubicada entre Río Negro y Neuquén. El 19 de agosto, la comunidad sufrió un desalojo parcial sobre el territorio que resguarda colectivamente desde 2011, ubicado entre los kilómetros 2.082 y 2.083 de la Ruta Nacional 40, en cercanías de Villa La Angostura.

“Desde la primera década de este siglo iniciamos un proceso de reivindicación de la identidad mapuche y de los territorios de nuestros ancestros. Fueron tierras usurpadas durante la llamada 'Campaña del desierto', promovida por el presidente [Julio Argentino] Roca entre 1878 y 1885”, cuenta la longko Quintriqueo. “Fue una campaña homicida que causó un exterminio dentro de la comunidad mapuche y nosotros somos la cuarta generación obligada a vivir este horror”, recuerda. 

Durante este proceso de reivindicación, la comunidad Kinxikew decidió promover la recuperación de algunos territorios. Entre ellos se encuentran tierras en manos de la familia belga Broers y de la familia Benetton. Con casi un millón de hectáreas en el territorio, la familia italiana se convirtió en uno de los mayores propietarios privados de tierras del país. 

“Aquella ‘Campaña del Desierto’ todavía no ha terminado”, continúa Noelia Huenumil, esta vez de la comunidad del Melo. “Está claro que cualquier empresa extranjera que viene hasta aquí pretende usurpar esos recursos naturales que nosotros, en cambio, queremos proteger. La situación en Argentina es peligrosa y quienes pagamos las consecuencias somos siempre las comunidades originarias, con nuestros cuerpos. Queremos tener el derecho a defendernos”. 

Según el longko Mauro Millán, de la provincia de Chubut, el Gobierno de Javier Milei está logrando crear un “clima de terror”. Al desmantelar toda garantía, hace imposible el recurso a la justicia para las comunidades indígenas. “Todo el sistema está manipulado para servir determinados intereses”, comenta. 

El longko Millán denuncia también las inversiones que el Gobierno argentino está promoviendo en la construcción de centros de datos, instalaciones que requieren una enorme cantidad de agua y energía y dañan el territorio. Además menciona a la compañía estatal de agua de Israel Mekorot, que hoy en día gestiona el agua de 12 de las 23 provincias de Argentina. 

“La comunidad internacional debe saber que aquí, en los confines del mundo, hay un pueblo llamado mapuche que está luchando por la salvaguarda del territorio”, concluye el longko Millán. 

Una lucha que sigue y el caso de Facundo Jones Huala

Ejemplos de esta lucha aparecen evidentes en la trayectoria judicial del mapuche argentino Facundo Jones Huala, longko de la comunidad Pu lof Cushamen. A lo largo de los años, se ha convertido en una de las figuras más conocidas del movimiento mapuche argentino. 

Perseguido desde muy joven, fue señalado desde el principio como uno de los líderes más decididos del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). A lo largo de los años, Jones Huala atravesó varios procesos judiciales y períodos de prisión entre Argentina y Chile. El primero tuvo lugar en 2016, tras ser acusado por tenencia ilegal de un arma de fuego artesanal. En 2024, consiguió recuperar la libertad y volvió a Argentina. 

El 2 de febrero de 2025, en Bariloche, presentó su libro “Entre Rejas, Antipoesía incendiaria”, una serie de poemas escritos durante su detención en Chile. Cuatro meses después, en junio de 2025, fue detenido nuevamente a raíz de una investigación iniciada por sus declaraciones durante la presentación del libro.

Las acusaciones de este nuevo encarcelamiento se basaron, en parte, en una presunta instigación a la violencia, dado que el libro contiene expresiones que remiten a la lucha del pueblo mapuche. En la actualidad el líder del RAM sigue preso en la cárcel de Esquel, en la provincia de Chubut. Allí permanecerá hasta el 23 de noviembre, a la espera de que se defina su situación procesal. 

“Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado de pensar? ¿Cuál es el pecado de rebelarse y decir: ‘No quiero que me explotes más’, ‘Yo no quiero ser un explotado como mis papás y mis abuelos?”

Durante su tercer juicio de extradición a Chile, celebrado en Argentina en julio de 2023, Jones Huala había pronunciado un largo alegato político, donde definía al movimiento mapuche autónomo del Puelmapu como “una fuerza de liberación nacional que seguirá creciendo”.

Y luego, en este alegato manifiesto de la historia y persecución mapuche, también se preguntaba: “¿Cuál es el problema de que hayan decidido, como muchos otros, dejar de ser explotados, dejar de ser manipulados, estudiar por nuestros propios medios, entender las políticas, la organización sociopolítica, la economía, la sociedad. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado de pensar? ¿Cuál es el pecado de rebelarse y decir: ‘No quiero que me explotes más’, ‘Yo no quiero ser un explotado como mis papás y mis abuelos?”.

Esto se preguntaba Jones Huala en aquel discurso, y esto siguen preguntándose hoy las comunidades originarias argentinas. La violencia estatal contra ellas está en aumento, y no se manifiesta únicamente con una orden de desalojo inmediato. También pasa por el acaparamiento y venta de esos recursos naturales situados en sus territorios ancestrales. Territorios estrechamente vinculados a la identidad, la historia y la sobrevivencia de estas comunidades.