Racismo
Los arrancamientos en madres migrantes revelan las costuras de un sistema “coercitivo y racista”

Carmen (nombre ficticio para preservar su identidad), de 45 años, lleva tres sin poder abrazar a su niña tras haber denunciado a su expareja por abusos en España. Ella migró hace años desde Guinea Ecuatorial, él es español. “Denuncié abusos al padre de mi hija, español, tiempo después fui al hospital y ahí me quitaron a mi niña. Estuvo allí unos meses y luego la jueza otorgó la custodia a mis exsuegros, sentí que me robaban a mi hija”, cuenta en un testimonio que fue recogido por el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM). La magistrada que llevó su caso no le ha dicho cuándo podrá recuperar a su niña y esa incertidumbre sigue generándole un dolor inenarrable. A menudo las madres migrantes que presentan denuncias contra sus ex parejas blancas con nacionalidad española acaban perdiendo la custodia de sus criaturas, un arrancamiento “racista y colonial”, según estas progenitoras revictimizadas.

 El suyo se erige como uno de tantísimos casos de mujeres de origen extranjero que han perdido a sus hijos después de que el propio Estado se los arrebatara sin piedad por carecer de recursos. Estas madres no han cometido delitos, ni siquiera han sido negligentes con sus criaturas: simplemente llegaron a España algunas con situaciones de precariedad, otras con antecedentes de violencia de género o sin una red de apoyo a su alcance.

Si la institucionalización de menores en el sistema de protección es, según OVIM, una de las decisiones más graves que puede adoptar el Estado en la vida de un infante (y de sus madres), este organismo ha reportado que los procesos de internamiento se concentran especialmente en hijos e hijas de mujeres migradas y racializadas. A comienzos de 2024, 6.230 eran niñas y adolescentes en acogimiento residencial, y de ellas 1.535 eran de nacionalidad extranjera (24,6%).

El OVIM esgrime en un estudio en este sentido que el origen, la situación administrativa y la vulnerabilidad socioeconómica resultan clave en la activación de medidas de separación. Los sesgos racistas de las administraciones —el 62,6 % de los casos de violencia institucional tiene una base racista— explican buena parte de las quitas de custodia e ingresos involuntarios.

Estos arrancamientos son fruto de un sistema que criminaliza las maternidades no blancas y las responsabiliza de su propia falta de recursos

Estos arrancamientos feroces y extremadamente tortuosos —que colectivos de madres migrantes protectoras como Madrecitas prefieren denominar desmembramientos— son fruto de un sistema que criminaliza las maternidades no blancas y las responsabiliza de su propia falta de recursos. Debido a que muchas, debido a su situación administrativa irregular, no disponen de una vivienda estable o un contrato de trabajo fijo, el Estado interpreta esta casuística como posible causante de desamparo hacia las criaturas, a las que amenaza con llevar a centros tutelados.

Tamara Fernández es abogada extranjería, familia e infancia y ha ejercido su actividad profesional como letrada de Madrecitas en su lucha por recuperar a sus niños y niñas durante años. Acababa de finalizar un máster en temas de infancia y discapacidad cuando dio con este colectivo que pretende ensanchar la senda recorrida por las madres protectoras españolas aportando un enfoque decolonial. “Me contaron que eran un grupo de madres migrantes que habían confluido en un espacio de mujeres racializadas durante la pandemia para apoyarse mutuamente y sabían que estaban siendo atravesadas por una violencia adicional, ya que la quita de sus hijos estaba teniendo un rasgo muy sistemático entre ellas”, señala a este medio.

Cuando se incorporó a su asistencia jurídica pronto descubrió la mirada “estereotípicamente racista, infantilizante y punitiva” que proyectaban las administraciones públicas hacia estas maternidades al poner en constante tela de juicio su capacidad de criar. Ese cuestionamiento era el que acababa justificando las quitas a través de procedimientos irregulares.

El sistema Rumi y la falsa presunción de negligencia marental

Según la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en su artículo segundo, el Estado debe abstenerse de aplicar estereotipos de género, clase o de raza en la valoración de la capacidad marental. Las decisiones deben basarse en hechos acreditados y en evaluaciones individualizadas, “no en presunciones culturalistas ni en sospechas sobre la 'idoneidad' de madres migradas o racializadas”. Además, añade en su siguiente artículo, la separación debe ser excepcional y no puede basarse nunca en situaciones de pobreza, precariedad administrativa o condición migratoria.

La práctica, sin embargo, refleja lo contrario. En España, el sistema de Registro Unificado de casos de sospecha de maltrato infantil (RUMI), instrumento que utilizan servicios sociales de protección a la infancia, utiliza parámetros racistas y clasistas tales como como el conocimiento de la lengua del país por parte de la madre o si ésta es extranjera. “La persona que hace la valoración es la que decidirá si realmente hay un riesgo de desamparo para el menor pero obviamente el sistema da muchas papeletas como para que esto se evalúe como riesgo. Todas las madres migrantes estamos en el punto de mira en base a esto”, determina Bedani Cruz, pedagoga experta en género y violencias machistas y miembro de Trenzadas, una asociación de mujeres migrantes que persigue crear espacios de reflexión en torno al racismo y sistemas coloniales presentes en las estructuras sociales, también las institucionales.

“Se opta antes por retirar las custodias y romper el vínculo madre-hijo, con todas las consecuencias que eso tiene para la infancia, que por ayudar a las madres si lo necesitan”, aseguran desde los colectivos entrevistados

En un artículo publicado en Diario Público, la comunicadora social Paula Cáceres propone precisamente dar una vuelta a este sistema y otros de valoración de riesgo: “Bajo el concepto de desamparo se incluyen cuestiones como ser hijo de padres sin papeles, formar parte de un núcleo monomarental con dificultades económicas, que los padres estén en el paro, que una madre dé a sus hijos bollos para cenar, o que el menor sea hijo/a de una mujer víctima de violencia de género”, alude en el texto.

Centros de menores tutelados donde se replican las violencias con impunidad

Tal y como relata Bedani basándose en su experiencia personal acompañando a madres protectoras, “un 99% de las que pasaban por la casa de acogida donde estaba eran migrantes y más o menos la mitad tenían una barrera lingüística”. Al tiempo que las administraciones juzgan el ejercicio de crianza de estas madres por poseer escasos medios a su alcance cuando llegan a España, los colectivos de madres entrevistadas para este reportaje esgrimen que las más vulnerabilizadas rara vez reciben recursos o prestaciones económicas. “Se opta antes por retirar las custodias y romper el vínculo madre-hijo, con todas las consecuencias que eso tiene para la infancia, que por ayudar a las madres si lo necesitan”, alegan.

El sesgo de pobreza es, pues, uno de los que más se aplica a la hora de llevar a cabo estas internalizaciones forzosas. Además, los centros de menores casi nunca operan como espacios de protección hacia niños y adolescentes sino, denuncian estas madres, como dispositivos de hipervigilancia y control exhaustivo hacia las maternidades consideradas “disidentes”.

No han sido pocas las denuncias de colectivos que han puesto sobre la mesa las violencias sexuales y físicas ejercidas con total impunidad dentro de estos centros. Concretamente el pasado 14 de octubre de 2025 se constituyó en el Parlamento de Catalunya una comisión de investigación sobre las irregularidades de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), sustituida actualmente por la DGPPIA (Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència) tras varios escándalos por presuntos abusos a menores en estos espacios de teórica “seguridad”.

Los centros de menores “lejos de ser un lugar refugio, siguen reproduciendo en su interior muchas violencias de género y racistas, entre otras”: Liliana Aragón, de la Asociación Hèlia

“El sistema externaliza estos centros y existe un negocio muy lucrativo en su construcción y funcionamiento. Lejos de ser un lugar refugio, siguen reproduciendo en su interior muchas violencias de género y racistas, entre otras”, recalca Liliana Aragón, responsable de acción social en la Asociación Hèlia, una organización que ofrece ayuda y recursos a supervivientes de violencia de género desde una perspectiva interseccional.

“Hay situaciones de precariedad y un cúmulo de situaciones de desigualdad que atraviesan las mujeres, esa mochila de llegar sin apoyo familiar, sin esa red familiar, muchas veces con dificultades para acceder a una vivienda digna y esos son elementos que miran las instituciones para considerar si tiene o no capacidad para cuidar”, explica a El Salto Diana Tutistar-Rosero, miembro de la Red Aminvi y de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.

Con todo, acaba por establecerse implícitamente una suerte de sistema de meritocracia a través del cual sólo aquellas madres que puedan demostrar su “pertinencia y valía” como progenitoras parecen merecer estar al lado de sus niños. Un sistema castigador que ya en el Franquismo se servía de organismos como el Patronato de Protección a la Mujer para determinar qué madres debían ser consideradas ejemplares las cristianas, maternales, blancas, casadas o perniciosas para sus criaturas, las migradas, prostitutas o racializadas.

Maternidades hipervigiladas y juzgadas con lupa

El miedo constante a acudir por cualquier motivo a los servicios sociales y que éstos acaben separándolas de sus hijas ha derivado a que, con el tiempo, muchas desconfíen del sistema. Diana comparte un caso que vivió de cerca como activista: una madre que fue arrancada violentamente de su hijo pequeño que fue enviado a un centro de menores en España, de manera que, por miedo a perder también la custodia de su segundo hijo, decidió enviarlo de vuelta a su país. “Sufrió un doble arrancamiento, uno por ese desmembramiento y otro por tener que proteger a su otro niño por temor a cómo operan los servicios sociales cuando la madre es vulnerable”, narra. Fruto de esta violencia institucional persistente y revictimizante muchas mujeres han optado por retornar junto a sus criaturas a los países de origen.

Muchas otras veces en estos arrancamientos se antepone el estigma cultural y la imposición de pautas de crianza occidentales para desmerecer las capacidades de las madres migradas. Así lo creen desde la Asociación para la Defensa del Menor Aprodeme. “Tendemos a proyectar nuestras pautas culturales y occidentales, en grupos de población con dinámicas más comunitarias o con otras formas de crianza que en seguida son demonizadas”, destacan.

Muchas veces no se protege realmente a la infancia, sino que se castiga a madres pobres, racializadas y migrantes por no encajar en el modelo dominante de buena madre europea”: Nicole Ndongala, Asociación Karibu

Comparte esta visión Nicole Ndongala, presidenta de la Asociación Karibu, un espacio colectivo que sitúa la foco en aquellas mujeres migradas de África. Afirma que en Europa generalmente se espera que las madres africanas se adapten a unos códigos que no siempre tienen en cuenta su contexto, cultura o las condiciones reales en las que viven. “Eso hace que su forma de maternar sea vigilada y juzgada con más dureza. Muchas veces no se protege realmente a la infancia, sino que se castiga a madres pobres, racializadas y migrantes por no encajar en el modelo dominante de buena madre europea”, relata Ndongala.

Violencia racista desde el aparato judicial: el paradigma de la jueza Verdejo

La mayor parte de estos casos de violencia institucional racista contra las madres se producen, según datos del OVIM, dentro de la judicatura. Aragón insiste en que en su canal de denuncia “notamos mucho que en las mujeres migrantes se aplican todos los estereotipos y prejuicios racistas en los operadores de justicia. Incluso cuando apelan por su derecho acceso a la justicia y la protección de tanto de ellas como de sus hijos tienen desventajas”. El caso más paradigmático de los extremos a los que llega a veces el propio sistema está en la polémica que rodeó a la magistrada Francisca Verdejo, ex titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Barcelona.

Numerosos colectivos de madres migrantes señalaron sus actuaciones por el racismo institucional y el machismo que entrañaban. Estas mujeres, muchas de ellas madres protectoras, denunciaron que la jueza no les dejaba expresarse, las cortaba en mitad de sus declaraciones y cuestionaba en todo momento los relatos de las víctimas. Lejos de ser penalizada por ello, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó varias de las quejas depositadas y Verdejo fue trasladada a la Audiencia Provincial de Granada, donde llevaba tiempo deseando ejercer.

Rosi Morales ha sido una de las muchas víctimas migrantes de esta magistrada. Su caso llegó a manos de Verdejo después de que denunciara las violencias –psicológica y luego física– de su expareja y padre de sus dos criaturas. Primero tuvo que sufrir comentarios descalificantes por parte de la jueza, que con frecuencia gritaba en la sala, la desacreditaba llamándola mentirosa o directamente la mandaba callar. Después de varios juicios, fue obligada a entregar durante 18 meses a sus niños a su maltratador en distintos puntos de encuentro, algo a lo que accedió contra su voluntad “para evitar acabar como Juana Rivas si me oponía”. A pesar de que no se opuso, por miedo a exponer a sus criaturas a este contacto violento, la sentencia calificó su comportamiento de “intransigente” al “negarse a colaborar” en los encuentros.