Reforma laboral
Los datos del paro colocan a Yolanda Díaz en una sólida posición

“En ningún mes en el que ha gobernado la derecha la tasa de paro ha sido del 13,6%, como ahora, y esto no son opiniones, son datos”, le ha espetado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al diputado del Partido Popular Diego Movellán durante la comparecencia voluntaria de la vicepresidenta en la Comisión de Trabajo del Congreso para hacer balance de las acciones llevadas a cabo por su departamento. Díaz llevaba catorce meses sin comparecer. La última vez fue en marzo de 2021 para anunciar la modernización del Estatuto de los Trabajadores, aunque como ella ha preferido recordar, también fue el día en que tuvo que anunciar, en medio de la pandemia, que España tenía entonces cuatro millones de parados. Hoy no llega ni a tres millones, un récord histórico desde 2008.

Las políticas públicas desplegadas por el Gobierno de coalición no solo han contenido el paro, sino que lo han llevado a mínimos históricos, ha recordado Díaz, un argumento que nadie le ha podido rebatir y que incluso hizo cambiar las previsiones pesimistas del FMI sobre España.

Los reproches de la ausencia de conversaciones con el Ministerio de Trabajo han sido constantes y compartidas por parte de todos los grupos parlamentarios, excepto el PSOE

En la comparecencia ha habido otro tipo de suspicacias: ¿se ha presentado para aprovechar esos datos justo dos semanas antes de los comicios electorales de Andalucía y de que Sumar empiece a andar? El representante del PNV, Iñigo Barandiaran, ha abierto esa caja de Pandora y ha añadido otra suspicacia: los datos “son buenísimos”, pero que resultan difíciles de valorar en profundidad, dado que podrían encerrar cierta “distorsión”, ya que a pesar del aumento indiscutible de la contratación indefinida, esta engloba una elevada tasa de parcialidad del 60%, en forma de contratos indefinidos parciales y fijo-discontinuos. 

La ministra Yolanda Díaz se embarca hacia el Estatuto de Trabajo 2.0

Gessamí Forner

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Laboral

Reforma laboral La ministra Yolanda Díaz se embarca hacia el Estatuto de Trabajo 2.0

Gessamí Forner

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“Estamos trabajando con normas de los años 80 que no dan respuesta a las necesidades del siglo XXI”, resumió la ministra de Trabajo en la comisión parlamentaria donde adelantó su proyecto para 2021 con la Comisión Europea.

Que aumenten los salarios, que paguen las empresas

Probablemente el diputado vasco tiene razón en ambas cosas, tanto en la premura de valorar tendencias como en la evidencia de que los datos son indiscutiblemente positivos. “Chulísimos”, según el retintín de Movellán (PP). Pero todo lo hablado hoy en la Comisión de Trabajo da pistas del futuro. La más importante es que la ministra se opone a un pacto de rentas y a la devaluación salarial. 

Opta por gravar los impuestos de las tres eléctricas más grandes, que han obtenido beneficios históricos, y de las compañías que participan en Bolsa. Sutilmente ha calificado al gobernador del Banco de España de derechista y de dejarse llevar por su ideología conservadora en las declaraciones realizadas el martes, en las que ofrecía como receta a la actual crisis las medidas de austeridad que adoptó el PP para la crisis económica de 2008. “Ni Luis de Guindos propone una devaluación salarial. Tiene criterios científicos, más allá de su ideología”, ha rematado Díaz en referencia a las declaraciones del actual vicepresidente del Banco Central Europeo y miembro del PP, el cual ha solicitado que aumenten los salarios para compensar la inflación.

En la Comisión se han despachado y suavizado algunos malestares. Que si ERC no apoyó la reforma laboral, que si Compromís sí, que a ver qué pasa con esos socios de investidura. El diputado de Esquerra Republicana, Jordi Salvador, ha sido claro: algunas propuestas les gustan y otras no. Votarán en consecuencia, seguirán siendo socios, pero falta diálogo. Los reproches de la ausencia de conversaciones con el Ministerio de Trabajo han sido constantes y compartidas por parte de todos los grupos parlamentarios, excepto el PSOE.

Todos le han reprochado a la ministra que legisla a golpe de real decreto, saltándose el debate y las aportaciones parlamentarias. Ha sido flagrante el secretismo con el que Trabajo está manejando la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras del hogar y cuidados. Tanto ha sido así que la ministra ha propuesto realizar en la Comisión “un monográfico”. Difícilmente dará tiempo, ya que la ratificación del Convenio en el Congreso está prevista para la próxima semana. 

También se ha podido observar el buen entendimiento entre Yolanda Díaz y la diputada del PSOE, María Dolores Narváez, quien se ha mostrado tan orgullosa de los actuales resultados de la reforma laboral como la parlamentaria de Unidas Podemos, Aina Vidal.

“Llevamos cuatro años hablando de derechos en vez de recortes, frente al ruido del PP. Los números son tozudos, a pesar de las declaraciones del gobernador del Banco de España. Uno de cada dos contratos firmados en mayo ha sido indefinido. Cuando gobernaba el PP, lo eran uno de cada diez. Solo cuando se toman medidas contundentes se acaba con la precariedad”, ha soltado Narváez sin casi coger aliento y con su acento malagueño. Se ha mostrado molesta todo el rato con el diputado del PP. 

ERC ha sido el único en proponer una medida: que en los puestos creados con fondos Next Generation se priorice de alguna manera a los parados de larga duración

El guante lo ha recogido Yolanda Díaz, quien en su último turno de palabra ha cargado contra la Junta de Andalucía y su pésima gestión en materia de empleo. La ministra ha recordado que Andalucía es la comunidad con la segunda tasa de paro más alta (19,5%) y un paro juvenil que supera el 36%. El pasado año, su ministerio presentó un plan de empleo que, básicamente, no se ha ejecutado, como no se ejecuta gran parte del presupuesto. “Andalucía es la única comunidad autónoma que ejecuta mal, y es justamente la que más necesidad tiene. Hace dos años dejó sin ejecutar 162 millones de euros y el pasado año, otros 100 millones. Teniendo recursos se permiten el lujo de dejarlos sin ejecutar. Eso no lo hace ninguna otra comunidad. Claro que les hemos penalizado, y lo seguiremos haciendo, pero nos queda la esperanza de que si continúan gobernando, lo hagan un poquito mejor”, ha concluido Díaz.

EH Bildu no ha estado presente en esta comisión, por lo que el único que ha defendido la negociación colectiva autonómica ha sido el PNV. Por su parte, ERC ha sido el único en proponer una medida: que en los puestos creados con fondos Next Generation se priorice de alguna manera a los parados de larga duración. Y le ha recordado a la ministra que su grupo, junto con EH Bildu y BNG presentaron una proposición no de ley para debatir las indemnizaciones de los despidos y otros asuntos que, a su juicio, no se abordaron adecuadamente en la reforma laboral. Sorpresivamente, Yolanda Díaz le respondió hablando del despido en otros términos —despido disuasorio—, argumentando que el debate sindical en Europa sobre despidos e indemnizaciones se está dando en otros términos, que no ha concretado.

La Comisión ha concluido tras casi cuatro horas de debate. El mercado laboral está cambiando, ofreciendo más estabilidad a las personas trabajadoras que encadenaban contratos de menos de siete días, convirtiendo a España en una anomalía europea. Desde 2012, se han firmado 186 millones de contratos, “una cifra a la que en Europa no daban crédito”, ha indicado la ministra. A cinco meses de aprobarse la reforma laboral, queda por ver si esos contratos indefinidos, casi dos tercios de los cuales siguen siendo parciales o fijo-discontinuos, reportarán solvencia o poder adquisitivo a la clase trabajadora. O sustituirán incertidumbre y precariedad por precariedad indefinida. La parcialidad no deseada será uno de los próximos objetivos de Yolanda Díaz quien, de momento, ha redefinido las contrataciones. Ha recordado que dichas contratos se han llevado a cabo en el 92% de los casos en el sector privado. Y ha enviado un mensaje a las comunidades autónomas: es su responsabilidad estabilizar al funcionariado con la convocatoria de oposiciones en el sector público.