Personas refugiadas
El caso de Lola Gutiérrez: hasta 10 años de cárcel por intentar ayudar a un menor kurdo a reunirse con su familia

En noviembre de 2016 llegó a Atenas con un objetivo: ayudar a Ayad, un joven kurdo de 17 años, a reunirse con su familia, que en esos momentos había conseguido llegar a Alemania. Lola Gutiérrez, delegada sindical de CGT en la Diputación de Barcelona y activista por los derechos humanos, fue detenida e ingresada en un centro de internamiento de extranjeros (CIE) en la capital helénica. Tras diez días, fue deportada de vuelta a España.

El 18 de diciembre tendrá lugar su juicio en Atenas, después de que se aplazara desde la anterior fecha, el 28 de noviembre. La Fiscalía griega pide para ella entre cinco y diez años de cárcel por delitos de contrabando de personas y uso de documentación indebida.

La historia de Lola comenzó cuando conoció el caso de Ayad. “La forma de conocer los casos, y hablo en plural porque no solo soy yo sino que muchas otras personas han realizado acciones de este tipo, es a través gente que ha ido como voluntaria y que ha tenido conocimiento de personas que quieren pasar y que tienen condiciones muy apuradas a muchos niveles y tienen familiares en Europa”, explica a El Salto.

Lola contactó con Ayad por Facebook, pero él antes ya había hablado de su caso a varias personas que hacían voluntariado con refugiados. Ayad llevaba ya un año viviendo en un campo de refugiados de Atenas, como muchas otras miles de personas que entran a Europa a través de Grecia. Allí había llegado acompañado de varios miembros de su familia, pero estos consiguieron seguir su camino mientras que él se quedó bloqueado en Atenas. El joven quería reencontrarse con unos primos que se habían asentado en Francia, y fue entonces cuando Lola le prestó su ayuda.

—Llevé el DNI de mi hijo, que se le parece bastante. Ayad se hizo pasar por mi hijo. Hicimos el teatrillo de que éramos madre e hijo.
—Pero no coló en el aeropuerto.
—Exacto.

Lola Gutiérrez recuerda el contexto en el que tuvo lugar esta situación, con el acuerdo Unión Europea-Turquía totalmente vigente. “A raíz de este acuerdo, Turquía deja pasar el mínimo de personas, porque la UE considera que desde Grecia están llegando demasiadas personas y Alemania, Francia y Holanda no están dispuestos a acoger más migrantes ni personas refugiadas; el acuerdo sirve para que pase el mínimo de gente y también para que Turquía sea depositaria de devoluciones de personas para que no estén en la Unión Europea”.

En ese contexto de constricción migratoria, Lola relata que en Grecia se impusieron controles mucho más fuertes. “Hubo nuevas medidas de control, una de ellas con la que nos encontramos Ayad y yo: el personal de tierra de las líneas aéreas tenían ahora la indicación —no la obligación— de que, ante la sospecha de que alguna persona pueda estar pasando de forma irregular a cualquier país europeo, tenían que dar aviso a la policía”. Cuando procedieron a hacer el checking, Lola y Ayad se encontraron con que la persona que les atendió sí había decidido atender a esta indicación —“una tarea que yo creo que es policial”, puntualiza Lola—, y, además, hablaba castellano. “Teníamos ensayadas algunas palabras y situaciones que, si no había prueba de idioma, podían colar, pero esta mujer se dirigió a él repetidas veces en castellano y sospechó. Éramos nosotros los que no sospechamos porque esta era una medida nueva. Ella dio aviso, sin nosotros saberlo, a la policía”. Tras ello, Lola y Ayad se encontraron con un control policial férreo. “Esa tarde estaban deteniendo a muchísima gente. Nos increparon, nos trataron con mucha rudeza, a Ayad le presionaron muchísimo y se puso a temblar y balbucear, y ahí lo tuvieron claro”. La policía mandó a Lola y Ayad a unas dependencias policiales en el aeropuerto donde retenían a toda aquella persona que considerasen ilegal.

Ayad estuvo detenido tres días, quedó libre tras declarar ante el juez y volvió al campo de refugiados. “Estuvo en comisaría como si fuera un adulto. Nosotras estábamos en la parte de mujeres y podías ver la parte de los hombres, también en los transportes al juzgado, que nos transportaban juntos, y había chicos que parecían más jóvenes que Ayad”, recuerda Lola. “El trato a niños y adolescentes en estas situaciones es terrible”, continúa, tras señalar que coincidió con varias mujeres que “habían perdido momentaneamente” a los niños con los que intentaban viajar a Europa.

“La juez determinó que quedaba libre sin fianza con cargos, y yo pensé que iba a quedar libre enseguida, pero no, me volvieron a esposar y me volvieron a llevar al transporte policial. Salí del juzgado de la misma maneras que había entrado”

En el caso de Lola, el periplo policial fue un poco más largo. En las primeras dependencias policiales en el aeropuerto en las que la tuvieron retenida, a ellas y al resto de mujeres  que estaban detenidas las desnudaron, cachearon, insultaron y amenazaron. De allí pasó a la comisaría del aeropuerto, donde pasó tres noches. El segundo día fue llevada ante la juez y pudo contactar con un abogado. “La juez determinó que quedaba libre sin fianza con cargos, y yo pensé que iba a quedar libre enseguida, pero no, me volvieron a esposar y me volvieron a llevar al transporte policial. Salí del juzgado de la misma manera que había entrado”. Ella y el resto de mujeres pasaron toda la tarde y parte de la noche en la comisaría. “En mitad de la noche nos fueron sacando de dos en dos, no sabíamos que estaban haciendo con las otras compañeras. A otra compañera, que es kurda y había sido interceptada cuando intentaba ir a Londres con documentación falsa para reunirse con su pareja, y a mí, nos esposaron, nos pusieron en un coche sin ningún tipo de identificación, conducido por policías que tampoco iban identificados. Nos pasearon durante un rato, les preguntamos si quedábamos libres y nos dijeron que sí, pero era mentira, y el resto de respuestas a lo que preguntábamos era ‘I don’t know’”, relata Lola.

Al rato llegaron a destino: “Nos llevaron a un sitio que era una cárcel”.

—¿Era un CIE?— le preguntamos.
—Sí, pero ninguna de mis compañeras pensaba que estaba en un CIE, todas pensaban que estaban en una cárcel. Una persona que viene de un lugar huyendo de situaciones terribles y llega a un lugar en el que pensaba que iba a ser libres y se encuentra entre barrotes, rejas y concertinas, dice que está en la cárcel. Pero es que yo también pensaba, en un principio, que estaba en una cárcel de entrada.
—¿Tan malas son las condiciones de los CIE en Grecia?
—Son terribles. Por cosas que he sabido de compañeras en otros CIE en Grecia, en aquel momento, y no creo que hayan mejorado, las condiciones eran terribles. Por ponerte un ejemplo: nosotras teníamos váteres, y a veces funcionaba el agua y a veces no; la mayoría del tiempo no había productos de higiene, ni papel higiénico... Pero otra compañera me contaba que en el CIE de la isla de Kos tenían que hacer sus necesidades en botellas de plástico que quedaban ahí, en la misma celda. Según las compañeras, el CIE en el que estábamos nosotras, el de Elliniko, era un CIE cinco estrellas. Podría haber sido peor.

Persona peligrosa para el Estado griego

Lola resalta la importancia de la solidaridad entre las mujeres con las que compartió estancia en el CIE. Fue con su ayuda cómo pudo ponerse en contacto con su abogado, con una tarjeta telefónica que le dejaron en la que aún quedaban algunos minutos. Su abogado le explicó que, a pesar de que la juez había decretado su puesta en libertad con cargos, la policía la había declarado persona peligrosa para el Estado griego y por eso estaba allí: estaba a merced de lo que la policía decidiera hacer con ella, y decidió encerrarla en un CIE.

“Ahí empecé a sentir que estaba en una situación muy vulnerable y de mucha indefensión. Cuando preguntaba cuánto tiempo iba a estar allí y por qué, no respondían. Mi propio abogado me dijo que la policía podía hacer eso y que, por el momento, no tenía ningún medio de sacarme de allí”.

Fue entonces cuando CGT comenzó a movilizarse por la liberación de Lola, convocando concentraciones delante del consulado griego en Barcelona, escribiendo cartas, pidiendo apoyo a varios grupos a nivel internacional y contactando con la embajada española en Atenas. “Se movió todo lo que se podía mover”, recuerda Lola. Y dio resultado. El día 7 de diciembre, Lola Gutiérrez firmó en el CIE un documento de su expulsión por vía de deportación. La trasladaron custodiada por policías, la transportaron desde la sala de espera del aeropuerto hasta el avión en un autobús a ella sola, la introdujeron en el avión y allí quedó a cargo del personal de la línea aérea y ya entró el resto de pasajeros. “Consideraban que no iba a escapar porque yo quería ir de vuelta a mi casa, a la gente que la deportan forzosa, porque no quieren ir de vuelta a su casa, porque allí son perseguidos o hay situaciones terribles o guerra, sí sufren deportaciones de verdad y las llevan de forma más violenta, incluso sedadas o atadas”, apunta Lola.

En verano de 2017, Lola recibió la notificación de su imputación: delitos de contrabando de personas en grado de tentativa y uso de documentación indebida, por los que piden penas de entre cinco y diez años de cárcel. “La diferencia que hay con tráfico de personas es que con tráfico es un delito contra los derechos humanos porque se hace para explotar a esas personas, en el contrabando te pueden acusar de enriquecerte, si cobras a esa persona, pero contra lo que se atenta es contra el Estado por violar uno de sus elementos fundamentales, que son sus fronteras”, explica Lola. “Por eso la policía dice que soy un peligro para el Estado griego, porque he intentado vulnerar su frontera”, continúa.

Al mismo tiempo que la imputación, le notificaron el día previsto para el juicio, que se iba a celebrar inicialmente el pasado 23 de noviembre, y finalmente ha sido aplazado hasta el 18 de diciembre. Para la primera fecha, Lola compró el billete de avión para asistir al juicio, pero finalmente su abogado la convenció para que no fuera a Grecia, decisión que mantiene. Su abogado había hablado con la policía griega y le transmitió a la sindicalista la conversación. “Me dejó claro que no me podía presentar, el policía le dijo a mi abogado que tenían contra mí una orden de expulsión, y que, si mostraba la citación para el juicio, ellos me mostrarían la orden de expulsión y la prohibición de entrada a Grecia hasta 2023, por lo tanto me detendrían y comenzaría el proceso por un nuevo delito, el de violar una orden de expulsión, que es entre tres meses y cinco años”.

—¿Qué crees que pasará en el juicio?
—Ha quedado demostrado que no me enriquecido con esto, que no me he lucrado. Eso ya quedó claro en la instrucción, aunque sigue la acusación de esto, la juez aceptó que yo no me había lucrado con esto porque si no no habría decretado la libertad sin fianza. Lo que estamos aportando al juicio es mi pertenencia a la CGT, mi condición de delegada en mi lugar de trabajo, mi trabajo en la Diputación de Barcelona y mis años de antigüedad, una carta apoyando mi causa hecha desde el Ayuntamiento de Barcelona cuando estaba en el CIE… Este tipo de documentos que lo que vienen es a demostrar que soy activista, no soy una contrabandista de personas.

—¿Has vuelto a contactar con Ayad?
—Sí, claro, hemos hablado varias veces.

—¿Y ha conseguido reunirse con su familia?
—Sí, el año pasado consiguió pasar a Francia, pero como pasó ya no lo sé. Ahora está con su familia, ahora ya tiene 19 años, y está estudiando peluquería. Después de un largo trayecto.