Renta básica
Resultados limitados y mucho sufrimiento: España deberá responder por el IMV ante el Consejo de Europa

Cuatro años después de que se aprobara el IMV, España tendrá que responder ante el Consejo de Europa por el sufrimiento que esta medida, presentada como un salto adelante en protección social, ha infligido a las personas a las que debía ayudar. Una reclamación colectiva presentada por la Oficina Jurídica de Derechos Sociales emplaza a la institución a revisar la ley del IMV y su implementación. La iniciativa recoge la escucha y el trabajo conjunto de colectivos sociales y personas directamente afectadas por las fallas de esta prestación.

La organización ATD Movimiento Cuarto Mundo Internacional, principal impulsora de la Oficina Juríridica de Derechos Sociales —de la que también forman parte colectivos como ForoServSocial, Observatorio de la Exclusión Social y Procesos de Inclusión de la Comunidad de Madrid [OEISM], o Grupo de personas afectadas por el IMV— apunta con esta demanda al incumplimiento de la Carta Social Europea, referente fundamental de derechos sociales del Consejo de Europa, al considerar que España, que ha suscrito el tratado, no está actuando conforme a este marco.  

La reclamación colectiva recoge numerosas vulneraciones de derechos sociales, señalando que el IMV no solo no es una herramienta eficaz contra la pobreza, pues no llega a la gente a la que estaría destinada, sino que muchas veces empeora su situación, generándoles deudas con la administración. Recuerda la falta de accesibilidad de la ayuda, tanto por deberse hacer mediante complejos procedimientos digitales, como por el laberinto burocrático que implica la exigencia de numerosos documentos.

La excesiva lentitud de los plazos y su incapacidad para responder con la velocidad necesaria a las situaciones de pobreza sobrevenida, son otras de las grandes problemáticas señaladas, así como la falta de armonización con las rentas mínimas garantizadas, cuyos defectos perpetúa, y que generan grandes perjuicios a las personas beneficiarias. Por último, se destaca su falta de alcance, dejando a muchas personas que tendrían derecho al subsidio desprotegidas. 

Hontanares Arranz, integrante de ATD Cuarto Mundo Internacional relata a El Salto cómo surgió la Oficina Jurídica de Derechos Sociales, hace ya una década, como respuesta a la vulneración sistemática de derechos de la que estaban siendo testigos, siendo una forma de afrontar desde un enfoque legal esta situación. Si bien en su concepción inicial la oficina apuntaba al derecho a la renta en general, el hecho de que la oficina fuera una iniciativa circunscrita a Madrid, les llevó a afrontar la Renta Mínima de Inserción autonómica, comprobando que las prácticas lesivas en las que se incurrían eran además similares en otros territorios.

En cuanto empezó el IMV, vimos que era en algunos sentidos similar a las rentas autonómicas y en otros sentidos iba a ser mucho peor. Lo dijimos desde el inicio, pero ya lo estamos experimentando”

Según cuenta Arranz, hay una amplia tradición en Madrid de ir en coalición con plataformas como RMI tu Derecho, tomando la Carta Social Europea como referente tras darse cuenta de que los informes que la institución emitía sobre la Protección Social en España no eran positivos, y que además la Carta brindaba la posibilidad de presentar estas reclamaciones colectivas, pudiendo tener un cierto recorrido jurídico.  “Podía ser la fórmula para hacer valer lo que no habían hecho valer los informes en los 20 años en los que ya habían hablado de vulneración. Además en cuanto empezó el IMV, pues vimos que era en algunos sentidos similar a las rentas autonómicas y en otros sentidos iba a ser mucho peor. Lo dijimos desde el inicio, pero ya lo estamos experimentando”.

Tras optar por esta vía, las cosas han ido más rápido de lo esperado: “Nos ha sorprendido porque han tardado poquísimo tiempo en empezar, pensábamos que era un procedimiento más lento. Ya la semana pasada el Consejo de Europa anunció que se había puesto esta reclamación y la han publicado en su página”.

Una prestación que genera deudas impagables

Los siguientes pasos es que se admita a trámite, preguntarán al gobierno sobre lo planteado en la demanda y, a partir de esas respuestas, colectivos y afectados entrarán en la conversación, hasta que el consejo dé finalmente su conclusión, un recorrido que puede durar hasta dos años. Pero dos años es mucho tiempo para quienes están sufriendo en su cotidianeidad los efectos de esta política: “estamos teniendo una avalancha de personas desesperadas porque les vienen reclamaciones de correo genéricas que no entienden. Este fue sobre todo el compromiso más grande que tuvimos al hacer la reclamación”. 

Por ello han pedido urgentemente como medida cautelar la paralización de la reclamación de la deuda por cobros indebidos, antes de que se dé todo el proceso. Hasta ahora la administración no ha actuado en un drama que afecta a miles de personas que se encuentran con que han generado sin saberlo deuda con la seguridad social, es más, se enfada Arranz, ha legislado sobre las deudas para dar un marco más garantista a las personas afectadas por otros casos, pero dejando fuera a los beneficiarios del IMV, permitiendo que les pueden quitar hasta el 70% de la prestación para cobrarse la deuda generada.

Dada la angustia generada por los cobros indebidos, esperan que de aceptarse la medida cautelar solicitada se aplique de manera retroactiva: “lo más fuerte de todo es que miles de esas personas llegaron al IMV por tramitaciones de oficio, fue la propia administración, la que por tener una prestación por hijo a cargo, les dijo: a usted le concedemos el Ingreso Mínimo Vital en plena pandemia. Están sufriendo por una prestación que ni siquiera pidieron, eso es lo sangrante”.

Otro actor prominente en la denuncia de las limitaciones y fallas del IMV han sido los directores de servicios sociales, que enfrentan las consecuencias generadas por este subsidio en su día a día, y vienen avisando de los problemas que genera casi desde que esta medida echara a andar. 

Para José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, los pagos indebidos, son la muestra más fehaciente de que no se está teniendo en cuenta a las personas a las que se dice querer proteger, algo que como trabajador social le indigna: “Vemos a miles de personas maltratadas institucionalmente para devolver esos cobros porque nadie se ha coordinado”, pues muchos son consecuencias de la falta de articulación entre el IMV y las rentas mínimas. El hecho de tener deudas con la seguridad social, además, impide a la gente afectada acceder a otras ayudas, lo que les deja en “el circuito del precipicio de la exclusión social”. Sobre cuántas personas se han visto afectadas por esta situación, no hay datos, a pesar de que se han pedido muchas veces al portal de transparencia, explica Ramírez.

Ana, del colectivo de afectados por el IMV, va recibiendo los testimonios de otras personas que, como ella, dejaron de cobrar el IMV en diciembre de 2022 y en las últimas semanas han ido recibiendo cartas exigiéndoles la devolución de cobros indebidos. Ella misma espera que le llegue una de esas misivas, por ahora tiene varios casos para señalar, todos ellos los van subiendo al blog que abrieron como colectivo: Una madre con una niña de 7 años a su cargo a la que exigen devolver más de 3.000 €, otra madre con dos hijos a la que le quitan 400€ al mes de la prestación, quedándose con 200€ durante nueve meses. Un hombre que toma un trabajo temporal, y casi dos años después se encuentra con una deuda de 6.500€. 

Algo más del 12% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza se benefician del IMV, menos de la mitad del objetivo inicial de alcance del gobierno. Estas personas perciben una media de 164€, 492,4€ por hogar

“Tanto papel, para nada”

Detrás de los cobros indebidos hay dos factores que lo complican todo, apunta Ana, al menos en su experiencia: el primero, que cada contrato temporal que acepte (son las únicas oportunidades laborales que le llegan) se convierte en un infierno: “Un contrato de trabajo temporal no saca a nadie de la precariedad, te saca temporalmente y después tienes doble problema porque trabajaste y superaste el límite de ingreso. Te quedas sin IMV y después, cuando vuelves al paro, estás sin trabajo, sin ingresos y con una deuda”. El segundo tiene que ver con el papeleo, en su caso, habiéndose divorciado hace más de tres décadas, todavía le piden la sentencia de divorcio y el convenio regulador de sus hijos, que treintañeros, están más que criados. Ella insiste en entregar también la documentación que muestra que nunca cobró la pensión establecida. El temor es doble: de un lado a que consideren esa supuesta pensión como ingreso, y eso le perjudique, de otro, que poco atentos a los papeles, la consideren una familia monomarental con hijos a cargo dándole una cantidad que no le corresponde, algo que implica más deuda para el futuro. La última vez que intentó entregar la sentencia en la que se determina que nunca cobró la pensión, no se la quisieron recoger. “Creo que lo voy a enviar todo al Defensor del Pueblo y que se las entienda con ellos, porque no puede ser tanto jaleo, tanto papel, para nada”.

Y es que los problemas de inicio permanecen, como recoge la reclamación colectiva en su texto, o la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en una nota de prensa publicada hace un mes, en la que constataban que solo algo más del 12% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza se benefician del IMV, es decir, algo más de un millón de personas, y menos de la mitad del objetivo inicial de alcance del gobierno, allá en 2020. Además, según apuntaban, las cantidades obtenidas son modestas: una media de 164€, y de 492,4€ por hogar. 

El presidente de la asociación resume en tres las problemáticas: persiste el laberinto burocrático con la consiguiente inaccesibilidad para los perfiles que la necesitan, permanecen los mismos requisitos que ya se han mostrado insalvables para mucha gente —como presentar la declaración de la renta del año anterior, o el empadronamiento histórico—, y por último, continúa la falta de coordinación con las comunidades autónomas o los ayuntamientos. “Estas tres cosas son las que hacen que en este momento el ingreso mínimo vital solo haya alcanzado el 46% del objetivo que tenía el gobierno hace cuatro años, de llegar a 850.000 familias que viven en la pobreza severa”.

Si bien las directoras y gerentes agradecen el avance que supone que la ministra de inclusión, seguridad social y migraciones, Elma Saiz, haya por fin hecho públicos los datos reales de alcance del ingreso mínimo vital frente a los datos acumulados que se aportaban antes, consideran que ha habido pocos avances. En medio del “ruido político”, valora Ramírez, “los temas relacionados con las personas vulnerables, están en un segundo nivel de preocupación y entonces, desgraciadamente, no hemos oído que haya cambios en la gestión del ingreso mínimo vital y que además estos cambios se materialicen”.

Mejorar el IMV es posible

En un informe publicado el pasado mes de febrero con el nombre “La garantía de ingresos como derecho de ciudadanía”, Intermón Oxfam y Future policy Lab estimaban que solo el 16% de las personas que podrían percibirlo accedían al IMV. Ambas entidades desvelaban las implicaciones de esto: una prestación que podría disminuir las tasas de pobreza severa en cinco puntos, se limitaba a posibilitar dos puntos de reducción, todo un potencial desperdiciado. 

Emma Álvarez, de Future Policy Lab, un think tank especializado en el estudio de políticas públicas, explica cómo en el informe han prestado particular atención a la manera en la que IMV y rentas autonómicas se han articulado, con una mirada comparativa a País Vasco, Catalunya y Comunidad de Madrid. Las disparidades son amplias, como también reflejaría después la Asociación de directoras y gerentes de servicios sociales: allá donde la política de rentas mínimas era más garantista, como en Euskadi, el IMV ha mejorado la situación de las personas perceptoras. Sin embargo, en territorios como el madrileño, se ha aprovechado para desmantelar la RMI, dándose una política de sustitución. 

“En el mercado laboral actual se cronifican situaciones de intermitencia de los ingresos de personas, que a veces tienen trabajo y a veces no. Este tipo de prestación de ninguna manera atiende a esa realidad”

El diagnóstico de este último estudio se asemeja a los demás: requisitos excluyentes, complejidad administrativa que hace que la gente que no tiene información o reciba asistencia no pueda solicitar la prestación, o que incluso piensen que no tienen derecho a cobrarla, o un periodo de cómputo de ingresos que deja fuera las situaciones de pobreza sobrevenida, son los principales lastres de la aplicación de esta normativa. “En el mercado laboral actual se cronifican situaciones de intermitencia de los ingresos de personas, que a veces tienen trabajo y a veces no. Este tipo de prestación de ninguna manera atiende a esa realidad”, explica Álvarez, remitiendo a lo que expresaba Ana, de afectados por el IMV. 

Frente a esta situación, el informe realizaba unas recomendaciones que no consideran muy ambiciosas, o en todo caso “son ambiciosas en términos de que implican efectivamente un cambio de lógica dentro del IMV para que llegue a más personas y ofrezca un mayor nivel de protección, pero son propuestas más que realizables. No estamos proponiendo una renta básica universal”. Tener en cuenta los gastos corrientes o del mes anterior, a través de información de la que ya dispone la administración, o que se conceda de oficio cuando la administración detecte que se tiene derecho, son algunas de estas propuestas. Además consideran que se debe aumentar la cuantía pues “si los hogares reciben una ayuda que no les permite superar el umbral de la pobreza severa, no estamos reduciendo la pobreza”, razona Álvarez.

El archivo sobre informes, peticiones, diagnósticos, enmiendas, denuncias frente al IMV no ha cesado de crecer durante estos cuatro años, y sin embargo los cambios no acaban de llegar. ¿Por qué estas políticas quedarían en segundo plano, como afirmaba Ramírez? Álvarez tiene una hipótesis: “cuando una determinada política tiene un carácter tan marginal, existe muy poca presión social para mejorar este tipo de prestación. Porque aunque la sociedad moralmente pueda estar de acuerdo con el principio de que ninguna persona debería de estar en condiciones de pobreza severa, no es un tipo de demanda que acabe teniendo prioridad social si solamente afecta a una fracción muy pequeña de población”. Una razón, apunta, para preferir políticas universales, algo que además, facilitaría que las personas afectadas sintieran el IMV como un derecho.

Y es que la sociedad, según una encuesta sobre desigualdad de Intermón Oxfam, publicada el pasado abril, no es ajena a las desigualdades que la atraviesan: ocho de cada 10 personas de las 4.000 entrevistadas consideran que en España existen muchas desigualdades sociales, y tres de cada cuatro piensan que esa desigualdad se puede erradicar. Una desigualdad que, de nuevo, un 80% percibe como más acentuada que hace 20 años. Llama la atención que entre las medidas barajadas para acabar con la desigualdad, por parte de las personas entrevistadas, destacan el empleo de calidad, asegurar el acceso a la vivienda, o apoyar los servicios públicos, pero no se mencionan mejores políticas de protección social como el Ingreso Mínimo Vital.

Mientras se espera que la presión de los colectivos y su apuesta por la reclamación ante el Consejo de Europa pueda dar resultados, asoman nuevos gestos políticos como la afirmación el pasado lunes de la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de que se permitirá el acceso al IMV desde los 18 años —la ley sitúa ahora el mínimo en 23— y que facilitará el acceso a la ayuda entre los 23 y los 30, siendo ambas demandas defendidas desde hace tiempo por los colectivos. El anuncio es una respuesta al reciente encuentro  de la ministra con el Consejo de la Juventud de España (CJE) y OXFAM, para abordar el informe que ambas entidades realizaron sobre cómo la precariedad económica se traduce en una deteriorada salud social entre la juventud.