Represión
La AEPD multa a VilaWeb con 7.000 euros por informar sobre policías infiltrados

Tras la denuncia pública del intento de censura de sus contenidos y la multa que ha recibido La Directa, el medio digital VilaWeb también ha hecho público que ha recibido otro expediente sancionador por parte de la misma entidad, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El organismo, dependiente del ministerio que dirige Félix Bolaños, ha resuelto sancionar al medio digital por haber publicado el nombre ficticio que un policía usó para infiltrarse en los movimientos populares de Girona y Salt, así como por hacerse eco de su identidad real cuando las propias víctimas del espionaje lo hicieron público.

Además, la AEPD incluye en el motivo de la sanción, y le obliga a eliminarla de su página, la fotografía de una acción de protesta donde se mostraban carteles, sostenidos por los manifestantes, en los que se puede ver la cara sin pixelar de una de las agentes infiltradas. Otro detalle que tendrá que eliminar el digital son las siglas que identifican al hermano, también policía, de una agente infiltrada, así como el detalle que este había participado en movilizaciones del sindicato policial Jusapol.

“Si esto prospera, mañana, cualquier funcionario, cualquier policía, cualquier cargo público mencionado en una investigación periodística, sin necesidad de ir a juicio, podrá pedir a la agencia que su nombre desaparezca de una noticia verídica, contrastada y relevante”, lamenta Vicente Partal en el editorial en el que se aborda la situación. El director de VilaWeb señala que la “hemeroteca dejará de ser un archivo para convertirse en una lista de aquello que los poderes públicos toleran que sea publicado. La muerte del periodismo”, sentencia.

Partal advierte en el citado texto que “el instrumento que se usa en este caso es nuevo y, por eso, causa una alarma justificada. (...)Estamos ante el hecho que una simple agencia administrativa –sin juez, sin juicio y sin contradicción real– pretende obligar por la vía de la coacción económica a que un diario borre aquello que ya ha publicado y que interesa a sus lectores”.

El director de VilaWeb anuncia que ha empezado el proceso para recurrir el procedimiento sancionador en todas las instancias posibles, y recuerda que “hay en juego derechos fundamentales que no pueden ser violados con excusas de carácter técnico”

Uno de los argumentos de la AEPD para justificar que los datos personales de los policías infiltrados tienen que ser especialmente protegidos es su interpretación de que se trata de agentes encubiertos. Una situación que contradice la realidad, tal y como reconoció el mismo ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que les definió como “agentes de inteligencia”. La figura de agente encubierto esta regulada por ley y subordinada a una autorización judicial. En cambio, la de agente de inteligencia, que en respuesta por escrito ante preguntas parlamentarias, el propio ministerio asegura que está contemplada en el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/86 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, (aunque en ningún lugar de ese artículo aparece formulado como tal), no tiene ninguna regulación legal específica, ni supervisión judicial alguna.

VilaWeb dispone de diez días para formular una alegación y tratar de apelar tanto contra la sación económica contra la mutilación de los contenidos publicados. El director de VilaWeb también anuncia que ha empezado el proceso para recurrir contra el procedimiento sancionador en todas las instancias posibles, y recuerda que “hay en juego derechos fundamentales que no pueden ser violados con excusas de carácter técnico”.

Moción conjunta de CUP, Comuns, ERC y Junts contra las sanciones

En una comparecencia parlamentaria realizada de forma conjunta, los cuatro partidos catalanes han recriminado al Estado español no asumir responsabilidades por las “vulneraciones de derechos fundamentales”, entre las cuales se encuentra el derecho a la intimidad de las víctimas de las infiltraciones policiales, y que, en cambio, se actúe para sancionar a los medios de comunicación que lo hacen público.

Los cuatro grupos parlamentarios han mostrado su apoyo en una rueda de prensa a La Directa, valorando el buen trabajo periodístico del medio, premiado por el Grupo Ramón Barnils en 2023 por sus investigaciones sobre policías infiltrados. “Salimos a defender el buen periodismo y el periodismo de investigación, que La Directa practica”, afirmó el diputado de Juntos, Francesc Dalmases. La sentencia es una “amenaza flagrante a la libertad de información, lo que nos jugamos es la libertad de prensa”, apuntaba el diputado en el Parlamento de la CUP, Xavier Pellicer. “El trabajo de la Directa se ha hecho con plena legalidad”, defendía el diputado de Comuns, Andrés Garcia Berrio. “Exigimos el archivo y que se garantice la libertad de información a investigar con rigor sin coacciones ni represalias”, pedía la parlamentaria de ERC, Mar Besses.

Los cuatro partidos, que son los impulsores de la Comisión de investigación que hay abierta en el Parlament sobre la infiltración policial, también propondrán a La Directa que explique en sede parlamentaria la actualización de los detalles sobre este procedimiento sancionador, incorporando este caso al trabajo realizado durante la legislatura.

Compromís pide explicaciones al Gobierno con una pregunta parlamentaria

La diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha presentado jueves un escrito a la Mesa del Congreso de los Diputados en la que crítica la sanción recibida por Vilaweb y la Directa, y hace varias preguntas al Gobierno español. En su escrito, Micó lamenta que la Agencia Española de Protección de Datos haya iniciado los procedimientos sancionadores y, en cambio, el Gobierno siempre se haya mostrado contrario a impulsar “mecanismos de esclarecimiento o de depuración de responsabilidades” sobre las actuaciones de los agentes infiltrados.

La diputada de Compromís alerta que la sanción es muy peligrosa porque es “un instrumento de censura o de autocensura” dirigido contra investigaciones periodísticas que “afectan actuaciones de los cuerpos policiales”. “El efecto disuasivo que pueden provocar este tipo de procedimientos es incompatible con una democracia madura, porque transmite el mensaje que investigar los poderes del Estado puede comportar consecuencias económicas o jurídicas para los medios de comunicación”, asegura.

También pregunta al ejecutivo si comparte la actuación de la AEPD y si considera que la publicación de la identidad o de la imagen de agentes policiales infiltrados “puede estar amparada por el derecho a la información cuando concurra un evidente interés público”. Además, pregunta qué actuaciones quiere impulsar para “garantizar que la normativa de protección de datos no sea utilizada para restringir investigaciones periodísticas”.

Finalmente, pregunta si tiene previsto “promover criterios interpretativos que refuercen la prevalencia de la libertad de información cuando se trate de informaciones de interés público” y si tiene previsto “impulsar alguna investigación o hacer públicos los resultados de las actuaciones internas relativas a las infiltraciones policiales que han sido objeto de estas investigaciones periodísticas”.