Opinión
Fergie Chambers: el precio de la solidaridad y una prueba para España

Mientras estas líneas se escriben, Fergie Chambers continúa encarcelado en una prisión de alta seguridad del Estado español. No ha sido condenado por ningún tribunal español ni cumple una pena impuesta por la justicia de este país. Permanece privado de libertad mientras se tramita una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos y, sin embargo, con el paso de las semanas su nombre empieza a desaparecer del debate público.

Ese silencio debería preocuparnos tanto como su encarcelamiento, porque cuando una persona es perseguida por su compromiso político el mayor triunfo de quienes impulsan esa persecución no consiste únicamente en mantenerla entre rejas, sino en conseguir que deje de hablarse de ella. Por eso es importante volver sobre el caso de Fergie Chambers, no solo por lo que representa para él, sino por lo que representa para todas las personas que creen que la solidaridad con Palestina no puede convertirse en un delito.

Enviar un mensaje al conjunto de la sociedad

Fergie Chambers podría haber llevado una vida completamente ajena al conflicto palestino. Procede de una familia con una enorme fortuna y nadie le obligaba a implicarse en una causa que inevitablemente iba a situarlo en el punto de mira de quienes consideran que cualquier apoyo efectivo al pueblo palestino debe ser castigado. Sin embargo, decidió utilizar parte de sus recursos para respaldar proyectos sociales y humanitarios en Palestina, desde una panadería comunitaria en Gaza hasta iniciativas relacionadas con el acceso al agua, programas sanitarios, actividades deportivas y educativas, además de organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos del pueblo palestino.

Es precisamente ahí donde el caso adquiere toda su dimensión política. No estamos hablando de alguien acusado de organizar acciones armadas ni de participar en actos violentos, sino de una persona cuya solidaridad se expresó apoyando proyectos civiles destinados a sostener la vida cotidiana de un pueblo sometido a la ocupación, al bloqueo y, hoy, a un genocidio que continúa desarrollándose ante los ojos del mundo.

El mensaje que se intenta imponer es que apoyar a Palestina puede tener consecuencias y que cualquiera que decida hacerlo deberá asumir un coste

Reducir todo esto a un simple procedimiento de extradición sería un error. El verdadero objetivo no parece ser únicamente Fergie Chambers. Lo que se pretende es enviar un mensaje al conjunto del movimiento internacional de solidaridad con Palestina. Un mensaje que dice que ningún apoyo está fuera del alcance de la persecución. Que ya no importa si se financia una organización política, una panadería, un proyecto de agua potable, una clínica, una escuela o un equipo de fútbol. El mensaje que se intenta imponer es que apoyar a Palestina puede tener consecuencias y que cualquiera que decida hacerlo deberá asumir un coste.

Esa es la lógica que subyace tras una ofensiva mucho más amplia contra quienes denuncian los crímenes del régimen sionista o contribuyen materialmente a romper el aislamiento impuesto al pueblo palestino. La hemos visto en la persecución de activistas, en la criminalización de campañas de boicot, en los ataques contra organizaciones solidarias y también en las presiones ejercidas contra instituciones internacionales. Lo ocurrido con el fiscal de la Corte Penal Internacional después de impulsar actuaciones contra dirigentes israelíes por presuntos crímenes internacionales no fue un episodio menor, sino una demostración de que incluso quienes tienen la responsabilidad de aplicar el derecho internacional pueden convertirse en objetivo cuando sus decisiones afectan a Israel. La intención no consiste únicamente en castigar a una persona concreta; consiste también en intimidar al resto para que piense dos veces antes de actuar.

El Gobierno deberá demostrar hasta qué punto está dispuesto a defender la soberanía de sus propias instituciones frente a las presiones de Washington

En ese contexto, el caso de Fergie Chambers adquiere además una dimensión que afecta directamente al Estado español. Quienes han impulsado esta persecución no solo están poniendo a prueba la resistencia de un hombre comprometido con Palestina; también están poniendo a prueba al Gobierno español y al poder judicial. El Gobierno deberá demostrar hasta qué punto está dispuesto a defender la soberanía de sus propias instituciones frente a las presiones de Washington, mientras que los tribunales españoles tendrán la responsabilidad de decidir si actúan exclusivamente conforme al derecho y a las garantías propias de un Estado democrático o si aceptan convertirse en una pieza más de una estrategia internacional de persecución política.

Lo que está en juego no es únicamente el futuro de Fergie Chambers. También está en juego el precedente que España siente para el futuro. La decisión que adopten sus instituciones enviará un mensaje claro: si nuestro país protege el derecho a la solidaridad y la independencia de su justicia o si acepta que intereses políticos extranjeros puedan determinar hasta dónde llegan las libertades democráticas dentro de nuestras propias fronteras.

La necesidad de movilizarse colectivamente

Sin embargo, existe una tercera prueba que quizá sea la más importante de todas y que no corresponde ni al Gobierno ni a los jueces, sino a la sociedad. Toda operación de intimidación necesita producir un efecto colectivo. No basta con encarcelar a una persona; es necesario que miles cambien su comportamiento. Que las organizaciones recauden menos fondos, que los proyectos se cancelen, que las campañas pierdan fuerza, que la gente deje de hablar de Palestina o que prefiera guardar silencio para evitar problemas. Ese es el verdadero objetivo. Por eso nuestra respuesta no debería consistir en retroceder, sino justamente en hacer lo contrario.

Si pretenden que una panadería en Gaza se quede sin apoyo, habrá que apoyar diez. Si quieren impedir que llegue agua potable, habrá que multiplicar los proyectos que la hagan posible. Si intentan criminalizar la ayuda humanitaria y la solidaridad organizada, habrá que fortalecer las redes que las sostienen. Y si buscan que el nombre de Fergie Chambers desaparezca de la conversación pública, tendremos la obligación de seguir pronunciándolo hasta que recupere la libertad y hasta que España rechace una extradición que podría convertirse en un precedente extremadamente peligroso.

La historia nunca ha cambiado porque quienes luchaban por la justicia aceptaran el miedo como norma de conducta

Quizá quienes impulsaron este caso crean que encarcelando a Fergie Chambers conseguirán que menos personas apoyen a Palestina. Es posible que ocurra exactamente lo contrario. Porque si el imperio más poderoso del mundo considera necesario perseguir a un hombre por financiar una panadería, proyectos de agua o iniciativas de solidaridad, lo que demuestra no es la debilidad de esos gestos, sino la fuerza que han llegado a tener. La historia nunca ha cambiado porque quienes luchaban por la justicia aceptaran el miedo como norma de conducta. Ha cambiado porque hubo personas que decidieron seguir adelante a pesar de él. La mejor respuesta al encarcelamiento de Fergie Chambers no consiste únicamente en exigir su libertad, sino en continuar la tarea por la que hoy permanece entre rejas: ampliar la solidaridad con Palestina, defender el derecho de un pueblo a vivir libre de ocupación y demostrar que ningún imperio puede encarcelar un compromiso cuando este deja de pertenecer a una sola persona y pasa a convertirse en la voluntad compartida de millones.