Residencias de mayores
La Fiscalía de Madrid abre diligencias para escuchar a familiares de fallecidos en residencias

Familiares de las personas mayores que fallecieron en las residencias durante los meses más duros de la pandemia serán escuchados por la Fiscalía de Madrid. En concreto ya se ha citado a tres familias, tras las instrucciones emitidas el pasado seis de octubre por la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, en las que se pedía  “información de más calidad” a las fiscalías territoriales.

En una nota de prensa, la Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, recuerda que el 21 de diciembre de 2021, tras reunirse con el colectivo Marea de Residencias, dio una orden verbal a la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial: los fiscales de todos los territorios deben asistir a las declaraciones de los familiares víctimas en los procedimientos judiciales, estos deben ser oídos en las diligencias de investigación que se incoen, no se deben oponer a la práctica de las diligencias y se deben pedir ampliaciones de los informes médicos forenses, ya que se tenía conocimiento de la insuficiencia de los que se estaban emitiendo. Además, Lastra afirma que se trasladó a los fiscales jefes que debían actuar “con el máximo celo” para que acudan a las declaraciones y demás diligencias en los juzgados.

No obstante, la mayoría de las querellas presentadas desde Marea de Residencias han sido archivadas en los diferentes juzgados territoriales. A día de hoy, en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid no hay diligencias de investigación en trámite y tampoco existen procedimientos judiciales en tramitación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Sin embargo, un hilo de esperanza se ha abierto en la Fiscalía Provincial de Madrid, donde tras la petición de la Fiscalía General del Estado del pasado seis de octubre, se han incoado tres diligencias de investigación y ya se han citado a familiares de residentes fallecidos durante la primera ola como testigos perjudicados. Además, “de las nueve denuncias interpuestas por el Ministerio Fiscal, cuatro fueron archivadas por el juzgado y otras cinco continúan en tramitación”, expresan en el comunicado.

Respecto a las 79 diligencias incoadas en distintos juzgados a instancias de familiares, 32 continúan en tramitación y 47 han sido sobreseídas, de las cuales solo una con sobreseimiento libre

Según los datos de la Fiscalía, respecto a las 79 diligencias incoadas en distintos juzgados a instancias de familiares, 32 continúan en tramitación y 47 han sido sobreseídas, de las cuales solo una con sobreseimiento libre. De este grupo de diligencias sobreseídas, ocho se encuentran en trámite ante la Audiencia Provincial por recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal, “bien directamente, bien adhesivos”, aseguran desde este ministerio público. Por territorios, 14 procesos se encuentran en trámite en Alcalá de Henares, tres en el área de Getafe y Leganés y ocho en Móstoles- Fuenlabrada.

Protocolos de exclusión

Durante los meses más duros de la pandemia, 7.291 mayores perecieron dentro de las residencias sin ser trasladados a un hospital. Del 18 al 25 de marzo se firmaron cuatro protocolos que establecieron los criterios para que no se produjesen estos traslados en función de sus capacidades físicas o cognitivas; los conocidos como protocolos de exclusión que transcendieron meses después de la tragedia. Los documentos están firmados por un responsable del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y nunca fueron vistos por ningún Ministerio del Gobierno central.

El 11 de mayo de 2020, 27 familiares de Marea de Residencias interpusieron la primera querella por las muertes en residencias, en la que se denunciaban casos de personas mayores que perecieron sin derivación hospitalaria. Los demandantes pedían que se investigara a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y a 10 directores de residencias por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.

Después de esta querella múltiple, se presentaron otras tantas, hasta un total de más de 300, de las que solo 79 pasaron el corte para que se iniciaran diligencias previas. “Están procurando cerrar la boca de 300 querellantes y obviar la muerte de más de 7.000 personas en residencias”, expresaba a El Salto María Jesús Valero, de Marea de Residencias, durante una protesta en la puerta de la Fiscalía Superior de Madrid hace un año.