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Senegal
Una fuerte organización campesina vacuna contra el acaparamiento de tierras en Senegal
A través de diferentes conversaciones con Birahim Seck[1], coordinador nacional del Forum Civil Senegal, y Elhaj Thierno Cissé[2], coordinador del Consejo nacional del consorcio y cooperación de lo rural (CNCR), vamos a presentar la situación actual de las comunidades campesinas de Senegal y su conflicto social por la tierra frente a la concepción liberal del título de propiedad privada. El estado fomenta la liberalización y mercantilización de la tierra, enfrentando los sistemas tradicionales de tenencia de tierra de carácter proteccionista.
La tierra como parte indivisible de un territorio forma parte de los procesos identitarios de los pueblos indígenas y campesinos que provienen tanto de la relación con su territorio, como de sus medios de vida a la hora de aprovechar sus bienes naturales comunales, su concepción espiritual, su cosmovisión del mundo y su gobernanza, la cual emana de esos conjuntos de normas y tradiciones construidas y consensuadas por la comunidad con el paso de los años en su relación con el territorio.
Además de esta relación directa con la cultura de muchas comunidades, muchas de estas tierras son fuentes de biodiversidad para el planeta o grandes zonas de pastos para las comunidades pastoriles que se desplazan con sus rebaños en diferentes periodos para su aprovechamiento.
Como no podría de ser de otra forma, los poderosos, los fondos de inversión, siguen buscando sus nichos de mercado, esos lugares donde poder conseguir la mayor rentabilidad posible para sus inversiones, adaptándose camaleónicamente a los devenires de la humanidad. ¿Cuáles son las necesidades del futuro? ¿Qué problemas tiene la población mundial? Nosotros, los poderosos, venderemos las soluciones a esas necesidades, siempre en aras de la modernidad, siempre por ese desarrollo desbocado que tanto daño nos hace.
Desde hace poco más de una década se está produciendo un nuevo acaparamiento de tierras a nivel global, propiciado tanto por grandes grupos empresariales de carácter transnacional como por diferentes gobiernos. Estos acaparamientos masivos son una nueva estrategia inversora para posicionarse en la transición energética global, la producción de alimentos y el acceso a las reservas de agua. De esta forma las tierras acaparadas se dedican al agro-combustible, explotaciones mineras y energéticas, y a los grandes monocultivos para la producción de forraje para la ganadería industrial.
Así nos lo cuenta Birahim Seck, coordinador nacional del Forum Civil Senegal, organización senegalesa que acompaña jurídicamente a las asociaciones civiles del país para fortalecer los procesos de gobernanza locales y su capacitación en la defensa de sus derechos, siendo la sección senegalesa de Transparency International.
“Hoy en Senegal estamos confrontados a un sistema de acaparamiento de tierras en el sur, en el centro, en la capital y en el norte. Esto supone una amenaza de empobrecimiento para las comunidades campesinas que, de por sí, se encuentran en una situación económica muy difícil. La población utiliza la tierra para cultivar, si se la quitas desaparece su medio de subsistencia; es un impacto sobre la familia, su escolarización y el matrimonio. De manera macro provoca la migración, desaparece su esperanza en el territorio, no ve un futuro en él y esto les obliga a abandonar el país”.
Estos procesos de acaparamiento están volviendo a generar la subida del precio de los alimentos y esto agrava los procesos de inseguridad alimentaria para muchas comunidades del mundo, así como el desplazamiento de miles de campesinos/as de sus tierras con la pérdida cultural y de biodiversidad que ello conlleva, y donde no se evalúan los enormes impactos ambientales que producen todas estas explotaciones en la lucha contra el calentamiento global.
Por todo lo mencionado, el campesinado se enfrenta a una serie de violaciones sistemáticas de sus derechos para la que no encuentra una protección suficiente dentro de los instrumentos jurídicos de derechos humanos nacionales e internacionales. Por lo tanto, existe una necesidad imperiosa de reconocer y ratificar la declaración de los derechos campesinos e incorporarla a los marcos jurídicos en cada estado.
Acaparamiento de tierras en el continente africano
El acaparamiento de tierras comienza a mencionarse y ser denunciado por las organizaciones sociales desde el 2008, cuando aparecen grandes compras de tierras en Etiopía, Madagascar o Mozambique por parte de gobiernos como el de Corea del Sur, India o Arabia Saudí́ que, sintiendo la amenaza de la inseguridad alimentaria, deciden producir alimentos para su población en otros lugares.
A este proceso se han ido sumando grandes grupos empresariales, multinacionales del agronegocio y la energía que, desde un análisis de la economía política y su posicionamiento a futuro, entienden el control de la tierra como una cuota de poder. En este caso no solamente como tierra cultivable, sino como control de sus recursos mineros, bosques y agua.
Existen varios mitos en los que se sustentan estas actuaciones. Estos mitos encuentran argumentos desde una perspectiva productivista y desarrollista. Primeramente, se habla de la existencia de vastas porciones de tierra en desuso o que en muchas ocasiones no son suficientemente fértiles; estas tierras son denominadas “marginales” o “vacías”. El propio Banco Mundial favorece esta visión haciendo estimaciones de que en el mundo existen entre 450 millones y 1.500 millones de hectáreas con estas características (cada hectárea es como un campo de futbol).[3]
Estos acaparamientos masivos de tierras, como mencionábamos anteriormente, fueron parte de los eventos que desencadenaron la crisis alimentaria en el 2008 y los agrocombustibles fueron una de las principales causas de las subidas de los precios de los alimentos básicos. Hoy en día entorno a unos 5 millones de hectáreas son destinadas para la producción de biodiesel o bioetanol; en África un tercio de las tierras que se venden o se adquieren son para este fin.
En estos momentos el cultivo estrella es la Jatrofa, una planta oleaginosa para la producción de biodiesel. Los datos de la compra de tierra son abrumadores. En Etiopia 700.000 hectáreas se destinan al cultivo de caña de azúcar y 23 millones han sido declaradas apropiadas para el cultivo de la Jatrofa. Mozambique es uno de los países más afectados, el objetivo de los fondos de inversión son 4,8 millones de hectáreas; en la actualidad 183.000 hectáreas se cultivan con Jatrofa, explotadas por empresas italianas, alemanas, del Reino Unido, Portugal y Canadá́. En Angola se han destinado medio millón de hectáreas para la producción de agrocombustibles, explotadas por empresas brasileñas, españolas y sudafricanas. Durante los años 2010 y 2011 comienzan en Senegal a llegar los primeros agrobusinessman, como los denominan las comunidades locales, y aparecen grandes proyectos en este sentido, como el de la comuna de Fanaye, en el norte del País. [4]
Muchas de estas acciones de acaparamiento se ven justificadas y fomentadas por la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible europeos del 2020 dentro de la transición energética para la reducción de gases de efecto invernadero, “para 2020 la UE tiene como objetivo que el 10 % del combustible de transporte de cada país de la UE provenga de fuentes renovables como los biocombustibles…”. 3Es por ello que las multinacionales buscan posicionarse a futuro para poder abastecer el mercado europeo.
Durante la entrevista, Birahimb Seck aumenta la velocidad de sus palabras y su tono es duro cuando habla de las políticas coloniales llegadas de Europa, apoyadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional o El banco Mundial. “En nuestra historia y en nuestra cultura el consumo está regulado. Si vienes aquí, a Kolda por ejemplo, se le impide a un ciudadano cortar los árboles como él quiera; aquí se corta el árbol porque hay una necesidad puntual, construir una casa, por ejemplo. Este sistema cultural de la preservación del medio ambiente y de la ecología debe inspirar al FMI, al Banco Mundial y a Europa para que se paren estas políticas de la abundancia y del crecimiento desmedido que no han promovido más que la producción y el consumo de nuestra costa”.
Para entender cómo se lleva a cabo el proceso de acaparamiento de tierras es necesario analizar los sistemas de tenencia de tierra existentes en cada país y la protección jurídica que ofrecen a las comunidades campesinas. Los sistemas de tenencia de tierra definen cómo se otorga el acceso a los derechos de transferir, controlar y utilizar la tierra. De este modo, existen diferentes limitaciones y responsabilidades en la manera en que se utilizan los bienes naturales que se encuentran en ella, de qué manera se van aprovechar y durante cuánto tiempo. Estos sistemas se encuentran desarrollados en todas las sociedades desde hace cientos de años y están recogidos dentro de los sistemas de derecho consuetudinario de las comunidades locales. En Senegal, igual que en la mayoría de los países africanos, el derecho consuetudinario se encuentra reconocido dentro del marco constitucional y convive con el derecho moderno del estado.
En el estado senegalés la tenencia de la tierra se desarrolla por 3 vías diferentes. La primera es la tierra que pertenece al dominio nacional, que pertenece a la población y supone el 95% del territorio nacional. Esta tierra, conforme a la ley de descentralización para la gestión de los recursos naturales, es gestionada por las comunas y los campesinos tienen acceso por derecho de uso tanto para agricultura como para ganadería; si en una porción de esta tierra un campesino lleva 6 meses sin darle uso esta pasa de nuevo al dominio nacional.
En segundo lugar, existe el dominio natural del estado para tierras que son utilizadas con fines de utilidad pública, como la construcción de hospitales, carreteras, espacios naturales protegidos, ríos, etc. Y, por último, existe el título de propiedad, donde el propietario tiene la capacidad de hacer uso como él quiera de la tierra y puede ser introducida en el mercado para su compra/venta.
Elhaj Thierno Cissé, coordinador del CNCR, la organización campesina más grande del país, nos cuenta como estas clasificaciones en la tenencia de la tierra son papel mojado si los intereses de los políticos corruptos en el gobierno y de los fondos de inversión se anteponen a los intereses de las comunidades.
Durante los años 2010 y 2011 el gobernador de la comuna de Fanaye, en el departamento de Podor, firmó un contrato de arrendamiento de 20.000 ha con la empresa Senehuile S.A., de inversión senegalesa y extranjera, para la producción de biodiesel y bioetanol a partir del cultivo del girasol y de batata. “Nos lo iban a quitar todo, mucha gente se iría, prometían buenas regalías para la alcaldía y darnos trabajo [...] Las presiones que llegaban de Dakar obligaron al gobernador de la comuna a ceder las tierras para el proyecto, cuando sabía que sus vecinos estaban en contra”. La empresa empezó a limitar el acceso de los campesinos a sus tierras y el paso de los pastores con su ganado; estalló un conflicto social sin precedentes en Senegal, con elevados momentos de violencia, 2 muertos en las manifestaciones a manos de la policía y la alcaldía de la comuna incendiada. Ante estos hechos el presidente en ese momento, Abdoulaye Wade, decidió parar el proyecto. Pero, con la entrada del nuevo presidente, Macky Sall, se decidió trasladar el proyecto a otro territorio donde la tierra fuera propiedad del estado y no fueran a tener problemas para garantizar las inversiones. Sorprendentemente se decidió el bosque protegido de Ndiael.
Encuentro en Coumbacara sobre la protección de los bienes naturales comunes. Autoría Forum Civil Kolda
En palabras de Elhaj, “durante esos años nuestro movimiento campesino CNCR se estaba organizando fuertemente, […] Continuamos con nuestro trabajo de sensibilización y movilización social, llevamos el caso a la justicia, ya que el bosque tiene especial protección. Las cosas no estaban funcionando para la empresa extranjera inversora Tampieri Financial Group y terminaron abandonando el proyecto”.
La movilización social campesina y la importancia de la capacitación política
Elhaj es muy tajante con sus palabras “Ahora ya no estamos en el 2010, hemos estado 11 años trabajando la organización social del movimiento campesino, de comunidad en comunidad, ejerciendo el derecho de manifestación y hemos conseguido cosas, la gente lo sabe. Ahora, si una empresa quiere venir a quedarse con nuestras tierras lo tiene muy difícil”.
Existen diferentes formas para el acaparamiento de tierras, como el ejemplo anterior, pero en las ciudades se están experimentando otras estrategias que vulneran los derechos de los campesinos, como las que se están desarrollando en las periferias de Dakar. Allí es común la llegada de representantes de empresas de la construcción para comprar las tierras a los campesinos con el fin de construir edificios con decenas de viviendas. Elhaj nos dice como “Los campesinos no cuentan con título de propiedad ya que de manera tradicional utilizan su derecho de uso, pero los representantes les entregan los títulos para que puedan venderla […] El campesino se desplazará de esa tierra en la que vivía su familia, tenía su casa y acceso al agua, se comprará un vehículo como fuente de negocio para realizar transportes, construirse una casa nueva y, cuando lleguen los problemas y el coche se estropee, ya no le quedará nada…”.
Durante la última década el CNCR, inscrito a la Vía campesina, ha realizado un sinfín de formaciones con las comunidades campesinas del país, movilizaciones sociales, participación en foros y fomenta proyectos de investigación para la mejora del rendimiento de los cultivos y la selección de semillas. Además, es una plataforma campesina para interlocutar con el estado sobre cuáles son las necesidades de los territorios y las diferentes comunidades. La promoción y defensa de los derechos campesinos van mucho más allá que la posesión de un trozo de tierra.
Birahim Seck defiende que, “aunque la comunidad acepte ceder su tierra, la producción no está valorizada a nivel nacional, la producción es exportada y, por lo tanto, no existe la plusvalía. Los jóvenes no ven la plusvalía y en consecuencia de esto van a asfixiar el espacio urbano y automáticamente vamos a asistir a un éxodo rural que ya ha comenzado”.
El estado tiene que realizar una reforma agraria integral, favoreciendo el acceso a crédito para el desarrollo de una mínima tecnología en los campos, la protección de las producciones locales frente a las importaciones, el desarrollo de infraestructura hidráulica y de vías, la llegada de los productos a los mercados locales, los incentivos económicos a las fincas agroecológicas y protectoras de biodiversidad, las cooperativas de trabajo asociado y de venta, así como la creación de políticas públicas que garanticen un consumo de productos ecológicos, locales y de cercanía.
Otra de las iniciativas de vital importancia es la promoción de observatorios del territorio para la defensa de los bienes naturales comunales como estrategia para fijar población. Si protegemos los bosques, protegemos el agua y los bienes naturales las poblaciones no tendrán la necesidad de salir de su territorio, de su país.
El mayor reto para el movimiento campesino senegalés, según comenta Elhaj Thierno Cissé, es que el gobierno apruebe los cambios propuestos para la ley que está actualmente en vigor. Que sea necesaria una consulta previa libre e informada a la ciudadanía para poder implantar un proyecto de estas características en su territorio es una de las propuestas fundamentales. “Nosotros continuaremos con nuestra lucha por nuestros territorios para que las decisiones, como ocurrió con el proyecto de Senhuile S.A., no sean tomadas en despachos de Dakar, con aire acondicionado, que desconocen completamente los territorios y sólo buscan dinero y promueven la corrupción”.