Salud
Osakidetza, foco de corrupción

Hordago-El Salto publica en exclusiva uno de los capítulos de ‘Residencias SA’ (Txalaparta, 2021), donde se relata cómo “tras la maleza de las privatizaciones y la mercantilización de la salud asoman el clientelismo, las irregularidades y la corrupción”. La pandemia ha aflorado el abandono de la atención sanitaria en el oasis vasco.
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El Lehendakari visita las instalaciones del punto de vacunación de Osakidetza en Illunbe

Autor de 'La Ertzaintza que viene'
@Ahoztar1972

4 ene 2022 05:34

La privatización de Osakidetza, uno de los pilares del supuesto oasis vasco,[1] es un factor clave para explicar la situación de las residencias para mayores. En palabras del Partido Nacionalista Vasco, este es “un sistema público de salud referente en Europa”. “No se barajará la posibilidad de privatizar Osakidetza,” afirmó Urkullu en el programa Euskadi Galdezka de Euskal Telebista en 2013. En opinión de los sindicatos Satse, ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK y los partidos EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, el servicio de salud está cada vez más privatizado, “lo que permite que las empresas negocien con el dinero público que se inyecta al sector”. Estas organizaciones reivindican “cambiar radicalmente el sistema actual”, pues “son sectores del trabajo que deberían ser públicos porque son esenciales para la vida”. Pero “el PNV se sigue empeñando en privatizar más servicios en Osakidetza” y en “recortar el sistema sanitario”. Una política que “pretende favorecer los bolsillos privados frente al bien común”, genera “sobrecostes” y “redunda en una menor calidad”.

Osakidetza, por su parte, evita convocar las “comisiones de externacionalización”, pese a las peticiones sindicales. Incumple, así, los compromisos adquiridos con las centrales sindicales, como “la prohibición expresa de privatizar o externalizar ningún servicio”. El Gobierno vasco “adopta una postura autoritaria y antidemocrática, ya que incumple los acuerdos de la Mesa General de la Función Pública Vasca y el Acuerdo Regulador de Osakidetza, donde se compromete a no externalizar nuevos servicios e incluso a revertir los ya externalizados y privatizados”.[2]

Las irregularidades salpican a la cúpula  (1990-2011)

La columna vertebral de Osakidetza lleva varias décadas padeciendo escoliosis, y su desviación hacia la corrupción ha ofrecido sonados episodios desde principios de la década de los 90, cuando se destapó un fraude masivo en los exámenes de una Oferta Pública de Empleo (OPE) a la que aspiraban más de 50.000 personas en medio de una enorme crisis por la desindustrialización. El consejero de Salud era el socialista José Manuel Freire Campo. Un affaire por el que llegaron a condenar a varios exaltos cargos del Partido Socialista de Euskadi (PSE) en 1998, entre ellos el director general de Osakidetza y el director de Gestión Económica y Administración. Finalmente serían indultados por el Gobierno español en 2008, con José Luis Rodríguez Zapatero en la presidencia.

El dirigente del PSE José Luis Marcos Merino acusó a Osakidetza, por entonces encabezada por el jelkide Iñaki Azkuna (1983-1987), de intentar incriminarle en un fraude de OPE y montar para ello un “proceso paralelo” al procedimiento judicial. Durante la etapa de Azkuna, años después premiado con un galardón al mejor alcalde del mundo,[3] el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) puso en la diana su gestión del servicio público de salud en la CAV. El diputado del PP Leopoldo Barreda incluso llegó a solicitar en el Parlamento de Gasteiz una relación de todos los contratos de obras y de las empresas adjudicatarias de Osakidetza desde 1995. El Departamento de Sanidad reconoció “errores” en las adjudicaciones, pero acusó a Barreda de “erosionar injustamente” la gestión de Osakidetza, la cual consideraba “especialmente transparente y envidiada por el resto de las comunidades autónomas y el Insalud”. El Departamento calificó de “infundios” las acusaciones y negó la comisión de “graves fraudes” o “prácticas corruptas”.

En 2011, el propio Azkuna fue llamado a declarar a la comisión del Parlamento que investigaba el conocido como caso Margüello,[4] otro affaire por el que fueron condenados en 2018 algunos exaltos cargos de Osakidetza, nombrados por el PNV, como el exjefe de calidad del Hospital de Cruces y el exresponsable territorial de Sanidad en Bizkaia. El caso Margüello debe su nombre al exjefe de Calidad del hospital de Cruces, Juan Carlos Margüello, amigo del entonces consejero de Salud Gabriel Inclán, sucesor en el cargo de Iñaki Azkuna y responsable del nombramiento como director de asistencia sanitaria en Osakidetza de su sucesor en el cargo, Jon Darpón.

Subasta de mascarillas

Nueve días antes de abandonar el cargo, en 2009, el consejero Gabriel Inclán compró mascarillas para 40 años. Sanidad se gastó 4,1 millones para usar las mascarillas como barrera en caso de pandemia de gripe A y luego subastó 47 millones de mascarillas excedentes por un precio de 40.501 euros. El gerente de la empresa proveedora de las mascarillas había sido jefe de compras del vizcaíno hospital de Cruces. La empresa que ganó la subasta de 47 millones de mascarillas excedentes se ubicaba en Miranda de Ebro y su objeto social estaba dirigido al sector de productos fármacos y medicamentos, aunque la administraban empresarios del sector de fabricantes mayoristas de sacos.

Anomalías en Osakidetza (2018-2021)

No hay que ir, sin embargo, tan atrás en el tiempo para encontrar irregularidades en Osakidetza. Estas también han salpicado a la actual cúpula de la Consejería de Salud. El año 2019 trajo el fraude de otra OPE[5] en la que de momento hay 20 investigados. Además, dimitieron cinco cargos de Salud, entre ellos el propio consejero, Jon Darpón. Uno de los cargos vacantes tras el tornado de dimisiones, el director general de Osakidetza, lo llegó a ocupar Juan Diego,[6] exdirector gerente de EiTB que en la etapa de Ortuzar al frente del ente público estuvo imputado por malversación de fondos, hecho que se conoció tras una denuncia de LAB. De hecho, la denuncia menciona a Ortuzar y al marido de la consejera del Gobierno vasco Arantza Tapia.

En plena marejada por las dimisiones por el escándalo de la OPE también abandonó el barco el director económico financiero de Osakidetza, Ricardo Ituarte,[7] exalcalde del PNV en Santurtzi. De hecho, un hermano suyo había obtenido la máxima puntuación en la prueba de Anestesiología, la primera prueba denunciada en torno al fraude de la OPE. Aun así, un año después de ser cesado, Ricardo Ituarte fue nombrado director de gestión en la OSI de Tolosaldea.[8] Ocurrió en junio del 2020. Familiares de burukides del PNV que habían sido fichados por Jon Darpón también fueron recolocados en la Consejería de Salud.[9]

Darpón, convertido en exconsejero de Sanidad, fichó dos meses después por Keralty, empresa del sector de la salud manejada por el millonario Joseba Grajales y el exvicelehendakari del Gobierno vasco Jon Azua. Cabe mencionar que dos altos cargos más de Osakidetza pasaron a engrosar la lista de empleados del citado grupo.[10] La Comisión Ética del Gobierno vasco consideró que no había irregularidades en el salto de parte de la cúpula de la consejería de Salud al grupo Keralty.

Un mes antes, el Gobierno vasco creía que “no tiene sentido la dimisión” de Darpón por la OPE de Osakidetza, sino “todo lo contrario”. Tras la dimisión de dicho consejero de Salud, el sindicato LAB la calificó como una “evidencia que Euskadi no es ni por asomo un oasis libre de corrupción, sino todo lo contrario”.

Vacunaciones para la casta sanitaria

Nekane Murga, consejera de Salud hasta septiembre del 2020, fue recolocada en abril del 2021 al frente una dirección de Medicina de Precisión recientemente creada. Cuando estuvo al frente de la Consejería, Murga sustituyó al consejo asesor de expertos en torno a la Covid por un comité director de gestores. En este comité figuran un alto cargo de Osakidetza llamado a declarar por el juzgado que investiga el fraude de la OPE de Osakidetza (el sindicato LAB pide su imputación) y la esposa del exconsejero de Salud Jon Darpón.

Murga nombró presidente del comité a una persona que ha ocupado diversos cargos públicos, pero ninguno vinculado a la sanidad. Una de las personas que integra dicho comité, Ana Collazos, está acusada de vacunarse indebidamente[11] y otro de los miembros, Ibon Etxeberria, tuvo que ser cesado tras saltarse el confinamiento para ir a jugar al golf. Es más, el director gerente de Emergencias del Departamento de Salud del Gobierno vasco, Jon Sánchez, también fue cesado por saltarse el confinamiento para acudir a su casa de veraneo. Para colmo, algunas medidas tomadas por el comité han sido tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Previamente, el coordinador del Programa de Vigilancia y Control de la Pandemia, Ignacio Garitano, presentó su dimisión.[12]

Gotzone Sagardui, la actual consejera de Salud, ha tenido que hacer frente a las polémicas e indebidas vacunaciones de José Luis Sabas (director del hospital de Santa Marina) y de Eduardo Maiz[13] (director gerente del hospital de Basurto y exgerente de dos de los hospitales más relevantes de Osakidetza con Iñaki Azkuna al frente de Osakidetza). Sabas y Maiz fueron ediles del Ayuntamiento de Bilbao en la etapa de la alcaldía de Azkuna, el primero ejerció de brazo derecha del alcalde y Maiz era uno de sus principales colaboradores.

Tras presentar su dimisión, Sabas declaró que tanto la directora de Osakidetza como la consejera de Salud estaban al tanto de su vacunación y que no pusieron ningún impedimento.[14] Según el diario El Correo, “los viales usados” en la vacunación de Eduardo Maiz “procedían, al parecer, de las entregas repartidas en varias residencias del entorno y se trataba de unidades que habían sobrado”.

Clientelismo y corrupción

En la etapa de Sabas como director de Infraestructuras e Inversiones de la Consejería de Salud, entre 1985 y 1999, con Iñaki Azkuna al frente, la filial vasca de Cofely, empresa vinculada a la trama de corrupción de la “Operación Púnica” e importante adjudicataria de la Ertzaintza, firmó varios contratos cautivos para el suministro energético con cuatro hospitales de Osakidetza. En esta etapa el servicio publico también adjudicó el contrato de aplicaciones de gestión hospitalaria a Bilbomática, empresa fundada por el empresario jeltzale Víctor Malpartida, vinculada a la trama de corrupción de la “Operación Enredadera” y gran adjudicataria de la Ertzaintza.

En el ramo de la construcción, hay que mencionar contratos de Osakidetza adjudicados a Lurgoien (protagonista del affaire de la lonja de Pasaia) o Urazca (fundada por un exalcalde del PNV y vinculada a la trama de los papeles de Bárcenas); en el ramo de consultoría, uno de los nombres que destaca es PwC (dirigida por el exburukide Asier Atutxa y multada por integrar el cártel de las consultoras); y en lo que respecta a la alimentación habría que sumar a varias empresas adjudicatarias de Osakidetza que fueron sancionadas por la trama de sobrecostes del cártel de los comedores.

No es baladí señalar que antes de que Sabas abandonase Osakidetza, el burukide alavés Koldo Otxandiano, condenado en 2019 por integrar la trama de corrupción del caso De Miguel, pasó a ser alto cargo de Osakidetza. La comisión de investigación política sobre la trama del caso De Miguel puso el foco sobre una empresa administrada por un exalto mando de la Ertzaintza, Miguel Ángel Guergué, exdirector de seguridad de Osakidetza en Araba.

Las redes de clientelismo en el sector de la limpieza también señalan a Osakidetza. En 2016, el sindicato LAB denunció “el efecto de puertas giratorias en el proceso de privatizaciones del flamante hospital de Urduliz” (por entonces la directora-gerente de la OSI a la que pertenece el hospital era la esposa del consejero de Salud Jon Darpón) ya que “existen relaciones entre las empresas privadas y el Gobierno del PNV, como Garbialdi”.[15] El sindicato se refería a Josu Olazaran, exsecretario del EBB del PNV que dirige la empresa de limpieza Garbialdi, gran adjudicataria de la Ertzaintza.

Tras la maleza de las privatizaciones y la mercantilización de la salud asoman el clientelismo, las irregularidades y la corrupción. El impacto de la pandemia en la salud de la población ha aflorado el abandono de la atención pública sanitaria en el oasis vasco. En palabras de trabajadoras de Osakidetza en torno al abandono de la atención primaria, “como quien quema su casa para no pasar frío”.

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Notas al pie de página

[1] El entonces lehendakari Patxi López declaró en 2010 que “el País Vasco constituye hoy un oasis en la política española que los vascos deberíamos de ser capaces de exportar”. Andoni Ortuzar, exdirector general de Euskal Irrati Telebista (EiTB) y en la actualidad presidente del PNV, afirmaba con orgullo en 2016: “No sé si Euskadi es un oasis o un paraíso, pero se le parece”. La ya exparlamentaria de Elkarrekin-Podemos Pili Zabala le replicó: “Un paraíso para las grandes fortunas”. Añadió el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu: “la lacra de la corrupción también existe en Euskal Herria, el oasis vasco es un mito y hay que confrontarlo sin complejos".

[2] En 2016, Medicus Mundi publicó el informe ‘Amenazas al derecho a la salud en Euskadi, desigualdades sociales y procesos de privatización en el sistema sanitario’, donde se recoge que “durante el año 2016 Osakidetza externalizó servicios a empresas privadas por un valor del 3,2% de su presupuesto”, pese a que no le “fue posible analizar la evolución de la externalización de servicios por no haber podido contar con datos al respecto”. El informe de Medicus Mundi señalaba también que, en la CAV, “un euro de cada diez invertidos en asistencia sanitaria (excluidas las recetas) se destina al pago de una empresa privada”. “En 2014, el 8,9% del presupuesto del Departamento de Salud se utilizó para contratar empresas privadas de provisión”, añadía. Advertía que la creciente privatización de servicios, podía suponer“una amenaza para la sostenibilidad del sistema público”. Según Medicus Mundi, “dentro de los hospitales concertados durante 2013, destaca el Instituto Onkologikoa, con 23 millones de euros, Clínica Asunción, con 21 millones, Matia Fundazioa, con 12 millones, y Policlínica, con 10 millones”. Asimismo, enumeraban “los conciertos con hospitales de salud mental, Aita Meni, con 12 millones, o San Juan de Dios, con 13 millones”.

[3] Como alcalde de Bilbao, Azkuna mantuvo otro conflicto con el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) en torno a un informe sobre irregularidades municipales en la adjudicación y construcción del polideportivo y aparcamiento. Azkuna respondió al Tribunal afirmando: “ya tuve una bronca cuando era consejero de Sanidad y no me importa tener otra”. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, presidido por el exdiputado general de Bizkaia José Luis Bilbao que prometió no citar en sus memorias asuntos relacionados con paraísos fiscales y fajos de billetes, ha constatado que Osakidetza incumplió la normativa en la adjudicación de contratos por valor de 80 millones de euros en el ejercicio del año 2018.

[4] El ahora mediático exconsejero socialista de Sanidad Rafael Bengoa, exasesor del expresidente estadounidense Barack Obama, calificó de “trama” el caso Margüello. No le faltaban razones, ya que el PNV, el diario Deia y la empresa Betean (una auditora dirigida por un exburukide y ligada al caso De Miguel) protagonizaron, según el propio Bengoa, una “campaña orquestada” contra él en 2012 en torno al caso Osatek. El cruce de acusaciones por “irregularidades” en Osakidetza saltó a otra consejería cuando la ahora vicelehendakari Idoia Mendia, por entonces consejera socialista de Justicia en el gobierno de Patxi López, denunció contratos irregulares en la consejería que encabezó en su momento Joseba Azkarraga. El caso Osatek fue archivado, un “correctivo judicial” en palabras de Deia. El caso de las irregularidades en la Consejería de Justicia, caso Ibermática, terminó con un “carpetazo judicial”, según El País.

[5] A finales de la pasada década, tras el anuncio de una Oferta Pública de Empleo en Osakidetza para el año 2018, el sindicato ELA la consideró insuficiente porque sus trabajadores soportan una tasa de temporalidad del 40%. Esto es, más de 15.000 trabajadores desarrollan su labor a diario con un contrato temporal. En esta OPE se produjeron filtraciones e irregularidades denunciadas por opositores y varios sindicatos, un affaire investigado ahora por una jueza de Gasteiz que suguirió en una providencia la falta de colaboración del Departamento de Salud.

[6] En la actualidad, Juan Diego es consejero delegado de una filial del Grupo Petronor, en manos de Repsol, multinacional cuyo consejero delegado es Josu Jon Imaz, quien fuera máximo responsable de Industria del Gobierno vasco y presidente del PNV.

[7] También dimitieron el director general de Recursos Humanos y el subdirector de Gestión, Organización y Desarrollo de Recursos Humanos.

[8] LAB denuncia que en la OSI de Tolosaldea “se ha utilizado el dinero público para crear beneficio privado” en relación a la “deuda histórica” que tiene el Gobierno vasco con Tolosaldea, ya que es la única comarca de la CAV que no cuenta con un hospital público y depende de la concertación con la polémica clínica Asunción, reprobada por la Plataforma por la Sanidad Pública de Tolosaldea y diversos agentes sociales y políticos.

[9] El entonces consejero de Salud, Jon Darpón, había fichado a Isabel Octavio y Usoa Mediavilla. El 22 de septiembre del 2020, Isabel Octavio, esposa de Asier Arzalluz, hijo del expresidente del PNV, fue cesada como directora del gabinete de la consejera de Salud y nombrada asesora de Programas Sanitarios y Relaciones Ciudadanas, con sueldo de viceconsejera, en el Departamento de Salud. Asier Arzalluz llegó a ser investigado durante la instrucción del caso De Miguel. En la actualidad, Isabel Octavio ejerce de directora de Estrategia y Comunicación en EiTB. El 14 de septiembre de 2020, Usoa Mediavilla, hija del burukide Koldo Mediavilla, fue nombrada asesora en Comunicaciones, con sueldo de directora, en el Departamento de Salud. Usoa había sido asesora de Comunicación y Nuevas Tecnologías de Lehendakaritza y candidata del PNV en unas elecciones al Parlamento vasco.

[10] El 8 de septiembre del 2020 fue cesada la viceconsejera y número tres de la Consejería de Salud Fátima Ansotegi y dos días más tarde saltó a Keralty como gerente global de operaciones. Había sido parlamentaria del PNV y concejala en los ayuntamientos de Gernika y Ondarroa. El 24 de agosto del 2020 era cesada la subdirectora de Calidad de Osakidetza María Teresa Bacigalupe y pasó a ser gerente de gestión sanitaria de Keralty. Keralty y las empresas relacionadas con el grupo habían recibido más de 2,3 millones de euros en ayudas del Gobierno vasco.

[11] La miembro del LABI se vacunó el 15 de enero del 2021, mientras que los trabajadores de urgencias del hospital, en el que sigue ejerciendo de jefa de servicio de Salud Laboral, no lo hicieron hasta el 21 de enero.

[12] El responsable de coordinación y rastreo dimitió siete días antes de que el viceconsejero de Salud Iñaki Berraondo abandonase su cargo en diciembre del 2020. Berraondo ha sido recolocado a finales de abril del 2021 como coordinador corporativo para el proceso de integración de Onkologikoa en la red del Servicio Vasco de Salud.

[13] Había un antecedente familiar en el caso del ya vacunado y cesado director gerente del hospital de Basurto, Eduardo Maiz. Un hermano suyo fue cesado en 2014 de su cargo de gerente de la Comarca Interior de Osakidetza por vulnerar el código ético en la gestión pública.

[14] El líder de EH Bildu Arnaldo Otegi afirma que hay “una casta y una élite” que tiene “privilegios” y “se vacuna antes o se salta el confinamiento”.

[15] Garbialdi, con intereses en el sector de los residuos y asociada a la patronal de empresas de limpieza AELMA, contaba con 384 empleados en 2018, de ellos sólo 15 eran hombres. Cuatro sindicatos (ELA, LAB, ESK y CCOO) denunciaron en 2019 la actitud del sindicato CUT, este último promovido por la propia empresa según las mismas fuentes.
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Thor
6/1/2022 14:12

Un apunte al estupendo artículo por unir dos nombres que aparecen.
Lurgoien también fue la adjudicataria de la construcción del hospital de Urduliz.

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