Salud
Osakidetza, foco de corrupción

La privatización de Osakidetza, uno de los pilares del supuesto oasis vasco,^[1] es un factor clave para explicar la situación de las residencias para mayores. En palabras del Partido Nacionalista Vasco, este es “un sistema público de salud referente en Europa”. “No se barajará la posibilidad de privatizar Osakidetza,” afirmó Urkullu en el programa Euskadi Galdezka de Euskal Telebista en 2013. En opinión de los sindicatos Satse, ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK y los partidos EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, el servicio de salud está cada vez más privatizado, “lo que permite que las empresas negocien con el dinero público que se inyecta al sector”. Estas organizaciones reivindican “cambiar radicalmente el sistema actual”, pues “son sectores del trabajo que deberían ser públicos porque son esenciales para la vida”. Pero “el PNV se sigue empeñando en privatizar más servicios en Osakidetza” y en “recortar el sistema sanitario”. Una política que “pretende favorecer los bolsillos privados frente al bien común”, genera “sobrecostes” y “redunda en una menor calidad”.

Osakidetza, por su parte, evita convocar las “comisiones de externacionalización”, pese a las peticiones sindicales. Incumple, así, los compromisos adquiridos con las centrales sindicales, como “la prohibición expresa de privatizar o externalizar ningún servicio”. El Gobierno vasco “adopta una postura autoritaria y antidemocrática, ya que incumple los acuerdos de la Mesa General de la Función Pública Vasca y el Acuerdo Regulador de Osakidetza, donde se compromete a no externalizar nuevos servicios e incluso a revertir los ya externalizados y privatizados”.^[2]

Las irregularidades salpican a la cúpula  (1990-2011)

La columna vertebral de Osakidetza lleva varias décadas padeciendo escoliosis, y su desviación hacia la corrupción ha ofrecido sonados episodios desde principios de la década de los 90, cuando se destapó un fraude masivo en los exámenes de una Oferta Pública de Empleo (OPE) a la que aspiraban más de 50.000 personas en medio de una enorme crisis por la desindustrialización. El consejero de Salud era el socialista José Manuel Freire Campo. Un affaire por el que llegaron a condenar a varios exaltos cargos del Partido Socialista de Euskadi (PSE) en 1998, entre ellos el director general de Osakidetza y el director de Gestión Económica y Administración. Finalmente serían indultados por el Gobierno español en 2008, con José Luis Rodríguez Zapatero en la presidencia.

El dirigente del PSE José Luis Marcos Merino acusó a Osakidetza, por entonces encabezada por el jelkide Iñaki Azkuna (1983-1987), de intentar incriminarle en un fraude de OPE y montar para ello un “proceso paralelo” al procedimiento judicial. Durante la etapa de Azkuna, años después premiado con un galardón al mejor alcalde del mundo,^[3] el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) puso en la diana su gestión del servicio público de salud en la CAV. El diputado del PP Leopoldo Barreda incluso llegó a solicitar en el Parlamento de Gasteiz una relación de todos los contratos de obras y de las empresas adjudicatarias de Osakidetza desde 1995. El Departamento de Sanidad reconoció “errores” en las adjudicaciones, pero acusó a Barreda de “erosionar injustamente” la gestión de Osakidetza, la cual consideraba “especialmente transparente y envidiada por el resto de las comunidades autónomas y el Insalud”. El Departamento calificó de “infundios” las acusaciones y negó la comisión de “graves fraudes” o “prácticas corruptas”.

En 2011, el propio Azkuna fue llamado a declarar a la comisión del Parlamento que investigaba el conocido como caso Margüello,^[4] otro affaire por el que fueron condenados en 2018 algunos exaltos cargos de Osakidetza, nombrados por el PNV, como el exjefe de calidad del Hospital de Cruces y el exresponsable territorial de Sanidad en Bizkaia. El caso Margüello debe su nombre al exjefe de Calidad del hospital de Cruces, Juan Carlos Margüello, amigo del entonces consejero de Salud Gabriel Inclán, sucesor en el cargo de Iñaki Azkuna y responsable del nombramiento como director de asistencia sanitaria en Osakidetza de su sucesor en el cargo, Jon Darpón.

Subasta de mascarillas

Nueve días antes de abandonar el cargo, en 2009, el consejero Gabriel Inclán compró mascarillas para 40 años. Sanidad se gastó 4,1 millones para usar las mascarillas como barrera en caso de pandemia de gripe A y luego subastó 47 millones de mascarillas excedentes por un precio de 40.501 euros. El gerente de la empresa proveedora de las mascarillas había sido jefe de compras del vizcaíno hospital de Cruces. La empresa que ganó la subasta de 47 millones de mascarillas excedentes se ubicaba en Miranda de Ebro y su objeto social estaba dirigido al sector de productos fármacos y medicamentos, aunque la administraban empresarios del sector de fabricantes mayoristas de sacos.

Anomalías en Osakidetza (2018-2021)

No hay que ir, sin embargo, tan atrás en el tiempo para encontrar irregularidades en Osakidetza. Estas también han salpicado a la actual cúpula de la Consejería de Salud. El año 2019 trajo el fraude de otra OPE^[5] en la que de momento hay 20 investigados. Además, dimitieron cinco cargos de Salud, entre ellos el propio consejero, Jon Darpón. Uno de los cargos vacantes tras el tornado de dimisiones, el director general de Osakidetza, lo llegó a ocupar Juan Diego,^[6] exdirector gerente de EiTB que en la etapa de Ortuzar al frente del ente público estuvo imputado por malversación de fondos, hecho que se conoció tras una denuncia de LAB. De hecho, la denuncia menciona a Ortuzar y al marido de la consejera del Gobierno vasco Arantza Tapia.

En plena marejada por las dimisiones por el escándalo de la OPE también abandonó el barco el director económico financiero de Osakidetza, Ricardo Ituarte,^[7] exalcalde del PNV en Santurtzi. De hecho, un hermano suyo había obtenido la máxima puntuación en la prueba de Anestesiología, la primera prueba denunciada en torno al fraude de la OPE. Aun así, un año después de ser cesado, Ricardo Ituarte fue nombrado director de gestión en la OSI de Tolosaldea.^[8] Ocurrió en junio del 2020. Familiares de burukides del PNV que habían sido fichados por Jon Darpón también fueron recolocados en la Consejería de Salud.^[9]

Darpón, convertido en exconsejero de Sanidad, fichó dos meses después por Keralty, empresa del sector de la salud manejada por el millonario Joseba Grajales y el exvicelehendakari del Gobierno vasco Jon Azua. Cabe mencionar que dos altos cargos más de Osakidetza pasaron a engrosar la lista de empleados del citado grupo.^[10] La Comisión Ética del Gobierno vasco consideró que no había irregularidades en el salto de parte de la cúpula de la consejería de Salud al grupo Keralty.

Un mes antes, el Gobierno vasco creía que “no tiene sentido la dimisión” de Darpón por la OPE de Osakidetza, sino “todo lo contrario”. Tras la dimisión de dicho consejero de Salud, el sindicato LAB la calificó como una “evidencia que Euskadi no es ni por asomo un oasis libre de corrupción, sino todo lo contrario”.

Vacunaciones para la casta sanitaria

Nekane Murga, consejera de Salud hasta septiembre del 2020, fue recolocada en abril del 2021 al frente una dirección de Medicina de Precisión recientemente creada. Cuando estuvo al frente de la Consejería, Murga sustituyó al consejo asesor de expertos en torno a la Covid por un comité director de gestores. En este comité figuran un alto cargo de Osakidetza llamado a declarar por el juzgado que investiga el fraude de la OPE de Osakidetza (el sindicato LAB pide su imputación) y la esposa del exconsejero de Salud Jon Darpón.

Murga nombró presidente del comité a una persona que ha ocupado diversos cargos públicos, pero ninguno vinculado a la sanidad. Una de las personas que integra dicho comité, Ana Collazos, está acusada de vacunarse indebidamente^[11] y otro de los miembros, Ibon Etxeberria, tuvo que ser cesado tras saltarse el confinamiento para ir a jugar al golf. Es más, el director gerente de Emergencias del Departamento de Salud del Gobierno vasco, Jon Sánchez, también fue cesado por saltarse el confinamiento para acudir a su casa de veraneo. Para colmo, algunas medidas tomadas por el comité han sido tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Previamente, el coordinador del Programa de Vigilancia y Control de la Pandemia, Ignacio Garitano, presentó su dimisión.^[12]

Gotzone Sagardui, la actual consejera de Salud, ha tenido que hacer frente a las polémicas e indebidas vacunaciones de José Luis Sabas (director del hospital de Santa Marina) y de Eduardo Maiz^[13] (director gerente del hospital de Basurto y exgerente de dos de los hospitales más relevantes de Osakidetza con Iñaki Azkuna al frente de Osakidetza). Sabas y Maiz fueron ediles del Ayuntamiento de Bilbao en la etapa de la alcaldía de Azkuna, el primero ejerció de brazo derecha del alcalde y Maiz era uno de sus principales colaboradores.

Tras presentar su dimisión, Sabas declaró que tanto la directora de Osakidetza como la consejera de Salud estaban al tanto de su vacunación y que no pusieron ningún impedimento.^[14] Según el diario El Correo, “los viales usados” en la vacunación de Eduardo Maiz “procedían, al parecer, de las entregas repartidas en varias residencias del entorno y se trataba de unidades que habían sobrado”.

Clientelismo y corrupción

En la etapa de Sabas como director de Infraestructuras e Inversiones de la Consejería de Salud, entre 1985 y 1999, con Iñaki Azkuna al frente, la filial vasca de Cofely, empresa vinculada a la trama de corrupción de la “Operación Púnica” e importante adjudicataria de la Ertzaintza, firmó varios contratos cautivos para el suministro energético con cuatro hospitales de Osakidetza. En esta etapa el servicio publico también adjudicó el contrato de aplicaciones de gestión hospitalaria a Bilbomática, empresa fundada por el empresario jeltzale Víctor Malpartida, vinculada a la trama de corrupción de la “Operación Enredadera” y gran adjudicataria de la Ertzaintza.

En el ramo de la construcción, hay que mencionar contratos de Osakidetza adjudicados a Lurgoien (protagonista del affaire de la lonja de Pasaia) o Urazca (fundada por un exalcalde del PNV y vinculada a la trama de los papeles de Bárcenas); en el ramo de consultoría, uno de los nombres que destaca es PwC (dirigida por el exburukide Asier Atutxa y multada por integrar el cártel de las consultoras); y en lo que respecta a la alimentación habría que sumar a varias empresas adjudicatarias de Osakidetza que fueron sancionadas por la trama de sobrecostes del cártel de los comedores.

No es baladí señalar que antes de que Sabas abandonase Osakidetza, el burukide alavés Koldo Otxandiano, condenado en 2019 por integrar la trama de corrupción del caso De Miguel, pasó a ser alto cargo de Osakidetza. La comisión de investigación política sobre la trama del caso De Miguel puso el foco sobre una empresa administrada por un exalto mando de la Ertzaintza, Miguel Ángel Guergué, exdirector de seguridad de Osakidetza en Araba.

Las redes de clientelismo en el sector de la limpieza también señalan a Osakidetza. En 2016, el sindicato LAB denunció “el efecto de puertas giratorias en el proceso de privatizaciones del flamante hospital de Urduliz” (por entonces la directora-gerente de la OSI a la que pertenece el hospital era la esposa del consejero de Salud Jon Darpón) ya que “existen relaciones entre las empresas privadas y el Gobierno del PNV, como Garbialdi”.^[15] El sindicato se refería a Josu Olazaran, exsecretario del EBB del PNV que dirige la empresa de limpieza Garbialdi, gran adjudicataria de la Ertzaintza.

Tras la maleza de las privatizaciones y la mercantilización de la salud asoman el clientelismo, las irregularidades y la corrupción. El impacto de la pandemia en la salud de la población ha aflorado el abandono de la atención pública sanitaria en el oasis vasco. En palabras de trabajadoras de Osakidetza en torno al abandono de la atención primaria, “como quien quema su casa para no pasar frío”.

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