Sanidad pública
Una ILP para echar a las empresas de la sanidad pública

“A raíz de la pandemia creemos que era un buen momento para poder recuperar y poder hacer otro tipo de gestión sanitaria. Los que estamos como trabajadoras sanitarias y también como pacientes vemos que esto ha servido para devaluar la gestión y se ha perdido una oportunidad de oro para poder gestionar de otra manera. La pandemia se ha convertido en una ganancia para las empresas privadas”. Son palabras de Natalia Flores, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización Sanitaria (CAS), organización que entregó el pasado viernes una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la Recuperación del Sistema Nacional de Salud.

Una iniciativa que hacía su entrada en las Cortes, y que si se admite a trámite deberá de recaudar más de 500.000 firmas, para ponerle coto a la conocida como “colaboración público privada” que para el CAS no es más que “un burdo encubrimiento del hecho central del proceso de privatización: el necesario desmantelamiento del sector público para que funcione sin trabas el negocio privado”.

Lo que piden derogar es la Ley 15/97  que fue aprobada por casi todos los grupos parlamentarios del momento y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad que habla sobre los conciertos

“El objetivo es modificar las leyes que permiten la privatización de la sanidad y contemplar otros temas como la universalización de la asistencia”, explica Flores a El Salto. Centrando el tiro, lo que piden derogar es “la Ley 15/97 que fue aprobada por casi todos los grupos parlamentarios del momento, exceptuando IU y BNG, y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad que habla sobre los conciertos y permitió que las empresas puedan entrar en el sistema público de salud”, relata la portavoz del CAS.

“Las Administraciones Públicas Sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas”, reza el artículo 90.1 de la Ley General de Sanidad. Esto, entre otras cosas, ha posibilitado, por ejemplo, la aparición de hospitales de gestión privatizada en comunidades como Andalucía, Catalunya o País Valencià. Y a día de hoy y, pandemia mediante, permite que la Comunidad de Madrid establezca contratos con entidades privadas para realizar el rastreo o la vacunación, tal y como recuerda Flores.

“En la Comunidad de Madrid se han decidido mediante dedazos contratos privados para el tema de los rastreadores o para la vacunación; así como la construcción de nuevos hospitales faraónicos pandémicos que ahora no sirven para nada. Una vez pasado todo lo que nos ha arrollado el covid, es hora de poner sobre la mesa la existencia de estas leyes que permiten estos contratos. Hubiera sido adecuado derogarlas hace mucho tiempo pero llegado este punto hay que hacerlo”.

“Creemos que el PSOE no lo va a apoyar porque fue uno de los que votaron a favor de la ley. Con el PP y Vox tampoco contamos. Quedaría la izquierda más minoritaria como ERC y BNG. No sabemos lo que haría Unidas Podemos, ojalá y la apoyen pero tengo mis dudas”

Tras la presentación de la ILP lo que toca es buscar apoyo político para que salga adelante. Y la portavoz del CAS no lo ve fácil. “Creemos que el PSOE no lo va a apoyar porque fue uno de los que votaron a favor de la ley. Con el PP y Vox tampoco contamos. Quedaría la izquierda más minoritaria como ERC y BNG. Algunos de estos partidos sí que llevan la derogación de la ley en su programa electoral”, explica Flores. “No sabemos lo que haría Unidas Podemos, ojalá y la apoyen pero tengo mis dudas”, añade.