Sistemas de depósito
Portugal estrena sistema de retorno de envases mientras Madrid bloquea su puesta en marcha en España

En Suecia lleva activo desde 1984, está en marcha en medio centenar de países —incluidos 16 de la UE— y regiones, y es considerado por activistas y expertos como el único sistema que puede incrementar sustancialmente las pobres cifras de reciclaje de envases en España. Se trata del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), por el cual cada vez que una persona consume un envase de un solo uso paga un canon —unos céntimos—, monto que recuperará al devolverlo vacío al establecimiento, al estilo de la “devolución del casco” que se hacía hace décadas con cierto tipo de botellas. Ahora, y a pesar de que la Ley de Residuos obliga a España a que tenga activo un SDDR antes del 22 de noviembre de 2026, Portugal ha adelantado por la izquierda a su vecino.

Se llama Volta, está activo desde el 10 de abril y tiene como objetivo ayudar a que el país luso alcance los objetivos de recogida selectiva de envases que la UE aprobó en 2024: para 2029, el 90% de los envases de bebidas de plástico y metal de un solo uso de hasta tres litros tendrán que recogerse por separado para facilitar su reutilización o reciclado. En palabras de la ministra de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalhouna, A Volta pretende ser “una verdadera reforma estructural, con impactos concretos y medibles en la vida de los ciudadanos” con un objetivo básico y claro: que “una botella vuelva a ser una botella” y “una lata vuelva a ser una lata”.

La Comunidad de Madrid tiene paralizada la autorización necesaria para que las empresas que quieran postularse para la gestión del sistema puedan hacerlo

La primera fase del modelo portugués, activa hasta el 9 de agosto, comenzará con los envases de bebidas que lleven el logotipo del sistema. A partir de esa fecha, “todos los envases de bebidas de un solo uso que se comercialicen deberán integrarse en el sistema”, especifican desde el Ministerio de Medio Ambiente y Energía luso.

El canon elegido es de 0,10 euros —el mismo que eligió el efímero SDDR que intentó implantar el País Valencià—, una cantidad que recuperarán los consumidores al entregar el un envase vacío en los supermercado y puntos de recogidas autorizados: por el momento, 2.500 máquinas de recogida automática, 8.000 puntos de recogida manuales y 48 quioscos para entregas de grandes cantidades en zonas densamente pobladas.

El reembolso puede obtenerse, en el caso portugués, mediante “un vale canjeable por dinero en efectivo, un cupón de descuento para la tienda, una tarjeta de fidelización o futuras soluciones digitales”, señalan desde el Ministerio. El sistema también incluye la posibilidad de donar ese dinero a organizaciones como la Liga Portuguesa de Bomberos, Cáritas Portuguesa, la Liga para la Protección de la Naturaleza o la Liga Portuguesa por los Derechos de los Animales.

La auditoría del Ministerio confirma que en 2023 sólo se recobraron un 41,3% de las botellas que se pusieron en el mercado en España

En España, la lucha por la puesta en marcha de un SDDR aún no ha llegado a su fin. Tras años de trabas y campañas organizadas por la industria de las bebidas y envases, personificada en Ecoembalajes España (Ecoembes), en noviembre de 2024 un informe del Ministerio para la Transición Ecológica constató algo que desde las organizaciones que apuestan por los sistemas depósito llevaban años diciendo: las cifras de reciclaje de envases de un solo uso en España están muy alejadas de lo que el ente empresarial que monopoliza la gestión del reciclado de envases ligeros en España dice. 

En concreto, la auditoría del Ministerio apunta a que en 2023 sólo se recobraron un 41,3% de las botellas que se pusieron en el mercado: 88.499 toneladas frente a las 214.039 toneladas puestas a la venta. La cifra era clave, pues de no alcanzarse un 70% de recogida separada de envases de bebidas hasta tres litros España la implantación de un SDDR sería obligatoria. Así lo dicta la Ley de Residuos, que estableció un ultimátum con la auditoría ante el fracaso del reciclado en España. Ecoembes, ente al que están adheridas más de 12.000 empresas del sector —entre ellas algunas de las multinacionales de la alimentación más poderosas—, llevaba años asegurando que las tasas estaban por encima de ese porcentaje. En concreto, para 2023 sostenía que era del 73,4%. 

La última zancadilla en una carrera de obstáculos

Echadas por tierra las cifras de Ecoembes, todo parecía allanado para la puesta en marcha de un SDDR en España que fuese paralelo al Sistema Integrado de Gestión (SIG) que es hoy el contenedor amarillo gestionado por Ecoembes. Pero todo apunta a un retraso, que podría ser de años.

El problema está localizado en la Comunidad de Madrid, que se ha colado en este embrollo a pesar de que el sistema planteado es estatal. El procedimiento actual señala que las empresas que se postulen para la gestión del nuevo sistema deben ser autorizadas por la comunidad autónoma donde estén registradas, y es en Madrid donde se encuentran las sedes sociales de las cuatro empresas que se han presentado para gestionar el futuro sistema de depósito: SDDR para España, ligada a la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC); Procircular; Corepet y la propia Ecoembes. 

Tal como denuncia César Sánchez, portavoz de una de las organizaciones que más está apostando por el SDDR, Retorna, la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid tiene paralizada la autorización necesaria para que las empresas que quieran postularse para la gestión del sistema puedan hacerlo, ya que todas ellas tienen la sede social en la Comunidad de Madrid. “Por ley tienen que conseguir una licencia para operar el sistema”. 

Fuentes del sector señalan que la resolución de los expedientes no es una prioridad para Ayuso y que desde el Ministerio de Transición Ecológica tampoco se ha remado para llevar el SDDR a buen puerto a tiempo

La próxima fecha en el calendario de este embrollo es el 22 de mayo, día límite para que la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso dé su visto bueno a las compañías candidatas. Si bien las empresas entregaron toda la documentación el 22 de mayo de 2025 y la Comunidad de Madrid tenía seis meses para dar el visto bueno, el procedimiento permite una prórroga de seis meses más para resolver las candidaturas, con lo que la administración regional puede estirar este proceso todavía un mes más. 

Fuentes del sector señalan que la resolución de los expedientes no es una prioridad para Ayuso y que, si bien es Madrid la que está bloqueando el proceso ahora mismo, desde el Ministerio de Transición Ecológica, tampoco se ha remado para llevar el SDDR a buen puerto a tiempo: “El uno por el otro, y la casa sin barrer”.

En lo referente al Ministerio, está previsto que el nuevo real decreto de envases, donde se adaptará parte de la legislación española al nuevo reglamento europeo sobre los envases y residuos de envases, pase a consulta pública este verano.