Servicios públicos
Catalunya camina hacia la internalización del transporte sanitario tras el fracaso de la privatización

Más de 6.000 personas trabajan en el transporte sanitario de Catalunya. Alrededor de 5.500 conducen ambulancias, otras 700 se ocupan de labores de oficina y talleres. El 1 de abril de 2015, el servicio de salud catalán, CatSalut, adjudicó un contrato galáctico de gestión del transporte sanitario urgente y no urgente por valor de 1.199,43 millones de euros, IVA aparte. El más cuantioso de la historia de la Generalitat. Se dividió en zonas territoriales —solo Barcelona, 214 millones— y las empresas más importantes adjudicatarias de las licitaciones son Ambulancias Domingo, Egara, Falck y TSC (Ambuibérica). El contrato tenía una duración de seis años, prorrogable hasta un máximo de cuatro años de forma anual. Quedan nueve meses para que el primer contrato llegue a su fin —julio, Barcelona—. Tocará prorrogar, licitar de nuevo o republificar el servicio. La contienda ha empezado y se juega en dos campos distintos: en el Parlamento de Catalunya y en la Mesa de Equiparación Salarial surgida tras la última y quinta huelga del sector, que tuvo una duración de cinco meses.

Para predecir el resultado de un encuentro es conveniente conocer cómo van los entrenamientos, quién sale al campo y quién es baja. De una parte, la patronal de las ambulancias, Acea Corporació de Transport Sanitari, cuenta con 17 empresas asociadas. Dado el componente neoliberal de su programa político, el Partido Popular y Ciutadans previsiblemente saldrán con la patronal, pero dada su escasez parlamentaria —3 y 6 escaños, respectivamente—, son más bien jugadores de banquillo. Lo relevante es que Acea llega con miedo al partido: Balears publificó el transporte sanitario urgente en 2019 y está pendiente de abordar la internalización del no urgente; el Parlamento de La Rioja instó el pasado 3 de junio a realizar lo propio, tanto con el transporte sanitario como con el teléfono 112; Navarra acordó estudiarlo este año, y País Valencià se encuentra en la misma tesitura. 

La CUP, En Comú Podem y ERC están a favor de la internalización sin ambages; PSC asegura que es partidario de la “gestión directa” y Junts deja la puerta abierta a la publificación

El equipo contrario salta a la hierba con dos capitanías: los trabajadores representados por una unidad sindical bien estructurada y la CUP —9 escaños—, que ha tirado políticamente del carro y ha redactado la proposición de ley para la internalización del transporte sanitario, que incluye la subrogación de los trabajadores. La presentaron el 26 de julio y, previsiblemente, se debatirá en el próximo pleno ordinario del 5 de octubre en el Parlament de Catalunya. Esta propuesta no nace de un deseo espontáneo, sino que sigue la estela de la moción 82/XII aprobada en 2019 por el Parlament de Catalunya, en la que se instaba a preparar el proceso de internalización de la gestión del transporte sanitario. De ese mismo año data la respuesta parlamentaria que resume brevemente el fracaso de la gestión privada del transporte sanitario: entre 2011 y 2014 se registraron 92 penalidades, que generaron 169.138 euros en sanciones. Entre 2015 y 2019 fueron 88 y las sanciones se elevaron a más de un millón de euros. 

El modelo sociosanitario de la CUP es similar al de En Comú Podem —8 escaños—, otro jugador del equipo, aunque con matices: dudan de la necesidad de una ley propia y aducen que para la internalización del servicio de fisioterapia del centro de salud de la Vil·la Olímpica de Barcelona no fue necesaria una normativa específica, recuerda el parlamentario David Cid, pero no les disgustaría que la ley de internalización del transporte sanitario incluyera al teléfono 061, el cual presenta una temporalidad laboral elevada.

El grueso del equipo político se juega entre los representantes de Esquerra Republicana de Catalunya —33 escaños—, el Partit Socialista de Catalunya —33 parlamentarios— y Junts per Catalunya —32 votos—.  

“A la hora de recuperar servicios, cuando más cerca están las distancias laborales y salariales, más fácil es”, explica el parlamentario de ERC Juli Fernández, quien cuando ocupó la alcaldía de Sabadell internalizó dos servicios: la grúa municipal y la zona azul

ERC (33 escaños)

“A la hora de recuperar servicios, cuando más cerca están las distancias laborales y salariales, más fácil es”, explica el parlamentario de ERC Juli Fernández, quien cuando ocupó la alcaldía de Sabadell internalizó dos servicios: la grúa municipal y la zona azul. Considera la Mesa de Equiparación Salarial como un mecanismo que “construye” hacia la publificación y no duda de que la internalización del transporte sanitario es necesaria. Y vuelve a insistir en la “importancia” de tener herramientas para llevarla a cabo —la ley y la Mesa—, “ya que una internalización no es sencilla técnicamente y, además, hay muchos intereses [económicos] en ella”.

“Nuestra posición es la de continuar avanzando hacia la gestión directa del transporte sanitario. Somos firmes defensores de la sanidad pública y nos encontrarán en todo aquello que consolide este hecho”, Mario García (PSC)

PSC (33 parlamentarios)

El parlamentario del PSC, Mario García, asegura que se mantiene “en nuestra posición, que es la de continuar avanzando hacia la gestión directa del transporte sanitario. Somos firmes defensores de la sanidad pública y nos encontrarán en todo aquello que consolide este hecho”. De ser así, lo lógico es que apoyen la propuesta de ley de la CUP, lo cual elevaría la suma de votos a 83, consiguiendo una amplia mayoría en el Parlamento —hay 135 escaños en total—. No obstante, en breve arranca la negociación presupuestaria para 2022 y, dado que esta ley supone deshacer el modelo socioeconómico convergente y postconvergente, no se trata de una ley menor, por lo que puede ser objeto de negociación, en el sentido moneda de cambio para otros asuntos de carácter más político-estratégico. Sin los votos del PSC, solo hay 50 parlamentarios muy a favor de publificar lo privatizado por CIU.

“Durante la etapa como secretario de salud pública del consejero Argimon se produjo la internalización de los 849 rastreadores covid y en la dirección del ICS, se internalizó el servicio de atención domiciliaria de Barcelona”, gabinete de Josep Maria Argimon

Junts per Catalunya (32 votos)

La opinión de Junts per Catalunya, que ostenta la cartera de Salud en esta legislatura, llega a través de su gabinete de prensa. El consejero, Josep Maria Argimon, expresó en una entrevista en agosto que la internalización del transporte sanitario y del 061 responde a un acuerdo exclusivamente entre ERC y la CUP, no a un acuerdo de Gobierno entre ERC y Junts. Dio a entender que la publificación del servicio no era un compromiso suyo, ni del Gobierno. Preguntado por esta cuestión por El Salto, el gabinete de prensa ha respondido que “el consejero realizó esta puntualización en la entrevista sin hacer en ningún momento una valoración de fondo sobre la cuestión. De hecho, durante la etapa como secretario de salud pública del consejero Argimon se produjo la internalización de los rastreadores covid, que estaban externalizados (eran 849), y empezaron a formar parte del Departamento de Salud. Durante su etapa en la dirección del ICS, también se internalizó el servicio de atención domiciliaria de Barcelona, que estaba externalizado”. Con esta respuesta, el Departament de Salut de Catalunya abre la puerta a estar de acuerdo con la internalización del transporte público. Sumaría otros 32 votos —115 en total, si todos los partidos mantienen sus intenciones—. De ser así, la patronal del transporte sanitario en Catalunya estaría en un aprieto. 

“Hay demoras de servicios de hasta nueve horas, cuando el máximo permitido por ley es de dos horas. Hay pacientes que llegan tarde a sus citas con la diálisis, por ejemplo”, explica Samuel López, delegado de CGT

Sindicatos y movimientos sociales, la afición sólida y numerosa

Los sindicatos no tienen representación parlamentaria, pero están llevando a cabo una intensa labor de negociación con cada una de las formaciones políticas, trasladándoles su día a día. Tanto sus condiciones laborales —falta de cinturones, ruedas desgastadas, materiales que no llegan, aseguran— como lo que sienten los usuarios. “Hay demoras de servicios de hasta nueve horas, cuando el máximo permitido por ley es de dos horas. Hay pacientes que llegan tarde a sus citas con la diálisis, por ejemplo”, explica Samuel López, delegado de CGT en el Baix Llobregat. “Las empresas han precarizado el sector, han vulnerado los derechos de los trabajadores y han disminuido las unidades asistenciales, por lo que han puesto en peligro a los pacientes”, alerta. 

Jordi Venanci representa a Comisiones Obreras en la Mesa de Equiparación Salarial de los técnicos de ambulancias con los trabajadores sanitarios públicos. Asegura que “la intención final de los firmantes de esta convocatoria de mesa es la internalización del servicio y con esta mesa, ya tendríamos parte del camino hecho, porque la ley puede tardar más de un año en aprobarse si no hay enmiendas a la totalidad”. Recuerda que “la pandemia nos ha hecho darnos cuenta a todos de que todos debemos luchar por lo mismo”. 

Enric Feliu, de la Marea Blanca de Catalunya en defensa de la sanidad pública, añade que “la unidad sindical en la internalización del transporte sanitario es un éxito y un ejemplo, nos gustaría que siempre fuera así”. Además de fichajes estrella, si PSC y Junts no cambian de camiseta, el equipo prointernalización cuenta con una afición sólida y numerosa. 

“Existe un problema grave de corrupción en la sanidad catalana instaurada a partir de un modelo socioconvergente, que de una manera u otra todos los partidos que han formado parte de la Generalitat han terminado avalando”, Laia Estrada (CUP)

La CUP, promotora de la ley

Laia Estrada es la parlamentaria de la CUP que se ocupa de la internalización. Pone el seny catalán y el ímpetu necesario para tirar del carro: “Una empresa privada no gestiona por altruismo, sino por rendimiento económico y para ello debe reducir costes y gastos materiales y personales, eso repercute en el servicio y en los usuarios. El transporte sanitario es la entrada a la sanidad y existe un problema grave de corrupción en la sanidad catalana instaurada a partir de un modelo socioconvergente, que de una manera u otra todos los partidos que han formado parte de la Generalitat han terminado avalando. Es hora de cambiar esta situación. Las condiciones de las ambulancias no son las que deberían ser y, para nosotras, eso no es aceptable”. 

Cuando acaben las adjudicaciones de seis años de los servicios de transporte sanitario, la Generalitat deberá decidir si prorrogar el contrato por un año, licitar a través de un nuevo concurso —en el que seguramente se ampliaría el presupuesto— o dejar decaer la externalización, pasando a gestionar directamente las ambulancias. Para que se dé esta última situación, se evaluarían los informes de costes, así como el de penalidades, y deberían estar previstos los mecanismos de subrogación de las plantillas y los presupuestos anuales con partidas específicas para la compra de las inversiones realizadas por las empresas —ambulancias y demás vehículos— o para comprarlos nuevos. Es un proceso largo sobre el que parece que puede existir un consenso que restituya un servicio público esencial que durante más de una década fue privatizado.

CGT insta a la fiscalía a investigar a los directivos de ambulancias que se colaron en la vacunación

Gessamí Forner

4

Vacunas

Catalunya CGT insta a la fiscalía a investigar a los directivos de ambulancias que se colaron en la vacunación

Gessamí Forner

4

Constan en el escrito el nombre de 24 directivos, supervisores, gerentes y administrativos. Ninguno de ellos realiza traslados de enfermos ni está en contacto con pacientes covid.