Sevilla
Las interinas e interinos de Andalucía convocan una huelga por la falta de proceso de estabilización

Patricia lleva catorce años yendo de un lado a otro de Andalucía por cuestiones laborales. Es profesora de lengua en educación secundaria y, desde que comenzó a trabajar en 2011, ha pasado por 18 institutos. “Actualmente, mi puesto de trabajo está a más de 150 kms de mi casa; la gasolina me sale más a cuenta que el alquiler en el lugar de mi empleo y además tengo dos hijos, uno de ellos con discapacidad del nivel 3 de dependencia”, explica esta profesora.

“Nadie elige la precariedad como forma de vida, nadie quiere estar cada año en un sitio diferente, a cientos de kilómetros de su casa, dejando a sus hijos”, sostiene Patricia, profesora de Lengua que lleva 16 años siendo interina

Una situación que afecta en el territorio andaluz a más de 28.000 docentes, algunos con más de dos décadas de inestabilidad por la falta de procesos estabilizadores por parte de la Junta de Andalucía desde 2010. “Nadie elige la precariedad como forma de vida, nadie quiere estar cada año en un sitio diferente, a cientos de kilómetros de su casa, dejando a sus hijos”, sostiene Patricia.

Según la Asamblea de personas interinas y aspirantes de Andalucía, el colectivo ha sido usado “como moneda de cambio, cubriendo las necesidades estructurales de la administración durante décadas, sin que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo tenga como resultado la estabilización y las condiciones laborales dignas que cualquier persona merece”.  Según los datos del sindicato IIDEA, el personal interino sostiene el 20% de los puestos educativos en Andalucía, cuando según la normativa europea no debería exceder el 8%.

Al contrario de lo que expone el colectivo educativo, la Junta de Andalucía presume de los procesos de estabilización en las plantillas educativas y desde la Consejería de Educación exponían el pasado enero que durante 2024 e inicios de 2025 se habían estabilizado 6.113 plazas. Unos datos que desde la Asamblea exponen son procesos “opacos, cargados de subjetividad, insuficientes e injustos que no garantizan el acceso de las personas con años de experiencia; donde la suerte tiene más peso que medidas objetivas como, por ejemplo, el tiempo de servicio” y donde además “se ha mercantilizado el acceso al baremo a través de formación de carácter privado y que prima más que la experiencia”.

El colectivo de personas interinas teme que la próxima convocatoria de oposiciones se convierta en un “ERE masivo, que pretende dejarnos fuera del sistema al que llevamos décadas prestando servicio”, que según la asamblea podría afectar entre docentes y familias a más de 20.000 personas. “Un 60% somos mujeres de más de cuarenta años y con hijos a cargo”, añade Patricia acerca de la feminización de la situación laboral. Desde la Asamblea dejan claro que no es que estén en contra de las oposiciones, sino que el sistema debería ser distinto.

El colectivo ha intentado reunirse en diversas ocasiones con la consejera María del Carmen Castillo Mena, sin que “haya tenido la deferencia de reunirse con nosotras”, sentencia Patricia. Por ello, este próximo 14 de mayo comenzarán una huelga que durará hasta el 30 de junio, coincidiendo con las evaluaciones educativas. Una huelga impulsada por la Asamblea de personas interinas y apoyada por los sindicatos CSTA y CGT.  Una huelga que ha tenido como previa el inicio de una acampada en el Palacio de San Telmo en Sevilla al mediodía del 13 de mayo para “hacer visible y denunciar públicamente la situación límite en la que se encuentra el personal interino en la educación pública andaluza”, según explican desde CGT. 

La convocatoria de paro se iniciará con una manifestación durante la jornada del martes a las 12 desde el palacio de San Telmo hasta Torre Triana en Sevilla, en la que participarán las personas interinas de todo el territorio. "La enseñanza pública necesita más profesionales, menos ratio, más inversión y más recursos para mejorar la calidad de la enseñanza”, exponen desde el colectivo, que indican que su lucha también forma parte de la lucha por sostener la educación pública frente a las privatizaciones de la Junta de Andalucía.