Sindicatos
La lucha de Vanesa por su empleo llega a los juzgados

Vanesa Sánchez ha trabajado durante 11 años como profesional de la limpieza en la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía de Granada a través de diferentes empresas de subcontratación pública y en noviembre de 2019 fue despedida. Hasta ese momento, sus contratos siempre habían sido subrogados pero con el cambio de Gobierno en la institución regional hubo reestructuración y el ente territorial se mudó a otra de sede. Los servicios de limpieza pasaron de la empresa Rydalca —que despidió a la denunciante antes de la subrogación— a Verdiblanca —que no asumió la contratación de la trabajadora—. El 8 de junio se celebrará el primer juicio relativo a la demanda por despido nulo contra estas empresas.

Vanesa Sánchez, además de trabajadora del servicio de limpieza de la Delegación de Turismo de Granada de la Junta, es delegada sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). En la demanda interpuesta contra las empresas de limpieza Rydalca y Verdiblanca, la denunciante alega que su despido estuvo motivado por el rol activo en el sindicato y exige su readmisión: “El resto de trabajadores ha sido subrogado, menos yo y no es por no hacer bien mi trabajo sino porque soy sindicalista. En septiembre denuncié a Rydalca ante el comité de salarios por irregularidades y pasé a ser persona non grata”, explica.

Vanesa Sánchez: “El resto de trabajadores ha sido subrogado, menos yo y no es por no hacer bien mi trabajo sino porque soy sindicalista”

La denunciante de 37 años y madre de dos hijas es delegada del SAT desde julio de 2019. Sánchez y el sindicato denuncian que este papel visible tiene que ver con su despido. Acompañada por la organización de trabajadores, ha interpuesto demandas contra las empresas subcontratadas: la saliente Rydalca y en la que presta el servicio actualmente, Verdiblanca, por despido nulo, porque consideran que se vulnera su derecho a la libre sindicalización.

Por su lado, el portavoz territorial del SAT de Granada, Paco Cabello, señala que además de las empresas “es la Junta la que permite que se cometa este atropello como una represalia clara, incumpliendo el Convenio Colectivo de Limpieza que en su artículo 28 obligaría a la subrogación y al contrato de Vanesa por la nueva empresa”. Además, acusa al delegado de Turismo de Granada, Gustavo Adolfo Rodríguez, y al vicepresidente de la Junta, Juan Marín (ambos de Ciudadanos): “Nosotros no tenemos la prueba documental pero los indicios están claros. Esto que le ha pasado a Vanesa ocurre muchas veces, pero la gente se calla, resisten y buscan otras empresas”.

El mareo de la perdiz

El caso de la denunciante daría como base para un buen guión de una miniserie de televisión sobre litigios. “Rydalca dice que por ley o por convenio yo paso a Verdiblanca y esta dice que la Junta de Andalucía no ha ampliado el horario para contratarme y que no hay presupuesto y la Junta dice que el objeto desapareció, pero el resto de trabajadoras y trabajadores mantuvieron su puesto”, explica Sánchez.

El Salto Andalucía se ha puesto en contacto con Rydalca y ésta afirma que el asunto está en manos de los abogados y que no hará declaraciones al respecto. Por su parte, desde Verdiblanca explican que la empresa “ganó un concurso de limpieza de la Junta de Andalucía en Granada y en el mismo no estaba creada la plaza de esta persona, por lo que no ha sido posible subrogarla. No tenemos ninguna relación laboral con Vanesa Sánchez. Por tanto, esta cuestión debe tratarla con la empresa a la que pertenecía, Rydalca Selección SL”.

La precariedad de las trabajadoras de Eulen en Extremadura

Alicia L

13

Precariedad laboral

La precariedad de las trabajadoras de Eulen en Extremadura

Alicia L

13

El Grupo Eulen, que en 2017 obtuvo unos beneficios de un 65% más respecto del año anterior y alcanzó los 14 millones de euros, se dedica a pagar salarios de miseria a sus trabajadoras de servicios de limpieza.

Desde la Delegación de Turismo de Granada, su titular explica a El Salto Andalucía que “se trata de un asunto entre la empresa y Vanesa” y que “la Junta nunca ha tenido una relación laboral con ella, es un problema que depende de las empresas”. Añade que es la Dirección General de Patrimonio la que lleva a cabo la contratación de este servicio externo. Rodríguez sostiene que no está en sus manos la solución y que respeta “absolutamente el ejercicio de un derecho sindical”. Además de la demanda contra las dos empresas por ser corresponsables hay otra contra el Gobierno autonómico por cesión ilegal de trabajador, con juicio previsto para enero de 2021.

No sola ante el peligro

Frente a esta situación, el apoyo a esta trabajadora desde sindicatos, organizaciones sociales y políticos ha crecido con los meses y ha sumado más de treinta concentraciones y una manifestación el enero pasado. El 5 de junio volvieron las concentraciones en la sede de la Delegación de Turismo en Granada, tras una larga temporada de confinamiento, periodo en el que la lucha pasó a las plataformas virtuales.

Desde el SAT dirigen acusaciones expresas al titular de Turismo de Granada, al vicepresidente de la Junta y a Ciudadanos por “despedir a una sindicalista que exigía sus derechos”. En un comunicado dirigido a los responsables políticos y firmado por más de 300 entidades y personas, solicitan la readmisión de Vanesa y el “cese de la persecución sindical que sufre”.

Trabajo invisible pero esencial

La coyuntura actual relativa a la Covid ha hecho visibles trabajos que no lo eran demasiado y por norma general ninguneados y mal pagados. “Nos sumamos a esta causa porque los sectores de la limpieza y de las camareras de piso comparten problemáticas. Es necesaria la derogación del artículo 42.1 del estatuto de los trabajadores, y exigimos que se respeten nuestros derechos”, explica secretaría de la Unión de Kellys Granada, María José Sánchez. “Ofrecen contratos muy precarios, se cobra escasamente por encima del trabajo mínimo interprofesional y tienen siempre a las trabajadoras en la cuerda floja. Vanesa era una china en el zapato y decidieron prescindir de ella”, afirma Paco Cabello.

Paco Cabello (SAT): “Ofrecen contratos muy precarios, se cobra escasamente por encima del trabajo mínimo interprofesional y tienen siempre a las trabajadoras en la cuerda floja”

A la espera del juicio, Vanesa cobra la baja por enfermedad porque fue operada en enero del corazón, con una cuantía reducida que le obliga a depender de ayudas externas. Además, Sánchez padece una enfermedad rara y explica que los episodios de estrés le afectan directamente, por eso quiere volver a la rutina y que todo se normalice: “Yo lo que quiero es trabajar y seguir luchando por nuestros derechos”.