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El cable submarino a Francia desde Gatika acumula 1.350 millones de sobrecoste y cuatro vertidos al Butroe

Red Eléctrica anunció el lunes que sus buques han empezado a tender en el mar el cable de la interconexión eléctrica por el Golfo de Bizkaia, los 276 kilómetros que unirán la subestación de Gatika con la de Cubnezais, junto a Burdeos, y que la compañía prevé poner en servicio en 2028. El comunicado presenta tres argumentos favorables al tendido, entendido como “interes común” desde la Comisión Europea: seguridad de suministro, integración de renovables y autonomía energética. No menciona el precio del proyecto, ni quién se quedará los beneficios, ni qué aumento en la demanda de energía implicará para Araba el avance del barco cablero.

La infraestructuras tecnológicas, cada una de las partes de la nube, se compone de procesos materiales, y tienen costes para las comunidades en las que se despliegan. Los días 24 y 25 de julio, vecinos de Gatika detectaron nuevos vertidos de bentonita en las perforaciones de la parte terrestre de esa misma obra, a 15 kilómetros, junto al molino de Latxaga y a orillas del río Butroe. Es el cuarto episodio desde agosto de 2025 y la Agencia Vasca del Agua ya ha paralizado los trabajos tres veces. Según Naiz, el Ejecutivo había exigido a Red Eléctrica que proponga “otros métodos constructivos” que no dañen el medio natural.

La ficha del proyecto en la web de Inelfe –la sociedad que comparten Red Eléctrica y la francesa RTE– sitúa la inversión en 3.100 millones de euros desde que los reguladores de los dos Estados actualizaron la cifra el 2 de marzo de 2023. El proyecto inicialmente se presentó con un presupuesto de 1.750 millones. Son 1.350 millones más, un 77% de desviación, en una obra a la que todavía le quedan dos campañas de tendido marino por delante, hasta el verano de 2027.

La CNMC ha elevado al 6,58% la rentabilidad que las redes eléctricas percibirán hasta 2031. Cuanto más se encarece la obra, mayor es la base sobre la que se aplica ese porcentaje, y quien lo paga es el recibo de los ciudadanos

Inelfe detalla que los dos operadores se dividen el coste al 50% hasta los 2.390 millones; en el tramo que va de ahí a los 2.700 millones, Red Eléctrica asume el 62,5% y RTE el 37,5%; y a partir de los 2.700 se vuelve al reparto por mitades. Bruselas aporta 578 millones a fondo perdido a través del Mecanismo Conectar Europa, de los que 350 van a Francia y 228 al Estado español, y el Banco Europeo de Inversiones aprobó en junio de 2025 otros 1.600 millones en préstamos a los dos transportistas. 

Hordago-El Salto se hizo eco de esta advertencia cuando el cable submarino no era ni papel mojado. En 2018, el ingeniero Aitor Urresti explicaba en estas páginas que las interconexiones digitales no van a abaratar el precio de la luz y citaba un informe conjunto de la CNMC y del regulador francés según el cual, si se ejecutaban todas las previstas, el recibo subiría “al menos un 3,5%”.

Redeia, la matriz, cerró 2025 con 505,6 millones de euros de beneficio neto, un 37,2% más que el año anterior, elevó un 40% la inversión en red de transporte hasta los 1.551 millones y propuso repartir 0,80 euros por acción entre sus accionistas. En ese accionariado, la SEPI conserva el 20% y el resto se reparte entre un 70,29% de capital flotante, el 5% de Pontegadea –el vehículo inversor de Amancio Ortega– y el 4,67% de BlackRock, según la ficha que publica la propia compañía.

En este sentio, los contratos de la obra tampoco se han quedado en el territorio. Los cables submarinos y terrestres los fabrican la danesa NKT y la italiana Prysmian, y las estaciones conversoras de Gatika y Cubnezais las levanta un consorcio formado por Hitachi Energy y la constructora francesa Vinci, según detalló Inelfe al adjudicar los contratos principales. El buque que trabaja estos días frente a la costa vizcaína, el Victoria, es de NKT. De momento, Gatika sacrifica su territorio y las empresas francesas se quedan con los beneficios.

Noventa y seis fibras ópticas dentro del cable

Además de esta evidencia, existe un detalle que no aparece en ninguna nota de prensa y sí en la declaración de impacto ambiental publicada en el BOE. Junto a los conductores de alta tensión, el tendido del cable submarino incorpora “2 cables de fibra óptica de comunicaciones de 48 fibras”. Noventa y seis fibras entre Bizkaia y Aquitania. Cabe recordar que Redeia no solo transporta electricidad, sino que es propietaria de Reintel, el mayor operador de fibra oscura del Estado, con más de 54.000 kilómetros de red y puntos de interconexión con Francia, Portugal, Marruecos y Andorra. La autopista eléctrica es, en términos físicos, algo similar a una autopista de datos. Y se está privatizando desde la comarca de Uribe.

Al otro extremo de esa red hay varios clientes esperando. En el polígono de Arasur, en Ribabellosa (Araba), la socimi Merlin Properties y la estadounidense Edged construyen por fases el mayor centro de datos del Estado. Tres edificios ya sumando 118 MW de potencia informática y una tercera fase que elevaría el campus hasta 298 MW. Un complejo de esa potencia funcionando a plena carga consume del orden de 2.600 GWh al año, una cifra coherente con los 2.628 GWh que ya denunció Hordago-El Salto en 2025.

El campus de Arasur consumirá el equivalente al 17% de la demanda eléctrica vasca en un territorio que importa dos tercios de la electricidad que consume y tiene la red más saturada del Estado

Según el informe del sistema eléctrico que Red Eléctrica presentó en marzo de 2025, la demanda eléctrica de la Comunidad Autónoma Vasca fue de 15.025 GWh en 2024, el 6% del consumo estatal, mientras que la generación renovable vasca se quedó en 939 GWh, un 17,3% de todo lo que se produce aquí. En otras palabras, Euskadi genera en torno a 5.400 GWh y consume 15.025. Importa casi dos tercios de su electricidad. Y de lo poco que produce, el 52,3% sale de centrales de ciclo combinado, es decir, de gas.

Por ponerlo en una figura. Un solo campus de servidores en Araba aspira, una vez completadas sus tres fases, a consumir el equivalente al 17% de toda la demanda eléctrica vasca y a casi la mitad de todo lo que el territorio es capaz de generar en un año.

Koch pone el centro de datos vasco en venta

Quién está detrás de Arasur es la parte que menos se ha contado en la historia de los cables submarinos. Los clientes que esperan la conexión son dos. Una es Edged, empresa de centros de datos creada por Koch Real Estate Investments, el brazo inmobiliario del conglomerado industrial estadounidense Koch Inc., junto al empresario Jakob Carnemark, y que todavía figura en dj cartera de inversión. El otro socio, Merlin Properties, es una socimi polémica, una figura societaria que tributa al 0% en el impuesto de sociedades siempre que reparta sus beneficios entre los accionistas.

La semana pasada, Bloomberg adelantó que Koch ha contratado a Goldman Sachs para sondear compradores y estudia vender Edged por hasta 15.000 millones de dólares, una cartera en la que se incluyen los centros de datos de Bilbao, Madrid, Barcelona y Lisboa, según recogió el sector. El activo alavés forma parte, por tanto, de una operación financiera que se decide entre Wichita y Nueva York.

Al otro extremo del cable submarino espera el mayor almacén de servidores del Estado, que Koch ya sondea vender por 15.000 millones de dólares

El dinero público vasco sostiene la planta que lo alimentará mediante el apoyo al fotovoltaico Ekienea, en Armiñón, con 231.000 paneles sobre 200 hectáreas, 108 MW de potencia nominal y una inversión de 90 millones de euros. Lo promueve una sociedad participada por Iberdrola (75%), el Ente Vasco de la Energía (18%), la ingeniería Krean del Grupo Mondragon (5%) y la Diputación Foral de Álava (2%). Considerada la mayor instalación solar de Euskadi, obtuvo la autorización administrativa previa el 22 de diciembre de 2025, con el arranque previsto para 2027.

Merlin e Iberdrola firmaron después un acuerdo para que esa electricidad alimente el campus de Arasur, una operación de en torno a 375 millones de euros.

El 20% del capital de Ekienea es de las instituciones vascas, pero el beneficio final se contabilizará en las cuentas anuales de una socimi que no paga impuesto de sociedades y en un fondo que negocia su venta.

Una red saturada al 99,8%

La red vasca no da más de sí. Un análisis del Foro Industria y Energía y Opina 360 sobre la evolución del mapa de capacidad de acceso situó al País Vasco como la comunidad más saturada del Estado, con un 99,8%, con Araba y Bizkaia al 100% de nudos de distribución sin capacidad disponible. La demanda asociada a la electrificación y a nuevos proyectos industriales avanza mucho más rápido que el refuerzo de la red. Esta es la queja que no paran de repetir las empresas. Mientras, en la cola, denuncian, cerca de tres gigavatios de peticiones de enganche en distribución y hasta cinco en las subestaciones de transporte parados.

Para hacerles un guiño, el Gobierno Vasco presentó como una victoria haber conseguido que la Planificación de Redes 2025-2030 amplíe en más de un 40% la potencia de transporte del territorio. Lo justificó con la descarbonización de 117 empresas y la defensa de 70.000 empleos en metalurgia, forja, fundición, vidrio y automoción.

La parte que no se puede vender ni deslocalizar es la obra. El aterraje se ha ejecutado en Lemoiz, el municipio que da nombre a una de las mayores luchas populares de la historia reciente de Euskal Herria, mediante cuatro perforaciones de más de un kilómetro bajo el acantilado. La declaración de impacto ambiental publicada en el BOE estima la destrucción de comunidades bentónicas en el fondo, advierte de que el ruido de perforación supera los umbrales de daño físico de los mamíferos marinos y señala molestias a dos colonias de cormorán moñudo situadas a 3,3 y 1,1 kilómetros de la salida al mar, en Armintza y en la punta de Anparrantxi.

El programa de seguimiento de mamíferos y peces que Red Eléctrica exhibe en su comunicado como garantía ambiental lo ejecuta el centro tecnológico Azti por encargo —y con la financiación— de la propia promotora. La empresa que causa el impacto es quien paga al vigilante.

Cuatro vertidos, tres paralizaciones y un informe en la Fiscalía

En tierra, la obra lleva un año entrando y saliendo de la irregularidad administrativa. El primer vertido de bentonita –la arcilla que se inyecta para lubricar las perforaciones dirigidas– lo constató el servicio de inspección de la Agencia Vasca del Agua (URA) el 6 de agosto de 2025, y el organismo ordenó parar de inmediato. En septiembre formalizó la medida cautelar por incumplir el condicionado que prohíbe verter al río, y no la levantó hasta final de mes. 

En octubre, la Policía Municipal de Mungia avisó de un vertido blanquecino en los ríos Atxuri y Oleta procedente de una perforación situada a un kilómetro. Era una nueva medida cautelar el 7 de octubre, la cual fue levantada pocas semanas después. El tercer episodio llegó en febrero de 2026, y al de unos días URA paralizó de forma indefinida todos los tramos que requieran bentonita, según la cronología que publicó El Diario. El acuerdo de incoación del expediente sancionador, del 3 de marzo de 2026, ratificó esa paralización hasta que la empresa aportase la documentación requerida.

Tres de esos expedientes ya están resueltos, con 22.400 euros de multa en total: 1.200 para Red Eléctrica y 9.200 y 12.000 para la Sociedad Española de Montajes Industriales, la contratista. Como recoge la cobertura de El Diario, un cuarto sigue abierto. En otras palabras: sobre una obra de 3.100 millones, las sanciones equivalen al 0,0007% del presupuesto.

El Gobierno Vasco ha sostenido en todo momento que la bentonita no es peligrosa según la Lista Europea de Residuos y que el riesgo “está controlado”, y Red Eléctrica atribuye las fugas a la porosidad del terreno. Con un estudio hidrogeológico que concluía que la presencia puntual de la arcilla no tenía impacto ambiental, las perforaciones se retomaron en junio. Seis semanas después llegaron los vertidos del 24 y el 25 de julio.

En esa última inspección, como documenta Naiz, un ingeniero municipal enviado por el Ayuntamiento de Gatika constató que se estaba trabajando fuera del horario autorizado, de 8.00 a 15.00, que la contención se resolvía con botellas de plástico y recipientes inestables y que el líquido acababa en el cauce. Todo ello dentro del periodo crítico de cría del visón europeo.

Según contaron los vecinos a la prensa, los responsables de la obra justificaron su actuación con un documento de tres páginas frente a un protocolo de URA de más de 80, y personal de la empresa impidió al técnico municipal completar la inspección alegando órdenes de la compañía.

La plataforma de Gatika denuncia que 38 parcelas afectadas siguen sin compensación y que el municipio no ha cobrado un canon que los vecinos cifran en unos 13 millones de euros

Pero ninguno de estos problemas lo ha detectado la Administración. Los cuatro vertidos los localizaron los vecinos, y en dos ocasiones fue Boluntak, una iniciativa formada por jubilados de la zona que patrulla el cauce del Butroe. Las denuncias formales que abrieron los expedientes las presentaron las plataformas Interkonexio Elektrikorik Ez, Maruri-Jatabe Bizirik Elkartea y Boluntak, junto a los ayuntamientos de Maruri-Jatabe y Gatika.

El malestar viene de antes. Josu González Baroja, portavoz de la plataforma de Gatika, denunciaba en Radio Popular que 38 parcelas afectadas siguen sin compensación y que el municipio no ha cobrado un canon que los vecinos cifran en unos 13 millones de euros. Sobre una empresa cotizada que se financia con ayudas y créditos europeos, lo resumía así: “Dicen que es por el bien común, pero priorizan dividendos”.

La movilización no se ha detenido en este tiempo. El 1 de julio de 2025, la plataforma convocó una marcha desde Gatika hasta Mungia en plenas fiestas, con el apoyo de Ekologistak Martxan, contra un proyecto que describen como impuesto e innecesario.

Entre sus argumentos hay uno que no aparece en la declaración de impacto ambiental de 2022: la ruta marina atraviesa el espacio Jaizkibel-Capbreton, incorporado después a la red Natura 2000, con cuatro cables de 400.000 voltios cruzando el hábitat del delfín mular.

Contra el proyecto se organizó también la plataforma Interkonexio elektrikorik ez, en Gatika, que en 2018 lo describía ante este periódico como una infraestructura “faraónica, de alto impacto ambiental y dudosa viabilidad”. Ocho años después, el cable ya está en el agua.

Recuerden. Es un Proyecto de Interés Común de la Unión Europea. Lo ejecutan dos operadores estatales y lo autoriza el Ministerio para la Transición Ecológica. Pero Euskal Herria privatiza su acantilado y suelo agrícola, la red eléctrica de por sí saturada y paga los peajes en forma de factura de la luz. El beneficio se socializa en Madrid, en París y en Wichita.