Temporeros
Temporeras en Huelva: “Hay muchas Fátimas ahora, nuestros derechos en el campo no existen”

Fátima era una mujer marroquí de 37 años madre de dos hijos que, como miles de trabajadoras, había venido a España con contratos intermitentes “en origen” desde 2018. Comenzó a trabajar en febrero con la empresa Frutas García Molina SL de Lucena del Puerto (Huelva) y a los pocos días fue diagnosticada de un cáncer de cérvix. Como explica Ana Pinto, portavoz del colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha, desde ese momento la empresa no ofreció ningún apoyo, ni subsidio a la trabajadora: “Aunque la tengas dada de alta, sabes que esta persona no está cobrando, porque en el campo solo cobras el día trabajado. Entonces, como empresa, te estás desentendiendo de una persona sin recursos y con una enfermedad terminal”.

La Asociación ASISTI Cuenca Minera trabaja desde 2018 con casos como este. “Son muchas las trabajadoras diagnosticadas con problemas médicos, y cuando termina su visado se quedan en situación irregular. Nosotros apoyamos en lo más básico y en tratar de solicitar un permiso de residencia por situación extraordinaria para que pueda conseguir alguna prestación que debían haber tramitado a través de la empresa”, cuenta Antonio Abad, presidente de ASISTI.

La asociación se puso en contacto con el Sindicato Andaluz de Trabajadores para que gestionaran el tema jurídico y cursar una denuncia. El juicio se celebrará el próximo año, con las indicaciones de la propia víctima, según confirma ASISTI.

Denuncias y apoyo colectivo

En estos meses la fallecida dependió de ayudas de otras compañeras y estas organizaciones —con un fondo solidario de Intermon Oxfam— para su subsistencia, acompañamiento sanitario y los costes de los medicamentos y cuidados. Fátima fue acogida en la casa de Mohamed el Barhihi, trabajador temporero marroquí residente en el municipio onubense de Moguer. “Estuvimos cuidando de ella hasta el final. Nunca obtuvo una baja médica, le dieron de alta solo unas horas y nadie se hacia cargo. Aquí tenía techo y comida. Tanto la empresa como ANAPEC (la Agencia Nacional marroquí para la Promoción del Empleo y las Habilidades, que se encarga de las trabajadoras marroquíes), solo ofrecían un billete de vuelta a Marruecos. Aquí, gracias al sistema de salud y los médicos españoles, podía tener un tratamiento de calidad para su enfermedad que en Marruecos no era posible. Estaría muerta hace mucho tiempo”.

“Las mujeres marroquíes tienen una cultura de comunidad increíble y siempre se cuidan unas a otras. Ellas son un ejemplo de sororidad“, remarca Ana Pinto

Pinto cuenta que incluso los médicos aconsejaban quedarse en España y reafirma que la solución que ofrecían la empresa y el lobby de la patronal Interfresa era un billete de regreso enmarcado en el plan Prelsi . "Es un plan ético laboral creado y manejado por la patronal que surgió en 2018 a partir de la denuncia de las mujeres marroquíes. Cuentan con 14 mediadores y mediadoras para las 19.000 mujeres que vinieron el año pasado y las 7.000 de este año solo en Huelva. También hay otro plan sociosanitario ejecutado por la ONG Mujeres en Zona de Conflicto. Para nosotras estos planes son un lavado de cara que quiere quitarse del medio a las mujeres con algún problema laboral”, explica

Ante la falta de respuestas, todo el entramado comunitario entró en juego: “Las mujeres marroquíes tienen una cultura de comunidad increíble y siempre se cuidan unas a otras. Ellas son un ejemplo de sororidad“, remarca Pinto. Junto a ASISTI, realizaron el contrato a una trabajadora para que se encargara de los cuidados paliativos en los últimos meses de Fátima y estuvieron apoyando económicamente a la familia en Marruecos.

Repatriación tardía

Desde su muerte el pasado domingo 6 de diciembre en el hospital Vázquez Díaz de Huelva, han estado buscando la forma para repatriar el cuerpo —que estuvo en la morgue por tres días—, recaudar fondos y hacer público el caso, pues suponía un coste de casi 3.000 euros. Según explica el Barhihi, en un principio recibió un mensaje desde el consulado que decía que desde Rabat, debido a la crisis del Covid, les autorizaban “para hacer el traslado del cuerpo pero no para correr con los gastos”.

Desde Jornaleras de Huelva en lucha sostienen que se contactaron con la subdelegación del gobierno de Huelva, pero alegaban que no había partida presupuestaria para este caso y remitían al consulado. “Decidimos pagarlo nosotras con un fondo que esperábamos de Intermon Oxfan para ayudar a otras compañeras enfermas que tenemos y que han sido abandonadas al igual que Fátima”. Cuando comenzaron los trámites de pago con el tanatorio, el Consulado de Marruecos rectificó y este viernes aseguró que se harían cargo de todo. “El revuelo que hemos creado es lo que ha hecho que se muevan y hagan lo que tenían que hacer desde el principio . Es una muestra de que levantar la voz sirve”, concluye.

“Hay muchas Fátimas ahora. Nuestros derechos en el campo no existen.” añade Mohamed el Barhihi que trabaja desde 2015 como temporero sin contrato fijo

Mohamed el Barhihi cuenta que la familia, tras el revuelo mediático, ha recibido una carta de condolencias enviada por el Gobierno marroquí a través de su Embajador en España. Además, las organizaciones han decidido enviar el dinero recaudado y el fondo que iba a ir a la repatriación para los hijos de la fallecida.

No es la única

El caso de Fátima no es un hecho aislado. “Hay muchas Fátimas ahora. Nuestros derechos en el campo no existen.” añade Mohamed el Barhihi que trabaja desde 2015 como temporero sin contrato fijo. “El caso ha tenido una gran repercusión mediática pero es algo que sucede cada año. Son muchas las mujeres con enfermedades crónicas graves y de las que nadie se hace cargo. Viven en condiciones pésimas buscándose la vida como pueden y sin tener recursos”, reclama Abad.

Jornaleras de Huelva en Lucha insisten en denunciar que Fátima no es la primera que ha fallecido fruto de las condiciones “miserables” y “precarias” del trabajo en el campo y un “sistema de contrataciones en origen que lo único que pretende es aprovecharse de una mano de obra vulnerable. Lo mínimo es ofrecer una garantía de que podrán mantenerse aquí en casos de enfermedades sin tener que estar al amparo de quienes las podamos ayudar. Aquí en Hueva ni siquiera cobramos el salario mínimo y ni los grandes sindicatos nos apoyan”.