Trabajo sexual
Igualdad pretende excluir de las ayudas públicas a entidades que no condenen la prostitución

El Ministerio de Igualdad ha iniciado un proceso para cambiar las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a sensibilización e investigaciones en materia de violencia hacia las mujeres y de apoyo a niñas y mujeres víctimas de trata y, entre los cambios propuestos, incluye el requisito de que las entidades que no reconozcan de forma explícita la prostitución como una forma de violencia hacia las mujeres no puedan acceder a las mismas. La modificación está en fase de audiencia pública y el texto de la orden de modificación está publicado en la web del ministerio. El plazo para presentar alegaciones finaliza este lunes 9 de febrero. 

Igualdad justifica la modificación en la necesidad de adaptarse al Pacto de Estado contra la violencia de género

La propuesta del Ministerio de Igualdad es una modificación de la Orden IGD/239/2022, por la que se regulan estas subvenciones, para responder a “la necesidad de  adaptar las bases reguladoras de las subvenciones al nuevo marco estratégico definido por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género renovado en 2025”, explica el documento de impacto que se puede consultar en la web del ministerio. 

En ese sentido, sigue, se propone “ampliar el alcance a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo manifestaciones como la violencia vicaria, digital, económica y en colectivos especialmente vulnerables”. Como objetivos específicos, Igualdad aduce varios, entre ellos la mejora de la calidad de los proyectos subvencionados, la garantía de la capacidad técnica de las entidades y el alineamiento de los proyectos con el nuevo Pacto de Estado. En en este objetivo donde la modificación incluiría el reconocimiento de nuevas formas de violencia machista mencionadas en el pacto como la violencia vicaria, digital o económica, así como la exigencia de que las entidades “reconozcan en sus fines o trayectoria la prostitución, explotación sexual y la explotación reproductiva como formas de violencia”.

Varias asociaciones han presentando alegaciones a esta orden, que fundamentan en que esta exigencia no encuentra cobertura en el ordenamiento jurídico vigente y "vulnera principios constitucionales y legales 

En su argumento sobre cómo esta medida tendría un impacto de género, el texto es específico en señalar que este reconocimiento sería en su “experiencia” o en sus “fines estatutarios”, ya que ello garantizaría “que las entidades beneficiarias estén alineadas con los objetivos de igualdad y protección de las mujeres”. Es decir, dejaría fuera a cualquier entidad que no se describa de forma explícita, en sus estatutos o sus prácticas, como abolicionista de la prostitución.

La orden de modificación contempla otras obligaciones relativas al deber de diligencia debida en la prevención, detección, actuación y reparación frente a todas las formas de violencia sexual, y a aquellas entidades de más de 50 personas trabajadoras a presentar un Plan de Igualdad, reforzando la igualdad de género en las mismas.

Varias asociaciones han presentando alegaciones a esta orden, que fundamentan en que esta exigencia “no encuentra cobertura en el ordenamiento jurídico vigente” y “vulnera principios constitucionales y legales. En primer lugar, explican, este requisito sería contrario a la Ley 38/2003 General de Subvenciones, que indica que no procede ”la imposición de un requisito de naturaleza ideológica o valorativa“. Además, vulneraría el artículo 103.1 de la Constitución Española, que impone a la Administración Pública el deber de servir con objetividad los intereses generales, un artículo donde no cabe la introducción de una determinada interpretación política o ideológica como condición de acceso a fondos públicos, explican. Tal exigencia ”resulta incompatible con los principios de pluralismo social y neutralidad ideológica proclamados en los artículos 1.1 y 16.1 de la Constitución Española", aseguran.

El Pacto de Estado contra la violencia de género fue aprobado en septiembre de 2017 con casi 300 medidas y una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en cinco años para erradicar la violencia. En febrero de 2025, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó de manera casi unánime la renovación y actualización. 

Este segundo pacto contiene 461 medidas y hace nueve menciones al término “prostitución”. Entre las medidas que propone en ese sentido, están la realización de estudios sobre mujeres en situación de prostitución, la garantía de que las mujeres en contextos de prostitución reciban información sobre violencia contra las mujeres y sobre los recursos existentes que les faciliten alternativas, campañas para desincentivar la demanda de la prostitución o introducir cambios para prohibir la publicidad de prostitución. 

La convocatoria de 2025 para este tipo de subvenciones se publicó en el BOE por una cantidad total de siete millones de euros, de los que se beneficiaron más de 300 entidades.