Tratado de la Carta de la Energía
Un tiro en el pie: sobre cómo la UE bloquea la acción climática en los próximos diez años

Nuestros gobiernos tienen la última oportunidad de demostrar que están al lado de los intereses de la ciudadanía y que están dispuestos a impulsar acciones ambiciosas para frenar la crisis climática.

En medio de los preparativos de la Cumbre internacional sobre la OTAN, celebrada en Madrid el pasado 29 y 30 de junio, otro acuerdo internacional para el sector de la energía estaba siendo debatido en Bruselas, aunque con mucha más discreción. Pese no haber despertado apenas el interés mediático y social, el calado de las negociaciones transcurridas en la capital de la Unión Europea (UE) es mayúsculo, pues podrían determinar si seremos capaces de hacer frente al mayor reto al que la humanidad se ha enfrentado: la crisis climática.

Hablamos de las negociaciones para modernizar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Un acuerdo obsoleto de los años 90 que protege las inversiones en las fuentes de energía, pero sobre todo aquellas relacionadas con el carbón, el petróleo y el gas. El TCE se presta como un arma de combate contra las políticas climáticas al servicio de las corporaciones e inversores extranjeros. Gracias al llamado  mecanismo ISDS que contiene, las compañías energéticas pueden demandar a los países si consideran que las medidas aprobadas afectan sus beneficios. Lo hacen ante un sistema paralelo de justicia en el que no hay jueces, sino tres abogados privados que se reúnen a puerta cerrada para decidir si un país tiene que pagar o no sumas millonarias de dinero público a los inversores. 

El número total de demandas ya asciende a 143, muchas de las cuáles están relacionadas con las políticas de descarbonización de los países. Pero esta cifra podría ser mucho mayor: solo en Europa la infraestructura fósil protegida por el Tratado asciende a 344.600 millones de euros. En su último informe de abril, por primera vez el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) tachó el TCE y el ISDS de ser graves obstáculos a la mitigación de la crisis climática. Pero, ¿les han escuchado?

Greenwashing a la carta

El viernes 24 de junio pasó lo que no tenía que pasar: los países signatarios del Tratado alcanzaron un acuerdo preliminar sobre la modernización del TCE. Un proceso que comenzó hace más de cuatro años con el supuesto objetivo de alinearlo con el Acuerdo de París y que, tras 15 rondas de negociación fallidas, ha culminado en lo que las organizaciones de la sociedad civil llevaban años pronosticando: un acuerdo inaceptable que sigue siendo el brazo derecho de la industria fósil y que, de ser ratificado nos encadena como mínimo a diez años más de inacción climática.

Una vez más, la Comisión Europea —que negocia en nombre de los Estados miembro de la UE (excepto Italia, que salió del TCE en 2015)— ha dado la espalda al clima y al bienestar general. La misma Comisión que presume de ser pionera en la lucha contra el cambio climático, se ha posicionado a favor de los combustibles fósiles con la adopción de un acuerdo preliminar sobre la modernización del TCE que no es más que otra forma de lavado verde o greenwashing.  Veamos por qué.

Energía
Diez razones para abandonar el Tratado de la Carta de la Energía

Más de 220 personas y colectivos han apoyado una carta impulsada desde la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión dirigida a la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidiendo la salida de España de este tratado.

Larga vida a los combustibles fósiles

De entrada, podemos decir que la UE ha fracasado en su objetivo de compatibilizar el TCE con el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo. En la UE y el Reino Unido, la protección de las inversiones en combustibles fósiles se elimina de forma gradual pero a un ritmo demasiado lento. 

Si lo desgranamos, vemos que las inversiones existentes en combustibles fósiles, realizadas antes del 15 de agosto de 2023, seguirán protegidas durante 10 años más desde la entrada en vigor del TCE modernizado, pero esto podría dilatarse durante años, ampliando aún más la protección fósil. Por otro lado, las inversiones fósiles realizadas después del 15 de agosto de 2023 no quedarán protegidas, pero hay importantes excepciones: inversiones en gas fósil, conversión de centrales eléctricas y gasoductos. Estas son exactamente las áreas en las que se esperan inversiones masivas en la próxima década, por lo que el riesgo de demandas bajo el TCE se incrementará.

Ahora que el Parlamento Europeo ha dado luz verde a la propuesta de la Comisión Europea de catalogar el gas y la nuclear como energías verdes, las energéticas contarían con un doble arma si finalmente se aprueba: la taxonomía permitiría dirigir la inversión hacia las infraestructuras gasistas y nucleares bajo la etiqueta “verde”, mientras que el TCE modernizado les permitiría hacer la cuadratura del círculo con un seguro a todo riesgo durante décadas.

El problema no reside solo aquí: los países que acumulan las mayores reservas de combustibles fósiles seguirán aplicando los estándares del viejo TCE sin fecha límite. Esto es así gracias al llamado “mecanismo de flexibilidad” que se ha adoptado: permite que cada país decida por sí mismo el alcance de aplicación del Tratado en base a sus propios objetivos climáticos (que en muchos casos brillan por su ausencia). Pero la crisis climática es un fenómeno global que no entiende de fronteras. Eliminar la protección de las inversiones fósiles solo en la UE es como darse un tiro en el pie: no es suficiente para frenar el aumento de la temperatura a escala planetaria. Hay que eliminar cualquier protección a los combustibles fósiles desde ya para abrir camino a la acción climática y a la transición energética justa que necesitamos.

Lo inmodernizable: ISDS y cláusula zombi

A pesar de que los defensores de la modernización del TCE —incluida la Comisión Europea—, afirmen que el nuevo acuerdo adoptará “estándares modernos de protección de inversiones desarrollados por la UE en tratados bilaterales de inversión recientes”, la realidad es que dos viejas cláusulas arcaicas siguen sin tocarse.

Por un lado, se mantiene la cláusula zombi, que permite que los países puedan seguir siendo demandados hasta 20 años después de la fecha de abandono del Tratado por todas las medidas aprobadas antes de que se efectúe la salida. Esta cláusula permitió que Italia fuera demandada en 2017 por la empresa británica Rockhopper, dos años después de salir del TCE. No obstante, si los países de la UE optaran por la salida conjunta, podrían neutralizarla para anular su aplicación 

El acuerdo modernizado deja el mecanismo ISDS intacto, permitiendo que las demandas bajo el TCE se resuelvan entre tres árbitros privados escogidos a dedo

Por otro lado, el acuerdo modernizado deja el mecanismo ISDS intacto, permitiendo que las demandas bajo el TCE se resuelvan entre tres árbitros privados escogidos a dedo y que deciden a espaldas de la ciudadanía y de la jurisprudencia nacional y europea. Y es que este mecanismo se mantiene a pesar de que la misma UE haya reconocido que es muy peligroso e inadecuado para sus acuerdos comerciales. De hecho, ya hace años se acordó no incluirlo en los nuevos tratados que se firman dentro de la UE. Sin embargo, en el caso del TCE Japón se mantuvo firme en no modificar el ISDS. Y parece que le ganó el pulso a la UE en detrimento de los intereses de la mayoría.

La expansión a nuevas tecnologías: una lluvia de de demandas asegurada

En tercer lugar, se amplía el alcance del Tratado a nuevas fuentes de energía y tecnologías. Es decir, que no solo se mantiene el obsoleto ISDS, si no que se extiende su aplicación: el hidrógeno (sin especificar el tipo), la captura y almacenamiento de carbono, los combustibles sintéticos, el biogás o la biomasa -entre muchas otras- quedarán protegidas por el TCE. Esto solo significa una cosa: más demandas contra los Estados en el futuro y menos flexibilidad a la hora de impulsar la transición energética de forma rápida pero justa.

El tema del hidrógeno es descaradamente controvertido por ser la panacea utilizada últimamente para justificar la construcción de nuevas infraestructuras gasistas

El tema del hidrógeno es descaradamente controvertido por ser la panacea utilizada últimamente para justificar la construcción de nuevas infraestructuras gasistas. Pero transformar gasoductos para que sean compatibles con el hidrógeno verde es altamente costoso. Además, los procesos de transformación de la energía renovable en hidrógeno tampoco parecen ser viables a día de hoy. Por supuesto, la Secretaría del TCE también utiliza la excusa del hidrógeno para justificar la prolongación de la protección de las inversiones en infraestructuras gasistas, con el objetivo de amortizar los costes y futuras pérdidas cuando sea impepinable efectuar su cierre. Y no podemos olvidar que la UE prevé una importante inversión en hidrógeno en los próximos años.

Esta maniobra pretende eludir una certeza: cualquier iniciativa estatal en el futuro que afecte a la rentabilidad de las plantas de hidrógeno o del resto de tecnologías incluidas bajo la protección del TCE, que eleve las normas de sostenibilidad o modifique las subvenciones podría ser objeto de demandas costosas bajo el TCE.

La pesadilla legal 2.0 está asegurada

La Comisión Europea y algunos medios de comunicación han presentado el alcance de este acuerdo preliminar como una victoria para la continuidad del TCE y la implementación de energías renovables. Pero esta afirmación es una de las muchas falacias en torno al Tratado.

Además de que no hay que olvidar que los combustibles fósiles seguirán protegidos por lo menos 10 años más, bloqueando la acción climática que debe impulsarse desde ya, un informe del Transnational Institute explica la pesadilla legal en la que desembocó el sueño solar de España en los 2000, desmontando rápidamente el argumento ofrecido por la Comisión. En las 53 demandas contra el Estado español por el recorte a las renovables entre 2009 y 2011 se demuestra que, el tipo de protección ofrecida por el TCE no contribuye al impulso de la transición energética justa que necesitamos. Más bien el contrario: protege al tipo equivocado de inversor —fondos de inversión especulativos, inversores vinculados a la industria fósil y empresas pantalla— y pone trabas a la flexibilidad necesaria para legislar. 

Ahora mismo estamos viendo otro boom de inversiones en megaproyectos renovables en España que están generando un gran descontento social en el mundo rural

Ahora mismo estamos viendo otro boom de inversiones en megaproyectos renovables en España que están generando un gran descontento social en el mundo rural por la falta de planificación y por sus impactos en el paisaje y en las zonas agrícolas y ganaderas. Con los antecedentes que tenemos bajo el TCE, si no nos salimos todo nos lleva a pensar que si en un momento dado el Gobierno decide legislar para que el despliegue renovable se realice de forma planificada y zonificada, afectando las inversiones existentes en esos megaproyectos, podríamos enfrentarnos a otra oleada de demandas millonarias.

Última oportunidad para salirnos

Sabemos que estamos en la década decisiva. Sabemos que los países tendrán que iniciar planes, sí o sí, para abandonar las infraestructuras fósiles si queremos tan siquiera soñar con un escenario de 1,5 ºC. Hacerlo no puede ser a costa de hipotecar miles de millones de euros en indemnizaciones a energéticas e inversores. La conclusión es clara: modernizado o no, este tratado tiene que desaparecer o no habrá justicia climática.

Todavía estamos a tiempo de pararlo. Ahora quedan los últimos meses cruciales antes de la adopción del TCE modernizado

Todavía estamos a tiempo de pararlo. Ahora quedan los últimos meses cruciales antes de la adopción del TCE modernizado. Para la UE, esto requerirá en primer lugar el voto del Consejo de la UE sobre el acuerdo propuesto. Posteriormente, la versión final del TCE modernizado deberá ser adoptada por unanimidad de todas las Partes Contratantes en la Conferencia de la Carta de la Energía, prevista para el 22 de noviembre de 2022.

Ya existe un caldo de cultivo importante que puede inclinar la balanza al lado de la acción climática o al lado del beneficio fósil. Unos días antes del 24 de junio, la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidió por primera vez la salida de la UE del TCE por la amenaza que supone para las políticas climáticas. Después el Parlamento holandés aprobó una resolución pidiendo a su Gobierno que siguiera los pasos de España y exigiera una salida coordinada del Tratado. El nuevo Gobierno de coalición alemán también se ha posicionado con su nueva política comercial en la que establece requisitos clave para la modernización del TCE. Y el Parlamento Europeo votó a favor de una nueva dirección para la política de inversiones de la UE, que establece la eliminación de la protección de los combustibles fósiles, el fin del ISDS y el abandono del TCE, entre otras.

Nuestros gobiernos tienen la última oportunidad de demostrar que están al lado de los intereses de la ciudadanía y que están dispuestos a impulsar acciones ambiciosas para frenar la crisis climática. Ahora, y no mañana, tienen que escuchar las demandas de la sociedad civil y la comunidad científica. Esperamos que Teresa Ribera y su Gobierno, que ya han admitido que el acuerdo alcanzado es insuficiente, den un paso más y asuman el liderazgo hacia la salida definitiva del Tratado. ¿Presionarán para que los demás países se sumen y preparen la salida del TCE?

Como dijo el escritor danés Carsten Jensen antes de ser arrestado en una acción de protesta ante la inacción climática: “si crees que los fracasos de la política climática de hoy no provocarán los desastres del mañana, estás equivocado”. 

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Acaido
8/7/2022 14:54

Más que los pobres, la naturaleza es la víctima propiciatoria del competitivo crecimiento capitalista. No tiene quien la defienda.

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