Tribuna
Más allá de un fondo de compensación para las víctimas del amianto

Sin duda es buena noticia la aprobación de la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Hablamos de un material ampliamente utilizado en sectores productivos de gran peso en la economía vasca hasta la prohibición definitiva de su uso y comercialización en 2002, y cuya exposición genera patologías extremadamente graves, entre ellas diversos tipos de cánceres. Entre estos últimos, la inhalación de fibras de amianto genera incluso un cáncer específico y cuyo origen se encuentra sólo en esta exposición: el mesotelioma, que afecta a la pleura o lo que es lo mismo, la piel del pulmón. El amianto es un material cancerígeno sin umbral de seguridad, es decir, no existe un límite por debajo del cual pudiera garantizarse que no se generan daños a la salud.

Es una buena noticia porque este fondo de compensación, que ya existe en varios países europeos, es un mecanismo de gran utilidad en dos supuestos que pueden afectar a las personas que desarrollaron alguna enfermedad derivada de la exposición profesional al amianto. Por un lado, posibilita el cobro de la indemnización en los casos en los que las empresas en las que se produjo la exposición hayan cerrado. Y por el otro, posibilita que el cobro de las indemnizaciones se acelere y que el dinero llegue a las personas afectadas o sus familiares en alrededor de seis meses, según el ejemplo de fondo de compensación existente en Francia. Aquí, por el contrario, los procesos judiciales pueden prolongarse hasta diez años en los casos en los que la empresa existe, tiempo durante el cual no son pocas las personas enfermas que fallecen.

El camino hasta aquí no ha estado exento de dificultades. El grupo parlamentario del PSOE no lo ha puesto fácil, pero la movilización sindical y de las asociaciones de víctimas consiguieron revertir esta tendencia. Queda tiempo aún para que se conozca el desarrollo reglamentario de esta nueva ley, y como es lógico en estos casos, quedan flecos pendientes que aún no se han despejado. Es necesario que se aborden y establezcan de la forma más clara posible las cuantías de las indemnizaciones y que estas sean dignas, así como la definición de las personas causahabientes. Igualmente es necesario abordar el tratamiento tributario de las indemnizaciones recibidas, siendo necesario que se den los pasos pertinentes para la exención.

Es necesario abordar y establecer las cuantías de las indemnizaciones y que estas sean dignas

Según el texto aprobado, y teniendo en cuenta las cantidades que se obtienen habitualmente por sentencia judicial y los tramos del IRPF vigentes en el presente 2022, los ingresos totales de las personas que recibiesen una indemnización del fondo de compensación se situarían en uno de los dos tramos más altos, y deberían tributar entre el 45% y el 47% de sus ingresos de ese año. Es un sinsentido que a quienes desarrollen patologías derivadas de la exposición profesional al amianto, extremadamente graves e incluso mortales muchas de ellas, se les exija tributar en esos tramos porque implicaría perder en torno a la mitad de la indemnización.

Desde Europa se nos llevaba ya años advirtiendo de la necesidad de dotarnos de un fondo de compensación de este tipo. El dictamen del Comité Económico y Social Europeo aparecido en 2019 y que lleva por título “Trabajo con amianto en la renovación energética” recoge el dato aportado por la Comisión Internacional de Medicina del Trabajo. Según esta entidad el amianto se cobra al año 88.000 vidas en Europa, con tasas de mortalidad que van a ir en aumento. De la misma manera, los últimos datos ofrecidos por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) establecen que en el conjunto del estado en 2050 podría alcanzarse la cifra total de 130.000 fallecimientos a causa del amianto. El 40% de todos estos fallecimientos estarían aun por acontecer.

En referencia a la CAPV, Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó una estimación en el año 2015, según la cual se estarían dando al año alrededor de mil casos de patologías relacionadas con el amianto. Estarían incluidos noventa casos anuales de mesotelioma, una de las enfermedades más graves a las que puede dar lugar la exposición al amianto.

Se dan alrededor de mil casos al año de patologías relacionadas con el amianto en Euskadi

Debido a los periodos de latencia entre exposición y enfermedad, muchas personas están jubiladas al enfermar. Es necesaria, aparte de una obligación legal, la vigilancia post-ocupacional de la salud. En la CAPV es Osalan quien gestiona el denominado “Fichero de trabajadores y extrabajadores censados como probablemente expuestos al amianto”. En diciembre de 2021 figuraban en el fichero 12.000 personas, estando jubiladas algo más de la mitad de ellas. La cifra es ridícula en comparación con las decenas de miles de personas que estuvieron expuestas al amianto en sus puestos de trabajo, por lo que es una necesidad de primer orden dar a conocer este fichero y la vigilancia post-ocupacional de la salud.

En España se importaron alrededor de 2,6 millones de toneladas de amianto. Gran parte de ese amianto permanece aún instalado en multitud de edificios públicos y privados. Para agravar la situación el pico temporal durante el que más amianto se importó se sitúa entre 1965 y 1985. Atendiendo a la vida útil del amianto, que ronda los cuarenta o cincuenta años, la mayor parte del que se encuentra instalado estaría en la actualidad deteriorándose y desprendiendo fibras al ambiente. Las cifras de muerte y enfermedad citadas no van disminuir si no se toman medidas para retirar de forma segura el amianto instalado.

Recientemente CCOO ha trasladado la importancia de este tema a los partidos políticos para que a su vez lo hagan llegar a los grupos municipales de los ayuntamientos. El sindicato ha redactado un borrador de moción, adaptable a la realidad de cada municipio, incidiendo especialmente en el cambio que introduce la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que se ha aprobado en abril de presente 2022 y da un año de plazo para que los ayuntamientos elaboren el censo del amianto instalado en el municipio, así como para planificar y calendarizar su retirada.

En este borrador de moción tampoco se han querido obviar otros hechos recientes de gran relevancia. El Plan Estratégico de Salud y Medioambiente 2022-2026 (PESMA), publicado por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, fija entre sus objetivos crear planes para la eliminación segura del amianto antes de 2028. La comunicación “Trabajar en favor de un futuro sin amianto: un enfoque europeo para abordar los riesgos del amianto para la salud”, publicada por la Comisión Europea el pasado 28 de septiembre, informa por su parte de que se presentará una propuesta legislativa sobre el control y el registro obligatorios del amianto presente en los edificios y que se pedirá a los Estados miembros que establezcan estrategias nacionales para su eliminación.

En 2021 se trasladó igualmente la posibilidad que se derivaba de los fondos europeos para la retirada del amianto instalado

No es la primera vez que CCOO pone de relieve la importancia y la competencia que los ayuntamientos tienen en esta materia y lo traslada a Eudel. Lo hizo en 2015 con el objetivo de que se hiciesen llegar a los ayuntamientos asociados directrices para la elaboración del censo del amianto instalado. En 2021 se trasladó igualmente la posibilidad que se derivaba de los fondos europeos para la retirada del amianto instalado.

Cuando se dice que el amianto está en todas partes, no es una forma de hablar, porque su utilización fue masiva. El dictamen “Erradicar el amianto en la UE” publicado por el Comité Económico y Social Europeo en 2015 aborda el problema de la presencia de uralitas en las pequeñas explotaciones agrarias domésticas. Basta con dar una vuelta por las periferias de cualquiera de nuestros pueblos o ciudades para comprobar que hablamos de un problema serio para el que no existe ningún tipo de ayuda económica. Ayuda que debiera existir y ponerse a disposición de los titulares de esas explotaciones para que puedan retirar las uralitas, como ya hizo Lituania en el año 2012, con subvenciones de un importe máximo de 1.740 euros. Esta medida figura en el dictamen como un ejemplo a seguir.

El dictamen aborda igualmente la problemática del amianto instalado en los centros educativos. Se pone como ejemplo la campaña llevada a cabo en el Reino Unido donde se identificó que un 80% de los centros educativos tiene amianto en su estructura. El informe es muy concreto al afirmar que puede estar gestándose una nueva generación de víctimas del amianto, refiriéndose a los alumnos y alumnas de esos centros educativos.

La CAPV no es un escenario ajeno al problema del amianto en centros educativos. En el año 2017 CCOO ya denunció públicamente la situación de varios colegios del municipio de Laudio. En determinados emplazamientos y lugares de paso había tejados de uralita que presentaban un estado de deterioro tal que los hacía susceptibles de liberar fibras al ambiente, con el consiguiente riesgo para las personas trabajadoras y el alumnado. Ese mismo año CCOO denunció ante la Inspección de Trabajo de Araba la forma en la que se estaba retirando amianto en un centro escolar del mismo municipio después de que un particular se pusiese en contacto con el sindicato para comunicar el hecho. Se constataron irregularidades por parte de la empresa que ejecutaba la retirada del material y se propuso una sanción a la autoridad laboral.

Recientemente el sindicato también ha puesto en conocimiento de la opinión pública el caso de un trabajador jubilado de la planta que la empresa Bridgestone Hispania SA tiene en Basauri y que ha fallecido debido a un mesotelioma, enfermedad que se reconoció como profesional debido a la exposición al amianto en la empresa. Según sentencia de la Sala de lo Social de Tribunal Supremo, Bridgestone Hispania SA tiene que indemnizar con casi 150.000 euros a la familia de este trabajador. En el proceso judicial, que se ha prolongado durante años, ha quedado acreditado que la exposición se deriva de la presencia de amianto en tuberías e instalaciones de calorifugado de la empresa.

Una situación similar se ha venido produciendo en el que era el edificio del BBVA en la Plaza Circular de Bilbao. No perteneciendo evidentemente al sector industrial, trabajadores del departamento de mantenimiento han estado expuestos al amianto que revestía toda la estructura del edificio, desarrollando posteriormente enfermedades relacionadas con esa exposición. El BBVA también ha tenido que hacer frente a recargos de prestaciones por falta de medidas preventivas o indemnizar a estas personas o a sus familias. Sirvan todos estos casos como ejemplos ilustrativos del grave problema de salud pública que representa y va a seguir representando el amianto instalado.

La torre homeopática del emprendimiento à la basque

Ekaitz Cancela

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Operaciones urbanísticas

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Ekaitz Cancela

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La estrategia del PNV para el crecimiento económico es a la estancada productividad de las empresas lo que la homeopatía a una crisis sanitaria.

El ya aludido dictamen “Erradicar el amianto en la UE” menciona una problemática a la que un número indeterminado, pero grande de hogares de familias trabajadoras de la CAPV no ha sido ajeno, como es la presencia de amianto que llegaba a través de los buzos de los trabajadores que eran limpiados en el propio domicilio. El dictamen es conciso al establecer que “las amas de casa que solían lavar la ropa de trabajo de sus maridos también se vieron expuestas a las fibras del amianto, al igual que sus hijos”.

CCOO ha solicitado en dos ocasiones al Departamento de Salud del Gobierno vasco la realización de cribados y exámenes médicos específicos a las personas que tengan vínculo familiar y de convivencia acreditado con quienes estuvieron expuestos al amianto en su trabajo, usando como punto de partida el “Fichero de trabajadores y extrabajadores censados como probablemente expuestos al amianto”. Como se ha argumentado, el fichero no contiene a la totalidad de personas que estuvieron expuestas en su trabajo, pero sí a algunas. No parece entendible ni suficientemente razonada la respuesta del Gobierno vasco, que en las dos ocasiones ha denegado la solicitud.

Hay que recordar que la Ley 21/2022, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, no ignora esta problemática a la hora de facilitar un resarcimiento económico para personas que desarrollen enfermedades derivadas de exposiciones no laborales al amianto. Se cita entre las posibles personas beneficiarias a quien padezca una enfermedad que no pueda ser reconocida como profesional, pero de la cual se haya determinado que su causa haya sido la exposición al amianto, así como a causahabientes de personas que presenten enfermedades. En el ámbito no del resarcimiento económico porque quizá no le corresponda, pero sí en el de la defensa de la salud en el que es competente, por el contrario, la actitud del Gobierno vasco parece pretender ceñirse sólo a personas que estuvieron expuestas en un ámbito muy concreto como el del puesto de trabajo. Cosa tan absolutamente necesaria como flagrantemente insuficiente.

No podemos cerrar el drama que las personas expuestas al amianto y sus familias padecen mientras que el compromiso de nuestras diversas administraciones públicas no abarque todas las problemáticas que existen sobre este tema. Nadie dirá que una compensación justa no es importante, como tampoco nadie es capaz de presentar argumentos que ninguneen la salud o la prevención.