Opinión
El futuro se juega en la vivienda

Hay imágenes que explican mejor un país que mil discursos. Una mujer de 87 años saliendo en camilla de la casa donde ha vivido toda su vida, mientras un imponente dispositivo policial aparta con violencia a quienes intentan evitar su desahucio, es una de ellas. Una sociedad que permite llegar hasta ahí tiene que preguntarse qué está protegiendo y a quién está dejando atrás.

Otras veces su desahucio se había podido parar gracias a la movilización social liderada por el Sindicato de Inquilinas, con el apoyo de la Asociación Vecinal de Retiro Norte, la FRAVM, decenas de organizaciones y mucha, mucha gente. El 23 de septiembre no fue posible. Mari Carmen acabó en el hospital. El 7 de octubre falleció. Entre ambas fechas, su desahucio había desencadenado una conmoción que llenó las calles y las plazas.

Lo ocurrido estos días no lo esperaba nadie. En pocas semanas hemos visto manifestaciones multitudinarias, acampadas, dos decretos de vivienda rechazados en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts, un adelanto electoral al 29 de noviembre y una convocatoria de huelga general para el 11N. Una sucesión de acontecimientos que ha situado la vivienda en el centro de la vida política.

Nada de ello nos devolverá a Mari Carmen. Pero nos obliga a asumir una responsabilidad: conseguir que esta indignación se traduzca en derechos y garantías para que nadie más viva con miedo a perder su casa.

Sabemos lo que puede conseguir un barrio organizado

Hacía décadas que no teníamos una oportunidad así para poner el derecho a la vivienda en el centro. Para encontrar algo parecido hay que remontarse a la segunda mitad de los años 70, cuando miles de familias vivían en infraviviendas en las afueras de las ciudades, o hacinadas en habitaciones con derecho a cocina.

Entonces fueron las asociaciones vecinales las que organizaron y canalizaron aquella necesidad, convirtiéndola en una exigencia colectiva “por el derecho a techo”. En condiciones muy difíciles, con un régimen que no terminaba de irse y unos gobiernos de transición que no terminaban de llegar, de aquella lucha salió el plan de remodelación de barrios que consiguió vivienda para más de 40.000 familias en Madrid. No fue un regalo. Lo arrancamos con movilización, negociación y años de perseverancia.

Ahora tenemos que poner toda esa experiencia del movimiento vecinal al servicio del momento que vivimos. La implicación vecinal en la huelga general debe ser clara, organizada y decidida

Aquella experiencia seguimos teniéndola presente cada vez que una asociación acompaña a una familia amenazada de desahucio, en cada reclamación de rehabilitación y accesibilidad, en cada manifestación por la vivienda pública o cuando nos defendemos de los fondos buitre que quieren vaciar nuestros barrios y sustituirnos por turistas. Está ahí cada vez que abrimos el local para que personas que llegan con un problema, aparentemente individual, descubran que pueden organizarse con otras a las que les pasa lo mismo.

No hemos llegado hasta aquí por generación espontánea. Detrás hay años de reivindicar, a veces predicando en el desierto, con algunas victorias y demasiadas derrotas. No en vano, este nuevo ciclo lo abrió la manifestación histórica del 13 de octubre de 2024, bajo el lema “La vivienda es un derecho, no un negocio”. La FRAVM y sus asociaciones estuvimos ahí, en el centro, y aquí seguimos estando.

Ahora tenemos que poner toda esa experiencia al servicio del momento que vivimos. La implicación vecinal en la huelga general debe ser clara, organizada y decidida.

También te afecta, aunque tengas casa

Nos jugamos el futuro de mucha gente, y no solo de quienes viven de alquiler. Nos jugamos el futuro de nuestros barrios y municipios.

Un techo inaccesible condiciona decisiones que deberían pertenecernos. Dónde vivir, con quién, cuándo formar una familia o cómo afrontar la vejez, dependen cada vez más de cuánto podemos entregar cada mes a cambio de una vivienda.

Por eso, cuando hablamos del problema o de la crisis de la vivienda, hablamos de quien no puede pagar un hogar digno donde levantar un proyecto de vida. Todos tenemos cerca a alguien así: una hija, un sobrino, un amigo, un vecino. Y todos conocemos esa incertidumbre permanente que limita, cuando no impide, decidir sobre el propio futuro.

Si cada subida del sueldo termina absorbida por el alquiler o la hipoteca, una parte decisiva de esas conquistas cambia de manos

Pero el problema también lo viven los padres y abuelos con la casa pagada que ven cómo sus hijos y nietos no logran emanciparse. Quien aplaza tener hijos, quien vive cada vez más lejos de su trabajo. 

Por eso esta huelga nos interpela también a quienes somos propietarios de nuestra casa, porque tener resuelta nuestra situación no resuelve la de nuestra familia ni garantiza el futuro del barrio.

Hay, además, una razón profundamente laboral para parar. Podemos conseguir mejoras salariales, reducir la jornada o ampliar derechos, pero si cada subida del sueldo termina absorbida por el alquiler o la hipoteca, una parte decisiva de esas conquistas cambia de manos. El esfuerzo de quienes trabajan acaba en el bolsillo de quien controla las casas.

No podemos resignarnos a trabajar más para vivir cada vez peor.

Defender la vivienda es defender el barrio

La pérdida de vivienda también se produce piso a piso, portal a portal, cuando los hogares se convierten en alojamientos turísticos.

Las asociaciones vecinales conocemos bien sus consecuencias: ruido, entradas y salidas continuas, conflictos en las zonas comunes y desaparición de las relaciones de confianza que sostienen una comunidad, ese lugar donde conoces a quienes viven contigo y sabes a quién recurrir si necesitas algo.

Después llega la transformación del comercio y, con ello, la del barrio. Donde había servicios cotidianos aparecen negocios dirigidos a una población de paso. Al final, el problema trasciende y desborda lo que empezó con unas simples molestias. Como una vivienda turística deja más beneficio que un alquiler convencional, los precios suben y suben. Cada vivienda retirada del alquiler residencial reduce las posibilidades de encontrar casa. La presión se extiende hacia otros barrios y municipios, y nos obliga a marcharnos cada vez más lejos para encontrar una vivienda que podamos pagar.

Cuando una vecina se marcha porque ya no puede pagar, perdemos todos. Y cuando eso se repite, acaba cambiando quién puede vivir en la ciudad y para quién se gobierna

En estos últimos años hemos acuñado el lema “Las casas no son hoteles” y con razón. No queremos sentir que estamos de paso, que somos turistas en nuestra propia casa. No queremos que nos expulsen de nuestro barrio.

La respuesta a la falta de vivienda tampoco puede consistir en convertir locales comerciales en viviendas, renunciando a condiciones adecuadas de luz, ventilación, accesibilidad o habitabilidad. Necesitamos hogares dignos y barrios con comercio, servicios y vida comunitaria.

Cuando una vecina se marcha porque ya no puede pagar, perdemos todos. Y cuando eso se repite, acaba cambiando quién puede vivir en la ciudad y para quién se gobierna.

Parar el país para conquistar medidas concretas

La huelga general debe expresar este hartazgo y exigir soluciones que puedan comprobarse en la vida cotidiana.

Desde la FRAVM defendemos un parque público de alquiler suficiente, permanente y con precios que no obliguen a las familias a dedicar más del 30 % de sus ingresos a la vivienda. Para construirlo hace falta presupuesto sostenido —al menos el 1 % del PIB—, nueva vivienda pública y compra de viviendas existentes.

Necesitamos alquileres indefinidos, con garantías para ambas partes y causas de resolución justificadas, verificables, y límites efectivos a los precios en las zonas tensionadas. La vivienda protegida debe ser realmente asequible y conservar su protección para siempre. Los nuevos desarrollos deben reservar, como mínimo, un 50 % de vivienda protegida y, al menos, la mitad de ésta debe ser pública.

Estas reivindicaciones tienen que llegar a nuestras conversaciones cotidianas. Al portal, al comercio, al trabajo, a las reuniones familiares. Explicar por qué paramos, escuchar y organizar la participación

Defendemos prohibir las viviendas turísticas en edificios residenciales e impedir que la conversión de edificios completos en hospedaje se convierta en una vía para expulsar al vecindario. También movilizar la vivienda vacía mediante obligaciones y penalizaciones eficaces, incluyendo, en los supuestos legalmente previstos y con las debidas garantías, la expropiación temporal de su uso.

Y hace falta rehabilitar mucho más, con ayudas suficientes y procedimientos accesibles, sin que su fiscalidad convierta la mejora de una casa en un problema añadido para las familias con menos ingresos.

Estas reivindicaciones tienen que llegar a nuestras conversaciones cotidianas. Al portal, al comercio, al trabajo, a las reuniones familiares. Explicar por qué paramos, escuchar y organizar la participación es algo que las asociaciones vecinales sabemos hacer. Hagámoslo.

El 11 de noviembre tenemos que parar el país para lanzar un mensaje claro y nítido de cara a las próximas elecciones generales y a cualquier gobierno local o regional: no podemos seguir viviendo así. Estamos reventadas. Esto tiene que parar.

La movilización también se juega en las urnas

Que la huelga sea un éxito es imprescindible, pero no basta. El 29 de noviembre elegimos con quién vamos a negociar lo que la huelga reclama, y no podemos hacer el paro y esperar a ver qué pasa.

Es imposible obviar que un buen número de encuestas pronostican un gobierno de la derecha con la extrema derecha, quizá con una mayoría muy amplia, como el que ya existe en muchas ciudades y comunidades autónomas. Sabemos cuáles son sus recetas, porque llevan tiempo aplicándolas: desregulación urbanística y más facilidades al negocio inmobiliario como respuesta casi universal para solucionar el problema de la vivienda. Es la lógica de la Ley del Suelo de 1998 de Rato-Aznar, que convirtió en urbanizable cualquier suelo que no estuviera expresamente protegido.

Desde el movimiento vecinal vemos con preocupación que la Ley LIDER, la nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid, vuelve a insistir en facilitar operaciones urbanísticas

Aquel modelo impulsó una expansión inmobiliaria cuyo desenlace fue la burbuja de principios de siglo y su pinchazo en 2008. El precio del suelo se multiplicó por cuatro y el de la vivienda por 2,5 pese a haber construido seis millones de viviendas. Construir mucho no redujo el precio de la vivienda, no garantizó vivienda asequible, ni evitó la crisis, porque construir mucho no es lo mismo que construir para quien lo necesita. Esas recetas no nos valen y, sin embargo, volvemos a las andadas.

Desde el movimiento vecinal vemos con preocupación que la Ley LIDER, la nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid, vuelve a insistir en facilitar operaciones urbanísticas y reducir controles sin asegurar que las viviendas resultantes respondan a las necesidades de la mayoría.

Los planes VIVE y SUMA, el primero de la Comunidad de Madrid y el segundo del consistorio de la capital, plantean otra pregunta: ¿qué función social cumple ceder suelo público durante décadas a operadores privados si las condiciones económicas dejan fuera a quienes más necesitan una vivienda? Mantener la titularidad pública del terreno es importante, pero también lo es decidir a quién sirve y qué esfuerzo se exige a las familias en el alquiler.

El Plan RESIDE del Ayuntamiento de Madrid solo permite la vivienda turística en edificios completos, pero a su vez consiente transformar edificios residenciales enteros en alojamiento turístico. Nos preocupa el incentivo que eso puede generar para vaciarlos, como ya está ocurriendo. No podemos aceptar que se expulse al vecindario en favor del interés económico ilimitado de ciertas familias rentistas y fondos buitre.

Todo lo anterior depende de decisiones políticas, que toman políticos desde un gobierno para defender intereses determinados. No nos puede resultar indiferente quién tome esas decisiones.

Los presupuestos de rehabilitación, la vivienda pública, la sanidad, la educación o los servicios de emergencia es lo que nos jugamos el 29 de noviembre. También el modelo de pensiones, la legislación laboral, todos los derechos conquistados en cincuenta años de democracia imperfecta pero, sobre todo, lo que nos jugamos es con quién negociaremos el cumplimiento de las exigencias de la huelga general por el derecho a la vivienda.

La independencia del movimiento vecinal nos permite y obliga exigir a todos los gobiernos por igual. Cuando protestamos no lo hacemos por afición. Cada protesta, cada propuesta está fundamentada en problemas reales, en derechos legítimos. Y si en estos momentos la calle está llena de gente exigiendo una solución al problema de la vivienda y lo está haciendo con propuestas concretas, va a ser por algo.

No podemos dejar pasar esta oportunidad. Llevemos la fuerza de nuestros barrios a las calles, a la huelga y a las urnas, y sostengámosla después hasta conseguir que el derecho a una vivienda digna sea efectivo

Por experiencia sabemos que las administraciones pueden escuchar y negociar, o desoír las protestas y tratar a las organizaciones sociales como un estorbo o algo peor. Estos días estamos viendo muchos ejemplos en Madrid de administraciones que no se quieren sentar a negociar con nadie. Cuando esas administraciones o esos gobiernos no atienden la voz de la calle, también se está cruzando una línea roja. Se está lanzando el mensaje de que la democracia consiste exclusivamente en votar cada cuatro años, mientras que el legítimo derecho de protesta no tiene valor.

No parece razonable que un gobierno sea ajeno a la voz de la calle y no entienda la negociación como la forma de hacer camino en democracia. Quien se comporte así no debería disfrutar del honor de gobernarnos o, lo que es lo mismo, no deberíamos concederle el honor de gobernarnos.

No dejar pasar este momento

En los próximos meses nos jugamos mucho en cada convocatoria. En la huelga, en las elecciones y en el trabajo diario de las asociaciones vecinales. Conseguir una gran movilización exige esfuerzo. Convertirla en derechos duraderos exige constancia.

Sabemos que es posible. Cuando a las familias de los barrios se les decía que debían conformarse con una chabola o marcharse a otro lugar, porque allí iban casas de verdad para otros, demostramos que organizadas podíamos conseguir que esas casas fuesen para nosotras. Entonces logramos viviendas para todos. Hoy son otras generaciones las que necesitan conquistar esa misma posibilidad de vivir con seguridad y decidir su futuro.

No podemos dejar pasar esta oportunidad. Llevemos la fuerza de nuestros barrios a las calles, a la huelga y a las urnas, y sostengámosla después hasta conseguir que el derecho a una vivienda digna sea, por fin, efectivo.