Tribuna
Migrar por derecho, migrar con derechos

2024 ha sido el año en el que parte de la sociedad española (algo menos de un tercio) situó en lo más alto la percepción de la “migración como un problema”. Si bien esta preocupación se desplomó tan solo dos meses después, puso en evidencia el largo alcance de los discursos de odio, racistas y xenófobos que se multiplican en los últimos tiempos.

Lo peligroso no es solo que estos discursos promuevan la intolerancia y alimenten la confrontación y la violencia, si no que la criminalización de las personas migrantes justifica la negación de sus derechos y allana el camino para restringir su acceso a servicios básicos como la sanidad, la educación o la justicia. Al mismo tiempo hace que sean posibles los centros de detención o las identificaciones policiales por perfil racial y, en último extremo, que resulte tolerable la muerte de miles de personas en las fronteras.

La tendencia dominante es el cierre de fronteras, la falta de vías legales y seguras para migrar, la externalización o el quiebre del derecho de asilo

Estamos asistiendo a una grave crisis humanitaria y de derechos humanos, a la que se añaden la enorme pérdida de vidas humanas. Una realidad ignorada por políticos empeñados en percibir la situación sólo en términos de “frontera, invasión o avalancha”, dejando de lado los aspectos y consideraciones humanas que deberían primar por encima de todo. Porque si hay algo que le falta a este debate es humanidad.

Asistimos al cuestionamiento de principios que hasta hace poco constituían la base indiscutible de nuestras sociedades, los derechos humanos como derechos fundamentales, universales, iguales e inalienables, que los Estados se comprometían a reconocer, promover y aplicar para todas las personas, independientemente del país del que vengan. Aunque en la realidad distaban mucho de ser aplicados, nunca se han cuestionado tanto como ahora.

Unos derechos recogidos en un Pacto Mundial para una Migración Regular, Ordenada y Segura que firmaron, nada más y nada menos, 152 países. Un acuerdo que señala que los países deben asegurar el respeto, la protección y el cumplimiento efectivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “independientemente de su estatus migratorio, durante todas las etapas del ciclo de la migración”. Pero, además, establece el compromiso de eliminar todas las formas de discriminación, como el racismo, la xenofobia y la intolerancia. 

Sin embargo, las voluntades políticas en el mundo parecen ir en dirección contraria cuando la tendencia dominante es el cierre de fronteras, la falta de vías legales y seguras para migrar, la externalización (de fronteras, de centros de internamiento y de protección de derechos) o el quiebre del derecho de asilo, que ahora puede quedar en suspenso si se determina que una situación de crisis así lo requiere. Un claro ejemplo son las medidas recogidas en el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

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En clave nacional, las organizaciones sociales han alertado sobre los deberes que tiene pendiente el Estado español para cumplir con las recomendaciones realizadas por los órganos de Naciones Unidas respecto a su política migratoria. Entre ellas, la Red española de seguimiento del Pacto Mundial para la Migración que ha pedido al Gobierno aumentar las vías de migración regular; garantizar los derechos laborales de las personas migrantes o proporcionarles acceso a servicios básicos. Y, por supuesto, una actuación urgente para eliminar la discriminación y promover un discurso público alejado de los estereotipos y la xenofobia, que contrapongan los discursos de odio.

Para que estos objetivos puedan estar en el lado de los logros conseguidos los próximos 18 de diciembre se requiere voluntad política para garantizar el respeto de los derechos humanos en todo momento y lugar. La acción decidida de la sociedad civil para defenderlos, como siempre, imprescindible para hacerlo posible.