Opinión
Restaurar la naturaleza: por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas

La derecha europea, contra la Ley de Restauración de la Naturaleza y en defensa de la agroindustria extractivista y la insostenibilidad ambiental.
En España el herbicida glifosato se utiliza en la agricultura convencional y para exterminar malas hierbas y arbustos en parques, plazas y aceras en las ciudades.
En España el herbicida glifosato se utiliza en la agricultura convencional y para exterminar malas hierbas y arbustos en parques, plazas y aceras. Foto: Ecologistas en Acción

Jurista y eurodiputada

1 mar 2024 07:00

El reglamento que acaba de aprobar el Parlamento Europeo, la denominada Ley de Restauración de la Naturaleza, es la primera legislación integral de la Unión Europea en materia de naturaleza en 30 años (desde la Directiva de Hábitats de 1992) y establece un marco jurídico comunitario para la biodiversidad que resulta clave para cumplir compromisos internacionales recientemente acordados. La ley contiene metas y objetivos para la restauración de ciertos hábitats y ecosistemas (ríos, zonas urbanas, polinizadores, bosques, zonas agrícolas) y su aplicación depende de Planes Nacionales cuya puesta en marcha podría requerir, al menos, dos años.

A lo largo de las negociaciones, el Partido Popular Europeo (EPP) llevó a cabo una intensa campaña de propaganda para acabar con esta iniciativa. Manfred Weber la convirtió en un arma arrojadiza contra la agenda verde de la Comisión, acercándose a los postulados de la extrema derecha para buscar el voto agrícola, en un momento en que cobraban fuerza las protestas en Países Bajos, Polonia o Austria. El caballo de batalla del EPP siempre fue acabar con el Pacto Verde antes de que pudiera ponerse en marcha, fundamentalmente, en su vertiente alimentaria.

La guerra de Ucrania sirvió como una coartada razonable para suspender buena parte las obligaciones ambientales que condicionaban la Política Agrícola Común

La guerra de Ucrania sirvió como una coartada razonable para suspender buena parte las obligaciones ambientales que condicionaban la Política Agrícola Común y las movilizaciones agrarias (espontáneas o no) combinadas con la proximidad de las elecciones europeas se han visto ahora como una oportunidad de oro para asestarle un golpe definitivo. La flexibilización de las medidas ambientales de la PAC es lo que las derechas esperan utilizar como munición política. Que con tal flexibilización digan favorecer a los agricultores mientras firman Tratados de Libre Comercio que hunden sus mercados solo resulta contradictorio si se piensa en pequeños y medianos productores. Pero es totalmente coherente si de lo que se trata es de convertir a la agricultura en una industria extractiva orientada a la exportación.

Lo primero que sorprende es que se considere como una incontestable amenaza verde por la Europa que apuesta por el uso del glifosato o de organismos genéticamente modificados, que retira la Directiva de Uso Sostenible de Pesticidas, posterga la legislación sobre bienestar animal y la iniciativa sobre sistemas alimentarios sostenibles o elimina los controles de condicionalidad para las explotaciones de menos de 10 hectáreas. La misma que hoy debilita las medidas relativas al barbecho, la cobertura vegetal de los campos y la rotación de cultivos con las que se intentaba evitar la pérdida de suelo fértil, frenar la desertificación (que, en el caso español, podría alcanzar al 74% del territorio), aliviar la necesidad de fertilizantes y pesticidas, contener las plagas y contribuir a la proliferación de polinizadores a base de charcas, setos y arbustos.

No hay que olvidar que la pérdida de suelo puede aumentar entre un 13% y un 22.5% en la UE y el Reino Unido de aquí al 2050 (1/5 parte de la superficie total de la UE) y será un problema muy serio porque se perderán nutrientes y materia orgánica, aumentarán los niveles de gases de efecto invernadero, seremos más vulnerables a los desastres climáticos y tendremos menos capacidad para retener agua. De hecho, según la Comisión Europea, lo que ganamos restaurando la naturaleza es mucho más de lo que perdemos: los beneficios netos pueden ascender a unos 1.706 millones de euros.

Las derechas se han empeñado en plantear contradicciones entre el campo y la protección del campo, alimentando la fantasía terraplanista del crecimiento infinito y lineal

Sin embargo, las derechas se han empeñado en plantear contradicciones entre el campo y la protección del campo, alimentando la fantasía terraplanista del crecimiento infinito y lineal, el agua inagotable y el segundo planeta. Una fantasía funcional a su particular capitalismo del desastre, que consiste en convertir el expolio de la naturaleza en una fuente de beneficios o la escasez de recursos en un nicho especulativo. Cuanto peor, mejor: a menos suelo fértil, más posibilidades de negocio. Y si a eso se une la voracidad y la prisa, la sensación de ausencia del mañana, el negocio puede salir redondo: retener suelo, aumentar su fertilidad y ahorrar en fitosanitarios, es una pésima idea si tenemos que esperar para ver resultados.

La agroindustria y la agroquímica son las grandes beneficiadas de este relato y del estado de ánimo que lleva aparejado. También lo es el oligopolio eléctrico, deseoso de apropiarse de tierras para plantar solares y eólicas o abrir minas a cielo abierto, siempre en nombre de la transición ecológica. En la lista de curiosidades habría que apuntar, por cierto, la buena recepción que ha tenido la vertiente energética del muy denostado Pacto Verde.

En fin, a partir de aquí manipular y mentir resulta fácil y rentable. El problema es que haya pequeños y medianos productores que hayan entrado de lleno en semejante juego.

En estos días hemos visto en Extremadura cómo algunas organizaciones agrarias han dirigido duras críticas a la eliminación de diques y presas que se prevén en le Ley de Restauración de la Naturaleza omitiendo que solo se habla de eliminar las estructuras obsoletas e innecesarias (artículo 9); omitiendo que cualquier medida que se adopte al amparo de esta Ley ha de tener en cuenta las necesidades sociales y económicas de las zonas rurales y la producción agrícola (artículo 11) o que lo que se recoge en el Anexo VII, que tanto se ha difundido, son simples ejemplos de lo que podría hacerse siempre que se optimicen las funciones ecológicas, económicas y sociales de los ecosistemas y su contribución al desarrollo de las regiones y comunidades pertinentes (artículo 14.16).

La verdad es que lo que deberíamos estar destacando hoy es que la biodiversidad en la Unión Europea está en crisis; que sólo el 23% de las especies y el 16% de los hábitats contemplados en las Directivas sobre Naturaleza gozan de buena salud

Extraño es que se haya pasado por alto que para todo esto los Estados están obligados, además, a garantizar la participación de los propios agricultores y otras partes interesadas (artículo 14.16) y que para evaluar la situación de los ecosistemas agrícolas se debe tener en cuenta la proporción de superficie agraria con lo que se denominan elementos paisajísticos de gran diversidad (lindes, acequias, mojones, cercas de piedra, franjas de protección, setos o árboles). En fin, hay campañas de descrédito que se desacreditan a sí mismas y que, por ignorancia o mala fe, acaban resultando inútiles a quienes deberían ser más útiles. Algo parecido a lo que ha sucedido con la demonizada Agenda 2030.

La verdad es que lo que deberíamos estar destacando hoy es que la biodiversidad en la Unión Europea está en crisis; que sólo el 23% de las especies y el 16% de los hábitats contemplados en las Directivas sobre Naturaleza gozan de buena salud. Y que esa crisis tiene que ver con la intensificación de la agricultura que conduce a la acidificación de los suelos, la eutrofización de las aguas y la deposición de nitrógeno en el aire debido a la aplicación de fertilizantes químicos. Está claro que las soluciones deben idearse con los agricultores y no contra ellos, con financiación y acompañamiento, pero para eso es importante que no nos engañemos.

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