Tribuna
No esta reforma, no de esta forma

El actual modelo de financiación de las comunidades autónomas fue aprobado en la Ley 22/2009. A pesar de los objetivos que tenía, a lo largo de estos años se han visto las grietas de equidad de las que adolecía y también se ha puesto de manifiesto el incumplimiento del principio de suficiencia financiera, es decir, de la capacidad de hacer frente a las necesidades con los recursos existentes.

La consecuencia es que el actual modelo no garantiza la prestación de servicios públicos. De hecho, el sistema actual no intenta cuantificar el coste en términos absolutos de prestar los servicios públicos gestionados por las comunidades autónomas a algún nivel de calidad considerado deseable, lo que supone un elemento que es imprescindible resolver.

Aunque el modelo intente fijar un criterio de reparto que asegure que las necesidades de todas ellas se ven satisfechas en la misma proporción, la exacerbación de la competencia fiscal ha causado efectos perversos desde el punto de vista de la equidad porque eso ha beneficiado a las rentas más elevadas y a comunidades como la de Madrid que es la más beneficiada de la guerra desatada entre territorios por atraer contribuyentes ricos mediante el dumping fiscal.

Hay un rango de más de 35 puntos porcentuales entre los niveles de financiación de las regiones mejor y peor tratadas

Además, el funcionamiento de los fondos adicionales junto con la cláusula de mantenimiento del statu quo, han desvirtuado el objetivo de equilibrio territorial y la aplicación del concepto de equidad. Muchas comunidades autónomas han tenido una financiación inferior a sus necesidades. De hecho, hay un rango de más de 35 puntos porcentuales entre los niveles de financiación de las regiones mejor y peor tratadas y eso no responde ni a diferencias en factores de coste ni a los ingresos tributarios brutos de los distintos territorios. Si comparamos la financiación de las comunidades forales con las de régimen común las diferencias son aún más intensas.

Con datos de 2021, la brecha entre Cantabria, la comunidad que más recibe (3.534 euros), frente a Baleares, que es la que menos (2.297 euros), es de 1.237 euros. En definitiva, un 35% menos percibiría la comunidad que menos recibe en financiación por habitante ajustado a componentes homogéneos y a precios de 2015. Estas distorsiones generan enormes tensiones en el sistema general de financiación de las comunidades autónomas porque desde la financiación promedio, la comunidad que más se beneficia está un 24% por encima y la que menos un 19% por debajo del promedio. La crisis del Covid lo ha rematado. De hecho, sin las transferencias excepcionales realizadas por el Gobierno de coalición, el sistema habría estallado.

El acuerdo fiscal pactado entre PSC y Esquerra cosecha críticas en la derecha, los socialistas y la izquierda

Pablo Elorduy

Catalunya

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La investidura de Salvador Illa está más cerca desde que la dirección de ERC presentara un pacto que implicará el acuerdo en el Congreso pero que promete cambiar el modelo de financiación de Catalunya.

Que el sistema actual no funciona, es un hecho. Y Catalunya no era de las comunidades beneficiadas y su adecuado encaje territorial en un estado plurinacional merece una reforma. Pero no esta reforma. Y no de esta forma. Y es que el Acuerdo entre el PSOE y ERC se basa en tres pilares:

1. La Generalitat será la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Catalunya a través de la Agencia Tributaria de Catalunya, salvo los de naturaleza local.

2. La aportación catalana a las finanzas del Estado integra la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta en Catalunya y la aportación a la solidaridad. La aportación a los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos. La aportación a la solidaridad debe ser explícita y debe reflejarse de manera transparente.

3. Ordinalidad según la capacidad fiscal: Cataluña aporta al sistema de financiación más de lo que recibe, debido a que cuenta con un mayor nivel de renta y consumo que otros territorios. En cualquier caso, la financiación de Cataluña debe respetar el principio de ordinalidad. Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben. Se trata de un cambio estructural al sistema de financiación que, en caso de no adoptarse dentro del 2025, requerirá medidas compensatorias.

Este Acuerdo sería muy negativo para la clase trabajadora. La de Catalunya y la del resto de territorios del estado plurinacional

El problema es que estos tres pilares son incompatibles con principios básicos de solidaridad con el resto de las comunidades autónomas. De llevarse a término este Acuerdo, supondría la ruptura de principios básicos para quienes defendemos una adecuada vertebración territorial y satisfacción de los derechos de la ciudadanía del conjunto del estado y que se traduce en un modelo federal, de modelo solidario y de suficiencia financiera vinculada al mantenimiento de los Servicios Públicos y a la población y no a los territorios. De hecho, este Acuerdo sería muy negativo para la clase trabajadora. La de Catalunya y la del resto de territorios del estado plurinacional.

De menor a mayor gravedad, resaltemos que gestionar, recaudar y liquidar los impuestos es algo que no tiene por qué romper la equidad. No hay objeción sustancial por mi parte a un traspaso de competencias que llegase a este punto, siempre y cuando no incluya la inspección que debería ser estatal sin romper la unidad de criterio para la persecución de la elusión y la evasión fiscal.

Sin embargo, el segundo punto, que no es otra cosa que el cambio de Catalunya del régimen común a un concierto es inadmisible desde una posición de izquierdas. Antes de que nadie me lance objeto arrojadizo alguno, indicar que he estado, estoy y estaré en contra de cualquier concierto. También el vasco y el navarro. Y lo que siempre he defendido es que el sistema fiscal obligue a pagar de forma progresiva sobre rentas y riqueza independientemente del territorio en el que estén domiciliadas.

Si buscamos la justicia fiscal, habría que transitar hacia la eliminación de los conciertos y peculiaridades existentes porque no hay excepción histórica que los justifique

Por eso, si buscamos la justicia fiscal, habría que transitar hacia la eliminación de los conciertos y peculiaridades existentes porque no hay excepción histórica que los justifique y atentan contra la solidaridad entre las personas. Es decir, acabar con ese tipo de singularidades y no a incrementar las ya existentes. La realidad plurinacional que algunos tenemos clarísima no se expresa con esquemas fiscales diferentes que privilegian a las rentas más elevadas. Permitidme la digresión si digo que la nación (la catalana, la vasca, la navarra, la galega y el resto) es otra cosa.

En cualquier caso, la clave de la solidaridad inmersa en un sistema de concierto económico es la cifra que se calcule para explicitar esa solidaridad. El Acuerdo, tal y como se ha publicado, no dice qué importe se transferiría al resto de comunidades autónomas con menos riqueza. Pero no podemos ser optimistas por lo que el tercer punto del Acuerdo publicado refleja y por las experiencias históricas de Euskadi y Navarra a la hora de fijar las cantidades con las que contribuyen a la caja común.

Si prevalece que quien más recauda por ser rica siempre tiene que recibir más no cambiará nunca la desigualdad entre Comunidades Autónomas

Más grave que cualquier otra cosa considero que es garantizar el principio de ordinalidad que consagra el Acuerdo. Cataluña, Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana son las que menos dinero reciben en proporción a lo que recaudan. Por eso reclaman, y ahora Catalunya lo conseguiría, que se aplique el principio de ordinalidad, es decir, que los fondos que equilibran deberían impedir que se alterase el orden de cada comunidad autónoma en el ránking de la financiación. Eso es inadmisible porque eliminaría la solidaridad y sería profundamente regresivo. Supone subordinar a ello la garantía de proporcionar unos servicios de nivel digno en todos los territorios. Si prevalece que quien más recauda por ser rica siempre tiene que recibir más no cambiará nunca la desigualdad entre Comunidades Autónomas.

Creo haber dejado clara la posición política y económica contraria a una reforma del sistema de financiación para otorgar una posición singular a Catalunya. Pero hay otro problema adicional y es que, el Acuerdo consagraría una transformación del régimen común que obligaría a cambiar la LOFCA (la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas). Y para eso no hay mayoría parlamentaria. El bloque de investidura se resquebrajaría con toda seguridad. Al menos quienes tenemos visión federal como Izquierda Unida y Podemos y quienes la tienen confederal como BNG, Compromís o Chunta, no estaríamos de acuerdo en hacer una reforma con estas características.

En vez de buscar atajos y soluciones parciales, hagamos propuestas ambiciosas pero posibles

Seamos serios. En esta legislatura no habrá posibilidad de hacer una reforma del sistema de financiación autonómica ni la local porque la estrategia de las derechas no lo va a permitir. Pero eso no quiere decir que no haya nada que hacer para mejorar la situación de Catalunya y la del resto de territorios. En vez de buscar atajos y soluciones parciales, hagamos propuestas ambiciosas pero posibles.

No hay tiempo que perder para avanzar en garantizar servicios públicos y equidad a la población de todo el estado, en proponer una reforma fiscal que proporcione recursos que sean obtenidos mediante el criterio de la progresividad y en articular una cancelación de deuda de las comunidades autónomas con el estado condicionada a la inversión de los ahorros en mejora de servicios públicos esenciales.

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El Gobierno central debería condicionar el perdón de esas deudas a que se invierta más en servicios públicos esenciales y se recaude impuestos de una forma progresiva