Universidad pública
Las seis universidades públicas se plantan contra Ayuso antes de la aprobación de los presupuestos autonómicos

Cuatro sindicatos, CCOO, CNT, CGT y UGT, respaldan y apoyan la huelga convocada por la Plataforma en Defensa de la Universidad Pública, compuesta por miembros de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Se trata de una nueva huelga que junto con la que se llevó a cabo en febrero, las movilizaciones de abril y las protestas del pasado otoño, son un impulso más para rechazar tanto el presupuesto como la ley de Universidades que ha anunciado el Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Una de las razones para movilizarnos tiene que ver con los presupuestos, que son extraordinariamente bajos, tanto los que se impusieron el año pasado como los que vienen”, explica Luis Lloredo, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, que asegura que han llevado al colapso a la Universidad Complutense de Madrid y que están cerca de que pase lo mismo con la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Alcalá. 

No es una impresión de este profesor, si no que son números. “Si analizamos la evolución que ha seguido la asignación nominativa de la Comunidad de Madrid a la Complutense (UCM), supone un recorte del 18% con respecto a 2008”, explica Mario Rísquez Ramos, profesor de la Facultad de Económicas de la UCM y miembro de CGT, que desmonta de esta manera el supuesto aumento de partida anunciado por Ayuso pero que no tiene en cuenta la inflación. “Hablamos de un recorte salvaje de la financiación pública en la comunidad autónoma más rica del estado, que de 2008 a 2024 ha reflejado un crecimiento acumulado del 28,8% de su Producto Interior Bruto en términos reales”, insiste. 

Otra de las patas de esta huelga de dos días y de las numerosas acciones que se llevarán a cabo —como una concentración frente a la Consejería de Educación del gobierno regional o una manifestación conjunta en la tarde del jueves— es la Ley de Enseñanzas Superiores de Universidad y Ciencia (Lesuc). Se trata de una normativa regional que lleva un año en borrador y que se prevé que se apruebe en el primer semestre de 2026. “El sistema de financiación sería el primer bloqueque denunciamos de la Leduc,  ya que se basa en cumplimiento de objetivos y pretende sustituir la financiación pública”, indica Lloredo que asegura que “implica una servidumbre de la universidad a poderes económicos, que van a determinar la agenda investigadora y la docente”. Entre otros datos, pone como ejemplo que dentro del borrador que se conoce incluye la colaboración no solo con empresas y el sector privado, si no también con las Fuerzas Armadas en la investigación.

“Otro bloque es el sistema de gobierno, ya que los consejos sociales, que tienen hoy día mucho peso en la vida cotidiana de las universidades y que están copados por el mundo empresarial, lo estarían aún más con la nueva ley”, resalta este profesor. En su opinión, esto supondría que los órganos de dirección de la universidad pública estarían “totalmente intervenidos por la Comunidad de Madrid, porque si sumas los miembros que ellos directamente nombra, los nombrados por el Consejero de Universidades y los de la Asamblea de Madrid, tienen un poder de intervención total”. “Es un cuadro de dirigismo político total”, denuncia Lloredo, que resalta que es la propia Ayuso quien señala un supuesto “dirigismo” o una intervención del Gobierno de Pedro Sánchez. 

 “Yo tengo dudas de que esto pase un filtro legal”, explica Luis Lloredo en referencia a las multas que quiere imponer Ayuso en la ley de universidades

El tercer bloque por el que se manifiesta la comunidad universitaria es por las posibles multas y sanciones que interpone la Lesuc. “Tiene que ver con las manifestaciones, el asociacionismo, el movimiento estudiantil, incluso sanciones motivadas por el procés, porque habla de referéndum ilegales, y motivadas por las acampadas por Palestina”, opina Lloredo. Una responsabilidad de sancionar que cargan contra el rectorado de la universidad, ya que la Comunidad de Madrid podría sancionar a la universidad si no impide estas acciones. “Yo tengo dudas de que esto pase un filtro legal, porque están tan laxamente definidas que pueden violar la constitucionalidad básica”, explica a este medio. 

A este respecto, la comunidad convocante ya denuncia que no se están garantizando el derecho a la protesta ni a la huelga. “En algunas facultades no se esta permitiendo informar de las acciones”, explica Mario Rísquez Ramos. Informa de que ha visto como en su propia facultad, Económicas de la Complutense, se están retirando pancartas con la excusa de que sale la “figura de Ayuso”. También, desde el Comité de Huelga de la Universidad Politécnica denuncian que se ha propagado un comunicado con la idea de que se han establecido unos servicios mínimos, cuando el propio comité es el único responsable de negociar esos puntos y que no se han dado hasta la fecha. 

“Cada catedrático que se jubila, es una plaza que no se repone”, denuncia el profesor y explica que “hay bolsas de interinidad que hace que tarden muchos años en estabilizarse"

El profesor y sindicalista explica que los recortes presupuestarios se notan en el día a día: “A nivel salarial notamos que hay derechos reconocidos que no se están pagando, como trienios. También otras actividades, que hacemos al margen de nuestro trabajo, pero se que canaliza a través de la universidad y se está quedando en la universidad”. Esto se nota en cuestiones como la promoción, la estabilización o las contrataciones. El propio profesor Lloredo lograba consolidar su plaza esta semana, después de 20 años dando clase. “Cada catedrático que se jubila es una plaza que no se repone”, denuncia y explica que “hay bolsas de interinidad, sobre todo de personal laboral y profesorado, que hace que tarden muchos años en estabilizarse, con una carga de trabajo alta y precarización”. A esto se unen clases masificadas —el propio profesor de filosofía del Derecho tiene 140 alumnos— y el estado de las infraestructuras. 

Algunas facultades de la Autónoma no tuvieron calefacción durante días el curso pasado, otras tienen goteras y el dinero para la adquisición de material para investigar, hacer prácticas o para comprar libros se acaba. “En la Complutense, la biblioteca de la facultad de Filosofía anunció en febrero que ya no tenía presupuesto para adquirir más libros en lo que quedaba del año”, recuerda Lloredo y asegura que otros proveedores, como los que suministran revistas, han renunciado a ofrecer este servicio por los retrasos en el pago. Mientras, el calendario de actividades para esta semana sigue aumentando, centro a centro, confiados en que se note la presión cuando previsiblemente el próximo día 4 de diciembre se aprueben los nuevos presupuestos para las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. 

Dentro de las acciones de protesta, también destacan los piquetes informativos que empezarán a primera hora del miércoles en todos los campus, para promover el paro académico entre toda la comunidad universitaria. También se llevarán a cabo encierros en centros formativos, como la Facultad de Bellas Artes de la UCM o ‘pasacampus’ para animar a todos los miembros de las universidades a unirse a la protesta. El momento más central de los dos días de huelga será el jueves a la tarde en la manifestación que recorrerá desde la estación de Atocha a la Puerta del Sol.