Universidad
El Gobierno anuncia el endurecimiento de la normativa para la creación de universidades privadas

El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente administrativa de una normativa que modifica el Real Decreto 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, con la mira puesta en que el cambio se apruebe definitivamente en mayo de 2025. Esta modificación supone un endurecimiento para las aperturas de nuevas universidades privadas, que hasta ahora se beneficiaban de la moratoria de cinco años que establecía el citado decreto.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha avanzado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros algunos de los detalles de los nuevos requisitos para los centros de educación universitaria privados. En la nueva norma, se requerirá un informe de viabilidad y calidad que será obligatorio y vinculante y que  elaborará la Aneca (la agencia estatal que evalúa la calidad universitaria). Hasta ahora estas evaluaciones eran preceptivas pero no vinculantes y el gobierno autonómico tenía la última palabra.

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Los centros de educación superior privados han crecido considerablemente en número, oferta académica y matriculaciones en los últimos años. La necesidad de las élites de reproducir el sistema y mantener sus privilegios es uno de los factores que lo explican, pero el fenómeno responde a más cosas: encarecimiento de la pública, endogamia, obligatoriedad de posgrados, cambios en el paradigma del sistema educativo... y de la propia razón de ser de la universidad.

También se exigirá a los nuevos centros que tengan al menos 4.500 estudiantes en cinco años y se dará carácter nacional a las universidades online, lo que significa que tendrán que ser aprobadas por el Congreso en vez de las comunidades autónomas.Además los promotores de nuevos centros deben demostrar capacidad financiera suficiente desde el inicio de la apertura de la universidad y no a los cinco años, que es como contempla la actual ley.

El Ejecutivo quiere garantizar que estas instituciones tienen experiencia en la gestión de este tipo de proyectos para evitar la entrada de fondos de inversión que solo buscan rentabilidad. Alegría ha insistido en que la proliferación de estas nuevas “instituciones” es negativa para la educación de los estudiantes españoles e incide en la responsabilidad de las Administraciones públicas de garantizar que todos los alumnos reciban un título que cumpla con unos mínimos de calidad.

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Un estudio del Observatori del Sistema Universitari (OSU) concluye que las instituciones privadas suspenden en los condicionantes que fija en la normativa que prepara el Ministerio de Castells.

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Uno de cada cuatro docentes en las universidades públicas es asociado

La ministra y portavoz del gobierno, ha afirmado que algunos de estos centros privados “lo único que tienen de universidad es el nombre, que suelen ser fondos de inversión y que lo único que buscan es generar negocio. Tienen un número muy escaso de estudiantes, prácticamente no ofertan un número claro de grados universitarios ni de másteres”. “En definitiva”, ha añadido, “es sencillamente un negocio para expender títulos”.

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Los datos del Ministerio de Universidades revelan que el número de personas matriculadas en instituciones privadas para estudios de grado ha aumentado en un 22% con respecto al curso 2015-2016, un crecimiento mucho más acusado en el caso de másteres. Expertos y estudiantes alertan de las desigualdades sociales que genera una mayor presencia de la universidad privada.