Urbanismo
Operación Chamartín: barrios encerrados, más tráfico y destrucción de zonas verdes

La colonia de San Cristóbal, construida en los 50 para los trabajadores de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), está delimitada, por su oeste, por el parque empresarial Cuatro Torres Business Area—la quinta está en construcción—. Durante toda la tarde, las sombras que proyectan las cuatro torres actuales dejan a la colonia en la oscuridad. Por el este, San Cristóbal limita con la calle Mauricio Legendre y las cocheras de la EMT, entre 15 y 16 hectáreas sobre las que la operación Chamartín —ahora rebautizada por sus impulsores, BBVA y San José, como Madrid Nuevo Norte— levantará once torres de oficinas de entre 27 y 70 plantas cuyas sombras le dejarán también sin luz por la mañana a este barrio.

“El barrio va a quedar acorralado”, explica Felix Arias, portavoz de la Plataforma Zona Norte, en la que se unen asociaciones de vecinos de las zonas afectada por la operación Chamartín, que engloban a más de 2.500 vecinos. “Va a tener torres de distintas alturas a ambos lados”, continúa. Arias detalla, junto a otros vecinos de la zona, señala, desde la séptima planta de un edificio en la calle Mauricio Legendre, cómo va a afectar al norte de barrio el proyecto urbanístico.

Arias señala también un poco más al norte hacia la zona de Begoña, donde un nudo de carreteras une la M30 y la carretera de Colmenar con el Paseo de la Castellana. “Con la operación Chamartín vamos a ver cómo se encierra entre murallas el barrio de Begoña, que ya está muy encerrado entre la M30, que es una fuente de contaminación terrible y por el ferrocarril. Ahora por el frente del barrio se va a meter una vía de ocho carriles para acceder desde la prolongación de la castellana con un túnel de cuatro carriles y nuevos accesos a la M30”, detalla Arias. “Se va a convertir en un nudo de alta congestión”, concluye.

El proyecto también supondrá —continúa describiendo Arias— la destrucción de zonas verdes, que se sustituirán por una losa de 20 hectáreas que cubrirá las vías de tren. Es el llamado Parque Central, en honor al Central Park de Manhattan de Nueva York, pero en vez de lagos tendrá hormigón, sobre la que no podrá arraigar árbol alguno.

Para Arias, el principal problema de la última versión del proyecto urbanístico, que aún está pendiente de aprobación, son sus grandes dimensiones: 2,6 millones de metros cuadrados edificables de las que gran parte —1,7 millones de metros cuadrados— irán destinados a uso terciario —oficinas y zonas comerciales— en un mercado inmobiliario que, según continúa, “no requiere más oficinas”. “Ya hay agujeros como el de Canalejas, la Plaza de España o los edificios de la calle Alcalá de bancos, que han quedado vacíos y han tenido que ser ocupados por consejerías y por el Ayuntamiento”, explica Arias. “Las oficinas no vienen del Brexit ni caen del cielo en paracaídas, se trasladan”, añade.

La tercera versión de la operación Chamartín

La que está hoy sobre la mesa es el tercer plan en el que ha tomado forma la operación Chamartín. De la primera, Distrito Castellana Norte, presentada por la aún alcaldesa de Madrid Ana Botella, que sacó del cajón un proyecto que llevaba paralizado durante varias décadas y que contemplaba más de 3,2 millones de metros cuadrados de envergadura —1,6 millones de metros cuadrados de vivienda libre, 1,4 de terciario y solo 177.388 metros cuadrados de vivienda protegida—, se pasó a la propuesta por el Ayuntamiento de Manuela Carmena, Madrid Puerta Norte, que rebajaba a 1,7 millones de metros cuadrados la operación y la edificabilidad —que fue rechazada de plano por BBVA y la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes— y, de nuevo, a otra propuesta consensuada entre BBVA, Adif y el Ministerio de Fomento, Madrid Nuevo Norte, con la que se volvía a los 2,6 millones de metros cuadrados de operación —un 10% destinado al Ayuntamiento— y se deja en alrededor de diez mil las viviendas a construir, de ellas un 20% de protección oficial.

El contrato supondrá, según desveló eldiario.es, la venta por parte de Adif a Distrito Castellana Norte —la empresa inmobiliaria creada para la operación por BBVA y San José— de 1,27 millones de metros cuadrados por 984,2 millones de euros a pagar a 20 años y con un interés del 3%, la mitad del precio de mercado.

“Lo que queremos es menos edificabilidad, más viviendas públicas y algunas oficinas”, defiende Arias. “Parecía que lo habían entendido y el proyecto del Ayuntamiento de 2016 iba en esa línea”. Sin embargo, cuando es plan quedó frustrado por la oposición de BBVA, Arias denuncia que lo que hicieron fue echar a los vecinos de la mesa de negociación. “Pactaron entre ellos a lo largo de 2017 esta barbaridad”, continúa. El proyecto ha recibido 3.500 alegaciones, y aún tiene que pasar las evaluaciones de política ambiental.

“Estamos movilizados para que no se haga, pero no es que queramos que no se haga nada, sabemos lo que queremos. Ni tampoco que no queramos a la empresa privada, como dijo de forma falaz la alcaldesa; claro que la queremos, si no ¿cómo íbamos a vivir? Lo que no queremos es que el Ayuntamiento se ponga al servicio de una determinada empresa, en este caso concreto un banco, que se pretende quedar por un acuerdo que tiene con Adif con suelo público a mitad de precio”.