Uruguay
Detención de Eduardo Ferro: “No olvidamos a las víctimas, pero tampoco a los criminales del terrorismo de Estado”

Una gran victoria. Así es como valoran desde la asociación ¿Dónde están? la detención, el pasado 27 de enero, de Eduardo Ferro Bizzozero, huido de la justicia uruguaya desde que fue llamado a declarar en 2016 por la muerte del sindicalista Óscar Tassino. 

Ferro, exmilitar y miembro del Servicio de Inteligencia uruguayo, está acusado de haber participado en secuestros y asesinatos relacionados con la Operación Cóndor, y también de haber realizado acciones de espionaje a partidos políticos y sindicatos ya en democracia. 

Un año después de su huida, en septiembre de 2017, fue detenido por agentes de la Policía Nacional española en un hotel en Madrid, pero, cuando ocho meses después, en mayo de 2018, el Consejo de Ministros aprobó definitivamente su extradición, Ferro ya había sido puesto en libertad. El 23 de noviembre, dos meses y medio transcurridos tras su detención, la Audiencia Nacional había decidido, por petición de la Fiscalía, su liberación.

“Para nosotros debe ser la primera vez en la historia de la cooperación penal internacional que un fiscal es el que dice que se dé la libertad provisional. Ni siquiera es que fuera la defensa de Ferro. Esto es lo más indignante”, enfatizó Martín Fernández Chiossoni, abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), a El Salto en una entrevista sobre prófugos de la justicia latinoamericana por crímenes realizados en dictaduras en septiembre de 2020.

Dos años después, el ex militar uruguayo ha decidido entregarse voluntariamente a la justicia y pactar su entrega con la Interpol en Uruguay, avisándoles de su ubicación: Peñíscola (Castellón). Meses antes, el exmilitar había concedido una entrevista al periodista uruguayo Alfonso Lessa, al que aseguró que se encontraba aún en España, en “un lugar apartado (...), reservado, en un pueblo chico, pero bien, cómodo”. En esa entrevista, Ferro habló de las desapariciones de personas que tuvieron lugar en Uruguay durante la dictadura, a las que tachó de “mala decisión desde el punto de vista estratégico e inhumanas”. Pero en esa misma entrevista descartó comparecer ante la Justicia en un breve plazo, acusando a las instituciones uruguayas de justicia de tener “un tufillo a total venganza”. 

“Fue la movilización infatigable durante más de 40 años contra la impunidad lo que hizo posible que el gobierno decidiera en 2018 que un militar prófugo de la justicia por crímenes de lesa humanidad no pudiera obtener en los consulados uruguayos el documento de ‘fe de vida’ necesario al cobro de su jubilación”

“Fue la movilización infatigable durante más de 40 años, por verdad y justicia, contra la impunidad lo que hizo posible en particular que el gobierno decidiera en 2018 que un militar prófugo de la justicia por crímenes de lesa humanidad no pudiera obtener en los consulados uruguayos el documento de ‘fe de vida’ necesario al cobro de su confortable jubilación”, explican desde la asociación ¿Dónde están?. “La aplicación de esta medida jugó un papel determinante en la decisión del ex militar de entregarse, según sus propias declaraciones”.

“Las organizaciones de derechos humanos nunca olvidan a las víctimas, pero tampoco a los criminales del terrorismo de Estado. La exigencia de verdad, justicia y memoria está presente en todos lados donde hay defensores de los derechos humanos”, continúan desde esta organización, que resalta que han sido las diferentes organizaciones de derechos humanos las que han difundido fotos y el historial de Ferro para que no consiguiera esconderse de la justicia. 

Ahora, y con la experiencia de la última detención en España del exmilitar uruguayo, desde esta organización exigen que se realicen rápidamente los trámites necesarios para la extradición de Ferro a Uruguay.

Desapariciones y Plan Cóndor

La causa por la que Ferro va a comparecer ante la justicia uruguaya es por la muerte de Oscar Tassino, sindicalista y militante del Partido Comunista que fue detenido en su casa, en Montevideo, el 21 de julio de 1977. Varios testigos han identificado a Ferro como una de las personas que se lo llevaron. Tassino fue conducido al centro de detención clandestino La Tablada, y nunca más se supo de él. La causa por la desaparición de Tassino se abrió en 1985, pero poco después fue archivada por la Ley de Caducidad que dictó el Gobierno de Julio María Sanguinetti, también llamada Ley de Impunidad.

Ferro también está siendo investigado por su posible participación en otros secuestros  y desapariciones. Una de ellas es la de Fernando Miranda, profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay y militante del Partido Comunista uruguayo y del Frente Amplio. Fue detenido en noviembre de 1975 por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), del que Ferro formaba parte. El profesor fue trasladado al centro de detención clandestino 300 Carlos, conocido como Infierno Grande o La Fábrica, en cuyos alrededores su cuerpo sin vida fue encontrado el 2 de diciembre de 2006 e identificado un año después. 

Otra posible víctima de Ferro es María Claudia Garcia Iruretagoyena Casinelli, embarazada de siete meses. Fue secuestrada en agosto de 1976 en Buenos Aires por un comando de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) de Argentina junto a su marido, Marcelo Gelman Schubaroff, su cuñada Nora Eva Gelman y su amigo Luis Eduardo Pereda. Fueron llevados al centro clandestino Automotores Orletti. Dos días después, Nora y Luis Eduardo fueron liberados y Marcelo fue asesinado de un tiro en la nuca. María Claudia fue trasladada a mediados de octubre a Montevideo, al Centro de detención del Servicio de Información de Defensa. Tras dar a luz en diciembre, se cree que ella y su hija fueron trasladadas al Batallón de Infantería número 14, en la ciudad uruguaya de Toledo, donde Maria Claudia fue asesinada y enterrada. Su hija, María Macarena García Gelman, fue entregada a un militar. 

La desaparición de los uruguayos Jorge Gonçalvez y Andrés Humberto Domingo Bellizzi, el 14 y el 19 de abril de 1977 en Buenos Aires, es otro de los casos en los que Eduardo Ferro aparece como posible responsable. Ambos fueron llevados por el Ejército uruguayo al centro de detención clandestino El Club Atlético, en la capital argentina, según el testimonio de otros uruguayos también detenidos en el mismo centro y que afirman que tanto Jorge como Andrés Humberto fueron interrogados por Eduardo Ferro. Los dos continúan desaparecidos.

El 12 de noviembre de 1978, los uruguayos Universindo Rodríguez, Lilián Celiberti y sus dos hijos de 8 y 13 años fueron secuestrados en Porto Alegre (Brasil) por un comando del Ejército uruguayo y llevados a Uruguay. La denuncia en medios de comunicación impidió que fueran asesinados y, días después, los hijos fueron llevados con sus abuelos y Lilián y Universindo instalados en la cárcel de Punta de Rieles, donde fueron torturados y puestos en libertad cinco años después, con la vuelta de la democracia al país. Celiberti, en su testimonio sobre el secuestro, según aparece en la obra Mi habitación, mi celda, realizado a partir de entrevistas con la periodista y feminista uruguaya Lucy Garrido, involucra en el secuestro a Eduardo Ferro.

Eduardo Ferro continuó su carrera militar como miembro del Servicio de Información y Defensa (SID) de Uruguay desde 1980, tras haber actuado encubierto en Argentina hasta 1982. También está acusado de ser responsable de acciones de espionaje a políticos, sindicatos y organizaciones sociales mientras ocupaba el cargo de jefe en el Batallón Florida entre 1988 y 1991, según confirmaron ante el Parlamento uruguayo en 2018 ex militares testigos de los hechos.

Más tarde, según denunció el diario uruguayo Brecha en 1998, Ferro, que entonces contaba 51 años, pasó a trabajar en la empresa Federal Seguridad, del empresario Miguel Sofía, que durante diez años estuvo también prófugo de la justicia, acusado de ser parte de los escuadrones de la muerte, grupos paramilitares de extrema derecha que tenían como objetivo atacar a miembros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. 

Tras reabrirse la causa por la desaparición de Óscar Tassino en 2011, en noviembre de 2016 la titular del Juzgado Penal 10 de Montevideo, Dolores Sánchez, citó a Ferro a declarar, pero este no se presentó. Seis meses después de que Interpol lo incluyera en sus alertas rojas de búsqueda internacional, el 7 de septiembre de 2017 el ex militar uruguayo fue detenido en un hotel en Madrid. Ese mismo día, el titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordena su entrada en prisión a la espera de completar el proceso para su extradición a Uruguay. El 20 de octubre, el Consejo de Ministros, a propuesta del entonces ministro de Justicia Rafael Catalá, aprueba continuar el proceso de extradición de Ferro. 

El 11 de mayo de 2018, el Consejo de Ministros aprueba definitivamente la extradición a Uruguay de Eduardo Ferro. En ese momento se afirma que el exmilitar se encuentra en prisión provisional, pero no era verdad. La ubicación de Ferro volvía a ser una incógnita

El 17 de noviembre de 2017, Interpol Madrid comunica a Interpol de Uruguay que el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional había iniciado ya el proceso de extradición de Ferro y que, dentro de la instrucción, este “no consentía en ser extraditado y que no renunciaba al principio de especialidad”, un concepto penal por el que la normativa más específica prevalece sobre la normativa más general. En el mismo mail, Interpol Madrid comunica que, al no consentir Ferro en su extradición, la causa pasaba a una instancia superior, que era la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y que este continuaba en prisión. 

El 9 de febrero de 2018, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, formado por los magistrados María José Rodríguez Duplá, Julio de Diego López y Enrique López López —este último consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde 2019, apartado en 2015 del tribunal del caso Gürtel por sus vínculos con el Partido Popular— emite un auto en el que se decide la extradición de Ferro pero en el que también se señala que, desde el 23 de noviembre de 2017, el exmilitar uruguayo estaba en libertad, una decisión adoptada por este tribunal a petición de la Fiscalía.

Desde El Salto hemos solicitado al departamento de prensa de la Audiencia Nacional la solicitud del fiscal en la que se hacía la petición de la puesta en libertad de Ferro, así como el nombre del mismo, pero solo han  podido facilitar el auto que acepta la extradición. Medio año después de la detención, el 11 de mayo de 2018, el Consejo de Ministros aprueba definitivamente la extradición a Uruguay de Eduardo Ferro. En la referencia del Consejo de Ministros de ese día se afirma que el exmilitar se encuentra en prisión provisional, pero no era verdad. La ubicación de Ferro volvía a ser una incógnita. Hasta ahora, que se ha presentado ante la Interpol por iniciativa propia.

España: refugio de criminales de lesa humanidad de dictaduras latinoamericanas

Ter García Ana Álvarez

8

América Latina

España: refugio de criminales de lesa humanidad de dictaduras latinoamericanas

Ter García ,  Ana Álvarez

8

A la vez que el Gobierno y los altos tribunales españoles han obstaculizado la instrucción en Argentina de la Querella contra los crímenes del franquismo, desde 2013 España se ha negado a entregar a Argentina prófugos acusados de delitos de lesa humanidad.