Violencia machista
En Madrid ciudad solo hay 15 plazas para mujeres maltratadas que necesitan refugio

Trabajadoras sociales, psicólogas, auxiliares y educadoras de la Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid se han unido para convocar paros en protesta por las condiciones laborales y la falta de recursos para las mujeres maltratadas. Lo harán coincidiendo con el 8M este viernes a las puertas del Consistorio. Antes de esta convocatoria, denuncian, han intentado hablar con la Dirección General, con la gerencia de su entidad y hasta una mediación laboral, pero no han encontrado solución. “Hemos intentado hablar con ellas en octubre, conjuntamente con las trabajadoras que están en otras áreas de violencias (contra la trata de persona, prostitución y de pareja o ex pareja), nos dijeron que tomaban nota pero desde entonces nada”, explica a El Salto una de las trabajadoras sociales de la red, que lleva más de quince años en el servicio.

“Ha habido una estampida de profesionales porque nadie aguanta estas condiciones”, explica la trabajadora social que indica que “si a unas condiciones laborales malas se une la falta de respuesta de la Administración, no puedes dormir por las noches”. Se trata de personas que lidian con situaciones muy complicadas, de riesgo tanto para ellas como para las usuarias del servicio. “La cuestión de la violencia cada vez sale más al ámbito público, lo visualizamos más y, por eso, las mujeres que dan un paso adelante para romper esa violencia deben tener una respuesta de las entidades públicas que no se está dando”, indican y señalan que a diferencia de lo que sostiene el Consistorio, esta situación no es excepcional.

“Una mujer víctima puede llamar, para tener un apoyo  y le estamos dando cita para dentro de dos meses”, denuncian las trabajadoras

En concreto, denuncian que hay falta de profesionales y de recursos. “Tenemos la puerta de entrada al sistema, el SAVG 24 Horas, que es la manera para tener otros recursos, colapsada. Una mujer víctima puede llamar, para tener un apoyo (porque ha vuelto con el maltratador, por ejemplo) y le estamos dando cita para dentro de dos meses. Esta te dice que no la quiere, porque no le sirve para nada. Tú elevas ese caso a la Dirección General y seguimos igual”. A esta situación se unen, según las trabajadoras, que solo cuentan con 15 plazas distribuidas en cinco habitaciones en el caso de que el riesgo sea inminente para la mujer y sus hijos. “Ahora mismo hay mujeres que llevan mes y medio en ese recurso y sus hijos están sin escolarizar porque están en una zona de riesgo y no pueden ir al colegio”, indican. También señalan que en el caso de que el recurso esté lleno tienen que mandar a las mujeres a hoteles o a las plazas del Samur Social para personas sin hogar. Todas sin protección policial o especialistas en temas de violencia machista.

Sin plaza de atención urgente ni recursos a medio plazo

“En dos meses, las mujeres y sus hijos e hijas deben tener una salida autónoma, eso dice el protocolo. Y hay diferentes casos, diferentes procesos. Hay salidas buenas y otras que no. Se puede pedir plaza a la Comunidad de Madrid en los centros de larga estancia (hasta un año más), pero estos deniegan o aceptan con sus propios criterios que no son transparentes. Les pedimos saber los motivos por escrito de esas denegaciones, y solo dicen ‘no cumple el perfil’. Esto es un derecho, no es caridad o asistencialismo”, denuncian. Por otro lado, los puntos municipales (que pertenecen al Observatorio Regional de la Violencia de Género) y los Centros de Atención Psicosocioeducativa para mujeres y sus hijas/os víctimas de violencia de género (C.A.P.S.E.M. Norte y Sur) afirman que tienen un ratio de atención imposible de mantener.

Si se demora la atención a estas mujeres corren el peligro de tirar la toalla y, en los peores casos, volver con su maltratador

En esos centros hacen labores tan fundamentales como la de atender a mujeres con órdenes de alejamiento o a otras víctimas que por muchas cuestiones no las tienen pero corren peligro. Si se demora la atención a estas mujeres corren el peligro de tirar la toalla y, en los peores casos, volver con su maltratador, uno de los principales motivos para estos paros e incluso la posible huelga para que reaccionen a sus reivindicaciones. Explican que además de los recursos de primera instancia o los seguimientos, las mujeres necesitan acuerdos con la Empresa Municipal de la Vivienda, con salidas presupuestarias más allá de la renta activa de reinserción (RAI), coordinación para escolarizar a sus hijos, etc. “No queremos ser cómplices de esto y se tiene que saber”.

“La red no está atendiendo a las mujeres. Yo entiendo que tienes tres hijos, tu marido es agresor, te cuentan cómo funciona esto y decides no irte de casa”, reprochan. Desde las trabajadoras indican que el servicio que empezó hace 20 años no se ha apoyado lo suficiente, en parte a un interés político. “La presión que están haciendo ciertos grupos políticos contra las profesionales —señalan— está detrás de la desidia". “Hemos tenido que salir en defensa de profesionales que han sido señaladas e incluso publicado su número de colegiada en medios de comunicación, que con eso un maltratador puede buscarlas”. “Pedimos —continúan— salidas para que las mujeres sean lo más autónomas posible. Una mujer sale de su casa por riesgo, deja atrás el colegio de sus hijos y su puesto de trabajo, si es una mujer migrante que tiene que mandar remesas, ni se lo plantea”.

Una revisión de sus condiciones laborales, así como la necesidad de una defensa pública más firme de su trabajo por parte de las instituciones será la principal línea que defiendan frente al Consistorio madrileño este próximo lunes tras unas reuniones donde, en palabras de las trabajadoras, el Ayuntamiento y las entidades que prestan los servicios “se pasan la patata caliente unos a otros”.