Violencia machista
El sistema puede proteger a las mujeres también sin denuncia (y Marlaska debería saberlo)

“Quiero insistir a todas las mujeres que sufren violencia machista en que la solución únicamente está dentro del sistema VioGén; fuera de él su integridad física, moral, su vida y la de sus seres queridos está en peligro”. Con estas palabras, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska animaba a las víctimas de violencia machista a denunciar el pasado 2 de julio y tras seis feminicidios íntimos —los cometidos por la pareja o expareja— en un fin de semana.

Lo hacía en el comité de crisis convocado por el Ministerio de Igualdad para analizar los asesinatos por violencia de género de abril y junio. Y sus palabras fueron poco acertadas según expertas en violencia machista. “El ministro no atiende a la realidad de las vidas de las supervivientes de violencia machista incitando a la interposición de una denuncia, ese es el momento más complicado para una mujer y el más peligroso”, expresa la exasesora del Ministerio de Igualdad y experta en violencias machistas Bárbara Tardón, que ve en estas palabras “un retroceso”. “Sabemos que, antes de interponer una denuncia, hay que garantizar sus derechos a través de otras vías que se han conquistado gracias al movimiento feminista”, sigue Tardón. Porque para que una mujer interponga una denuncia si es que finalmente decide hacerlo, razona, antes debe poder acceder a una serie de derechos.

“La denuncia no puede ni debe ser la puerta de entrada al sistema de protección judicial y policial, si así lo hacemos estamos debilitando a la víctima”, Paqui Guisado Adame, experta en violencia de género

“Denunciar puede suponer una ruptura con un silencio y sufrimiento de muchos años”, dice Paqui Guisado Adame, trabajadora social y experta universitaria en violencia de género y malos tratos. Por sus treinta años de experiencia, muchos de ellos en intervención con víctimas, sabe que denunciar va de la mano al temor a las represalias. “Cuando se entere que lo he denunciado, entonces sí que me mata” es una frase que Guisado ha escuchado demasiadas veces. “La denuncia no puede, ni debe ser la puerta de entrada al sistema de protección judicial y policial, si así lo hacemos estamos debilitando a la víctima”, dice Guisado.

Con la denuncia se abre la puerta el acceso a uno de los sistemas de protección más relevantes: se llama VioGén y se creó en 2007. Es el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género, que pone en coordinación a diferentes instituciones y permite determinar el nivel de riesgo de la mujer, que se mide en cinco niveles: extremo, alto, medio, bajo y no apreciado. En base a estos niveles, se concretan las medidas de protección. A finales de marzo, VioGén tenía 84.745 casos activos.

Pero el sistema de protección tiene una trayectoria de veinte años desde que se puso en marcha Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y las políticas públicas se han ido amoldando a la realidad de que la denuncia no puede ser la única puerta de acceso para una mujer que necesita salir de una situación de violencia. Lo sabe perfectamente el Ministerio de Igualdad: “El acceso al sistema de protección a los que tienen derecho las mujeres puede ponerse en marcha sin la necesidad que la misma interponga denuncia o ejercite la acción penal”, explican fuentes de este ministerio a El Salto, en referencia al conocido como “título habilitante”. El sistema cuenta con esta y otras herramientas para ponerse en marcha.

Estos son algunos de esos mecanismos.

El título habilitante: un documento expedido por expertas

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, consignó en dos medidas la necesidad de trabajar en una forma de acreditación de la condición de víctimas de violencia de género que no pasara por la interposición de una denuncia. Y así se hizo: el Real Decreto-Ley 9/2018 de 3 de agosto , en sus medidas 62 y 63, impulsa la modificación de la Ley Orgánica 1/2004 para flexibilizar el reconocimiento de la condición de víctima de violencia de género, estableciendo específicamente que esta no se supedita a la interposición de denuncia.

Lo explica Paqui Guisado Adame. Desde entonces, se puede solicitar la expedición de un “título habilitante”, un documento que acredita la situación de víctima de violencia machista y que expiden las profesionales de servicios sociales, los servicios especializados de proximidad y, las profesionales que atienden a las mujeres cuando ingresa en alguno de los centros residenciales —centro de emergencia, casa de acogida o piso tutelado—. “En todo momento son profesionales cualificadas en violencia y donde se tiene mejor conocimiento y de primera mano de la situación de violencia que viene sufriendo la víctima”, dice.

Se trata de un documento administrativo que está vinculado solo a las víctimas y que les permite acceder a derechos y recursos que están reconocidos en la Ley Integral sin que en ningún momento tenga repercusiones directas sobre el agresor, al que solo podrá recaer una orden de protección con una medida de alejamiento tras la interposición de denuncia y correspondiente medida judicial, puntualiza la experta.

Esta herramienta es útil no solo cuando no existe denuncia, sino también cuando ha habido un proceso judicial y este ha sido archivado, pero la víctima sigue precisando apoyo para su recuperación, dice Guisado, que señala como una limitación las diferentes capacidades de las comunidades autónomas y, en concreto, la peor atención en las comunidades autonomías “donde se recurre a externalizar la gestión a través de empresas con gran precariedad para las profesionales y por ende para el servicio público”. 

El funcionamiento puede variar en cada comunidad autónoma y de hecho, como explica el Ministerio de Igualdad algunas comunidades pueden incluir en sus normativas autonómicas otros títulos. Es el caso de Catalunya, donde el informe médico o psicológico elaborado por una persona profesional colegiada puede servir de título habilitante.

El Ministerio de Igualdad describe el título habilitante como “un avance significativo” por las implicaciones que tienen: no solo garantiza acceso a recursos sin denuncia sino que ayuda a visibilizar la violencia machista. Pero, añaden: “Lo más recomendable es denunciar”

El Ministerio de Igualdad describe este título como “un avance significativo hacia un sistema más inclusivo y protector”, por las implicaciones que este mecanismo tiene  tanto para las víctimas como para la sociedad en general: no solo garantiza acceso a los diferentes recursos sino que puede servir para que las mujeres valoren mejor cuándo y cómo denunciar. También ayuda a visibilizar la violencia de género, argumentan“. Además, aunque lo más recomendable es siempre denunciar, en ocasiones la víctima busca otras vías para reducir el riesgo de represalias o su exposición social, lo que constituye una preocupación común de muchas de ellas”. 

Igualdad subraya los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del año 2019 —la última que se conoce—, 1.109.509 mujeres de 16 o más años denunciaron la violencia que han sufrido en algún momento de sus vidas de alguna pareja, actual o pasada, en la Policía, la Guardia Civil o el Juzgado, mientras que 1.380.606 mujeres se han puesto en contacto con algún servicio sanitario y 367.779 mujeres han acudido a los servicios sociales debido a la violencia física, sexual o emocional que han sufrido de alguna pareja, actual o pasada, en algún momento de sus vidas. La macroencuesta dice que son el 21,7% de las mujeres que han sufrido esta violencia con una pareja anterior y el tan solo el 5,4% de las mujeres que la sufren con su pareja actual han denunciado estas violencias.

Protocolo Cero: la Policía también puede actuar sin denuncia

Pero este documento administrativo no es el único recurso para las mujeres que están en situación de violencia. Desde 2021, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado deben conocer el llamado Protocolo Cero, una herramienta dirigida a valorar los testimonios de familiares e integrantes del entorno social de una víctima de maltrato para “generar mecanismos policiales de protección adecuados, no condicionados a la interposición de denuncia previa”, tal y como se describe en el Catálogo de Medidas Urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género, de julio de 2021.

Esta instrucción se hace cargo de la dificultad que en muchos casos supone interponer una denuncia y aconseja la elaboración y aprobación de un protocolo específico para que la Policía sepa cómo actuar en un primer contacto con posibles víctimas y propone tres cosas: canalizar la información para minimizar el riesgo de las mujeres que no quieran denunciar, dar pautas de seguridad para quienes hagan esas primeras intervenciones y formar a los cuerpos de seguridad.

Consultado por este medio, el Ministerio de Interior explica que esta instrucción fue de aplicación inmediata y de implementación progresiva, explican. Interior asegura que se han llevado a cabo acciones formativas online y presenciales con la Policía Nacional y la Guardia Civil, a iniciativa de la propia Secretaría de Estado de Seguridad y, también, en el marco de cursos de actualización de los cuerpos, así como cursos a través de las unidades territoriales de coordinación de violencia. “Los primeros resultados indican que, gracias a las actividades y procedimientos de este protocolo, están aumentando las denuncias en las que la víctima declara”, valoran.

Sin embargo, Paqui Guisado lamenta que este protocolo del Ministerio de Interior no es tan positiva. Según su experiencia, el protocolo no se ha implementado y, a día de hoy, la denuncia policial sigue siendo la única vía para acceder a la protección policial. Sobre esta no aplicación del protocolo, Guisado apunta una posible falta de efectivos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado destinados a este fin y habla de unas unidades “sobrepasadas”.

Además, Guisado echa en falta que en estas actuaciones los cuerpos de seguridad se limiten a recoger el testimonio de la víctima y su entorno, pero no tenga en cuenta en esas valoraciones a las profesionales que tienen conocimiento de la situación porque forman parte de los equipos interdisciplinares a los que acude.

Atenpro, acompañamiento de expertas las 24 horas del día

Otro de los sistemas que se pueden activar sin necesidad de denuncia es el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres, conocido como Atenpro. Un servicio, que se ha ido perfeccionando con el tiempo y que el anterior gobierno amplió a todas las víctimas de violencias machistas gracias a los Fondos Next Generation, que en la actualidad atiende a más de 18.500 mujeres.

Estas mujeres, a través de un dispositivo móvil, tienen acceso las 24 horas del día a un equipo de profesionales que las acompañan y, ante una situación de riesgo, pueden contactar con la policía. “Es un acompañamiento social, las profesionales contactan con la policía si ven que hay riesgo. Y si es así la policía actúa pero no hay que comenzar un proceso judicial para ello”, explica Bárbara Tardón, quien celebra que no se ha detectado ninguna mujer asesinada entre sus usuarias.

“El sistema VioGén funciona muy bien para muchos casos pero para otros no. Lo que está fallando es que el algoritmo se tiene que mejorar. La mirada social tiene que estar dentro de la herramienta policial”

Es por tanto un sistema de protección que, en contraposición con el VioGén, no requiere denuncia. “El sistema VioGén funciona muy bien para muchos casos pero para otros no. Lo que está fallando es que el algoritmo se tiene que mejorar. La mirada social tiene que estar dentro de la herramienta policial porque tenemos una mirada más amplia de lo que es la violencia”, explica Tardón. El sistema VioGén se activa después de que la víctima acude a comisaría y la policía rellena un formulario con los datos que esta aporta. Para Tardón habría además que mejorar la formación de quien rellena el formulario y garantizar acompañamiento en ese momento en el que se está poniendo la denuncia por profesionales del ámbito social.

La detección desde la Sanidad

En la misma rueda de prensa en la que Marlaska pedía a las víctimas de violencia machista que denunciaran, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, reconocía que hay que poner el foco en otras vías de entrada al sistema, para lo que preveía una mayor coordinación con el Ministerio de Sanidad.

El 27% de las víctimas de violencia de género se pone en contacto con los servicios sanitarios antes incluso que con los servicios sociales, donde acuden un 7,2%

Y es que la Sanidad es una puerta de entrada al sistema de protección y, de hecho la asistencia a las víctimas de violencia de género está ya dentro de las carteras médicas gracias al Instrumento común estandarizado para la detección temprana de la violencia de género en el Sistema Nacional de Salud, publicado en 2021. “El documento considera a la Atención Primaria un escenario privilegiado para la detección”, explica Alicia Díaz Revilla, médica de familia y miembro del Grupo de trabajo de atención a la Mujer de la Somamfyc (Sociedad Madrileña de Medicina familiar y comunitaria), para quien la violencia de género es un problema de salud pública “de primer orden” aunque aún infradiagnosticado. En este contexto Díaz Revilla recuerda un dato inserto en la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019: el 27% de las víctimas de violencia de género se pone en contacto con los servicios sanitarios antes incluso que con los servicios sociales donde acuden un 7,2%.

Y, desde las consultas, se pueden activar protocolos de protección y acompañamiento, tal y como explica Díaz Revilla, realizando actuaciones que van desde registrar adecuadamente todo lo sucedido en la historia clínica “que ya es un mecanismo que le puede ayudar, es un documento legal” hasta redactar un informe favorable para la realización del título habilitante o derivar el caso a servicios sociales cuando así sea preciso.

Más allá de la denuncia: detectar la violencia de género en el sistema sanitario

Sara Plaza Casares

Violencia machista

Feminicidios Más allá de la denuncia: detectar la violencia de género en el sistema sanitario

Sara Plaza Casares

Mientras la ministra de Igualdad plantea una coordinación con Sanidad para subsanar los fallos del sistema Viogen, profesionales de Atención Primaria demandan más recursos para poder acompañar a las víctimas.

Ana María Tavora Rivero, psiquiatra y psicoterapeuta feminista del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, explica que la Organización Mundial de la Salud recomienda que los profesionales sanitarios hagan un cribado, preguntando a todas las pacientes si están expuestas a este tipo de violencia. “Más del 40% de las mujeres que vienen a psiquiatría con cuadros de ansiedad o depresión están viviendo en contextos de violencia con la pareja. Si conocemos lo que está atravesando esta mujer vamos a tener claves para saber como tratarla mejor”, expresa.

Para Tavora Rivero, se trata de una situación compleja que atañe a los vínculos y, por eso "hay que ir despacio”. Esta profesional, referente en la investigación en violencia y salud mental, ejemplifica la “complejidad” de esta violencia con tres frases escuchadas en consulta, ante las que los profesionales han de estar preparados durante el acompañamiento a una víctima.

La primera sería “me daba una paliza para matarme y al día siguiente nos íbamos a bailar”, que para esta psiquiatra refleja “la dimensión política que tiene el maltrato, ya que estamos en un contexto donde tener pareja te da más valor y por eso las mujeres tardan mucho en dejar a su maltratador”. “También —añade— he escuchado: “Ana, este es el único sitio donde he podido hablar de cómo le quería”. Los profesionales no estamos acostumbrados a trabajar con la contradicción. Para acompañar a las mujeres hay que saber que estamos trabajando con un vínculo que tiene doble filo, que no sientan vergüenza por ello e incluir las dos cosas juntas en la intervención”, explica. Por último sitúa la frase “Lo que me produce más placer es que me puedo acostar en la cama y sentir que estoy totalmente estirada”, escuchada a una mujer que había roto sus vínculos con el maltratador. “Tenemos que acompañar a las mujeres en todas las fases también en el proceso de emancipación. Debemos de acompañarlas para que empiecen a ir tomando conciencia de cuáles son los placeres que pueden retomar ahora que son agentes de su propia vida”. 

Valorar el riesgo en el momento de la denuncia

Tavora Rivero cree que “el objetivo no es que la víctima denuncie o no". En caso de que se denuncie, el Ministerio de Igualdad señala también que los servicios de protección a la víctima de violencia de género conocen el riesgo que supone el momento de denunciar  y que por ello se activan distintas estrategias y protocolos diseñados para tratar de garantizar la seguridad de la víctima.

En primer lugar, la evaluación del riesgo de manera inmediata para medir el grado de amenaza, tanto en el sistema VioGén como en los servicios sociales. En algunos casos, se pueden implementar medidas de protección urgentes tras la denuncia, como la asignación de protección policial, órdenes de alejamiento y dispositivos de localización para asegurar que el agresor no se acerque a la víctima. Además, existen refugios y casas de acogida y planes de seguridad personalizados, enumeran, así como la posibilidad de acceder a asesoramiento psicológico y legal por el estrés y el trauma por el que puede verse afectada la víctima.

Pero todo este despliegue no puede hacer olvidar que “muchas mujeres que interponen denuncias se ven abocadas a situaciones de indefensión mayor”, subraya la experta Bárbara Tardón. Menos en un momento en el que las cifras con “escalofriantes”, en palabras de Paqui Guisado Adame.

En lo que va de año, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 27 en 2024 y a 1.271 desde 2003. El último caso confirmado ocurrió en Barcelona, donde fue asesinada presuntamente por su pareja una mujer de 32 años, en un año en el que el número de niños y niñas asesinados se eleva a 9, que son tantos como en todo el peor año registrado, 2015. Desde 2013, cuando comenzó a recogerse esta estadística, 62 niños y niñas han sido asesinados por sus progenitores.

“Hay que seguir saliendo a la calle y ponernos detrás de una pancarta”, dice Guisado. Junto a la movilización social, Guisado pide más coordinación y un seguimiento del Pacto de Estado, que fue un logro, dice la también integrante de la Plataforma de impacto de género ya, encargada cada año en hacer el informe de impacto de género ante los Presupuestos Generales del Estado.