Derecho a la vivienda
Almeida desaloja a los mayores de los Apartamentos San Francisco: “De aquí no nos movemos”

“Me han dicho que me tengo que ir en 24 horas, pero yo de aquí no me muevo sin una orden judicial” dice Alejandro, uno de los jubilados residentes en los apartamentos municipales para mayores ‘San Francisco’. “Nos quieren trasladar a unas residencias de ancianos donde nos van a cobrar el 86% de nuestra prensión. Aquí hay gente que cobra 517 euros nada más. Cuando nosotros nos valemos por nosotros mismos. Así que ya se lo he dicho: de aquí no nos movemos, porque no hay razón para trasladarnos”, advierte.

“Nos quieren trasladar a unas residencias de ancianos donde nos van a cobrar el 86% de nuestra prensión. Cuando nosotros nos valemos por nosotros mismos", dicen los vecinos

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar, este jueves 5 de septiembre, contrato para la reforma integral del edificio donde viven Alejandro y otros 60 jubilados más. Personas mayores que lograron una plaza en esta instalación municipal por demostrar una situación de necesidad económica pero no estar en situación de dependencia, o como recuerdan ellos mismos: “aquí cada uno se vale por sí mismo: se cocina, se limpia, entra y sale…”.

Se trata de unas obras anunciadas hace semanas pero contra el criterio de los inquilinos, que se niegan a trasladarse a residencias de ancianos por entender que “no volveríamos”, según Alejandro, aunque el gobierno municipal asegure que se les mantendrían las plazas.

Según la anunciado por el Ayuntamiento, que empezó a comunicar en junio el traslado a los jubilados a través del área de Servicios Sociales aunque los trabajos se hayan aprobado hoy, las obras se acometen para “subsanar las graves deficiencias que presenta el inmueble con el objetivo de garantizar la seguridad y las mejores condiciones de estancia de los residentes”.

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También ha denunciado al propietario de la vivienda como autor intelectual de este y otros seis delitos. Se trata de un constructor sobre el que pesan dos anotaciones preventivas de embargo.

La vicealcaldesa Inma Sanz ha explicado que “la intervención incluirá nuevas instalaciones de climatización y electricidad, nuevo saneamiento y fontanería, mejora de la envolvente para un mayor aislamiento, renovación de acabados y colocación de un nuevo ascensor. También se subsanarán deficiencias relativas a la protección contra incendios”.

Los residentes, así como asociaciones vecinales de la zona como la AAVV Cava Baja-La Latina y Vecinas Corniseras, han puesto en cuestión la necesidad del traslado, alegando que las obras podrían acometerse por fases. Alejandro asegura que “aquí no hay ninguna deficiencia como la que dice el ayuntamiento. Hay una caldera que pierde agua provoca humedades, pero algunos hemos sido albañiles, yo he sido maestro de obras, y en este edificio se puede vivir, o no estaríamos aquí”.

Por su parte el consistorio asegura que es “imprescindible” que la obra se realice de una sola vez y no por fases y que el edificio esté libre de ocupantes. Los 61 ocupantes actuales se trasladarían, según el documento que se les presentó en junio, durante 14 meses, aunque los trabajos de la obra anunciados están previstos para un plazo de 24. Servicios Sociales asegura que se recuperarían siete plazas, esto es, apartamentos actualmente inservibles por las humedades, aumentando los usuarios a 68.

“Da la impresión de que ni se han coordinado entre departamentos del ayuntamiento, que como ya les han dicho que se tienen que mudar, se cierran en banda": Saturnino Vera de la AV Cava Baja

Saturnino Vera, presidente de la asociación de vecinos de la Cava Baja, que respalda a los jubilados en sus movilizaciones, ha dicho a El Salto que “da la impresión de que ni se han coordinado entre departamentos del ayuntamiento, que como ya les han dicho que se tienen que mudar, se cierran en banda. Las obras de cerramientos, climatización o revestimiento que han anunciado se pueden hacer sin desalojar a nadie, o al menos a todo el mundo. Pero parece que esas 60 personas mayores, algunas que llevan más de 15 años viviendo allí, son lo de menos”.

Por su parte, Carmela, portavoz de la asociación Vecinas Corniseras, añade que “no hay ningún informe ni proyecto que las vecinas o los residentes hayan podido ver y justifique estas obras. Y lo que nos parece una vergüenza es que no expliquen que van a obligar a estar personas a pagar un 70% más de su pensión para tener solución habitacional. Ahora pagan un 10% de lo que cobran de alquiler, pasarían al 86%. Una pensión no retributiva de 517 euros paga una cuota de 51 euros, en la residencia que presentan como si fuese un hotel cuando lo que hace es quitarles su independencia, pasan a tener que pagar 440 euros. Es intolerable”.

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El verano está siendo todo un muestrario de crisis variadas de vivienda. La clase política y tecnocrática las va surfeando, de momento, con éxito, como evidencia el carrusel de titulares al que nos subimos aquí.

“Lo que nos parece una vergüenza es que no expliquen que van a obligar a estar personas a pagar un 70% más de su pensión para tener solución habitacional. Ahora pagan un 10% de lo que cobran de alquiler y pasarían al 86%”: Carmen, de Vecinas Corniceras

Alejandro, el residente que ejerce de portavoz de los que no quieren trasladarse (un número indeterminado de los 61 residentes oficiales ya ha accedido a la mudanza), cree que si aceptan “aquí no vuelve nadie. Y lo que pasa es que tenemos nuestra plaza, no nos pueden dejar en la calle, hay gente que lleva 20 años… y se buscan la manera. Vamos a seguir movilizándonos y no nos mudamos si no nos sacan obligados. Lo que buscan con esa obra es desnudar el edificio para luego alegar lo que sea y tirarlo abajo, nada más, y la gente mayor les damos igual”.

El fondo de esta desconfianza es el recuerdo de una gran operación inmobiliaria tumbada por los tribunales de tiempos del mandato de Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde y heredada por Ana Botella, el llamado ‘mini-Vaticano’. En 2007 se aprobó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid que preveía la cesión al Arzobispado de Madrid de la zona “Cornisa de San Francisco-Seminario” con una edificabilidad de 25.000 m2 para la construcción de una Biblioteca Diocesana, una Casa de la Iglesia con 200 plazas de aparcamiento, una Residencia para Sacerdotes y un hogar para indigentes. Denunciado por los varias asociaciones vecinales y la oposición, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en dos ocasiones, 2010 y 2011.