Derecho a la vivienda
El barrio de Carolines de Alicante se organiza para enfrentarse a la turistificación que planea la Sareb

Con las maletas ya preparadas y la casa patas arriba, Alfons Martínez, vecino del barrio de las Carolinas de Alicante, pasó la mañana del lunes esperando a ser desalojado por la policía. Los juzgados alicantinos le habían notificado días atrás la orden definitiva de abandonar la vivienda. Como él, otras dos familias sin alternativa habitacional del mismo edificio -entre ellas una madre soltera a cargo de un menor- debían acatar sendas órdenes de desahucio en favor del nuevo propietario: la Sareb, el fondo de activos tóxicos creado en 2012 a partir de capital privado y recursos públicos procedentes del FROB.

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Ter García

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La sociedad estatal y el juzgado no han querido aplazar el desalojo a pesar de que se espera que en las próximas horas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie sobre la solicitud de medidas cautelares.

“He intentado negociar el precio del alquiler o la venta de la vivienda, y he pedido a la Generalitat que adquiera las viviendas y las destine a alquiler social”, comenta sobre su inesperada situación, ya que es inquilino desde hace unos cuatro años y nunca tuvo problema con las obligaciones del arrendamiento. “Me enteré que mi casa había cambiado de propietario, ya que la inmobiliaria con la que hice el contrato desapareció poco después de haberlo firmado. No sé a quién he estado pagado el alquiler y ahora me siento como un okupa”.

Las viviendas de Alfons y sus vecinos del número 8 de la calle Elda pasaron de manos de una promotora ya inexistente a la cartera de la Sareb, según explica, que además se negó a negociar los alquileres y realizó una tasación “muy por encima de su valor real”. Ante la incapacidad de negociar un precio más ajustado a la realidad o un nuevo contrato de alquiler, las órdenes de desalojo eran el único final judicial que cabía esperar. Sin embargo, la comitiva del juzgado que acudió a primera hora de la mañana (previsiblemente para evitar cualquier conflicto con los vecinos que habían sido convocados por el Sindicat para detener el desahucio múltiple), solo pudo acceder a una vivienda situada en los bajos del edificio. Se trataba de una casa que ya había sido desocupada por una mujer mayor con algunos problemas de salud a quien el estrés del conflicto inmobiliario la empujó finalmente a abandonarla.

“La lucha no ha acabado aún. Los procuradores dijeron que no iban a entrar en las viviendas habitadas, pero volverán a enviar las notificaciones para los desahucios”, explica Adrián, miembro del Sindicat de Barri de Carolines

En cuanto terminó de certificar el cambio de llaves en esta casa, las funcionarias se marcharon apresuradas dejando solo a los cerrajeros enviados por la Sareb y anunciando que dejaban en suspenso los otros tres lanzamientos programados. “La lucha no ha acabado aún. Los procuradores dijeron que no iban a entrar en las viviendas habitadas, pero volverán a enviar las notificaciones para los desahucios”, explica Adrián, miembro del Sindicat de Barri de Carolines.

“Esperamos abrir un proceso de negociación para conseguir que nuestros vecinos continúen viviendo en sus casas. Presionaremos tanto a la Sareb como a las instituciones públicas, porque la Sareb és nostra”. El colectivo de vivienda del barrio utiliza este eslogan para hacer hincapié en su naturaleza semi-pública (un 45% del capital) de la entidad, pues “en lugar de dirigir la inversión pública ya realizada a ofrecer alquileres sociales y nacionalizarla, la Sareb actúa cómo un intermediario que favorece los intereses privados de bancos y fondos de inversión frente a nuestros derechos”, aseguran.

La organización del barrio, imprescindible para la lucha contra la turistificación

“Somos optimistas pero prudentes. Desahucios como el que se produjo en Badalona, en el que se desplegaron tanto Mossos d´Escuadra como elementos de la seguridad privada para ejecutar el desalojo de familias de una nave industrial abandonada, nos hace pensar hasta dónde pueden llegar con las propiedades que pueden colocar en un fondo de inversión”, explica uno de los coordinadores del Sindicat del barri.

El problema para esta vecindad de Carolinas y para otros barrios obreros colindantes como San Antón, es su proximidad al centro histórico de la capital alicantina. En pleno proceso de turistificación, en el que tanto el gobierno local como la iniciativa privada están apostando por facilitar la proliferación de franquicias multinacionales y la ampliación de la oferta hotelera a través de los “apartamentos turísticos” gestionados por plataformas digitales y start-up's, la adquisición de bienes inmuebles para destinarlos a este fin se ha convertido en uno de los principales objetivos para muchos fondos de inversión. El aumento en las ventas de locales comerciales, entreplantas e incluso edificios enteros en pleno centro de Alicante para ser transformarlos en viviendas turísticas ha sido constatado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la ciudad.

El aumento en las ventas de locales comerciales, entreplantas e incluso edificios enteros en pleno centro de Alicante para ser transformarlos en viviendas turísticas ha sido constatado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la ciudad

Pero para el funcionamiento de este modelo de negocio es indispensable el papel que juega el llamado “banco malo”, que sube el precio de los alquileres (si es que no los niega desde un principio como en el caso del numero 8 de la calle Elda), bloquea la negociación y tasa al alza las viviendas con el objetivo de hacerlas económicamente inaccesibles para sus moradores. Con este fenómeno, los desahucios ejecutados por los juzgados del País Valencià aumentaron un 15,8 % con respecto al año anterior, alcanzando los 1.317 de los que más de la mitad corresponden a impagos de alquiler. La región es ya la segunda de todo el Estado con mayor número de lanzamientos (10,5 por cada 100.000 habitantes), y parece que los efectos de la gentrificación va en aumento; en el Sindicat del barri de Carolinas hay otra treintena de familias en la misma situación.

En este contexto, organizaciones como la PAH han ido perdiendo presencia, pues su actuación respondía a un periodo en el que los desahucios estaban más relacionados con los impagos de hipotecas derivados de la crisis inmobiliaria. “Ahora la mayoría de casos son familias con problemas para hacer frente al alquiler o que se ven envueltas en conflictos con los propietarios debido a operaciones especulativas en las que suelen estar involucrados fondos de inversión”, explica Borja, otro miembro impulsor del colectivo. “Hace un año que estamos constituidos como Sindicato y ha ido creciendo. La estrategia de presión colectiva es más fácil si se organizan entre las familias”.

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Así se ha hecho visible la importancia de la actuación de organizaciones y colectivos civiles como el Sindicat del barri de Carolines para detener los desahucios y articular las resistencias contra el despojo del espacio público, la especulación y los planes urbanísticos contrarios al interés de la ciudadanía. Pero sobre todo, suponen el único sistema de apoyo, asesoramiento y solidaridad para muchas familias trabajadoras amenazadas por los abusos de la industria inmobiliaria.

“Nosotros siempre hemos intentado agotar la vía jurídica antes de optar por la presión colectiva. Pero muchas veces, las familias solo buscan la ayuda del sindicato cuando ya es tarde y no les queda otra opción. Se hace muy complicado retomar los cauces jurídicos cuando los procesos legales ya están en marcha o agotados”, lamenta. En cualquier caso, si se produce el desahucio y no hay alternativa habitacional, el sindicato trabajará para buscar soluciones a partir de la red que ofrece el apoyo en colectividad. “Cuando enfrentas un problema como este individualmente no te imaginas que es un problema tan común. Pero cuando nos organizamos en el Sindicato nos dimos cuenta que el barrio está lleno de casos de alquileres sociales que no se renuevan o propietarios que suben los precios”, comenta Borja. “Incluso nos llegan casos de otras zonas de Alicante como San Blas y otros barrios ubicados más al norte. Pero hay casos en toda la ciudad”.

La estrategia del sindicato del barrio de Carolinas, además, pasa por presionar a la Sareb, a la que consideran responsable de no renovar los contratos dealquiler, al gobierno del Estado por “llenarse la boca con palabras vacías” y, en especial, a la Generalitat Valenciana para que ejerza el derecho de tanteo y retracto —que ya ha funcionado en otros casos— que garantice el acceso a la vivienda mediante contratos de alquiler social.