Derecho a la vivienda
Crisis habitacional y diversidad funcional: cuando la carencia de vivienda adaptada ensancha la brecha social

En los últimos años, las Naciones Unidas han establecido siete criterios base que determinan si una vivienda puede considerarse adecuada o no en términos generales. Estos son la asequibilidad, habitabilidad, ubicación, seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, adecuación cultural y accesibilidad.

Aunque el acceso a una vivienda adecuada está reconocido como un derecho en instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en España pocas viviendas cuentan con la garantía efectiva de todos estos criterios. En concreto, la accesibilidad de los pisos en plena crisis habitacional se ha convertido en un enorme marcador de desigualdad social. La mayor parte de pisos del parque de vivienda no son amables con numerosos colectivos que cuentan con una movilidad no normativa.

La ONU determina que “el diseño y materialidad de la vivienda debe considerar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos, particularmente de personas con discapacidad”. Cuando esto no se cumple de manera efectiva, las personas con diversidad funcional sufren una merma considerable de su calidad de vida.

En España, la falta de viviendas adaptadas a personas con divergencias en la movilidad es una cuestión cada vez más acuciante, ya que la ausencia de espacios rehabilitados donde vivir dignamente se suma a una precariedad habitacional cada vez más generalizada. Partimos de un marco normativo como es la Ley 8/1993, de 22 de junio de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas que tan solo obliga a los programas anuales de promoción pública de vivienda a destinar un 3% del volumen total de viviendas a personas “con movilidad reducida permanente”.

“Los marcos de las puertas muchas veces no están adaptados, los pasillos son demasiado estrechos y no permiten el paso. La cocina también es un lugar bastante poco adaptado por lo general”, describe Alejandro López Parejo, arquitecto y urbanista

Una legislación de mínimos que deja al margen a miles de personas con serias dificultades para manejarse en el día a día en pisos llenos de obstáculos para el tránsito cotidiano. “Los marcos de las puertas muchas veces no están adaptados, los pasillos son demasiado estrechos y no permiten el paso. La cocina también es un lugar bastante poco adaptado por lo general, que no permite a las personas alcanzar los fuegos, la vitrocerámica, etcétera, al estar a una altura excesiva, si vas por ejemplo en silla de ruedas”, cuenta a este medio Alejandro López Parejo, arquitecto urbanista especializado en procesos participativos y de ciudad. Aunque la ley establece que los inmuebles de nueva edificación -o si se va a llevar a cabo una renovación total del edificio- deben cumplir con un código técnico que incluye ciertos deberes de accesibilidad, no ocurre así como las viviendas antiguas ya construidas.

En éstas últimas, acciones tan cotidianas como preparar la cena, poner la mesa o lavar los platos entrañan un mar de dificultades muchas veces insalvables, hoy casi siempre en pisos de pocos metros cuadrados. Además, los expertos indican que el parque residencial en España es de una calidad especialmente mala en comparación con países como Alemania o Francia, sobre todo las que fueron construidas durante el tardofranquismo en el extrarradio, también deficientes desde un punto de vista de la eficiencia energética. En aquel entonces no existía la conciencia social actual sobre las distintas necesidades habitacionales y los pisos construidos en los años 60 y 70, sin a penas aislamiento y sin rampas o ascensores en muchos casos

El 29,3% de los edificios construidos después de 1980 presenta problemas de acceso

“Hay una demanda súper importante de accesibilidad en los barrios de las periferias metropolitanas, los barrios de clase trabajadora de toda la vida, que tienen un parque de vivienda residencial muy anticuado desde todo punto de vista y que responden al desarrollismo de los años 50 y 60”, explica Parejo. Un informe de Provivienda pone de manifiesto que entre los edificios construidos después de 1980, el 29,3% presenta problemas de acceso, mientras que esta proporción asciende al 39,3% en los inmuebles anteriores a esa fecha.

Jose Carmona vive de alquiler desde hace más de cinco años en Getafe Norte, firmó el contrato de alquiler en febrero de 2021. Tiene una discapacidad motora y vive solo en un piso no apto para personas no normativas. La multiplicación de barreras arquitectónicas presentes en su piso, que no está ni adaptado ni rehabilitado, se debe en buena parte porque “los caseros legalmente no tienen obligación de facilitar las cosas cuando alquilan si ellos no quieren”. Es decir, para las personas alquiladas con diversidad funcional todo depende de la buena voluntad de sus arrendadores, que en muchos casos renuncian a facilitar la habitabilidad a sus inquilinos o rechazan directamente alquilarles.

Jose Carmona vive de alquiler desde hace más de cinco años en Getafe Norte y cuenta “si vives de alquiler, es lo que te encuentres, normalmente todo estandarizado de hace 10, 15, 20 años y nada accesible”

“Tengo las puertas de casa reventadísimas porque la silla de ruedas no entra bien. Estamos hablando de que si tienes la suerte de poder pagarte una vivienda en propiedad, la ley obliga a que esté adaptada dentro de unos límites pero si no, si vives de alquiler, es lo que te encuentres, normalmente todo estandarizado de hace 10, 15, 20 años y nada accesible”, comenta en conversación con este medio. Su piso no sólo necesita un ascensor para poder subir, sino otros elementos a menudo desestimados: barras para poder apoyarse en el baño, un suelo raso de secante donde meter la silla durante el rato de la ducha y espacio suficiente para que pueda circular la silla. Él vive de forma totalmente autónoma pero reconoce que muchas personas acaban compartiendo con acompañantes para poder sortear estos obstáculos y así llevar vidas más cómodas, reduciéndose así su independencia.

Mientras que muchos arrendadores se niegan a alquilar a personas con divergencias en la movilidad para evitar tener que adaptar los espacios, a estos inquilinos se les achica la oferta de viviendas disponibles. “Mi limitación no es solo económica sino también espacial, se me reduce muchísimo la oferta de pisos porque no todos tienen condiciones de accesibilidad, así que tenía muchísimos menos pisos donde poder meterme”, relata.

La actual crisis habitacional ha hecho que hoy miles de familias se vean obligadas a malvivir en zulos, cuartos y hasta en locales comerciales sin cédula de habitabilidad, pero incluso los pisos al uso acaban troceándose para construir más habitaciones a fuerza de ir eliminando las áreas comunes. Cuanto más se reduce el tamaño de los pisos en alquiler menor es la posibilidad de que en ellos puedan habitar dignamente no sólo personas con diversidad funcional sino también muchos otros colectivos como mayores dependientes o familias con bebés.

Barreras arquitectónicas que derivan en exclusión social

Esta coyuntura a su vez repercute también en el ejercicio de otros derechos, como el de la participación ciudadana o el derecho a la ciudad. Viviana Lozupone, miembro de la organización Arquitectura Sin Fronteras (ASF), una entidad que lucha por el acceso universal a una vivienda digna, incide sobre esta cuestión: “Al no poder salir de tu casa por todas estas barreras se te está negando la participación de la vida social, a ocupar el espacio público y a tener una vida autónoma. Si yo para salir necesito que alguien me coja de peso o me acompañe para bajar las escaleras, no soy autónomo”, explica.

“...en comparación con casi todo el resto de Europa, nosotros vivimos muchísimo más en viviendas compartidas. Esto implica que las personas inquilinas no suelen tener ni voz ni voto en los procesos de decisión de los edificio”: Javier Tobías, arquitecto

Por tanto, el inquilinato precarizado es el principal afectado de esta falta de regulación, más todavía en las viviendas compartidas. “Uno de los problemas más importantes es que en el Estado español, en comparación con casi todo el resto de Europa, nosotros vivimos muchísimo más en viviendas compartidas. Esto implica que las personas inquilinas no suelen tener ni voz ni voto en los procesos de decisión de los edificio”, describe Javier Tobías, arquitecto por la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR).

El efecto Mateo: las subvenciones llegan más a quienes menos las precisan

Además, actualmente en España solo un 1% de las ayudas adicionales para la rehabilitación de viviendas llega a los hogares vulnerables, según el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas del Ministerio de Hacienda. Estas ayudas de rehabilitación no suelen tener una vinculación con los niveles de renta, lo que acaba elitizando su alcance real. La plataforma Alianza por la rehabilitación de viviendas estima además que sólo entre el 1,96% y el 5,87% de todas las ayudas dirigidas a rehabilitar barrios y edificios de viviendas han beneficiado directamente a estos hogares especialmente precarizados.

Esto ocurre ya que la mayoría de ayuntamientos conceden ayudas de este tipo exigen adelantar previamente un dinero del que no todas las familias con diversidad funcional disponen. Por tanto, la brecha de clase en este sentido es notoria. “Muchas veces las ayudas en rehabilitación van a perfiles que pueden acometer esos cambios, que se lo pueden pagar adelantando el dinero, que están informados, que pueden pedir presupuestos. Es difícil que eso se dé en una persona con un cierto nivel de vulnerabilidad económica, que a lo mejor pasa 12 horas al día fuera de casa trabajando y no tiene tiempo al llegar a casa a pedir presupuestos, ni siquiera tiene la propiedad de la vivienda ni cuenta con la autorización del casero para realizar reformas”, comenta Parejo.

En cuanto a las ayudas, “si la intervención te va a costar 3.000 euros, te dan 1.200, por lo que siempre salen más aventajadas las familias divergentes con recursos”, alega Tobías.

A la larga se produce lo que en sociología se conoce como efecto Mateo: quienes más tienen acaban recibiendo más beneficios por parte de las administraciones públicas. “Te dan ayudas para cambiarte una bañera por un plato de ducha, o te dan ayudas para poner las puertas correderas, pero te dan el 60% o el 40% de la ayuda, o sea, si la intervención te va a costar 3.000 euros, te dan 1.200, por lo que siempre salen más aventajadas las familias divergentes con recursos”, alega Tobías.

Riesgo de aislamiento en personas mayores con diversidad funcional

Para las personas mayores con diversidad funcional, el reto para gozar de independencia viviendo en espacios reducidos y sin adaptación es todavía mayor. Provivienda destaca que el 22,9% de los hogares mayores residen en viviendas en edificios con barreras arquitectónicas que afectan al menos a miembro del hogar. De ahí que poco a poco estas brechas vayan derivando en situaciones de exclusión residencial, riesgo de asilamiento y soledad no deseada.

Aunque los datos reflejan que la mayor parte de mayores desea permanecer en su casa de toda la vida, se produce un desfase entre ese deseo de envejecer en su hogar y su capacidad real de hacerlo de forma segura sin limitaciones estructurales. Es lo que le ha ocurrido recientemente a Jesús Arruego, jubilado residente en Zaragoza, que cuenta con una discapacidad intelectual y física. Hace años, mientras trabajaba, tuvo que ser hospitalizado por un problema renal y tras varias complicaciones médicas y una reconstrucción de colon tuvo que recibir un trasplante. Estuvo cinco años en diálisis y desde entonces presenta dificultades de movilidad que le han obligado a abandonar su piso de toda la vida, ya que no cuenta con accesos ni espacios comunes adaptados como rampas o ascensor. “Ahora estoy viviendo en otro sitio que tiene ascensor porque antes no podía ni subir ni bajar. Antes de mudarme, cuando iba a diálisis, tardaba media hora aproximadamente en subir hasta mi casa con ayuda de personas del hospital, porque muchas veces me quedaba en la escalera”, relata a El Salto.

“Nos encontramos con muchas personas ancianas que no pueden salir de casa y eso les impide tener una vida social”, afirma Viviana Lozupone, de Arquitectura Sin Fronteras

La comunidad de vecinos se negó rotundamente a instalar un ascensor, ha pedido una subvención pero ésta todavía tarda en llegar. Viviana comenta que por este motivo muchas personas mayores con diversidad funcional viven prácticamente encerradas y, si son vulnerables económicamente, también hacinadas en cubículos minúsculos: “Nos encontramos con muchas personas ancianas que no pueden salir de casa y eso les impide tener una vida social”, traslada la arquitecta.

El aislamiento crónico fruto de la accesibilidad reducida impacta también de forma particularmente severa a las inquilinas con criaturas con alguna discapacidad, especialmente si son familias monomarentales. Anna Vasileva vive en un piso alquilado en el centro de Palma de Mallorca junto a su hija Estefania, de nueve años, con parálisis cerebral y un grado muy elevado de dependencia. Es madre monomarental y su contrato finalizó el pasado 26 de noviembre. Su casera hoy por hoy se niega a renovarle a un precio asequible y le es imposible encontrar un lugar donde vivir que sea adecuado para su pequeña. “Estefania no puede ni caminar ni sentarse sola, tenemos muchas máquinas dentro de casa: verticalizador, grúa, camaco para bañarse, silla para la calle, un montón de cosas, así que no puede estar en cualquier piso, necesita tenerlo todo adaptado dentro de la casa”, infiere.

Pese a su circunstancia, lleva seis años esperando para optar a una vivienda social que nunca llega. Su caso es paradigmático de cómo en la mayoría de escenarios la brecha económica, de género y la funcional interseccionan: “Casi no descansamos porque el alquiler es lo primero que supone un gran gasto, pero también hay que comer, cubrir gastos, colegio etcétera. Mis padres viven en Rusia, sus pensiones son tan bajas que no nos pueden ayudar económicamente”, confiesa.