Derecho a la vivienda
El desahucio de Maricarmen desata una ola de indignación que empuja al Gobierno contra las cuerdas

Se negó a prorrogar 630.000 contratos de alquiler mientras ofrecía más regalos fiscales a los rentistas, se opuso a incluir en el escudo anticrisis las medidas de vivienda que demandaban sus socios de legislatura, dotó con 300 millones de euros la línea de avales para propietarios, se abstuvo la semana pasada ante una proposición de ley que prohibía la compra de vivienda a fondos buitre y, este miércoles, el socio mayoritario del Gobierno de España también se quedó paralizado a la hora de activar todos los resortes del Estado a su alcance para frenar el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años del madrileño barrio de Retiro que se ha convertido en el símbolo de la lucha por la vivienda.

Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el desalojo de Maricarmen le ha pillado de viaje en el 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en los Estados Unidos. Un vuelo transatlántico que le ha permitido realizar una visita oficial con la que tratar de seguir construyendo una imagen propia e internacional progresista, además de seguir esculpiéndose a sí mismo como una de las grandes fuerzas de choque contra la ola reaccionaria que recorre el mundo. Por eso, la foto con Zohran Mamdani, el alcalde socialista de Nueva York, en la tierra de Donald Trump, valía tanto.

Sin embargo, la instantánea, acompañada de declamaciones prometedoras —“España está demostrando que otro modelo económico es posible. Más empleo. Mejores salarios. Menos desigualdad”—, se ha chocado con la realidad: una ola de indignación ciudadana que ha inundado las calles de Madrid y ha reunido a otros tantos miles por el resto del Estado tras el violento desahucio de Maricarmen. El presidente tuvo que recalibrar su optimismo poco después, sin asumir responsabilidades y señalando la complicidad del Partido Popular de José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso: “El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, más preocupados por comprar y vender aticazos, han hecho caso omiso a una demanda social que debería haber sido resuelta por quienes tienen esa responsabilidad principal”.

El marco legal que permite los desahucios de alquiler en España tiene raíces complejas y se asienta en reformas aprobadas por gobiernos de distinto signo. El Decreto Boyer de 1985, aprobado por el Gobierno de Felipe González, eliminó la prórroga forzosa de los nuevos contratos. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, por su parte, sustituyó después el régimen anterior, pero ambas normas han sido modificadas posteriormente, entre otros momentos en 2013 por Rajoy, 2019 y 2023 por Sánchez.

Aunque el Gobierno sí ha reformado la legislación de alquiler y ha introducido nuevas garantías para personas vulnerables ante los desahucios, esas reformas, ejecutadas con escasa efectividad en más de ocho años de gobierno, no han impedido el lanzamiento de Maricarmen ni de las otras 44 personas, quizá familias, que lo padecen al día en el Estado, según los datos del Poder Judicial. Sin embargo y como medida excepcional, tanto la Delegación del Gobierno de Madrid como el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska podrían haberse amparado en las complicaciones operativas derivadas de la enorme presencia de activistas movilizados por el Sindicato de Inquilinas de Madrid para haber aplazado el desalojo. El Parlamento, tras ocho años, no llegó a salvar a Maricarmen y, por supuesto, Interior tampoco. 

Una nueva grieta en la coalición

Aunque no ha señalado directamente a su socio mayoritario, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha sido uno de los representantes del Gobierno que ha calificado de “intolerable” lo acontecido en Retiro este miércoles: “Esto tiene nombres y apellidos: tres veces esta cámara ha tumbado la moratoria antidesahucios. El Partido Popular, Vox y Junts han tumbado la legislación para impedir que esto pase (...) Los peligrosos inquiokupas son Maricarmen. Este no es el país que merecemos y tenemos un decreto ley que tenía que haber ido en el mes de julio para impedir que esto sucediera”.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reaccionó a las imágenes con críticas a los fondos de inversión y su papel en el mercado residencial: “Hemos hecho mucho. Es un día muy dramático donde se evidencian las consecuencias de no querer regular el mercado”. Unas afirmaciones con un sustento escaso cuando la feria internacional de los fondos que invierten en vivienda, The District, que se celebra en estos días en Madrid, cuenta con el ministerio que dirige como colaborador institucional, junto con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

La política errática y la inacción del Gobierno en materia de vivienda han llevado a la exalcaldesa de Barcelona y líder de los Comuns, Ada Colau, que coquetea con la posibilidad de liderar el espacio de la izquierda federal, a pedir que su formación se salga del Gobierno si no actúa contra los fondos buitre: “No podemos ser cómplices de la cobardía del PSOE”. Colau ha acusado a los socialistas de “bloquear cualquier iniciativa que pare los pies” a los grandes fondos que hacen negocio con la vivienda. 

Tras las declaraciones de Colau, el ministro de Transportes y púgil habitual en la red social de Elon Musk, Óscar Puente, se enredó en la carrera de los egos: “Yo remunicipalicé el agua en Valladolid mientras ella se perdía en excusas en Barcelona. Bastante cansado de los que nos dan lecciones de izquierdismo o de valor. A mí a izquierdista y a valiente no me gana ni Colau ni nadie”. Puente olvidó que aquella remunicipalización no llegó a puerto, en buena medida, por las zancadillas del PSC. El pretexto le sirvió a la ministra de Sanidad, Mónica García, para arrearle a Puente tras invitarlo a no confundirse de enemigo: “Hay que poner todas nuestras herramientas al servicio del principal problema de los ciudadanos y llevar al consejo de Ministros el Real Decreto Ley que llevamos meses empujando”. 

Más allá de las discusiones de palacio, la calle

“Hoy han echado a Maricarmen, pero en la calle ya late una nueva fuerza”. Ese ha sido el mensaje-colofón del Sindicato de Inquilinas de Madrid tras más de 24 horas de lucha por Maricarmen, pero también por el derecho a la vivienda. Una batalla que ha conseguido movilizar a decenas de miles de personas en las calles de todo el Estado en concentraciones de apoyo y a otros cientos de miles a través de las redes sociales en una corriente arrolladora en internet que encontraba ciertas rimas con un pasado reciente de calles y plazas.

También rimó, en Madrid, la violencia policial autorizada por la Delegación del Gobierno que se materializó en porrazos y disparos con balas de goma para tratar de dispersar la movilización que recorrió el centro de la ciudad hasta que cayó la noche. “Si el delegado del Gobierno decía que la violencia policial de esta mañana en el desahucio de Maricarmen era culpa de la jueza, queremos preguntarle quién es el responsable de lo que hemos sufrido en la movilización”, denuncian desde el Sindicato de Inquilinas, que llama a no cesar en la lucha y afiliarse en cada ciudad del Estado donde exista la posibilidad y es que, solo en 2025, hubo en España otras 25.540 maricármenes.