Derecho a la vivienda
Desahucios, privatización y fomento de la “guerra entre pobres” en el nacimiento de Casa47

La nueva entidad estatal de vivienda Casa47 apenas lleva unos meses y 171 viviendas ofertadas y ya se acumulan las denuncias de que se encamina a una privatización de sus servicios en una deriva que repite los errores de la Sareb.

Organizaciones del movimiento de vivienda y plataformas de hogares que habitan las viviendas que el banco malo está traspasando a esta nueva entidad denuncian el carácter “improvisado”, “oportunista” y “neoliberal” de los primeros ladrillos de Casa47.

Esta entidad pública, heredera del Sepes, lanzó a principios de año una licitación para gestionar 17.000 viviendas públicas, las únicas que hay disponibles por ahora de las 40.000 prometidas por el Gobierno. Y el tipo de empresas que se han presentado “dice mucho de cómo va a ser la gestión de Casa47”, dice Diego Sanz, portavoz de Plan Sareb, organización que agrupa a más de 300 familias que tienen como casero al banco malo.

Plataformas de hogares que habitan las viviendas que el banco malo está traspasando a esta nueva entidad denuncian el carácter “improvisado”, “oportunista” y “neoliberal” de los primeros ladrillos de Casa47

Las empresas concursantes provienen del sector de la recuperación de deuda y cobros, compañías que trabajan o que pertenecen a fondos de inversión, despachos de abogados implicados en desahucios o empresas del tercer sector que “trabajan con los mismos esquemas” y no suponen “un mal menor”, denuncia Sanz.

Según un reciente estudio realizado por el Plan Sareb, la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC) y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, el peso de los criterios económicos en la licitación “favorece una gestión de la vivienda en términos económicos y no sociales”. Y los escasos criterios sociales recogidos, puntualizan, “son de eficiencia en el trato con arrendatarios, no criterios de derechos sociales”.

El 17 de febrero, un centenar de personas de la sección sindical de la Sareb de la COSHAC se plantó en la sede de la Conselleria de Territori de Barcelona y la sede territorial en Lleida. Los manifestantes pretendían dar visibilidad a los desahucios y los aumentos de alquiler que está provocando el proceso de traspaso de las viviendas de la Sareb a Casa47, un proceso que sigue siendo liderado por empresas vinculadas a Blackstone y Hipoges.

La nueva sección de la COSHAC, que nuclea a 25 bloques de viviendas de la Sareb, un total de 443 pisos, exige que se incluyan todos los inmuebles en el traspaso y que los precios se vinculen a las rentas más bajas con contratos indefinidos y sin desahucios en el proceso de transición. “Creemos que Sareb está haciendo el trabajo sucio para Casa47 y tiene indicaciones específicas de limpiar los 4.700 alquileres sociales en Cataluña”, decía el activista de la Confederación Bernat Truc a laDirecta.

La falta de medios humanos y estructura territorial, provocada por el carácter “improvisado” del nacimiento de Casa47, ha llevado a que la entidad pública nazca coja, “externalizada y subordinada a lógicas empresariales”

La falta de medios humanos y estructura territorial, provocada por el carácter “improvisado” del nacimiento de Casa47, ha llevado a que la entidad pública nazca coja, “externalizada y subordinada a lógicas empresariales”, señalan en el informe. “Casa47 apuesta por la privatización ante su incapacidad de gestionar el patrimonio público”, apuntan.

Los criterios

El informe, realizado por un grupo de análisis formado por sindicalistas del movimiento de vivienda con experiencia en el sistema de protección oficial, sostiene que el proceso de licitación prioriza criterios económicos frente a criterios sociales “allanando el camino para que grandes servicers y fondos privados —responsables durante años de la subida del alquiler, la especulación y los abusos a inquilinas— vuelvan a gestionar vivienda pública”.

El análisis de los pliegos de la licitación revela que 78 de los 100 puntos de adjudicación corresponden a criterios económicos, mientras que solo 22 puntos están sujetos a condicionantes teóricamente “sociales”. Y no se trata de que se valore la trayectoria en el respeto de los derechos sociales y humanos, sino más bien la experiencia probada en la “gestión preventiva de impagos y encuestas de satisfacción”. En la licitación, señalan, “no hay rastro del reconocimiento de derechos colectivos y sindicales a los arrendatarios de Casa47 o compromisos de gestión democrática a los licitadores privados”.

El análisis de los pliegos de la licitación revela que 78 de los 100 puntos de adjudicación corresponden a criterios económicos, mientras que solo 22 puntos están sujetos a condicionantes teóricamente “sociales”

Además, el requisito de solvencia económica exige que las empresas licitadoras acrediten un volumen de negocio 1,5 veces superior al del lote al que optan, algo que favorece a los grandes operadores del negocio de la mediación, como son Aliseda, Anticipa, Servihabitat, Haya Real Estate, Solvia o Altamira/DoValue.

Desahucios y acoso inmobiliario en el proceso de transición

Tanto desde los 25 bloques de la Sareb organizados en la COSHAC como desde Plan Sareb señalan que en la transición entre el banco malo y Casa47 se está produciendo una “fase de saneamiento” con subidas del alquiler y desahucios. 

Los habitantes de las casi diez mil viviendas de la Sareb con alquileres sociales denuncian que los intentos de expulsión y los abusos inmobiliarios ejecutados por Blackstone y Hipoges, quienes siguen siendo los principales gestores en la actualidad, son “pan de cada día”. 

Los habitantes de las casi diez mil viviendas de la Sareb con alquileres sociales denuncian que los intentos de expulsión y los abusos inmobiliarios en el proceso de transición a Casa47 son “pan de cada día”

En la Comunidad de Madrid, según denuncian estas organizaciones, el banco malo ha roto su acuerdo de regularización de los casos agrupados en el Plan Sareb y ha recurrido a reubicaciones forzosas, cortes de suministro a bloques enteros y mantiene cláusulas abusivas en sus contratos. 

Así lo manifestaron los integrantes del Plan Sareb este 24 de febrero, quienes reclaman ante la justicia la nulidad de cuatro cláusulas, entre ellas la bonificación y el acompañamiento social, y exigen que los nuevos contratos de Casa47 las eliminen. 

Según cuenta Sanz a este medio, “todos los contratos de la Sareb han sido firmados con una pistola en la cabeza”, es decir, el desahucio si no se aceptan las condiciones del banco malo. “No puede haber contratos condicionados para pobres y supuestos alquileres vitalicios para el resto”, reclama. La plataforma reclama en la justicia que Pau Pérez de Acha, director de Relaciones Institucionales y Vivienda Social de Sareb, entre otros altos cargos de la empresa y de la mediadora Servihabitat, expliquen las cláusulas que permiten subidas encubiertas del alquiler en sus contratos de alquiler social.

Este activista también critica que la Sareb se esté negando a firmar alquileres sociales con familias sin papeles cuando faltan apenas unos meses para iniciar el proceso de regularización. Este doble rasero ha quedado evidenciado en el desalojo de más de cien personas en la calle Real 13-15 de Collado Villalba este 19 de febrero. De las 43 familias desalojadas, solo hay planes de realojamiento para seis, cuenta Sanz, mientras que las familias no regularizadas han sido marginadas. 

Según critican las organizaciones sociales, la vivienda pública de Casa47 “no puede gestionarse con los mismos criterios que generaron la crisis habitacional”

Estos colectivos demandan que la transición hacia la entidad pública se haga con criterios sociales y participativos: “Exigimos que antes de hacer efectivo el traspaso de viviendas de Sareb a Casa47 se archiven los procedimientos judiciales activos por impago o usurpación, condonar las deudas y garantizar la regularización de todos y cada uno de los ocupantes”.

Según critican, la vivienda pública “no puede gestionarse con los mismos criterios que generaron la crisis habitacional”. Desde la COSHAC, el Plan Sareb y los sindicatos de inquilinos demandan “una propiedad y una gestión 100% pública”. Y no solo eso. También una participación directa de las organizaciones de vivienda que llevan años gestionando y protegiendo el parque de la Sareb de su privatización.

Defensores del parque público

Pedro Sánchez anunció en abril de 2023 que movilizaría hasta 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social y asequible. De ellas, se perdieron 15.000 pertenecientes al llamado Plan Viena, un programa público-privado que fracasó después de que ninguna empresa mostrara interés en participar. Otras 21.000 viviendas fueron ofrecidas por la Sareb a las Comunidades Autónomas, pero estas las rechazaron en su gran mayoría porque estaban en mal estado o situadas en localidades alejadas de los puntos de mayor demanda. Varios miles de las viviendas que Casa47 incluye en su futura oferta salen de aquí, explica Sanz a El Salto.

El bloque de viviendas sociales ya habitadas es el mayor y más consolidado conjunto de pisos que está siendo traspasado a Casa47. Son entre 8.000 y 11.500 viviendas que no pudieron ser vendidas por la Sareb porque tenían contratos previos o, sobre todo, porque habían sido ocupadas. “Se trata de un parque público que existe porque lo hemos ocupado y lo hemos recuperado nosotros en la inmensa mayoría de los casos, bien a través de las organizaciones de vivienda o la gente por su cuenta”, sostiene Sanz.

“Se trata de un parque público que existe porque lo hemos ocupado y lo hemos recuperado nosotros en la inmensa mayoría de los casos”, dice Diego Sanz, portavoz del Plan Sareb

Las organizaciones de vivienda, “allí donde tienen implantación”, deben ser reconocidas y tener un papel en la gestión del parque público, sostiene este portavoz de Plan Sareb. Según afirma, estas redes pueden realizar el trabajo de mediación “mucho mejor que las empresas”. Y expone el caso de las permutas, algo que las organizaciones de vivienda y los vecinos ya están haciendo cuando, por ejemplo, a una familia se le queda pequeña una casa porque ha tenido hijos mientras que a otro inquilino le han dado una casa de tres habitaciones y no las necesita, dice Sanz.

Las mediadoras profesionales “sobran” en una entidad pública, sostiene. Especialmente cuando su principal misión es “determinar quién entra y quién sale, quién se queda y quién se va, quién lo merece más, quién está en peor situación” en la gestión de un parque público muy por debajo de la media europea. Pese a que la ley marca que los contratos deben durar siete años prorrogables, todos los años la Sareb revisa la situación de las familias, un “acompañamiento social” que supone una cláusula abusiva, según denuncian. “Te suben el sueldo y consigues una ayuda y ya te dicen que te tienes que ir porque esa ayuda tiene que ser para otro”, explica Sanz.

La creación de Casa47 no estaba en los planes iniciales, el Gobierno pretendía vender todo el patrimonio de la Sareb antes de 2027. Pero “el peligro de que la extrema derecha creciera por el tema de la vivienda”, contrapone Sanz, forzó el cambio de ruta. Sin embargo, los primeros pasos de esta nueva entidad pública activan todas las alertas. “Si tú estás respondiendo a esta derechización con multidesahucios, con guerras entre pobres, no nos hace falta Vox, ya lo está haciendo el Gobierno progresista”, resume Sanz.