Análisis
De la estafa nacional a la prioridad nacional

La ‘prioridad nacional’ es la exportación española de la ‘preferencia nacional’ que ya inventó, en 1985, el Frente Nacional de Le Pen para dividir a la clase obrera francesa con xenofobia y racismo. 

El mismo objetivo comparten el Partido Popular, VOX, Aliança Catalana, Junts y, de forma más velada y contradictoria, Coalición Canaria. Con la diferencia de que nuestras ciudades y pueblos ya están divididos. No solo políticamente, sino económica y socialmente. 

Por ejemplo, la vivienda muestra el abismo existente que hay entre los grandes fondos de inversión y entidades de crédito, los grandes rentistas y usureros, los pequeños arrendadores, quiénes tan solo poseen una vivienda o están todavía pagando la hipoteca, las inquilinas, quienes habitan o locales, infraviviendas, asentamientos informales o, directamente, duermen en la calle. Esta división marca la forma de mirar y habitar el mundo.

Pero existan muchas otras. Como tener o no tener derecho a voto, tener o no tener papeles, ser parado constantemente por tu color de piel, o no poder alquilar porque te llamas Salah, Abdou, Noura, Turia o Hamid. Es una forma muy concreta de sentir la pertenencia a una clase social desprovista de muchos derechos. O, como diría, Lea Ivy, de sentir que existen fronteras de clase que no se pueden cruzar. 

La regularización de más de medio millón de personas ha servido para darnos cuenta de hasta qué punto normalizamos como sociedad que cientos de miles de nuestras vecinas y vecinos pudieran ser detenidos y deportados, explotados y vejados, invisibilizados y silenciados. 

Ahora bien, existen elementos coyunturales que permitirían generar alianzas estratégicas entre los colectivos migrantes y racializados que sufren la desposesión racista de derechos, con otras clases sociales precarias y agotadas por el despojo de servicios públicos, derechos y futuro. 

La ‘prioridad nacional’ busca deliberadamente evitar este tipo de alianzas a través de la sustitución del principio constitucional de igualdad, por el de prioridad blanca y discriminación étnica

El movimiento antirracista, la creciente diversidad de nuestras sociedades, la migración de millones de personas que son desalojadas cada día como consecuencia de décadas de políticas neoliberales; junto a la cronificación y acentuación de una desigualdad obscena, con el correspondiente deterioro de los sistemas públicos que nos sostienen, y el secuestro de la vivienda, son algunos de ellos. 

En este sentido, la ‘prioridad nacional’ busca deliberadamente evitar este tipo de alianzas a través de la sustitución del principio constitucional de igualdad, por el de prioridad blanca y discriminación étnica. Ello pretende erosionar la propia idea de derechos humanos. Ya no serán títulos universales, sino privilegios étnicos en un marco de escasez. 

Para algunos existe la tentación de creerse que seremos los privilegiados, encontrando consuelo en saber que siempre se puede estar más oprimido, cuando realmente los privilegiados son los billonarios, los fondos de inversión, y los bancos responsables de esta crisis estructural que padecemos. No es una ‘prioridad nacional’, sino una estafa nacional que nos aboca a todos a una miseria social. 

Porque mientras discriminan el acceso a prestaciones y subvenciones a las personas migrantes, recortan en servicios sociales para todas las familias. Porque mientras discriminan en el acceso a viviendas públicas, apenas construyen ninguna y permiten que la vivienda siga secuestrada por la especulación. Porque mientras hacen competir entre sí a los pobres por las migajas, no podemos organizarnos contra la desigualdad criminal de los billonarios. 

Es el truco de siempre de envolvernos con la bandera para tratar de que no veamos cómo acaban por destruir y privatizar lo poco que nos queda de nuestro Estado del bienestar. Lo preocupante es que pasen de lo discursivo a la aprobación de leyes y decretos que han sido declarados como inconstitucionales e ilegales de forma reiterada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por Tribunales Constitucionales como los de Italia y Francia, o por los tribunales federales de Estados Unidos. 

Es el truco de siempre de envolvernos con la bandera para tratar de que no veamos cómo acaban por destruir y privatizar lo poco que nos queda de nuestro Estado del bienestar

Por eso, desde Derecho al Techo y el Observatori DESCA hemos presentado la primera demanda contra la ‘prioridad nacional’ en materia de vivienda pública en Canarias, por un decreto del gobierno autonómico que impide la adjudicación de viviendas públicas si no se acreditan 12 años de residencia continuada en el archipiélago. 

Porque mientras el presidente Clavijo defiende la “vivienda para los canarios”, el Gobierno de Canarias tan solo adjudicó 8 viviendas públicas de nueva construcción en 2025, sigue sin regular los precios del alquiler, y su nueva reforma de las viviendas turísticas permite que las viviendas sigan secuestradas por el turismo.  

La sociedad civil debe organizarse para frenar cada una de las normas que deriven de esta estafa nacional; la Autoridad Independiente por la Igualdad de Trato y No-Discriminación y el Defensor del Pueblo tienen que impugnar cada una de estas normas; y los Tribunales españoles tienen que aplicar los Tratados Internacionales, el derecho europeo, y la Constitución.

Ahora bien, impugnar ante los Tribunales cada ejemplo de ‘prioridad nacional’ es una cosa. Otra muy distinta es el reto de generar alianzas entre las distintas clases sociales fragmentadas y divididas, entre otras, por el racismo que avivan los herederos del magismo en España. Es la única forma que en el futuro podamos generar un poder popular capaz de parar un país para hacerlo avanzar en favor de la igualdad, formal, pero también de la igualdad material.  Esa es la auténtica prioridad nacional.