Derecho a la vivienda
El Gobierno resucita los decretos de vivienda para alargar el efecto Maricarmen

Los astros se han alineado y las circunstancias no volverán a ser más favorables para el partido de Pedro Sánchez. Así lo ha interpretado el círculo cercano del presidente del Gobierno, pero también  los partidos del Frente Amplio y parte del movimiento que lleva dos semanas en las calles: el efecto Maricarmen permite transformar un referéndum sobre Sánchez en un “plebiscito sobre la vivienda”. Lo ha dicho el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, pero también la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, organización que ha impulsado la movilización en Barcelona en la tarde de este 5 de octubre. 

Mantener el problema de la vivienda en el centro de la agenda y del debate público es el objetivo del Gobierno y pretende hacerlo con la aprobación en el último Consejo de Ministros de este martes 6 de octubre de un nuevo paquete de medidas que recoja buena parte del Decreto Maricarmen, el conjunto de medidas demandadas por el movimiento inquilino y por la vivienda que ha tomado las calles desde hace dos semanas. 

Tras la disolución de unas Cortes “secuestradas por el rentismo”, según la definición dada el 5 de octubre por Alicia Del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, será la Diputación Permanente del Congreso la encargada de validar lo que apruebe el Consejo de Ministros de este martes. 

Y en la Diputación Permanente, el bloque de investidura tiene mayoría sin necesidad de contar con Junts, convertida en la pesadilla de la gobernabilidad durante toda la legislatura. La suma de los representantes de PSOE, Sumar, ERC, Podemos, BNG y PNV supera por un voto —35 frente a 34— al bloque de la derecha, que incluye a Junts, PP y Vox. Sin embargo, si el PNV se suma al bloque de la derecha, la mayoría de centro-izquierda ya no es suficiente. 

Con estos números, el Gobierno pretende recuperar los decretos con un esquema parecido al que salió de la última reunión del gabinete. En una primera norma, las iniciativas que podrían contar con el apoyo del PNV. Y en un segundo decreto, el alquiler indefinido, la principal demanda de los sindicatos de inquilinos, que no cuenta con el apoyo de los nacionalistas vascos y previsiblemente no será validado por la Diputación Permanente. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha confirmado que el Consejo de Ministros de este martes volverá a presentar los decretos, pero con “variaciones” que no suponen en ningún caso “recortes y de regateos sobre las medidas de protección que ya había”.

Según el portavoz de Sumar, se mantienen en el primer decreto la prohibición de los desahucios hasta 2030, la prórroga de los contratos hasta 2028, la regulación de alquileres turísticos y de temporada y la prohibición de compra por parte de “fondos buitre”. La dirección del PNV confirmó en la tarde-noche de este lunes que se inclina a apoyar el primero de los decretos, pero no el segundo. 

La nueva vida de los decretos de vivienda es una segunda oportunidad para enmendar los errores de forma, las imprecisiones, agujeros y omisiones que hacen que las propuestas más avanzadas sean de difícil aplicación

Para las organizaciones sociales que defendieron los avances de estos decretos, esta decisión significa una segunda oportunidad para las más de 14 millones de personas que se podrían beneficiar de las tres principales medidas contenidas en ellos: 122.683 personas protegidas por la moratoria de desahucios, 4,7 millones de personas por la prórroga extraordinaria de alquileres y 9,7 millones por la renovación indefinida de los contratos, según las más de cien organizaciones que conforman la coalición #NiUnDesahucioMás. 

También significa una segunda oportunidad para enmendar los errores de forma, las imprecisiones, complejidades, agujeros y omisiones que hacen que las propuestas más avanzadas sean de difícil o imposible aplicación.

Entre ellas, esta plataforma apunta a la “falta de definición de criterios para determinar si una alternativa habitacional es adecuada, la aplicación temporal durante un máximo de cuatro años de la moratoria, o la falta de claridad sobre su ámbito de protección”. El primer decreto incluía medidas “claramente mejorables o mal planteadas”, apuntan. Como ejemplo, señalan las ayudas fiscales, en las que los caseros obtienen “mayores rebajas fiscales ante reducciones mínimas en las rentas”. Sin embargo, donde más flaquean los decretos es en la prohibición de las compras especulativas —la famosa prohibición de compra de los fondos buitre— con una redacción “extremadamente laxa y con numerosos supuestos para evitar su aplicación, lo que puede provocar su ineficacia”. 

Otro objetivo del decreto, la prohibición de los desahucios de hogares vulnerables, también ha tropezado con la redacción del decreto y debería mejorarse para que pueda aplicarse. Según el texto derogado por Junts, solo se paralizan los desahucios promovidos por fondos buitre, en una redacción que excluye a pequeños y medianos propietarios, y deja en manos del juez la decisión de si una entidad se mueve o no por intereses especulativos. Una vez más, la indefinición y las lagunas de un texto improvisado y forzado por las movilizaciones complican la aplicación de un lema convertido en clamor en las calles. Tal como decía a El Salto Jaime Palomera, activista e investigador en el Instituto de Investigación Urbana (IDRA), con estos decretos vigentes no se podría haber impedido el desahucio de Maricarmen.

Según explica a El Salto Irene Escorihuela, directora del Observatori Desca, la moratoria 2.0 falla en la distinción entre fondos buitre, que están sujetos a la prohibición, y los pequeños propietarios, que no lo están. La definición de fondo buitre como entidades que recurren a la “compra especulativa” o que “eluden la función social de la vivienda”, entre otras características poco definidas, abre la puerta a interpretaciones de los jueces y otros organismos, lo que puede hacer que esta medida “sea de difícil aplicación”, apunta Escorihuela. 

Una vez aprobados en el Consejo de Ministros, la Diputación Permanente cuenta con 30 días para convalidarlos o rechazarlos, una fecha que garantiza que la vivienda seguirá en el centro del debate hasta casi iniciada la campaña electoral.

El movimiento de vivienda va más allá y no se resigna a convertirse en un instrumento al servicio de intereses partidarios: reclama una huelga general combativa y medidas estructurales que acaben con el problema de fondo —la vivienda concebida como un bien de mercado—, “gobierne quien gobierne”.

La portavoz de Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, resumía el momento político en un vídeo en redes sociales: “Hace una semana dijimos que o caía el rentismo o caía el Gobierno. Y hoy Pedro Sánchez ha convocado elecciones. Esa es la fuerza del poder popular, un poder capaz de torcerle el brazo al Gobierno y que Maricarmen vuelva a su casa cuando parecía imposible, un poder popular que obliga a un Consejo de Ministros a aprobar unos decretos que llevan meses en su cajón”. 

El apoyo de los dos grandes sindicatos a la huelga general, confirmada este lunes a última hora, asegura una movilización continuada por el tema de la vivienda que acompañará los debates electorales y pondrá la vivienda en todas las pantallas y en todos los titulares.