Derecho a la vivienda
El Gobierno plantea una prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes de junio de 2028

El 29 de junio, el Gobierno anunciaba un nuevo paquete de medidas en materia de vivienda que pretende atajar el que es el principal problema percibido por la ciudadanía. La letra del nuevo Real Decreto Ley ha venido hoy de fuentes de Sumar, el grupo minoritario en el Consejo de Ministros, que ha “logrado incluir una nueva prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler”. 

Se trata de un modelo similar al del “decreto del burofax” tumbado en el Congreso de los Diputados esta primavera. Incluye, como aquella vez, una prórroga reforzada que podrán solicitar aquellos inquilinos cuyos contratos vencen hasta el 30 de junio de 2028. Se trata de una ampliación de seis meses sobre el plazo al que se refería la prórroga anterior, prórroga que implica que el arrendador de los solicitantes no podrá subir el precio de la renta de quienes se acojan a ella. La prórroga tiene una validez de dos años.

Al margen de quienes ya la solicitaran antes de abril, según Sumar, se amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias de esta medida. “En total (desde el 21 de marzo del 2026 hasta el 30 de junio del 2028) podrán beneficiarse de la prórroga casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares”, dicen fuentes del partido de Gobierno.

Según comunicó el Gobierno, el Real Decreto Ley anunciado hace un mes será negociado con los grupos en el Congreso para tratar de evitar su decaimiento en el próximo periodo de sesiones. Entre las medidas que se incluyen, además de la prórroga de dos años, se establece una nueva regulación del alquiler de temporada y habitaciones con vistas a evitar el fraude. El texto anunciado, no obstante, ha sido criticado por los movimientos de vivienda en cuanto no incluye una moratoria de desahucios que cayó en febrero de este año y que ha dejado a miles de personas en la calle.

El grupo parlamentario magenta ha anunciado que el Real Decreto Ley incluirá una propuesta “a negociar con los grupos parlamentarios” con medidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, “con el objetivo de evitar los desahucios y de que ninguna quede sin alternativa habitacional”.