Derecho a la vivienda
Las viviendas y el poder político en Extremadura

Conviene comenzar recordando que la Constitución española, en su artículo 47, recoge el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, a la vez que ordena a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para que hagan realidad este derecho. La declaración de Derechos Humanos, en su artículo 25, así como otras diferentes normativas internacionales, se refieren a la vivienda como un bien necesario para una vida digna. Aunque cuando caminamos por el siglo XXI pocos países cumplen con este y otros derechos básicos, que nos deberían acercar a un comportamiento como seres humanos.
Igualmente, el artículo 148.1.3 de la Constitución Española establece la vivienda como una materia competencial que pueden asumir las Comunidades Autónomas. En base a esto, en el artículo 9.1.31 del Estatuto de Autonomía de Extremadura se responsabiliza a la Comunidad Autónoma de Extremadura con esta competencia.

De este modo, se aprobó la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de 11/2019, en la que se vuelve a hacer mención a que se garantiza el derecho a la vivienda en la Comunidad. Así, en la correspondiente exposición de motivos se profundiza y se definió este concepto con más amplitud “como el derecho de toda persona a acceder a una vivienda digna, de calidad y adecuada a su situación personal, familiar, económica, social y capacidad funcional, asegurando a los extremeños una debida calidad de vida y contribuyendo así al fomento del desarrollo económico y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura”.

Los poderes públicos regionales y nacionales no cumplen ni explícitan lo que se apunta en estas normativas que, en definitiva, se convierten en preceptos publicitarios grandilocuentes

Sin embargo, los poderes públicos regionales y nacionales no cumplen ni explícitan lo que se apunta en estas normativas que, en definitiva, se convierten en preceptos publicitarios grandilocuentes que no tienen más recorrido que la descripción literal de un supuesto, no dan más de sí. Así, suenan a música celestial los arrebatadores discursos y las agradables declaraciones de los dirigentes políticos cuando, con elaboradas oratorias, pregonan que se van a tomar medidas para facilitar el acceso de jóvenes a este bien o se van a aumentar las ayudas de alquiler o incrementar el parque de viviendas públicas.

En este sentido, esperamos que las declaraciones realizadas por la Consejera en la Asamblea de Extremadura y en los diferentes medios regionales no queden en discursos demagógicos que, a la hora de la verdad, se reflejan en soluciones superficiales e imprecisas, y en la concesión de migajas que se venden como grandes acciones, pero que no son sino una continuación de las desastrosas políticas de viviendas seguidas hasta la fecha.

Los problemas relacionados con la vivienda son factores que contribuyen a conformar las desigualdades sociales. Aquellos presentan una casuística variada y compleja que tiene su raíz en la carencia de posibilidades económicas, pero que a su vez generan enfermedades y daños mentales irreversibles en quienes los sufren: personas y familias en una precariedad habitacional por las condiciones de deterioro físico e higiénicas de las viviendas; quienes comparten viviendas en un verdadero estado de hacinamiento, o aquellos que se encuentran en una situación económica tan deteriorada que son incapaces de pagar el piso que tienen alquilado y están amenazados de desahucio. Jóvenes que viven con sus padres incapaces de independizarse y formar una familia, familias que viven en viviendas de ínfimas dimensiones, personas mayores que viven solas recluidas de manera carcelaria en pisos sin ascensor y sin posibilidad de movimientos, etc.

Los problemas de vivienda son factores que contribuyen a las desigualdades sociales: personas y familias en condiciones de deterioro físico e higiénicas de las viviendas, mayores que viven solos recluidos de manera carcelaria en pisos sin ascensor y sin posibilidad de movimientos, etc.

No hay que olvidar que la vivienda además de ser un elemento fundamental para una vida digna, es un atributo muy particular que las administraciones exigen para el empadronamiento en una localidad determinada, lo que a su vez es un requisito imprescindible para acceder a ciertas ayudas sociales.

El conjunto de las circunstancias indicadas se ve agravado por otros elementos que dependen de los comportamientos institucionales, tales como la lentitud con la que se conceden las ayudas de alquiler, la escasez del parque de viviendas sociales y lo elevado de los precios de arrendamiento que dificultan el acceso a alojamientos decentes para los sectores sociales más humildes. Por tanto, si a todo lo anterior sumamos los bajos salarios, la precariedad laboral y el desempleo no es de extrañar que nos encontremos a la cabeza del país en riesgo de exclusión social y pobreza. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social hay más de 400.000 personas extremeñas en el umbral de la pobreza y en riesgo serio de exclusión social.

No hay que olvidar que la vivienda además de ser un elemento fundamental para una vida digna, es un atributo muy particular que las administraciones exigen para el empadronamiento en una localidad determinada

Las clases trabajadoras extremeñas no pueden seguir a expensas de los caprichos de un Poder Político que se mantiene ajeno a sus intereses, necesitamos gobiernos capaces de compromisos de distribución de la riqueza de manera justa e inapelable. Tal y como nos están mostrando varios grupos de trabajadores y movimientos sociales actualmente, no queda otra solución que las movilizaciones en la calle. No hay otra forma de despertar al Poder Político que con su letargo clasista y su pasividad conservadora nos conduce inevitablemente a la despoblación, la desvertebración territorial y la creciente desigualdad de oportunidades entre ciudadanos extremeños.

Seguidamente exponemos algunas propuestas en materia habitacional que consideramos de urgente aplicación y otras que deben servir para estructurar políticas públicas en beneficio de las clases trabajadoras.

1. Utilización inmediata de recursos en favor de los más necesitados.
Hay que aumentar y acelerar la concesión de las ayudas al alquiler y de las viviendas sociales disponibles con el objeto de atender situaciones de especial urgencia que se están produciendo en localidades como Mérida y otras en la región. Esta urgencia es primordial para evitar las amenazas de desahucio y desalojo que se producen por situaciones económicas sobrevenidas que impiden a las familias pagar alquileres. En muchos casos, la Renta Garantizada Extremeña, que debiera utilizarse para hacer frente a los gastos de alimentación y otras necesidades básicas de la unidad familiar se destina a estos menesteres.

2. Protección de los niños y las niñas frente a los desahucios y desalojos, ya que ellos no son culpables de situaciones extraordinarias o comportamientos calificados de asociales que afecten a sus padres.

En muchos casos, la Renta Garantizada Extremeña, que debiera utilizarse para hacer frente a los gastos de alimentación y otras necesidades básicas se usan para pagar el alquiler

3. Ampliación del parque de viviendas sociales de la Junta de Extremadura.
En muchas ocasiones se presume desde la Consejería de que el parque de viviendas sociales de Extremadura es el más grande, el más numeroso si lo comparamos con el que tienen el resto de las comunidades autónomas. Sin embargo, la realidad pone de manifiesto que hay un déficit importante ante la demanda existente ya que desde hace muchos años no se construye ni se toman medidas pensando en las familias más necesitadas y en general, en las clases trabajadoras.

Según recientes declaraciones de la Consejera, no se conocen con exactitud las necesidades que hay en este aspecto en la región, por eso es importante disponer de un registro de quienes las necesitan; muchas familias no tienen realizada una petición expresa de viviendas sociales ante la falta de perspectivas de acceder a alguna de ellas puesto que saben de antemano que no hay ni se construyen, y por tanto no vale la pena perder el tiempo rellenando papeles. En este orden de cosas, es necesario que institucionalmente se lleve a cabo una campaña informativa orientada a conocer la demanda realmente existente en la Comunidad Extremeña.

Desde hace años venimos reclamando que las viviendas en manos de las entidades bancarias sean negociadas y adquiridas por la Junta de Extremadura con el objeto de destinarlas al alquiler social. Algunos casos concretos como las más de 200 viviendas de los ALAMOS, en Mérida, que actualmente están en manos de una entidad financiera esperando el momento más conveniente parar hacer negocios con ellas y obtener buenas sumas de dinero. Este caso resume el criterio político general en este país y en nuestro territorio:” respetar que una minoría social se lucre mientras cientos de familias carecen de una vivienda digna”. En los presupuestos regionales de 2015 se habilitó una partida de un millón de euros para la adquisición de aquellos pisos, pero tanto el PP como el PSOE perdieron la memoria y arrojaron esta iniciativa al baúl de los recuerdos.

No se conocen con exactitud las necesidades de vivienda en Extremadura. Muchas familias no tienen realizada una petición de vivienda social puesto que saben de antemano que no hay ni se construyen. Por ello, es necesario que institucionalmente se lleve a cabo una campaña informativa

Otras promociones de viviendas sociales, como las 31 previstas en Villafranca de los Barros, se paralizaron a los pocos meses de iniciarse su construcción y quedaron en un estado de abandono, con un absoluto silencio institucional sobre su futuro. Nadie dice nada sobre la situación actual de las obras, ni el Ayuntamiento ni la Junta de Extremadura, no conocemos cuando se van a reemprender los trabajos o si se convertirán en escombros.

Sin duda, todo esto es el resultado de la adjudicación de la edificación a las empresas a unos precios temerarios que no ofrecen rentabilidad, y cuyo resultado final se traduce en el abandono de las obras, trabajadores que se quedan sin cobrar y el desamparo para los vecinos de la localidad que aspiraban a una vivienda.

En este asunto se requiere que, a la mayor brevedad, la Consejería y las Instituciones con las correspondientes competencias tomen las medidas necesarias para que esas viviendas se finalicen rápidamente.

En Badajoz, por señalar también un caso concreto, las viviendas de la guardia civil en el barrio de Suerte de Saavedra siguen en una negociación infinita entre el Ministerio y la Junta de Extremadura, sin importar las enormes necesidades existentes en aquella ciudad.

Todo esto es el resultado de la adjudicación de la edificación a las empresas a unos precios temerarios que no ofrecen rentabilidad, y cuyo resultado final se traduce en el abandono de las obras, trabajadores que se quedan sin cobrar

4. Creación de Bancos Locales de Viviendas.
En ciertas localidades hay viviendas en ventas que pueden ser adquiridas y rehabilitadas por la Junta de Extremadura. Esta política de adquisición y rehabilitación es más rápida y eficaz que las promociones para construir. Como es lógico, para que esta alternativa sea una realidad, es necesario que en los presupuestos regionales se establezca una partida presupuestaria para que en los Municipios se constituyan los mencionados bancos locales para alquiler social.

5. Plan de desarrollo y revitalización de áreas urbanas degradadas.  
Como ya hemos manifestado repetidas veces, especialmente cuando se elaboró la Ley Extremeña de Promoción y Acceso a la Vivienda, es de vital importancia realizar planes urbanísticos en barrios con un notable estado de abandono en acerados, instalaciones eléctricas, limpieza de alcantarillas, calles quebradas, etc. En general se trata de dotarlas de calidad habitacional, al mismo tiempo que se desarrollan programas específicos de lucha contra la creación de guetos y el aislamiento social. A veces, las instituciones ofrecen viviendas en zonas muy degradadas, con problemas sociales de todo tipo, que las familias suelen rechazar.

Se trataría de dotar las calles de calidad habitacional, al mismo tiempo que se desarrollan programas específicos de lucha contra la creación de guetos y el aislamiento social

6. Nos reafirmamos en la necesidad de una Empresa Pública y de un Banco Público con carácter regional que haga posible la ejecución de las políticas públicas relacionadas con la construcción y rehabilitación de viviendas y otras actividades urbanísticas en las diferentes localidades de la Comunidad Extremeña.