Derecho a la vivienda
Luchamos en la calle por una vivienda accesible y digna

El futuro es siempre conjetura, persiste en deseos, intenciones, miedos y formas de imaginarlo. Cada época se distingue por eso: por los modos en los que concibe su futuro. La vivienda y los modos de vivir siempre fueron un indicador decisivo del estado de una sociedad a la que la gobernanza nunca terminó por atender demasiado. Sin embargo, el futuro no existe en el futuro, insiste en el presente. Si bien es cierto que el modo en que lo pensamos nos define día tras día, la historia ha certificado que aquellas comunidades que ingenian futuros deseables terminan por anhelarlos y las que no se pueden permitir tal ingenio, entonces, se sobrecogen. 

Mis padres —tozudamente— se esforzaron en hacerme entender que los derechos civiles son la única trinchera garante de la participación en la vida pública: un lugar para imaginar la posibilidad de un futuro. Para la mía: la generación que se deja el sueldo en el alquiler o ni tan siquiera tiene esa opción y ha de seguir en casa de los padres, la de los salarios precarios y los ahorros inexistentes.

La vivienda, sueldos dignos y el sueño de un proyecto vital deberían ser las prioridades de cualquier reflexión política a la altura de un futuro

La vivienda, sueldos dignos y el sueño de un proyecto vital deberían ser las prioridades de cualquier reflexión política a la altura de un futuro. Y es que: ¿Para qué sirve la gobernanza, si no puede ofrecer una respuesta digna a tales cuestiones? Solo si se supera está incógnita, quizá la esperanza depositada en las políticas públicas sobreviva.

A pesar de las señales evidentes y la falta de acciones preventivas, nos hemos visto inmersos en una crisis de vivienda sin precedentes. Una emergencia habitacional que agranda la brecha de la desigualdad y afecta a las rentas más bajas y a las generaciones más jóvenes. Esto es algo que concierne a todos. Se trata, en esencia, de una cuestión de equidad. De cómo una generación distribuye tanto sus ganancias como sus costes, más si cabe, después de conocer los datos del último informe de Oxfam y del Consejo de la Juventud (CJE): el primero señalaba que el 1% más rico de España concentra el 22% de la riqueza mientras que el segundo anunciaba que los jóvenes necesitan el 93% de su salario si quieren vivir en solitario y de alquiler.

Garrot: “No podemos vivir en la Marina Alta, los propietarios prefieren hacer el verano en un mes”

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Turismo

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Hablamos con este grupo de acción ciudadana de su lucha contra la turistificación y de su impacto en el derecho a la vivienda.

Esto último, tal vez, aclare aquello que ya avanzó el mismo organismo en su Balance General del año 2023, cuando reflejaba un aumento de la edad de emancipación hasta los 31 años cuando la edad media de la UE se fijaba en los 26,5 años, teniendo en cuenta que, para el tramo de edad entre 25 y 34 años, más del 46% vivían con sus padres en 2023, casi 10 puntos más que hace una década.

Que la disponibilidad de un abundante parque de vivienda público en alquiler y a precios asequibles —vía de emancipación predilecta por los jóvenes europeos— es, sin duda, la principal carencia de nuestro país, no es ninguna novedad. Y, por supuesto, el hecho de que la construcción de vivienda haya estado más enfocada al desarrollo inmobiliario que a resolver el problema habitacional ocasionando espirales de especulación sin suplir las necesidades y manteniendo la carestía, la escasez de alquileres o las dificultades para la emancipación, es una realidad que por conocida no se torna menos hiriente y aplastante.

Un blindaje constitucional fallido, la irresponsable venta de las viviendas de protección social, la escasa inversión pública, una legislación carente de empatía y falta de compromiso del sector privado para ofrecer vivienda social accesible

Con la calle hirviendo y apretando, parece que el problema y la gravedad de sus implicaciones no ha figurado entre los grandes asuntos del debate político. Lo estamos pagando. Resulta insoportable constatar que han sido políticas desacertadas las que en gran parte han conducido a esta coyuntura: un blindaje constitucional fallido de todas todas, la irresponsable venta de las viviendas de protección social, la escasa inversión pública durante décadas, una legislación carente de empatía junto a la falta de compromiso del sector privado para ofrecer vivienda social accesible. A pesar de todo, y aunque se ha corregido la legislación y se han implementado prohibiciones, continuamos viendo las consecuencias más lacerantes del asunto: los desahucios persisten. Algunos , no poco, siguen cobrándose vidas.

Más allá de poner el foco no solo en los especuladores sino en el “rentismo”, es imperativo, —tanto a la hora de entender el problema como ante la urgencia de abordarlo— atender al déficit de viviendas sociales. La OCDE señala que en España las viviendas sociales solo constituyen entre el 2% y el 3% del total, una cifra que nos sitúa muy por detrás de países como los Países Bajos, donde alcanzan el 34%, o el Reino Unido y Francia, que cuentan con un 15%.

Por qué las ayudas al alquiler del Gobierno no van ayudar a los jóvenes, sino todo lo contrario

Martín Cúneo

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Derecho a la vivienda

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Mientras Pedro Sánchez sostiene que son necesarias medidas “contundentes”, crecen las críticas a anuncios que copian recetas de la derecha y suponen una transferencia de recursos públicos hacia caseros, fondos de inversión y bancos.

La escasez de parque público es uno de los síntomas que suscitan consenso. La presión ejercida sobre el parque inmobiliario existente, junto con la falta de ayudas para la rehabilitación y la adecuación de un parque construido envejecido, ha resultado en que una parte significativa de las viviendas contabilizadas como tales sean, en realidad, infraviviendas.

Esto ha llevado a que muchas personas vivan en condiciones de hacinamiento e insalubridad inaceptables. Aunque, del mismo modo que se necesita más vivienda social para familias con grandes dificultades, también es imprescindible situar los alquileres en un nivel de precios asequible, para hogares de rentas medias y bajas que no vean toda su capacidad de consumo y ahorro supeditada al pago de la casa.

Es fundamental que las distintas administraciones colaboren para liberar suelo y destinar recursos económicos a la construcción de vivienda social, preferentemente en régimen de alquiler

Ha llegado el tiempo de la política, es fundamental que las distintas administraciones colaboren para liberar suelo y destinar recursos económicos a la construcción de vivienda social, preferentemente en régimen de alquiler. Además, es crucial implementar medidas que reduzcan los plazos de ejecución de los proyectos. Algunas comunidades autónomas, responsables en esta materia ya concentradoras de gran parte de las competencias en materia de vivienda, ya han comenzado a actuar, mientras que otras se muestran negligentemente reacias a enfrentar el problema e incluso, utilizando un derecho constitucional como arma en la pugna partidista, oponiéndose a aplicar los límites de alquiler previstos en la Ley de la Vivienda. Para que esta medida sea completamente efectiva y no disminuya la oferta de vivienda disponible, es necesario regular también los alquileres de temporada, una propuesta que fue debatida en el Congreso el pasado mes de septiembre, pero que fue rechazada por PP, Vox y Junts.

Si cada vez resulta más difícil poder comprar una vivienda y cada vez resulta más caro vivir de alquiler pareciera que, para intentar atajar la situación, es vital restituir la vivienda como un bien esencial y dejar de lado toda consideración mercantilista: de fondo subyace el debate de hasta dónde puede llegar la intervención pública en el mercado inmobiliario. Y es que, si hay una cuestión de Estado donde los grupos parlamentarios debieran cooperar es la vivienda. Nada podría sería tan antidemocrático hoy: pocas cosas serían más perjudiciales que condenar a las futuras generaciones al aumento de la desigualdad que supone la falta de acceso a un techo asequible.

Una multitud toma Madrid para protestar por la inacción política ante la crisis de vivienda

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Decenas de miles de personas señalan al Gobierno central y al Ejecutivo de Díaz Ayuso por su responsabilidad en la escalada de precios de la vivienda.

Los riesgos para la democracia son claros, ya que la desigualdad actúa como un peligroso vector de polarización política. Esto quedo ya bien claro durante la crisis de 2008: el empobrecimiento de la clase media dio lugar a un resurgimiento y al ascenso de la ultraderecha en el seno de la Unión Europea, dejando heridas que aún siguen supurando. Mientras que la austeridad causó un desgarro social abrumador, evidenciado por el desalojo forzado de familias enteras de sus hogares, el sufrimiento de los jóvenes de hoy que no logran acceder a una vivienda, aunque menos visible, no será menos traumático.

Con todo, empiezo a darme cuenta de que mis padres tenían toda la razón del mundo cuando me decían que los derechos nunca se han regalado, siempre han sido el fruto de luchas y esfuerzos. No es que se la negará, sino que, simplemente, como consecuencia de los privilegios que su esfuerzo me ofreció, dejé de lado sus advertencias. Descolgarnos de la vida política entraña sus riesgos pone: en recesión derechos consolidados. Mañana es una buena oportunidad para recordarlo y revindicar el acceso a una vivienda digna. Necesitaremos toda la inteligencia, necesitaremos todo el entusiasmo y necesitaremos toda la fuerza; instruyámonos, organicémonos, movilicémonos porque si el futuro no es un espejismo de ilusión es amenaza, y así lo percibimos.