Derecho a la vivienda
Por qué las ayudas al alquiler del Gobierno no van ayudar a los jóvenes, sino todo lo contrario

La respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez a la multitudinaria manifestación del 13 de octubre por el derecho a la vivienda no ha podido ser más decepcionante. El lunes pasado, en unas jornadas organizadas por el Grupo Prisa, el presidente anunciaba una nueva partida de 200 millones de euros para el Bono Alquiler Joven en un discurso en el que no parecían concordar las palabras utilizadas y las medidas desplegadas.

“El Gobierno ha escuchado... a los rentistas”: el sindicato de inquilinas rechaza las medidas de Pedro Sánchez

Redacción El Salto

3

Alquiler

Alquileres “El Gobierno ha escuchado... a los rentistas”: el sindicato de inquilinas rechaza las medidas de Pedro Sánchez

Redacción El Salto

3

Pedro Sánchez ha anunciado la inyección de 200 millones de euros mediante el bono de alquiler joven, pero sigue sin anunciar ninguna medida propuesta por los movimientos sociales de vivienda.

El líder del PSOE decía que, sin “medidas contundentes”, la sociedad española terminaría dividida en dos clases. “Y yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres”, proclamaba. Su afirmación más sorprendente, que su Gobierno había “acabado con la lacra de los desahucios”, fue respondida apenas dos días después con un escrache a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La acción realizada por la PAH Vallekas pretendía recordar que la “lacra” de los desahucios no ha acabado para ellos ni para decenas de miles de familias —15.274 desde el inicio de 2024, más de 80 por día— tal como demuestran las cifras proporcionadas por la Consejo General del Poder Judicial en sus informes trimestrales.

Pedro Sánchez decía que, sin “medidas contundentes”, la sociedad española terminaría dividida en dos clases: “Y yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres”

La otra medida anunciada por Sánchez y confirmada por el Consejo de Ministros este martes 15 de octubre fue la presentación de un Real Decreto para “perseguir el fraude, proteger a quienes realmente necesitan del alojamiento de temporada y poner coto a los alojamientos turísticos ilegales y priorizar los alquileres de vivienda habitual”. Esta “ventanilla única” es una trasposición de un reglamento europeo que establece un sistema de registro y la obtención de un número de identificación para el alquiler de corta duración, ya sean alquileres de temporada o pisos turísticos. Según explicó la ministra, cada piso ofertado en este mercado de corta duración deberá contar con un número de registro para poder comercializarse.

En el caso de los alquileres de temporada, se deberá mencionar “la causa que justifica” ese contrato temporal. La falta de recursos para la inspección de cientos de miles de pisos y ofertas, el aumento de la burocracia que supone para las administraciones locales este trabajo y la falta de ambición de esta ventanilla, que no prohíbe el uso especulativo de los contratos de temporada y los pisos turísticos en las zonas tensionadas, han sido los elementos más criticados por los socios de izquierda del Gobierno y los sindicatos de inquilinos, que han calificado de “cortina de humo” los anuncios realizados.

Sin embargo, han sido la renovación de la renovación del Bono Alquiler para jóvenes la medida más criticada por los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno desde izquierda y las organizaciones que trabajan por el derecho a la vivienda. 

“El bono al alquiler para los jóvenes es un Bizum directo al bolsillo de los caseros si no se topan los precios”, señaló Íñigo Errejón, portavoz de Sumar, quien habló del momento político actual como un “parteaguas”, un punto de inflexión en el que se decidirá el futuro de la legislatura. Según defienden desde Sumar, solo tiene sentido un bono de alquiler joven si hay, al mismo tiempo, un límite al precio de los alquileres. De no haberlo, las ayudas del Gobierno se trasladarán directamente al bolsillo de los caseros a través de aumentos en los precios del alquiler.

En la sesión de control del Congreso, Ione Belarra, líder de Podemos, insistió en la misma idea: “Ustedes aprueban unas ayudas al alquiler que sin un tope a los alquileres no van a servir de nada más que para seguir subiendo el precio de la vivienda. El señor [Óscar] Puente aplaude con las orejas cuando dice que Blackrock se va a venir a especular a España. Eso, señor Sánchez, no es ser de izquierdas”. ERC, en boca de su portavoz, Gabriel Rufián, exigió al Gobierno que deje de “regalar bonos” y “cheques” a los jóvenes para pagar el alquiler y se limiten los precios de la vivienda. Rufián se mostró escéptico sobre la comparecencia de la ministra de Vivienda en el Congreso el próximo 23 de octubre, especialmente después de que haya pedido “fe y solidaridad” a los propietarios para que bajen el precio. 

“Este tipo de ayudas, sin bajar los alquileres y cuestionar la propiedad, se lo quedan los de siempre. No vamos a parar: queremos una bajada inmediata al 50% o lo haremos nosotras”, señalaban desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid

 “El Gobierno ha escuchado… a los rentistas”, resumía el Sindicato de Inquilinas de Madrid pocas horas después del anuncio de Pedro Sánchez. “Este tipo de ayudas, sin bajar los alquileres y cuestionar la propiedad, se lo quedan los de siempre. No vamos a parar: queremos una  bajada inmediata al 50% o lo haremos nosotras. Lo tenemos claro, solo nos queda la organización”.

La trampa de las ayudas al alquiler

En teoría, la renovación del Bono Alquiler Joven busca ayudar a los jóvenes a pagar un alquiler que en algunas ciudades como Barcelona ya suponen el total de sus ingresos medios. Un reciente informe del instituto de investigación IDRA titulado “De propietarios a inquilinos. Informe sobre la creciente desigualdad en el acceso a la propiedad”, explica por qué esta medida no funciona.

El principal problema, explica Jaime Palomera, unos de sus autores, es que “si no se regula el mercado, la inyección de subsidios suele tener efectos adversos: los caseros, sabiendo que los inquilinos tienen más dinero, pueden subir los alquileres, anulando el beneficio del bono y empeorando el acceso a la vivienda”. 

“Los caseros, sabiendo que los inquilinos tienen más dinero, pueden subir los alquileres, anulando el beneficio del bono y empeorando el acceso a la vivienda”, dice Jaime Palomera, coautor del informe 'De propietarios a inquilinos'

De esta esta forma, el bono joven se transforma en un beneficio para caseros no para los jóvenes, indica: “El bono actúa como una transferencia directa de recursos públicos a los rentistas”. Otro problema, añade este activista e investigador, es que el bono solo se concede a quienes ya están alquilando por lo que “no aborda el problema de fondo”, que es la dificultad de los jóvenes para emanciparse”. 

Otra de las iniciativas del Gobierno del PSOE dirigidas a jóvenes que pueden ayudar a empeorar el problema en vez de solucionarlo son los avales para las hipotecas. Esta medida, que pretende facilitar el acceso a la vivienda a los menores de 35 años con la aportación por parte del Estado de la entrada para la compra de una primera vivienda, presenta “serias deficiencias”, según el informe de IDRA. La primera es la “inaccesibilidad”, dado que la mayoría de las personas de bajos ingresos no cumple los requisitos exigidos por lo que las ayudas solo beneficiarán a los sectores de población que tendrían menos problemas para encontrar techo por sus propios medios.

Siguiendo una estela que se creía superada tras el estallido de las subprime, donde los bancos daban préstamos por el 100% de la vivienda, ahora es el Estado quien expone a decenas de miles de jóvenes a este “riesgo financiero” y a un posible “endeudamiento excesivo” en el caso de que sus condiciones económicas empeoren. La otra gran crítica a este modelo, al que también recurren todos los gobiernos autonómicos del PP, es que termina siendo un “subsidio a los bancos” ya que en caso de incumplimiento sería el Estado quien asume la deuda. “Esto representa una transferencia directa de riesgo financiero desde los bancos al sector público, incentivando prácticas de préstamo más arriesgadas y beneficiando a las instituciones financieras más que a los ciudadanos”, concluyen los autores.