Derecho a la vivienda
El movimiento vecinal de Carabanchel impide por segunda vez el macrodesahucio de Sareb

En rueda de prensa realizada frente a los edificios y en medio de contagiosa alegría, los vecinos de los tres bloques de la calle María Guerrero, 11, 13 y 15, han conmemorado su victoria ante la Sareb, que se proponía —por segunda vez— desahuciarlos de las viviendas que alquilan desde la inauguración de los edificios. Fue la propia Sareb, por intermediación de su responsable de área, Gaspar González Palenzuela, la que solicitó ante el Juzgado de 1ª instancia número 32 la suspensión del lanzamiento.

Según su nota de prensa y en declaraciones de los propios vecinos recogidas por El Salto, durante todo el proceso, los inquilinos de María Guerrero han venido recibiendo fuertes muestras de apoyo de los colectivos de Vivienda de Carabanchel, Stop Desahucios, PAH y otros, así como de vecinos del barrio y activistas. Y han consolidado una organización que se ha desplegado en la búsqueda de alianzas con otros vecinos, múltiples consultas jurídicas y hasta hacerse escuchar por diferentes partidos del arco político parlamentario, expresamente PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid.

Cabe señalar que, de las 18 familias afectadas siete de ellas están reconocidas por los Servicios Sociales de estar en riesgo de vulnerabilidad. En su momento, todas firmaron contratos de arrendamiento con las constructoras Proisa S.L. y Proyectos Inmobiliarios Stout y abonaron sus alquileres hasta que las empresas quebraron y los pisos pasaron a manos de la Sareb, que los adquirió a través de una subasta. Tras un primer intento de desalojo detenido el 18 de diciembre de 2019, los integrantes del edificio han vuelto a lograr que no se ejecute el plan del banco malo de sacarlos de sus viviendas.

Lo que no han conseguido hasta el momento es ser recibidos por autoridades de esta entidad, que se ha negado sistemáticamente a aceptar los depósitos de alquiler, o a intentar renegociarlos, o escuchar alguna eventual propuesta de compra. La Sareb permanece indiferente a sus intentos de contacto, para poder llegar a un acuerdo que resuelva su situación de manera estable y definitiva. Y, en ese sentido, nada sustancial ha cambiado para estos vecinos, han conseguido que se suspenda el segundo intento de desahucio, pero ninguna solución de fondo.

Ante la negativa cerrada de la empresa —compuesta en un 45% por capital estatal— explican que “exigimos la intervención del ejecutivo central para forzar a la creación de una mesa de diálogo que resuelva el impasse impuesto por la empresa”, así lo expresa Lucía, portavoz del Movimiento de Vivienda de Carabanchel, en declaraciones a El Salto y lo ratifica, Óscar, vecino del edificio del Nº 15: “lo que queremos es la mesa de negociación con la Sareb. Y si se niega, seguiremos luchando por los derechos que tenemos y presionando como lo hemos hecho hasta ahora”.

Preguntado respecto del proceso que le ha tocado vivir, Óscar es enfático: “Nunca me imaginé pasar por este trance, cuando veía un desahucio por la tele pensaba, pobre gente, qué mal lo tiene que estar pasando”. Y a modo de apreciación general: “He visto una unión muy grande entre todos los vecinos, la asamblea de Carabanchel, Stop Desahucios, la PAH, y está claro que la unión hace la fuerza”.

CAMBIAR EL RUMBO DE LA SAREB

El episodio de María Guerrero se enmarca en un debate que está animando a los movimientos de vivienda madrileños a intentar cambiar cien por cien el objetivo estratégico para el que fue diseñada la Sareb. La empresa —que se presenta como sociedad anónima— está integrada en un 45% por capital público y un 55%, privado. Creada en 2012 durante el gobierno de Rajoy, su arquitecto fue Luis de Guindos quien, en ese momento, garantizó que la operación no iría a costar ni un euro al contribuyente. El plazo para alcanzar el objetivo con que se justificó su creación fue de quince años, de los cuales ya han pasado siete.

El propósito declarado del llamado “banco malo” era comprar el parque inmobiliario de los bancos españoles quebrados en el reventón de la burbuja de 2008, para venderlo maximizando beneficios. De haber sido eso cierto no habría hecho falta crear la entidad, simplemente las viviendas se habrían negociado en el mercado libre. Como explicaba Manuel Gabarre en el libro Tocar Fondo, la finalidad real fue comprar esos inmuebles para vendérselos en condiciones irresistibles a fondos buitre (que especularían con sus posteriores alquileres). Estos fondos, dado su alto nivel de disponibilidad financiera, irían a garantizar una masiva entrada de dinero fresco asignado a esa operación, a condición de que se les garantizara un negocio redondo. Y así se hizo.

Los pisos fueron negociados a precios inferiores a los valores de mercado y, en ese periodo, se creó la figura jurídica de las Socimi, con la cual los fondos buitre quedaban —literalmente— eximidos del pago de impuestos. Con semejante diseño, la Sareb no ha hecho más que arrojar pérdidas que —acumuladas— ya totalizan 3.800 millones de euros.

Dado el manifiesto expolio al patrimonio público que evidencia la maniobra descrita y el previsiblemente fatal desenlace de la Sareb —que del préstamo de 50.000 euros de la UE aún debe casi 40.000 millones— los colectivos de vivienda plantean que es imperioso modificar la razón de ser del banco malo. Proponen que su parque inmobiliario, en vez de continuar vendido a fondos buitre o en el mercado libre —y seguir engordando el negocio especulativo del alquiler— sirva para paliar el acusado déficit de vivienda pública en alquiler que padece España, comparada con otros estados de la UE. Y, para intentar tener éxito en este designio, se proponen una acción sostenida ante la sociedad y una fuerte presión sobre los partidos políticos. Así ha quedado en evidencia en diferentes encuentros y asambleas a las que ha tenido acceso El Salto.

En esos espacios se ha observado asimismo el fuerte cuestionamiento que se hace a los partidos en esta materia donde, según Pablo, activista de la PAH de Vallecas “Se han prometido transformaciones profundas y hasta el momento no se han atrevido con nada, no aparece ningún cambio profundo en las medidas de gobierno, ni en la ley del suelo, ni de los alquileres, ni la propia Sareb, siendo que el ministerio de economía es responsable por esta empresa. Y desde la sociedad hay propuestas sobre el tema, está la Ley de Vivienda de la PAH y la de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, pero los partidos parecen no darse por enterados”. Y, según sus propias manifestaciones, están decididos a pasar a la ofensiva actuando en un plan más coordinado y frontal, para conseguir un cambio decisivo de rumbo en la política de vivienda del gobierno.