Derecho a la vivienda
Escepticismo ante un decreto de vivienda que seguirá bonificando a los caseros: “es propaganda electoral”

La vivienda ha vuelto al centro de la agenda política. Este lunes, el Gobierno anunció que durante el mes de julio aprobará un nuevo paquete de medidas con el que pretende contener el precio de los alquileres, reforzar la protección de las personas inquilinas y aumentar la oferta de vivienda asequible.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo de coalición presentó la iniciativa como un intento de alcanzar un amplio consenso parlamentario sobre la materia, y el texto pretende recuperar algunas propuestas que ya fracasaron en el Congreso hace apenas unos meses y añadir otras dirigidas a limitar la especulación del alquiler turístico y combatir el fraude en los arrendamientos de temporada.

Promesas similares que luego quedaron en nada

No obstante, el anuncio ha generado reacciones de cautela en la mayoría de los movimientos por la vivienda y las organizaciones de inquilinos, que prefieren esperar a la presentación del texto definitivo para comprobar si realmente las propuestas del Gobierno están orientadas a paliar eficazmente el problema de la vivienda, y cuál puede ser su impacto real.

Así, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, que agrupa a organizaciones como el Sindicat de Llogateres y otros sindicatos territoriales de diversas partes de España, recuerda que el Ejecutivo ya ha prometido en anteriores ocasiones reformas que finalmente no llegaron a materializarse o que luego quedaron muy rebajadas durante la tramitación parlamentaria.

“Lo que ha dicho el Gobierno es un anuncio y tendremos que estar vigilantes hasta que no tengamos un texto que podamos ver y hasta que se apruebe en el BOE”, comenta Carme Arcarazo, portavoz de la Confederación. “Es una legislatura en la que se han anunciado muchas cosas, pero han pasado muy pocas. También hay que decir que las medidas que se han prometido son medidas de mínimos”, añade.

Entre las principales exigencias de la Confederación figura también la recuperación de la moratoria de desahucios para hogares vulnerables

La organización considera positivo que el Gobierno haya vuelto a situar sobre la mesa cuestiones como la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la recuperación de las prórrogas extraordinarias de los contratos o la obligatoriedad de formalizar los arrendamientos por escrito. Sin embargo, sostiene que estas iniciativas solo serán efectivas si se desarrollan sin excepciones que permitan mantener las vías de fraude utilizadas en los últimos años para esquivar la legislación de vivienda.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) Vallecas, Diego Sanz, comenta que “el consenso político en torno al problema de la vivienda es falso, porque España es una sociedad de propietarios y todos los partidos del arco parlamentario legislan teniendo esto en cuenta”, y asegura que el decreto del Gobierno “es un brindis al sol, porque mientras que se cae la parte relativa a la regulación se mantiene la de los regalos a los propietarios”.

La Confederación de inquilinios considera positivo que el Gobierno haya vuelto a situar sobre la mesa cuestiones como la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la recuperación de las prórrogas extraordinarias de los contratos o la obligatoriedad de formalizar los arrendamientos por escrito. Sin embargo, sostiene que estas iniciativas solo serán efectivas si se desarrollan sin excepciones que permitan mantener las vías de fraude utilizadas en los últimos años para esquivar la legislación de vivienda. En este sentido, el organismo reclama que el futuro decreto incorpore íntegramente la denominada Ley Antiestafas Inquilina, una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos redactada por los propios sindicatos y registrada en el Congreso hace dos años, pero que continúa bloqueada.

Entre las principales exigencias de la Confederación figura también la recuperación de la moratoria de desahucios para hogares vulnerables. Arcarazo asegura que “ante la avalancha de desahucios que estamos viviendo en las últimas semanas, es obligatorio volver a activar la moratoria que protegía a 60.000 familias vulnerables”, y defiende que las prórrogas de los contratos de alquiler se apliquen de forma integral para evitar que parte de las personas inquilinas quede fuera de la protección prevista por el Gobierno.

La portavoz insiste además en que la crisis de acceso a la vivienda no puede abordarse desde una posición de equilibrio entre propietarios e inquilinos: “La solución a la actual crisis de vivienda no pasa por ser neutral ante un sistema basado en la extracción de rentas de las clases trabajadoras hacia la minoría rentista”, afirma la Confederación. El colectivo también advierte de que, si el paquete finalmente no incorpora reformas estructurales capaces de reducir el coste de la vivienda y mejorar la protección de quienes viven de alquiler, mantendrá el calendario de movilizaciones anunciado durante los últimos meses.

Sanz es más crítico con el Ejecutivo de coalición, y considera que “le falta credibilidad y capacidad”, ya que “cuando tenían mayoría parlamentaria no sacaron adelante una ley de vivienda realmente efectiva, y ahora son incapaces porque están en minoría parlamentaria”. Para el portavoz de la PAH Vallecas el Gobierno “lleva legislando con parches en materia de vivienda desde 2020, diciéndonos que ‘no era lo que queríamos pero es un avance’”, y pone el ejemplo del escudo social, que “solo afectó a uno de cada cuatro desahucios judiciales mientras negociaban con Junts y el PP el endurecimiento de las medidas antiokupación”.

Continúan las bonificaciones a los caseros

La ministra portavoz, Elma Saiz, explicó en rueda de prensa este martes que el futuro real decreto ley se articulará en torno a dos grandes ejes. El primero busca reducir el precio de los alquileres, aportar mayor estabilidad a los contratos y frenar prácticas abusivas que, en muchos casos, van contra la ley. Entre las medidas estrella anunciadas figuran la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones; la recuperación de la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, que permitiría extender los arrendamientos más allá de su vencimiento; la obligatoriedad de formalizar los contratos por escrito, y la limitación de las actualizaciones anuales de la renta en función del IPC, que tiene como objetivo de frenar las subidas desbocadas en el mercado del alquiler.

El segundo bloque estará orientado a fomentar la disponibilidad de vivienda asequible mediante medidas como el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos y la agilización de procedimientos administrativos relacionados con la puesta en el mercado de nuevas viviendas. No obstante, el Ejecutivo también ha anunciado que habrá nuevos incentivos fiscales para los propietarios que mantengan o reduzcan los precios del alquiler.

El acuerdo recupera parte del contenido del decreto que el Gobierno aprobó el pasado marzo pero que fue rechazado en el Congreso al no obtener el respaldo suficiente

El Gobierno defiende que este conjunto de medidas busca equilibrar el mercado y aumentar la oferta de vivienda asequible sin recurrir exclusivamente a la construcción de nuevas casas. En paralelo, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 —que actúa como marco estructural del texto que se aprobará este mes de julio— refuerza la inversión pública en vivienda protegida, rehabilitación y ayudas al alquiler, con un presupuesto total de 7.000 millones de euros.

“Lo de la vivienda asequible es una estafa”, insiste Diego Sanz. “Saben que tiene que haber un cupo de viviendas con alquileres por debajo del precio del mercado, que no todo el mundo puede pagar 1.400 euros de alquiler. Así que se centran en los que pueden pagar 800 o 900 euros y te lo venden como alquiler asequible”.

Que el planteamiento del decreto es insuficiente es algo en lo que coinciden los sindicatos de inquilinas y otros colectivos del movimiento por la vivienda. Aunque valoran la incorporación de medidas para limitar los alquileres de temporada o reforzar la estabilidad de los contratos, consideran que el enfoque no ataca el origen de la crisis habitacional, que no es otro que la acumulación de vivienda como activo de inversión y especulación, y la ausencia de un parque público de vivienda que absorba la demanda y ofrezca precios realmente asequibles.

Con todo, para los sindicatos de inquilinas y otros colectivos del movimiento por la vivienda, el planteamiento sigue siendo insuficiente. Aunque valoran la incorporación de medidas para limitar los alquileres de temporada o reforzar la estabilidad de los contratos, consideran que el enfoque no ataca el origen de la crisis habitacional, que no es otro que la acumulación de vivienda como activo de inversión y especulación, y la ausencia de un parque público de vivienda que absorba la demanda y ofrezca precios asequibles.

El acuerdo llega después de meses de negociaciones entre los socios de gobierno (PSOE y Sumar), y recupera parte del contenido del decreto que el Gobierno aprobó el pasado marzo pero que fue rechazado en el Congreso al no obtener el respaldo suficiente. El Ejecutivo confía ahora en incorporar propuestas defendidas por distintos grupos parlamentarios para facilitar su convalidación y sacar adelante una norma que considera prioritaria ante una crisis de acceso a la vivienda que continúa encabezando la lista de principales preocupaciones entre los españoles.

“Hay que llevar las demandas al terreno sindical, que se comience a hablar en serio de nacionalización del sector bancario, porque la crisis social, económica y de vivienda se va a profundizar”, advierte Diego Sanz. “Estamos ante políticas de suma cero, la legislatura está muerta y esto [el anuncio del decreto] hay que entenderlo como propaganda electoral”, concluye.