Derecho a la vivienda
La Comunidad de Madrid hunde San Fernando de Henares y humilla a sus vecinas

No es una metáfora. San Fernando de Henares se está hundiendo. En la Plaza Fuente del Trébol, 8 de este municipio de la Comunidad de Madrid (CAM) un edificio con 24 viviendas se ha hundido unos 20 centímetros. El año pasado ya habían comenzado a salir algunas fisuras en las paredes de algunas de las viviendas. María de los Ángeles Garoz (Nines) lleva viviendo seis años en esta casa. Se mudó después de divorciarse y antes de que se hundiera el edificio vivía en el sótano con su hijo y su nuera embarazada.

La madrugada del 4 de enero, Nines y sus 52 vecinos fueron desalojados del edificio por el hundimiento del mismo. Al día siguiente los técnicos de la Comunidad les dijeron que podían regresar a sus casas y que el edificio estaba en condiciones habitables. “Llevo un año con fisuras enormes que dan a la calle, por las que se colaba el frío y el agua. La respuesta de la Comunidad fue que me podían poner silicona o pladur y les dije que no. Yo lo que quiero es que arreglen la pared. Si me ponen eso y vuelve a temblar el edificio se vuelve a romper”, cuenta Nines, que lleva varios días viviendo en casa de una amiga, mientras que su hijo y su nuera viven en casa de otros amigos.

Alejandro Escribano, que ha sido desalojado hasta en tres ocasiones y nació en el municipio, es portavoz de la Plataforma de Afectados por el Metro Linea 7B San Fernando y señala que “a pesar de que se le pidió a la Comunidad de Madrid un informe con datos sobre el estado del edificio, lo único que obtuvimos fue un informe de la empresa Intemac en el que decían literalmente que, en su opinión, el edificio es habitable y seguro”. El Salto ha podido acceder a este informe que, efectivamente, tan solo expresa una opinión sin ofrecer ningún dato. “Los vecinos no podemos depender de una opinión sobre un edificio que se está hundiendo, necesitamos datos técnicos”.

“Estas inyecciones nunca han servido para nada, pero siguen haciendo lo mismo. Como ya ha ocurrido hace años, nadie nos garantiza que esto no vaya a ocurrir de nuevo dentro de cuatro o cinco años"

“Sientes el bloque temblar y crujir según la máquina está taladrando justo al lado. Hubo un día que la vibración ya era demasiada, no era normal”. Nines se refiere a una de las máquinas de inyección que están operando en San Fernando de Henares, inyectando una solución de hormigón a 50 metros bajo la superficie para tratar de evitar que el municipio se hunda debido a las aguas subterráneas que están horadando el suelo bajo la superficie. “Máquinas y personas no podemos convivir a la vez. Los técnicos nos han dicho que las máquinas no las van a quitar así que eso es lo que tenemos”.

Las primeras familias desalojadas en septiembre de 2021 no accedieron a ningún tipo de ayuda económica. Fueron realojadas en un apartahotel situado en un polígono industrial a 12 kilómetros de San Fernando, que cuenta con espacios de no más de 30 metros cuadrados. Además según varias vecinas consultadas han denunciado las condiciones de miseria, plagas de insectos, mal estado de los muebles. Hablamos de un polígono industrial sin acceso a servicios sanitarios y dificultad en los transportes para personas mayores de 80 años. “Estas familias llevan un año y medio viviendo allí por miedo a quedarse en la calle o sin futuras ayudas”, comenta Escribano.

David Casado es otro de los vecinos afectados por las obras de inyección en el municipio. A pesar de que todavía sigue viviendo en su casa porque los informes técnicos no reconocen sus domicilios como afectados. Una de las máquinas opera a menos de dos metros de la pared que da a su vivienda y narra que “vibran las lámparas y los buzones, el pasado viernes no sé qué hicieron que saltaron los azulejos de la cocina. Habitable quizá sí sea, pero vivir con este tipo de obra a metro y medio de casa no lo es”. Durante el recorrido Casado nos ofrece entrar a su vivienda y ver las grietas que atraviesan techo y paredes. “Los técnicos te dicen que es por haber instalado un ascensor, que el edificio se está asentando, cuando son bloques que llevan 65 años en pie”.

Mar Martínez conserva su casa de momento a pesar de que en varias ocasiones se han abierto grietas en las paredes. El 15 de diciembre de 2022, la Comunidad de Madrid avisó a parte de los vecinos de su bloque para decirles que tenían un proyecto de derribo de sus viviendas. Desde la escalera que da al patio interno observa el lugar vacío que ocupaban las viviendas de sus antiguas vecinas: “A nosotras ni siquiera nos avisaron de que iban a derribar la mitad del bloque. La información te llega muy poquito, pero es que los papeles no llegan nunca. No te dan ningún papel. Yo compré mi casa junto a otros 30 vecinos y ahora quedamos la mitad. Después de este tiempo nos conocemos todos, tenemos lazos y nos llevamos bien”.

Mar vive desde hace 25 años en el ahora semiderruido edificio de la calle Ventura Argumosa. Pero ella tenía una peluquería en un local de la calle Presa, de la que desalojaron a 12 familias para derribar también sus casas. “Llevo 29 años con la peluquería, me hicieron abandonar el local, me ofrecieron uno nuevo pero ya se ha visto afectado por nuevas grietas. Van a volver a inyectar en esa calle y van a derribar todo un complejo de viviendas al lado de mi negocio. Yo tengo una peluquería, la gente va a dejar de venir”, comenta.

“Están destrozando el municipio y lo van a hundir. Estas inyecciones nunca han servido para nada, pero siguen haciendo lo mismo. Como ya ha ocurrido hace años, nadie nos garantiza que esto no vaya a ocurrir de nuevo dentro de cuatro o cinco años. Para esta obra en concreto hay destinados 10 millones de euros. Para obras siempre hay dinero, pero para las indemnizaciones a las familias afectadas, no”.

A fecha de publicación de este artículo hay 88 familias desalojadas y más de 600 viviendas y mil personas afectadas. “Si contásemos con las 24 familias del bloque de la Plaza del Trébol que se está hundiendo, que no constan como desalojadas para la Comunidad de Madrid porque según sus técnicos el edificio es habitable, estaríamos hablando de 112 familias desalojadas”, matiza Escribano.

El tipo de ayudas que ofrece la Comunidad de Madrid ha ido mejorando en el tiempo debido a la organización y lucha vecinal. Si a los primeros desalojados les enviaron al polígono industrial, mediante la presión las últimas familias han conseguido que les paguen sus alquileres. “La vivienda te la tienes que buscar tú y tú tienes que firmar el contrato. Después te abonan la mensualidad mes a mes. Pero las condiciones son tan sumamente complicadas que es casi imposible encontrar ningún piso. Yo he hablado con once inmobiliarias y me han dicho todas que según las condiciones que nos ha dado la Comunidad de Madrid para pagar el alquiler no alquilan a nadie. No son contratos de adenda, nos obligan a firmarlos y pagarlos nosotros. Un piso como el mío, cuyo alquiler son 1.300 euros exige un desembolso para la familia de entre 3.000 y 5.000 euros entre adelantos y fianzas que la Comunidad de Madrid no cubre. Además hay meses que ni siquiera pagan aduciendo cuestiones administrativas”, sentencia Escribano.

Aguirre, paella, chocolate y la Púnica

Todo empieza en 2006, cuando Esperanza Aguirre anuncia un nuevo trazado de la línea 7B de metro, cuyas obras habían comenzado en 2004, que incluye dos paradas no contempladas en el original: Henares y Hospital del Henares. En 2020, cuando este medio entrevistó a Antonio Rus, trabajador de metro del sindicato Solidaridad Obrera, no dudó en afirmar que “Aguirre utilizó la estación de Hospital del Henares para ganar votos en las autonómicas de 2007”. La estación se inauguró con una paella, chocolate y conciertos a los que acudieron 2.000 personas menos de un mes antes de las elecciones.

La licitación de estas obras dependía de la empresa público privada Mintra, creada por Gallardón para licitar obras en el Metro y evaluar los impactos. A pesar de que ya no existe, Mintra se encuentra bajo investigación en el sumario de la Púnica. Las obras de la ampliación 7B fueron concedidas a Dragados, la constructora de Florentino Pérez. Un año después de la inauguración, en 2008, empiezan a surgir las primeras grietas en algunas de las viviendas.

Para entender lo que está sucediendo bajo el suelo de San Fernando, Escribano recurre a la imagen de un queso gruyere. “San Fernando tiene una serie de acuíferos que recorren el subsuelo. Con la ampliación de la línea 7B hubo que desviar un gran acuífero. Imaginemos que el subsuelo es como un queso gruyere, lleno de agujeritos que están llenos de materiales hipersalinos. Si no los tocas no pasa nada, pero al desviar el agua, que está cargada de sales, estas capas salinas comienzan a degradarse junto al metro”. La solución que comenzaron a aplicar los técnicos de la Comunidad de Madrid fue usar colectores de agua, que son como pajitas que succionan el agua de los alrededores del metro y la arrojan a otras zonas. “Pero la presión con la que corría el agua era mucho mayor de la que esperaban y acabaron reventando los colectores, inundando de agua que era muy salina, casi un disolvente, todas las zonas de alrededor del tramo del metro”, continua Escribano.

Otra de las soluciones que han aplicado varias veces durante estos últimos años han sido las ya mencionadas inyecciones de cemento para tratar de solidificar el terreno y desplazar el agua de las zonas afectadas. “En 2011 se hacen las primeras acciones de inyección, se repiten en 2013, 2016, 2018 y ahora, lo cual siempre provoca el mismo resultado, que nuevas áreas se vean afectadas. El agua es como una gigantesca mancha de aceite expandiéndose por debajo de todo el municipio y hundiéndolo”, cuenta Escribano.  

“Después de siete cierres desde su apertura, ahora el metro está cerrado desde agosto y no se prevé que abra hasta finales de mayo. Son obras y obras y obras. Esto es dar dinero público a empresas privadas de manera bárbara sin que sirva de nada”, comenta Manolo Fernández, maquinista de metro

En 2008 se publica un Estudio de seguimiento hidrogeológico de la Línea 7 de Metro de Madrid por un convenio de colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid en el que los profesores Pedro Martínez y Eugenio Sanz afirman que “la presencia de agua o de humedad detrás del revestimiento del túnel [...] conlleva una reducción del 28% del volumen, y por tanto la creación de huecos, ocasionando riesgo de colapso”.

Estudio de Seguimiento Hidrogeologico de La Linea 7 Del Metro de Madrid. 2008 by Alvaro Lorite on Scribd

Entre las conclusiones y recomendaciones del informe destacan que “es importante tener en cuenta que con el tiempo estos materiales sulfatados van a seguir alterándose por lo que es imprescindible el anteriormente citado estudio geotécnico, así como la vigilancia a largo plazo de la zona [...] La naturaleza kárstica del sistema subterráneo impide que puedan descartarse subsidencias y colapsos”.

Manolo Fernández, maquinista de metro desde hace 40 años y miembro del sindicato Solidaridad Obrera, que ha llevado durante estos años los conflictos laborales ligados a la seguridad en este tramo, se pregunta por qué nadie informó de que no se podía realizar ese tipo de obra debido a la composición del suelo y los acuíferos. Hasta 2016 no llega el primer informe propio de la Comunidad de Madrid que señala que, efectivamente, “se dejó transcurrir un tiempo excesivo desde que se manifestaron los primeros problemas y por ello el proceso de disolución y degradación del terreno evolucionó hacia extremos difícilmente reversibles”.

“Hasta los propios operarios de las obras reconocen que no pueden saber hasta dónde llega el cemento que están echando con las inyecciones ni a dónde desplazan el agua”, comenta Escribano. “Las licitaciones de estas obras se hacen a través de la empresa público privada Tragsa, que se los está adjudicando a la empresa Kronsa. Las obras han provocado numerosos cortes de luz y agua a los vecinos. Han dañado tuberías de gas con los vecinos dentro de las viviendas. Y han tenido que ser los propios vecinos quienes han tenido que avisar a las autoridades porque olía a gas en sus casas”.

“Después de siete cierres desde su apertura, ahora el metro está cerrado desde agosto y no se prevé que abra hasta finales de mayo. Son obras y obras y obras. Esto es dar dinero público a empresas privadas de manera bárbara sin que sirva de nada”, comenta Fernández. Desde Solidaridad Obrera reclaman que las estaciones del tramo se cierren para siempre y que, en caso de que fuera necesario se hiciese un metro ligero en la superficie. “Estábamos moviendo trenes con viajeros en estaciones que se hundían”.

Daños y secuelas en el cuerpo

Nines ha tenido que ir a urgencias por el estrés y la ansiedad por no saber cuándo tendrá una casa propia a pesar de haber pagado la suya. También se le complicó un posoperatorio del ojo por la falta de reposo. Ansiedad es la palabra que repiten casi todas las vecinas entrevistadas.

De las familias desplazadas hay personas de más de 80 años que han tenido que aclimatarse a su nueva vida en el apartahotel del polígono industrial. “Yo tengo una hija de cinco años que también lo está viendo y viviendo a su manera, ven la realidad bajo su prisma, y ella me preguntaba que a dónde iban a llevar los Reyes Magos sus regalos a sus amigos desalojados”, comenta Casado.

Poner el cuerpo tampoco es gratuito. Ni económicamente ni en salud. Después de 20 minutos dando detalles pormenorizados y técnicos de lo que ha sido esta lucha de 15 años, cuando desde El Salto le preguntamos qué tal está, el ceño fruncido que ha mantenido durante la entrevista se deshace y su voz se quiebra aguantando las lágrimas. Llora sin ellas, con la voz y la cara, mientras cuenta que “para entenderlo hay que vivirlo. Te cambia la vida. Para la parte en la que estamos al público y salimos a pelear te pones la coraza, pero cuando llegas a casa o a tu portal vas y te rompes, te cuesta mucho. Cuesta separar lo personal de la pelea”.

Toda la ayuda psicológica que la Comunidad de Madrid ha brindado a las vecinas son dos profesionales que les atienden semanalmente en grupo, sin atención pormenorizada. Igualmente han abierto una oficina pública para los afectados, “pero no sirve para nada. Llegas cuentas tu problema y te dicen que pasas a una lista de espera y ya, solo sirve para frustrarte más”, comenta Casado mientras camina frente a la cristalera transparente de la oficina.

Víctor Yangüez, vecino de 19 años, también ha sufrido las consecuencias de poner la cara en la lucha. Vivía en una casa que derribaron en mayo y ahora está con su familia pagando un nuevo alquiler además de la hipoteca que pagaban porque aún no han recibido ninguna indemnización. Víctor apareció en un vídeo de Tiktok que se viralizó denunciando la situación del municipio. A las horas el medio subvencionado por la Comunidad de Madrid OKDiario elaboró un perfil señalando al joven, lo cual derivó en un acoso mediático y en redes de miles de perfiles atacándole. 

“Nosotros buscábamos la presión mediática para ver si se ponen las pilas para poder solucionar este problema y que todo el mundo sepa que no hay nadie al volante de esta situación”, relata Yangüez a El Salto. “Pero claro que te afecta, son bulos contra mí, gente criticándome, perfiles cercanos al Partido Popular. Aunque estoy bien, pero al daño psicológico de perder la casa se le suma el de que te ataquen”.

“La Comunidad de Madrid cuando tiene un problema encima de la mesa y ve que no nos puede doblegar descuelgan el teléfono y llaman a sus medios afines para poner en marcha la máquina del fango”

“La Comunidad de Madrid cuando tiene un problema encima de la mesa y ve que no nos puede doblegar  descuelgan el teléfono y llaman a sus medios afines para poner en marcha la máquina del fango”, comenta Escribano. Para responder toda esa ofensiva de bulos contra el joven, su propia madre y otros vecinos utilizaron las redes sociales para mandar mensajes de apoyo y visibilizar que estaban orgullosos de él. “Lo único bueno de todo esto es la unión que se está generando en el municipio. Vecinos que hasta ahora no nos conocíamos, somos uno. Vamos a ganar por eso”, añade Casado.

Un Plan Integral y organización vecinal

El 16 de diciembre de 2021 se aprobó en la Asamblea de Madrid un Plan Integral para los afectados por las obras del metro de San Fernando. Una Proposición No de Ley (PNL) hecha a medida que fue diseñada y consensuada por todos los vecinos de la Plataforma junto con los partidos de la oposición. Sin embargo, el 23 de diciembre del mismo año, durante la sesión de apelaciones a la PNL, el PP y Vox votaron en contra de su aplicación y quedó bloqueada. “Es un cuerpo sin vida, lo que pedíamos era que si te tiran la casa, haya unas condiciones mínimas de realojo, si tu casa tiene grietas o sufre otros daños, que se expedienten debidamente para que se puedan reclamar patrimonialmente, que se tenga en cuenta en las reparaciones las viviendas devaluadas, porque al final todo el municipio se ha visto afectado por esto. Que se restauren los servicios públicos perdidos . Que todos los comerciantes que han perdido su negocio reciban el dinero correspondiente por lucro cesante”, reclamen desde la Plataforma.

“Desde que nos empezamos a organizar y hacer crecer la Plataforma según se agravaban los problemas, la Comunidad de Madrid cesó cualquier línea de diálogo porque no saben qué decir. Están improvisando. No dan información porque no la tienen”

El Salto ha consultado al gabinete de prensa del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, cuyo alcalde es Javier Corpa, del PSOE, y desde el mismo han declarado que denuncian “la total falta de interlocución política por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Señalan que el alcalde ha enviado numerosas cartas al Consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez o a la propia Ayuso, sin respuesta.

La única interlocución entre Comunidad y Ayuntamiento se dio a través de una Mesa Técnica, montada en 2019 en la que ambas instituciones enviaron técnicos para tratar de solucionar el problema. Escribano cuenta que “desde que nos empezamos a organizar y hacer crecer la Plataforma según se agravaban los problemas, la Comunidad de Madrid cesó cualquier línea de diálogo porque no saben qué decir. Están improvisando. No dan información porque no la tienen”.

Desde el Ayuntamiento señalan que el propio consistorio no tiene mecanismos ni herramientas para atajar los problemas derivados de las obras del Metro, que dependen enteramente de la Comunidad. En apoyo de la Plataforma y los vecinos afectados están poniendo sus recursos técnicos para la elaboración de informes propios y ofreciendo las estructuras de atención y ayuda social para las personas damnificadas.

Mientras tanto, a falta de soluciones institucionales, los vecinos siguen organizándose y creando asociaciones para contratar a grupos de abogados que les permitan pelear por la vía legal las indemnizaciones que no están llegando.