Derecho a la vivienda
Alicante se moviliza contra la especulación: la respuesta a cuatro desahucios en cinco días

Quien conoce Alicante lo sabe: el barrio de Carolinas Bajas y alrededores es una de las pocas zonas de una ciudad cada vez más despersonalizada y despojada de su conciencia de clase que mantiene algo de su esencia obrera. Uno de los pocos lugares no demasiado alejados de la Plaza de los Luceros con un tejido social reseñable, con iniciativas de cultura y ocio alternativos, con espacio para los movimientos sociales, con solares ocupados. Pero también es un barrio —unos barrios, si se amplía el radar a San Antón, Carolinas Altas e incluso se va más al norte— que de una forma más evidente están respondiendo al encarecimiento de los alquileres —mayor cuanto más cerca se está del centro—, y por ende a la ejecución de desahucios.

Al contrario de lo que sucede en ciudades vecinas como València, que de hecho recientemente se ha alzado como escenario de la unión de varios colectivos por el derecho a la vivienda para hacerse más fuertes, la ciudad —y en general la provincia— de Alicante no es un lugar con una fuerte cultura de sindicatos de barrio. A lo largo de los años se han venido produciendo distintas convocatorias antidesahucios impulsadas especialmente por colectivos como la PAH, pero la turistificación masiva de la provincia, entre otros factores, ha contribuido al poco arraigo de movimientos por el derecho a la vivienda organizados y sólidos. O al menos así era hasta hacía unos cuantos meses. 

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Un sindicato de barrio como respuesta

Francisco Llopis, miembro del Sindicat de Barri Carolines, define los orígenes del organismo —hace ahora alrededor de un año— como algo “bastante orgánico”. Concretamente, alude a la existencia de “un movimiento vecinal asociativo bastante fuerte desde hace tiempo” en un barrio —el de Carolinas— “de clase obrera, con muchas personas con experiencia migratoria y con bastante vidilla callejera, por así decirlo”. Elementos que resultaban un “caldo de cultivo” para albergar un movimiento vecinal que, durante la peor época de la pandemia de covid-19, bajo el confinamiento estricto, y de manera similar a lo que estaba sucediendo en otras zonas de la ciudad —especialmente en el norte, donde se concentran los barrios más empobrecidos— “se organizó espontáneamente a través de grupos de apoyo para repartir alimentos o servir de ayuda a personas mayores que no podían bajar a hacer la compra”.

El Sindicat de Barri Carolines nació tras reflexionar sobre “cuál era la más acuciante de las necesidades que veíamos en el barrio, la que estaba recibiendo poca o ninguna respuesta institucional, y era el tema de la vivienda”

Se trata de una iniciativa que, igual que en otras zonas del Estado, ayudó a cubrir necesidades básicas allí donde las instituciones no estaban llegando. La red de alimentos se tradujo en un grupo de vecinos y vecinas activas y movilizadas: después del periodo más duro de la pandemia, vieron qué más podían hacer.“Pensamos cuál era la más acuciante de las necesidades que veíamos aquí en el barrio, la que estaba recibiendo poca o ninguna respuesta institucional, y era el tema de la vivienda” si bien, matiza Llopis, no es necesario ser del barrio ni para formar parte del Sindicat ni para pedir ayuda contra un desahucio: “No hacemos ninguna distinción para acompañar”.

Rafael y María, Meriem, Antonio y Zoulikha —y sus familias— son algunos de los nombres de estas personas a las que acompañan. A principios de la semana pasada, el Sindicat de Barri hacía un llamamiento a la ciudadanía para paralizar estos cuatro desahucios: casi uno al día —Rafael, María y sus tres hijos el 20 de febrero; Meriem y su hija menor el 21; Antonio y su familia el 22; Zulhika y sus tres hijos el 24—. Apenas un respiro. Pero la fuerza colectiva ha dado sus frutos: de estos cuatro desahucios programados, dos no se ejecutarán la semana que viene.

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Victorias del movimiento social

En el comunicado en el que el Sindicat informaba la semana pasada de estos cuatro desahucios, se hacía alusión a que la moratoria de desahucios hasta finales de junio —Real Decreto 20/2022— no estaba funcionando, y así lo prueba la continua ejecución de desalojos a familias vulnerables. Pero Rafael, María y sus tres hijos, cuya vivienda es propiedad del fondo buitre Ticatana Servicios Empresariales S.L., finalmente han podido acogerse a la moratoria y el desahucio ha quedado aplazado. En este punto Llopis insiste en algo importante: “Parar hemos parado muy pocos desahucios, lo que se suele conseguir es que se aplacen”.

La última victoria del Sindicat ha sido la referente al caso de Antonio, cuya vivienda es propiedad del banco BBVA. Tienen dos hijos, uno de ellos con un grado de discapacidad reconocida del 69%. La mañana del pasado viernes 27 de febrero, un grupo de integrantes del colectivo se concentró en la sucursal del BBVA de la calle Alfonso X el Sabio —pleno centro— para exigir la paralización de dos procesos, uno de ellos el de Antonio, previsto para el miércoles que viene. El BBVA no quería renovar el alquiler social de estas familias, pese a formar parte de las entidades bancarias adheridas al Fondo Social de Vivienda en 2023, que entre otras cosas contempla ofrecer contratos sociales a familias en situación de vulnerabilidad. “La de Antonio es la típica historia que ha pasado a cientos de miles de familias españolas: llega el boom inmobiliario, se compra un piso, llega la crisis, dejan de poder pagar el piso, lo dan en dación de pago a la entidad bancaria a cambio de quedarte en él pagando un alquiler social” y más tarde el banco ordena el desahucio.

“Antonio ha estado años intentando negociar con el banco y no había conseguido nada, ni que le respondieran a un mail. Ha hecho falta que unas 20 personas nos metamos en la sucursal, despleguemos unas pancartas y enviemos fotos a la prensa y el banco ha tardado tres horas en solucionar el problema de esta familia”

“Él ha estado años intentando negociar con el banco, esta problemática se remonta a 2016 y no había conseguido nada, ni que le respondieran a un mail, ni que le facilitaran a un interlocutor. Ha hecho falta que un grupo de unas 20 personas nos metamos en la sucursal y despleguemos unas pancartas y enviemos cuatro fotos a la prensa y el banco ha tardado como tres horas en solucionar el problema de esta familia”, expresa. “No lo solucionan porque no les da la gana. Sencillamente. Porque un banco que ha tenido millones de beneficios en 2022, 38% más que en 2021, puede permitirse el lujo de que una familia que no tiene más recursos económicos se quede en la vivienda y siga pagando su contrato social”, asevera. 

A pesar de estas victorias, la situación, por supuesto, sigue siendo preocupante. “En todos estos casos hay situaciones de vulnerabilidad acreditada”, resume Llopis. Incluido los dos que todavía siguen en pie. Como el de Meriem y su hija menor: ella cobra la pensión de viudedad, un dinero con el que “es imposible que pueda alquilar un piso, ella depende de que le renueven el alquiler social de la vivienda en la que lleva muchísimos años”. El fondo buitre Intrum es el propietario de su vivienda; de la de Zulikha y sus tres hijos, también sin alternativa habitacional, es propietario Colba Directorship S.L.

En este sentido Llopis hace alusión a dos realidades: la primera, que muchas familias llegan al Sindicat cuando la situación es muy desesperada, cuando llevan muchos años intentando acceder a los servicios públicos. Y al hilo de ello, el segundo punto en el que se detiene es en lo que llama “desahucios invisibles”: gente que vivía en su casa y sufre las consecuencias del aumento abusivo de alquiler, o cuyo contrato acaba y cuyo propietario —ya sea un particular o un gran tenedor— ya no quiere renovar para obtener más lucro. Gente que “antes de pelearlo o buscar asistencia jurídica gratuita simplemente recoge sus cosas y se marcha, y pagan 250 o 300 euros por una habitación donde se ha metido una familia entera. Y así hay muchas familias viviendo en Alicante y eso son desahucios igualmente dramáticos como estos, pero son invisibles porque no engrosan ninguna estadística ni salen por los medios”, expresa. “Simplemente es gente que se quita de en medio”.

Los hándicap: especulación, burocracia y políticas 

El Sindicat se enfrenta a tres grandes problemas para llevar a cabo sus cometidos: la especulación inmobiliaria —y la falta de viviendas sociales—, el papeleo exigido para optar a un alquiler social o, más bien, las políticas —o la ausencia de ellas— que dificultan el acceso a esta burocracia y por ende a la vivienda social. Con respecto al primer punto, hay una característica más llamativa en Carolinas para las inmobiliarias que su bagaje como barrio obrero: su cercanía al centro y su buena conexión con otras áreas de la ciudad. 

“Creo que el caso de Carolinas es representativo de lo que está sucediendo en la ciudad de Alicante. Se repiten los los elementos de libro de gentrificación: alquileres más caros, falta de servicios, mala limpieza y mantenimiento de las calles, ausencia de oferta cultural organizada por el gobierno local, cierre de pequeños comercios...”

“Yo creo que el caso de Carolinas es un poco representativo de lo que está sucediendo en la ciudad de Alicante en general. Como vecino que vivo aquí percibo un proceso de gentrificación en, por ejemplo, en la apertura de pisos turísticos o de hostales en un barrio donde sorprende este tipo de cosas, porque hasta hace cuestión de uno o dos años no había nada de eso”. A ello acompaña un aumento, dice Llopis, del precio de residir en la zona. “Se repiten los los elementos de libro de gentrificación: alquileres más caros, falta de servicios, sobre todo servicios sociales municipales, limpieza, mantenimiento de las calles, ausencia de oferta cultural organizada por el gobierno local, cierre de pequeños comercios”, enumera. Los desahucios, expresa, se configuran como “un elemento más dentro de una situación de precariedad estructural”.

Y en este punto entra en juego la respuesta administrativa. “En la ciudad de Alicante, a nivel de municipio, no hay respuesta institucional, ni buena ni mala, lo que por definición implica que es mala”, incide el miembro del Sindicat. El Patronato de Vivienda, el ente público encargado de este área, “tiene poquísimos pisos y una lista de espera enorme”. Solo conoce un caso al que el Patronato le haya facilitado una vivienda social, y después de muchos años esperando. “Es absolutamente inoperativo, es inútil”, define.

Por otro parte, continúa, desde los servicios sociales municipales, existen algunas medidas “que si bien nunca son una solución a largo plazo, sí pueden aliviar situaciones de vulnerabilidad o de emergencia y de manera creciente se están dejando de adoptar”, expresa Llopis. En algunos casos, prosigue, “las propias trabajadoras sociales nos han comentado que se procede así por orden directa de sus jefes, de las personas responsables de la Concejalía de Acción Social”. Los informes de vulnerabilidad competencia de los servicios sociales municipales son totalmente imprescindibles para acceder a las —escasas— viviendas en alquiler social, para seguir el —largo— proceso antes de obtener una llave: hacerlo es difícil si el primer eslabón de la cadena es inaccesible. “Nos hemos encontrado negativas de los centros sociales a dar una cita, a empadronar a gente o a facilitar esos informes de vulnerabilidad. Ahí la puerta se cierra: estas familias ni siquiera pueden acceder a los recursos de miseria que están en marcha ahora mismo”.

No son pocos los colectivos de la ciudad que a lo largo del último año han reclamado mejores políticas sociales, en una ciudad que además ha copado titulares estatales por la denominada 'ordenanza de la vergüenza' que multa a personas sin hogar, entre tantas otras políticas aprobadas por el gobierno de coalición de la derecha —PP y Ciudadanos— con el apoyo de Vox a muchas de estas medidas y a los presupuestos. “Todo está vinculado”, concluye Llopis. “Estamos hablando de la vivienda, pero realmente es una muestra más del resultado de una suma de factores de mercado, de capitalismo y de neoliberalismo, pero también de un elemento muy importante: la falta de responsabilidad pública a nivel municipal para proteger a las personas y poner los derechos humanos por delante”, concluye. 

El Ayuntamiento de Alicante empieza a poner multas a las personas que viven en la calle

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Pobreza

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Lis Gaibar ,  Miguel Ángel Valero

La policía local ha empezado a aplicar la tildada desde los colectivos sociales como “ordenanza de la vergüenza”, una norma impulsada desde el Consistorio alicantino por el PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox que multa a las personas sin hogar y trabajadoras sexuales amparándose en la ‘convivencia cívica’.

Reportaje Sin hogar ni derecho a una acera