Derecho a la vivienda
Sánchez omite las principales demandas de las movilizaciones de vivienda en sus anuncios estrella

“Contundentes y muchas de ellas sin precedentes”. Con estas palabras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba una batería de 12 nuevas medidas para conseguir “más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas”. Pese a los términos elegidos en el anuncio, ninguna de las grandes reclamaciones de las multitudinarias movilizaciones por el derecho a la vivienda de Canarias, Baleares, Madrid y Barcelona ha sido incluida en la lista.

Ocurrió durante el acto de clausura del foro “Vivienda, quinto pilar del Estado de bienestar”, realizado este 13 de enero en el Museo del Ferrocarril, en Madrid. “Occidente se enfrenta a un desafío decisivo: no convertirse en una sociedad dividida en dos clases, la de los propietarios ricos y los inquilinos pobres”, declaró Sánchez. Tras repasar la actuación del Ejecutivo en los últimos siete años, el presidente ha admitido que, ante una “situación crítica”, todo lo hecho hasta el momento ha resultado “insuficiente”.

Frente a un parque de vivienda pública del 14% en Francia y del 34% en Países Bajos, el 2,5% de España es uno de los principales problemas, según el análisis de Sánchez. Por ello, uno de los primeros anuncios ha ido encaminado a resolver este déficit con la transferencia —ya efectuada, según afirmó— de 3.300 viviendas desde una institución bajo control público, la Sareb, a la nueva Empresa Pública de Vivienda estatal. Un paso discreto para llegar a los 3,6 millones de pisos que necesitaría para contar con un porcentaje similar al de Francia.

Según la organización Plan Sareb, todo indica que las 16.000 potenciales viviendas de Arqura y las 10.000 del Plan Viena no se encuentran entre las parcelas y viviendas prometidas por Sánchez

Desde Plan Sareb señalan que la Sareb sigue vendiendo los mejores pisos, mientras plantea transferir a la nueva Empresa de Vivienda Pública las más de 21.000 viviendas que están deshabitadas y en peor estado

En los siguientes seis meses, siempre según Sánchez, se comenzará a transferir a esta entidad un total de 30.000 pisos, dos terceras partes de las cerca de 45.000 viviendas con las que todavía cuenta el ‘banco malo’. De ellas, 13.000 serán transferidas de “forma inmediata”. Aunque Sánchez no ha dado más detalles, según la organización Plan Sareb, todo indica que las 16.000 potenciales viviendas de la promotora Arqura —entre pisos construidos y suelos disponibles— no se encuentran entre las parcelas y viviendas prometidas. Tampoco las incluidas en el llamado Plan Viena, por el que prevé la cesión de suelo a 133 inversores para la promoción de más de 10.500 viviendas de “alquiler asequible para rentas medias”. 

Desde Plan Sareb, una organización que reúne a más de 300 familias afectadas por las prácticas de la Sareb, señalan que el banco malo sigue vendiendo los mejores pisos, mientras plantea transferir al heredero del Sepes las más de 21.000 viviendas que están deshabitadas y en peor estado, unos pisos que las comunidades autónomas no han querido comprar y que estaban dentro de las 50.000 viviendas que Sánchez prometió dedicar al alquiler asequible en 2023, recuerdan desde esta plataforma. Muchas de las viviendas que entrarían a formar parte de la nueva Empresa Pública de Vivienda estatal están ya okupadas o con contratos de alquiler que van más allá de 2027, cuando la Sareb debería desaparecer, dicen desde Plan Sareb.

En la parte positiva, esta organización identifica un cambio en el lenguaje: de hablar de “movilización” de vivienda de la Sareb en 2023, Sánchez ha pasado a hablar de “transferencia”, una expresión que remite a un “plan más serio”, más allá de una cesión temporal a las comunidades autónomas antes de una posible “vuelta al mercado”. 

Sin embargo, las palabras utilizadas por el presidente no aclaran si la gestión seguirá siendo privada —en manos de fondos de inversión como Blackstone o Hipoges como ocurre ahora— o si toda la operación se reducirá a un “cambio de cromos”, según temen desde Plan Sareb: lo que antes hacía la nacionalizada Sareb lo hará esta nueva empresa pública estatal. Tampoco queda claro, señalan, qué pasara con los bancos, que siguen teniendo el 49% de la propiedad del banco malo: ¿deberá el Estado comprar lo que no quisieron comprar las comunidades autónomas? 

Contradicciones y ‘déjà vu’

Para evitar la pérdida de patrimonio inmobiliario, Sánchez anunció en el foro la implementación de un “mecanismo legal” para que esta nueva empresa pública “tenga prioridad en la compra de vivienda y de suelos”, a semejanza de las normas de tanteo y retracto que han desarrollado la Comunidad Valenciana o el Ayuntamiento de Barcelona. Sánchez también ha hecho mención, sin dar más detalles, a otro mecanismo que asegure que “lo que se construya o rehabilite con el dinero de los españoles, siga siendo, siempre, de los españoles; de sus hijos y de sus nietos, y no acabe en manos de los fondos buitre y grandes especuladores”. 

Para el Sindicat de Llogaters (inquilinos) de Catalunya esta afirmación es incoherente con la renovada apuesta anunciada a continuación por Sánchez por la promoción y construcción de “vivienda asequible” en colaboración pública-privada con una reforma de la ley del suelo —que fue tumbaba porque daba vía libre a los pelotazos urbanísticos—, y el despliegue de 6.000 millones de euros en créditos y avales ICO para construir 25.000 viviendas nuevas. 

Otras medidas anunciadas por Sánchez incluyen garantías públicas y ayudas fiscales a propietarios que alquilen a menores de 35 años, un programa de rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas al alquiler a “precio asequible” o una exención del 100% del IRPF a los propietarios que alquilen su vivienda en los rangos del índice de Precio de Referencia, un índice que ya refleja “precios de burbuja” según llevan tiempo denunciando los sindicatos de inquilinos. La batería de medidas también comprenden un aumento de impuestos a los pisos turísticos para que tributen “como lo que son: un negocio” y un cambio en las reglas de las socimis para que las ventajas fiscales solo “apliquen a la promoción de vivienda en alquiler asequible”. 

El Gobierno anuncia que limitará la compra de vivienda por parte de extracomunitarios cuando la promesa de acabar con la Golden Visa de abril de 2024 todavía no se ha aplicado y ha causado un aumento del 40% en estas compras especulativas

Entre los anuncios estrella de la jornada figura la limitación de la compra de vivienda por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. En concreto, “tras un minucioso estudio”, se incrementará la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble. Este anuncio llega cuando la promesa de acabar con las Golden Visa realizado en abril de 2024 todavía no se ha llegado a aplicar y ha causado un aumento del 40% en la tramitación de estos visados para millonarios de fuera de la UE. El Gobierno también ha prometido “endurecer la regulación que persigue el fraude en los alquileres de temporada” y una línea de apoyo a los Gobiernos autonómicos para que puedan reforzar las inspecciones.

La portavoz del Sindicat de Llogaters, Carme Arcarazo, admite que el Gobierno ha “modificado su discurso reconociendo que el uso financiero de la vivienda” es contrario al derecho a la vivienda y que se está creando “una fractura creciente entre quienes especulan con la vivienda y la gente inquilina”. Sin embargo, las medidas anunciadas en el foro, apunta, “no responden en absoluto” a las principales reivindicaciones de los sindicatos de inquilinos: “Bajar los precios a la mitad, contratos indefinidos, regular los alquileres de temporada y prohibir las compras especulativas”.

Mientras los “ricos no paran de acumular pisos”, crítica Arcarazo, “la gente no puede acceder a ellos”.  Ninguna de las medidas anunciadas “enfrenta esta situación”, ha sentenciado Carme Arcarazo.

De todos los anuncios realizados este 13 de enero, ninguno implica una reducción del precio del alquiler, denuncia esta activista. La referencia a unos “alquileres asequibles” sin concretar a qué precios se refiere, y la exención del IRPF a aquellos propietarios que se ajusten a unos precios “desorbitados” de referencia no bastan para bajar los precios, señala.

La referencia a unos “alquileres asequibles” sin concretar, y la exención del IRPF a aquellos propietarios que se ajusten a unos precios “desorbitados” no bastan para bajar los precios, dicen desde los sindicatos de inquilinos

Las soluciones previstas para contener el desborde de los alquileres de temporada tampoco son suficientes ni efectivas, señala Arcarazo, para quien el principal problema de estos contratos es que no están sujetos a la regulación de precios ni están regulados por la ley estatal de alquileres.

Desde el Sindicat de Llogaters tampoco creen que uno de los principales anuncios, aquel que limita la compra de vivienda a extranjeros extracomunitarios no residentes, vaya a servir de mucho: “Se trata de un anuncio grandilocuente, pero irrelevante”, apuntan. En primer lugar, porque afecta solo a compradores extracomunitarios, cuando los principales compradores extranjeros en Catalunya provienen de Francia y Alemania. Esta limitación tampoco afectaría a la inversión de los fondos de inversión, que se han convertido en “una de las principales causas de expulsión de inquilinos”. 

Otra de las principales críticas de los sindicatos de inquilinos a los anuncios de Sánchez es la insistencia en intentar resolver la crisis de la vivienda “a través del impulso a la construcción, con incentivos y colaboración público-privada”, una política que ya demostró sus límites y sus consecuencias: “Las políticas de incentivos para la construcción masiva por parte de privados ya han demostrado que no conducen a una bajada de los precios del alquiler ni a una mayor protección para los inquilinos”.