Derecho a la vivienda
Sánchez propone una empresa estatal de vivienda después de malvender decenas de miles de pisos de la Sareb

Ante un público entregado en el 41 Congreso Federal del PSOE, el secretario general del partido y presidente español, Pedro Sánchez, confrontaba la presión de la derecha a la iniciativa del Gobierno: “¿Que la derecha critica la ley de vivienda? Pues tengo un anuncio importante que hacer a los españoles: vamos a crear una empresa estatal de vivienda”. Entre aplausos, gritos y puños alzados, la propuesta se convertía en el principal anuncio del Congreso del PSOE, que finalizaba el domingo 1 de diciembre.

Esta empresa pública, según palabras de Sánchez, debería ser “capaz de construir y administrar viviendas desde la administración del Estado”, unas palabras complementadas en los días siguientes por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en las que precisaba que el lanzamiento de esta entidad sería “inminente”, se levantaría sobre la base de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y serviría, entre otras cosas, para “combatir” a las comunidades autónomas que no apliquen la ley de vivienda. Desde esta empresa, explicó en una entrevista en TVE1, se promoverán viviendas públicas y se construirán pisos “asequibles” tanto para el alquiler como para la compra en colaboración con el sector privado. Entre las razones que motivan esta nueva iniciativa del Gobierno, destaca que “ahora mismo es imposible ser propietario”.

Todo lo que tiene que ver la Sareb, en manos del Estado desde 2022 y avalado por el Estado desde su creación en 2012, sirve para tomarse con cautela el anuncio de Sánchez

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dejó claro que la iniciativa era “bienvenida”, pero no iba a servir para “bajar los precios hoy”. Para ello, opina, sería necesario obligar a que las 11 comunidades “rebeldes” gobernadas por el PP apliquen la ley de vivienda —hasta ahora solo Catalunya la aplica—, regular los alquileres de temporada y prohibir la compraventa de vivienda destinada a la especulación. 

Desde Podemos, el portavoz Pablo Fernández mostró su apoyo a esta empresa pública, eso sí, siempre que se nutra del parque de viviendas en mano de fondos de inversión, de la Sareb y de los grandes tenedores, a la vez que ponía en duda el compromiso del PSOE para cumplir su promesa: “Se trata de un nuevo anuncio electoralista, que puede ser efectista, pero desde luego no va a ser eficaz porque no creo que el PSOE vaya a llevarlo a la práctica”.

La puesta en escena y las palabras elegidas para el anuncio pertenecen más al ámbito del márketing y a un “cierre de filas ante su propio partido en un Congreso donde Sánchez llegaba en una situación comprometida”, dice a El Salto Diego Sanz, activista por la vivienda en PAH Vallekas y en Plan Sareb, colectivo donde se organizan centenares de familias afectadas por las malas prácticas de la Sareb, entidad con mayoría de participación del Estado desde 2022. 

Para Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), “la letra suena bien, aunque habrá que escuchar la música”. A falta de conocer “la letra pequeña”, el anuncio de Sánchez va en la dirección de las demandas de la PAH, dice a El Salto, “siempre y cuando vaya orientado a ir incrementando un parque público estatal, teniendo en cuenta que las comunidades del PP no solamente no generan parque público, sino que, en la medida que pueden, se van deshaciendo de él”.

El precedente de la Sareb

Todo lo que tiene que ver la Sareb, en manos del Estado desde 2022 y avalado por el Estado desde su creación en 2012, sirve para tomarse con cautela el anuncio de Sánchez, especialmente cuando el Ministerio de Economía —responsable del banco malo— tramita en la actualidad la venta del 51% de Árqura, una de sus filiales, en una operación que dejaría a esa potencial empresa pública estatal de vivienda sin una cartera de 8.868 viviendas en diferentes fases desarrollo o promoción y de suelos con capacidad para un total de 15.300 pisos. 

El economista Carlos Sanchez Mato, de Izquierda Unida, ironizaba en redes sociales sobre una operación en la que se verían beneficiados fondos de inversión y promotores inmobiliarios como Aedas, Neinor, Metrovacesa, Culmia, Kronos, Vía Célere o Vía Ágora: “Pedro Sánchez ha visto la luz. De vender la filial de Sareb con 16.000 viviendas a anunciar que el Gobierno va a crear una gran empresa de vivienda pública. Bienvenido al lado correcto de la historia”. 

El Gobierno entrega la Sareb a los fondos de inversión

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Dos fondos de inversión, Blackstone e Hipoges, con un largo historial de especulación y acoso inmobiliario, se hacen cargo de la gestión del patrimonio de la Sareb pasando por encima de la Ley de Vivienda en trámite, que prohibe la venta de vivienda de titularidad pública.

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Además de entregar la gestión del patrimonio inmobiliario público de la Sareb a dos de los fondos que acumulan más denuncias por especulación inmobiliaria —Hipoges/KKR y Blackstone—, el banco malo ha encargado la venta de estas 16.000 vivienda a Deloitte, una auditora que después de falsear las cuentas de Bankia, tal como recuerda Sánchez Mato, “no debería organizar ni un cumpleaños”.  

La venta del 51% de Árqura forma parte del plan del Gobierno de Sánchez de deshacerse de todo el patrimonio inmobiliario de la Sareb para 2027, unos objetivos que ya han afirmado que van a ser imposibles de cumplir. Lo que quede de la Sareb, dice Sanz, “puede ser el germen de este gestor público de vivienda social”.  

Al mismo tiempo que Pedro Sánchez anuncia la creación de una empresa pública de vivienda, el Gobierno tramita la venta una filial de la Sareb con suelo para albergar 16.000 pisos

Y dentro de es concepto de “gestor público de vivienda social” cabe todo, dice Sanz: desde fondos buitre, como Hipoges y Blackstone, encargados de vender lo que queda de la Sareb, a Servihabitat —propiedad de otro fondo buitre, Lone Star—, cuyos mediadoras “son las encargadas de gestionar las viviendas de la bolsa precaria de alquileres de la Sareb”, viviendas cuyo destino es volver a ser colocadas en el mercado. 

Y no se trata solo de la venta de patrimonio público. El Plan Sareb lleva cuatro años organizando a las familias que tienen al banco malo como casero para denunciar las malas prácticas, los desalojos y los abusos inmobiliarios de esta entidad pública. Esta organización, al igual que los socios de izquierda del ejecutivo, presionan al Gobierno de Sánchez para que las hoy 36.000 viviendas —14.300 de ellas vacías— de la Sareb pasen a formar parte del parque público, sin resultado hasta el momento más allá de promesas incumplidas. Solo en 2023, el Gobierno de coalición, ya con el control absoluto de la entidad, vendió 10.500 pisos a un precio medio de 90.000 euros, unas viviendas que ya nunca estarán en el parque de esta potencial empresa pública de vivienda estatal. “Una empresa pública de vivienda es una buena noticia, aunque habría estado bien no malvender el suelo y el parque de la Sareb”, resumía el portavoz de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello.

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Sareb

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Tras años sufriendo las condiciones leoninas que impone la Sareb en sus contratos de alquiler social, el movimiento de vivienda mueve ficha e inicia la batalla judicial para pelear por contratos apegados, como mínimo, a la LAU.

Muchos de estos contratos que tiene la Sareb con miles de inquilinos seguirán vigentes en 2027, cuando teóricamente el banco malo debería desaparecer, explica Sanz, habitante de una de las viviendas de la Sareb, por lo que esta entidad puede querer hacer de “la necesidad virtud” y utilizarlos como base para lanzar esa empresa pública. “Sareb tiene previsión de finalizar su actividad en 2027, pero [en ese momento] no va a implosionar ni desaparecer”, decía el director de Vivienda Social Asequible de Sareb, Pau Pérez de Acha, quien admitía que gran parte de la vivienda social de la Sareb seguiría en manos del Estado central después de 2027.

En el caso de concretarse el anuncio de Sánchez, este activista de la PAH duda de la naturaleza pública que tendrá esta futura agencia: “El marco en el que se está hablando no es el de las viejas políticas de vivienda pública y social, que no van a volver, sino más bien de viviendas de titularidad público-privada cuya gestión rotativa va a corresponder a estas empresas mediadoras privadas, la mayoría en manos fondos de inversión”.

Las dudas hacia los planes del Gobierno no se limitan a lo que ha pasado con la Sareb a medio nacionalizar. Paco Morote menciona la “pérdida de oportunidad” que supuso la absorción de Bankia por la Caixa en 2020, una operación avalada por el Gobierno de Sánchez que impidió la formación de una banca pública y un gran parque público en vivienda y suelos, que hubiera dotado de sentido —y de pisos— a la idea lanzada por Sánchez el pasado 1 de diciembre.

La venta del 51% de Árqura forma parte del plan del Gobierno de Sánchez de deshacerse de todo el patrimonio inmobiliario de la Sareb para 2027. En 2023 se vendieron 10.000 viviendas que podrían haber sido públicas

Desde Más Madrid, Rita Maestre también critica las contradicciones del Gobierno: “El anuncio de crear una empresa pública estatal de vivienda debe concretarse con hechos: empezando por la futura operación Campamento, aumentando del 7% al 75% la vivienda pública y en alquiler asequible prevista”. Según explica, el 93% de la vivienda de esta operación también avalada por Gobierno pasará a ser privada en pocos años. 

Mientras la población que sufre la crisis de vivienda continúa esperando noticias de los 180.000 pisos asequibles, la regulación de los pisos turísticos o de temporada o la aplicación de la ley de vivienda, el nuevo anuncio corre el riesgo de ocupar un lugar destacado junto a los anteriores, lanzados también entre aplausos, gritos y puños alzados. Alejandra Jacinto, abogada especializada en temas de vivienda y exportavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid lo explicaba de esta manera: “Ya está bien de anuncios grandilocuentes que solo sirven para defraudar expectativas porque no se materializan o lo hacen tarde y mal”.