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Sareb
“Hay que desmercantilizar Sareb”: una vecina presenta la primera demanda al banco malo por cláusulas abusivas
Gisellli M., una madre con tres hijos, vive en una vivienda de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en Puente de Vallecas. Sufrió dos intentos de desahucio que paró acompañada de sus compañeros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Vallecas. Fue entonces cuando Sareb se sentó a negociar con ella y firmó, en 2021, un primer contrato. Un año después, le avisaron por correo de que tendría un nuevo contrato. Pero para la nueva firma, esta misma entidad la obligaba a seguir un programa de acompañamiento y con ello, el llamado banco malo le quitaría una deuda de 10.000 euros, supuestamente generada en un año por la diferencia entre el precio de mercado de la vivienda (que impone Sareb), y la cantidad fijada como alquiler social. Una deuda de la que Giselli no estaba enterada. Al verse presionada y con solo imaginarse que no tenía a dónde ir con sus tres hijos, firmó el contrato a sabiendas de que las cláusulas eran ilegales.
Esta “bonificación” que hace Sareb de la supuesta deuda que contrae su inquilinato es lo que PAH Vallecas considera como una de las cláusulas abusivas que aparecen en todos los contratos de alquiler social de esta entidad. El jueves 24 de octubre no solo lo han denunciado sino que han dado a conocer que Giselli ha presentado la primera demanda contra la Sareb. Una entidad cuya deuda de 35.000 millones tuvo que contabilizar finalmente como deuda pública para el Estado español, en lo más duro de la pandemia.
Sareb
Sareb Diez años de la creación del Banco Malo que no iba a suponer “ningún coste para el contribuyente”
“La ley es clara y no permite subidas de alquiler dentro del contrato, así que Sareb y otros grandes tenedores incluyen una supuesta bonificación cuya retirada supone de facto la subida del alquiler”
De acuerdo con PAH Vallekas, la denuncia de Giselli se sustenta en la vulneración, por parte de Sareb, de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la legislación de protección del consumidor ya que la inquilina, sin que hubiera terminado todavía el periodo del primer contrato, se encontró con un burofax de la propiedad que le indicaba que había acumulado hasta 10.000 euros de alquiler pese a no haber dejado de pagar ni un solo mes. Esta cláusula, la que Sareb llama “bonificación de renta” se aplica sistemáticamente. “Todos los alquileres que hemos firmado con ellos en los últimos dos años han tenido este problema”, ha señalado Sonia García, integrante de PAH Vallekas. Por su parte, Diego Redondo detalla el sentido más jurídico de la demanda: “La ley es clara y no permite subidas de alquiler dentro del contrato, así que Sareb y otros grandes tenedores incluyen una supuesta bonificación cuya retirada supone de facto la subida del alquiler”. Argumenta, además, que las negociaciones de Sareb se realizan muchas veces a las puertas de un intento de desahucio y presentados por sus empresas mediadoras, es decir un intermediario y no una negociación directa de Sareb con la inquilina. Por tanto, esas situaciones que se viven con una gran carga de tensión no permiten tomar decisiones vitales en condiciones libres y justas para quien está a punto de ser desalojado de su única vivienda.
Otra de las cláusulas que se han denunciado en la demanda de Giselli es lo que se conoce como el programa de acompañamiento sociolaboral de Sareb. Es decir, esta entidad aplica en los contratos de lo que considera su “perímetro social de viviendas” la obligación de participar en este programa que consiste en que la inquilina debe estar disponible y acceder a cualquier visita de los mediadores de Sareb y dar cualquier información relacionada con cambios en su situación económica, familiar y personal, se encuentre trabajando o no disponga de la posibilidad de trabajar por estar al cuidado de terceros, como es el caso de Giselli, y que por ahora su único ingreso es el Ingreso Mínimo Vital. Con este acompañamiento obligado, “Sareb se convierte en una especie de tutor o padre, uno especialmente estricto que te obliga a comunicarle cualquier cambio en tu vida, tus condiciones económicas, familiares, personales, cualquier cuestión que pueda influir en la renta”, algo que no pasa en cualquier otro contrato de alquiler legal, explica Redondo.
Insiste en que estas cláusulas vulneran la legislación de protección de los derechos de consumidores y usuarios así como derechos reconocidos en la Constitución Española como es el derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio. Por ello, reiteran desde PAH Vallekas que resulta abusivo que el mantenimiento del alquiler social dependa de la participación en estos programas y que Sareb se reserve el derecho de rescindir el contrato ante cualquier circunstancia en la que considere que el inquilino “no colabora”, o como si le deniega el acceso a la vivienda. Exponen también prácticas cuando menos inconsistentes como la que describe García, quien fue una de las inquilinas del bloque de Sareb que se quemó en Villalba y que tuvieron que abandonar por ello, pero además porque inmediatamente la entidad cerró a cal y canto puertas y ventanas para que no entraran. “Hace poco me han calificado como inquilina no colaboradora porque no me encontraron allí, cuando eso esta todo tapiado y nadie vive allí”.
“Seguimos demandando la retirada de cláusulas abusivas, negociación colectiva y la retirada de las empresas mediadoras”
Otras cláusulas abusivas que incluyen en la demanda a Sareb son la renuncia a derechos de prórroga del contrato o penalizar al inquilino obligándole a cubrir las costas en el caso de que recurra a una defensa judicial ante acciones que pueda adoptar Sareb en su contra. Con la denuncia de Giselli “hemos iniciado este camino para hacer cambiar a Sareb en esta política abusiva que lleva haciendo mucho años”, subraya Redondo. Por su parte, García resume: “Seguimos demandando la retirada de cláusulas abusivas, negociación colectiva que incluya a todas las inquilinas que conforman la campaña Plan Sareb y la retirada de las empresas mediadoras cuyo fin es mantener el valor de estas viviendas como activo”.
PAH Vallekas no se ha olvidado de señalar nuevamente al Ministerio de Economía y su titular, Carlos Cuerpo, así como al Ministerio de Derechos Sociales, a cargo de Pablo Bustinduy, por no intervenir ante la política de Sareb cuando tienen competencias para hacerlo y así evitar el sufrimiento de muchas familias que en cualquier momento pueden perder su única posibilidad de alquiler social.
Derecho a la vivienda
Derecho a la vivienda No, no habrá 50.000 viviendas de la Sareb para el parque público
De 14.000 viviendas habitadas Sareb dice haber regularizado unas 10.000 con contratos como el de Giselli, es decir, con cláusulas abusivas incluidas
Los números de Sareb que no casan con los planes del Gobierno
Es preciso volver unos meses atrás para recordar que, en abril de 2023, el mismo presidente Pedro Sánchez anunció que su gobierno —entonces de coalición PSOE-Unidas Podemos— movilizaría 50.000 viviendas de Sareb para alquiler social asequible. Solo unos días después, la plataforma de familias afectadas por el banco malo, Plan Sareb, activa en País Valencià, Cataluña, Asturias y Madrid, desgranaba ese anunciado número de la siguiente manera: 21.000 viviendas se ofrecieron a Comunidades y ayuntamientos para reventa o cesión temporal, 15.000 que serían gestionadas por empresas privadas dentro del llamado Plan Viena, que posteriormente se recortaron a 10.600 viviendas, además de unas 14.000 habitadas de las que Sareb dice haber regularizado 10.000 con contratos como el de Giselli, es decir, con cláusulas abusivas incluidas.
De acuerdo a esos cálculos el Plan Sareb denuncia que el 54% del listado de Sareb anunciado por el Gobierno el año pasado “no será vivienda pública, ni siquiera asequible: el rango más alto de precios de viviendas privadas del Plan Viena de Sareb alcanzará los 1.000 euros al mes, y el más bajo 500 euros, es decir, inalcanzable para una buena parte de la población”. Para los afectados por Sareb, entre los que se encuentran integrantes de PAH Vallekas, el resto de viviendas del listado “son la bolsa precaria de alquileres que hoy denunciamos y las viviendas que las comunidades y ayuntamientos rechazan comprarle a Sareb por su estado y costes de gestión”.
“Esto va más allá de Sareb y apunta al conjunto de políticas progresistas de vivienda, que en lugar de desmercantilizar este bien básico, lo que hacen es asegurar el beneficio privado de empresas, mediadoras, constructoras y propietarios del suelo”
Asimismo cuestionan las operaciones como la de Campamento y las de los desarrollos del Sureste o las viviendas de iniciativa privada que el Gobierno avalará con 6.000 millones de euros en ayudas. “Esto va más allá de Sareb y apunta al conjunto de políticas progresistas de vivienda, que en lugar de desmercantilizar este bien básico, lo que hacen es asegurar el beneficio privado de empresas, mediadoras, constructoras y propietarios del suelo”, destaca Sonia García.
Con la presentación de la primera denuncia a Sareb por cláusulas abusivas, la PAH ha querido pasar a visibilizar las condiciones en los que Sareb negocia con sus inquilinas que están lejos de identificarse con una responsabilidad social para con personas vulnerables sobre todo de un parque de viviendas en el que el Estado ha invertido. Además anuncian que se encuentran preparando más demandas y la presentación de un dosier completo en el que desvelan la realidad de Sareb, sus mediadoras y sus alquileres precarios. Este sábado, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel junto con Plan Sareb convocan a una jornada en la que se dará a conocer un nuevo bloque en lucha y habrá una charla sobre vivienda en la que se compartirá la denuncia que ha presentado Giselli.